Se trata de un estudio de índices elaborado por la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo) con base en el último Censo de Población y Vivienda levantado en 2020. Con ello, se busca sumar a diferenciar unidades territoriales con respecto a educación y servicios de salud, entre otros aspectos.

El análisis de índices presentado este año tiene la particularidad de que además de estimarlos por entidad federativa, municipio, localidad y Área Geoestadística Básica (AGEB), se agrega una quinta categoría que es el índice de marginación por colonia, con información de 74 mil colonias urbanas.

Estos instrumentos permiten el desarrollo de políticas públicas mucho mejor dirigidas para atender lo que es la parte central del gobierno de México que es el combate a la desigualdad.

Se estimaron progresos sustanciales de 2010 al 2020 en todas las carencias socioeconómicas que miden los indicadores utilizados y que en la gran mayoría de unidades geográficas mejoró el índice de marginación. Nuevo León es la entidad federativa con la menor marginación en 2020, en segundo lugar, se encuentra la Ciudad de México.

El porcentaje de viviendas particulares con hacinamiento bajó de 36 a 20 por ciento, en 10 años y que el porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada disminuyó de 8.6 a 3.7 por ciento; y sin drenaje pasó de 3.6 a 1.5 por ciento.

El hallazgo más relevante es que mejoró el índice de marginación en el país, ya que de 2010 a 2020 bajó de 41 a 30 por ciento la población que tiene educación básica, de 37 a 20 por ciento las viviendas con hacinamiento, de 8.6 a 3.7 por ciento los ocupantes en viviendas sin agua entubada y de 3.6 al 1.5 por ciento las viviendas sin drenaje.

De esta forma, la investigación identifica mayores niveles de marginación en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca (los tres representan 10.5 por ciento de la población nacional, con poco más de 13.2 millones de personas).

En grado de marginación medio se ubican las entidades de San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Morelos, Tlaxcala, Chihuahua, Sinaloa y Quintana Roo.

Por otro lado, sobresalen ocho estados con baja marginación: Estado de México, Querétaro, Tamaulipas, Baja California, Sonora, Baja California Sur, Colima y Jalisco; y con grado de marginación muy bajo, Nuevo León, Ciudad de México, Coahuila y Aguascalientes.

En lo que respecta al orden municipal, si bien existen localidades con desigualdad en la participación del proceso de desarrollo, el estudio también arrojó que 48 por ciento de los municipios (mil 185) tienen muy bajo y bajo grado de marginación. En estos territorios habitan poco más de 105.2 millones de personas, es decir, 83.5 por ciento de la población del país.

Fuente: CONAPO 13 de septiembre de 2023

El informe Deuda pública y restricciones para el desarrollo en América Latina y el Caribe, analiza las restricciones al crecimiento y al desarrollo que se originan a partir de la deuda pública y sus implicaciones sobre el espacio fiscal en los países de América Latina y el Caribe.

Según la máxima autoridad del organismo regional de las Naciones Unidas, el aumento del servicio de la deuda, especialmente a causa de los mayores intereses que se pagan, obliga a los países a destinar cada vez más recursos públicos para garantizar la sostenibilidad de la deuda. Como en episodios anteriores de elevación de las tasas de interés, esto significa reducciones en la inversión pública, y en los gastos sociales, lo que genera un círculo vicioso ya que estos son necesarios para promover un crecimiento inclusivo, sostenido y sostenible, que permita no solo estabilizar la trayectoria de la deuda, sino avanzar hacia el cumplimiento de los ODS.

De acuerdo con el informe, el aumento de los niveles de endeudamiento en la región junto a condiciones macro financieras complejas, imprime un carácter de urgencia a la necesidad de ampliar el financiamiento y transformar la arquitectura internacional de la deuda soberana para ofrecer a los países opciones que estén en consonancia con un desarrollo inclusivo y sostenible. En este sentido, el documento llama a buscar fórmulas para reducir los costos del endeudamiento, crear una red de seguridad financiera global, y avanzar hacia una nueva institucionalidad para la reestructuración de la deuda soberana.

Se dio a conocer también el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2023, informe anual en que la CEPAL insta a una política fiscal que promueva el crecimiento, la redistribución y la transformación productiva en América Latina y el Caribe. Este informe analiza el comportamiento de la política fiscal de los países de la región durante 2022. Asimismo, examina la evolución del impuesto sobre la renta de personas físicas en los países y la dinámica del gasto público vinculado a género, pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad.

Se presentó además el informe Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2023, publicación conjunta de la CEPAL, el Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, el Centro de Desarrollo de la OCDE, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y el BID.

El lanzamiento de la política de acceso abierto de la OIT apoya la ética fundamental de que los resultados de investigaciones o trabajos financiados con fondos públicos deben ser puestos a disposición del público para su uso, con el objetivo de aumentar su accesibilidad, visibilidad e impacto.

A partir del 3 de mayo de 2023, todos los nuevos productos de conocimiento de la OIT estarán disponibles gratuitamente para su uso o reutilización sin necesidad de solicitar permiso, siempre que se cite a la OIT como fuente del material. La política abarca todos los materiales publicados o puestos a disposición por la OIT, desde informes y publicaciones, hasta vídeos y bases de datos.

La política de acceso abierto de la OIT sólo se aplicará a los materiales producidos a partir del 3 de mayo de 2023. Los contenidos publicados antes de esa fecha seguirán estando cubiertos por las condiciones de licencia preexistentes.

La OIT otorgará acceso abierto a sus productos mediante el uso de la licencia Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0). Se trata de la licencia Creative Commons más abierta, que permite la reproducción, distribución y adaptación (incluida la traducción) del trabajo para cualquier propósito siempre que se cite al autor/creador respectivo, en este caso, la OIT.

Fuente: OIT 03 de mayo de 2023

Un nuevo estudio elaborado por la UNODC y ONU Mujeres revela que, en promedio, más de cinco mujeres o niñas fueron asesinadas cada hora por alguien de su propia familia en 2021. El informe, que se publica antes de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, es un recordatorio espantoso de que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de derechos humanos más generalizada en todo el mundo.

De todas las mujeres y las niñas asesinadas intencionalmente el año pasado, alrededor del 56 % fueron asesinadas por parejas íntimas u otros miembros de la familia (45.000 de 81.000), lo que demuestra que el hogar no es un lugar seguro para muchas de ellas. Mientras tanto, el 11 % de todos los homicidios de hombres se cometen en la esfera privada.

Las cifras de este año también revelan que, en la última década, el número total de mujeres y las niñas asesinadas intencionalmente se ha mantenido en gran medida sin cambios, lo que subraya la urgencia de prevenir y responder a este flagelo con medidas más firmes. Aunque estos números son alarmantes, la verdadera escala del femicidio puede ser mucho mayor. Dadas las incoherencias en las definiciones y criterios entre los países, aún no se contabilizan demasiadas víctimas de femicidio. No se cuenta con suficiente información sobre alrededor de cuatro de cada diez mujeres y niñas asesinadas intencionalmente en 2021 para identificar los casos como femicidios, en especial, sobre los homicidios que ocurren en la esfera pública.

En cuanto a las diferencias regionales, si bien el femicidio es un problema que afecta a todos los países del mundo, de acuerdo con el informe, en términos absolutos, Asia registró el mayor número de homicidios por motivos de género en la esfera privada en 2021, mientras que las mujeres y las niñas corren más riesgo de ser asesinadas por sus parejas íntimas u otros miembros de la familia en África. En 2021, se calculó que la tasa de homicidios por motivos de género en la esfera privada fue de 2,5 por cada 100.000 mujeres en África, en comparación con 1,4 en América, 1,2 en Oceanía, 0,8 en Asia y 0,6 en Europa. Al mismo tiempo, los resultados sugieren que el inicio de la pandemia COVID-19 en 2020 coincidió con un aumento significativo de las muertes por cuestiones de género en la esfera privada en América del Norte y, hasta cierto punto, en Europa occidental y meridional.

Sin embargo, los asesinatos por motivos de género, así como otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas, no son inevitables. Pueden y deben prevenirse mediante la identificación temprana de las mujeres afectadas por la violencia, el acceso a la asistencia y la protección centradas en las sobrevivientes, asegurando que la policía y los sistemas de justicia respondan mejor a sus necesidades, y la prevención primaria mediante el abordaje de las causas profundas de la violencia contra las mujeres y las niñas, incluso mediante la transformación de las masculinidades nocivas, las normas sociales, la eliminación de las desigualdades estructurales de género y los estereotipos de género. El fortalecimiento de la recopilación de datos sobre femicidios es un paso fundamental para guiar la creación de políticas y programas destinados a prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.

El informe ayudará a orientar los “16 Días de activismo contra la violencia de género” de este año, una campaña internacional que inicia el 25 de noviembre, cuando se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y finaliza el 10 de diciembre, que corresponde al Día de los Derechos Humanos. La campaña anual pone en marcha la celebración de cientos de eventos en todo el mundo para acelerar los esfuerzos encaminados a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. El tema global de la campaña ÚNETE del secretario general de las Naciones Unidas de este año es “¡ÚNETE! Activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas”, que exhorta a los Gobiernos y socios a mostrar su solidaridad con los movimientos y activistas por los derechos de las mujeres e invita a todos a unirse al movimiento mundial para poner fin a la violencia contra las mujeres de una vez por todas.

La automatización agrícola, que incluye desde los tractores hasta la inteligencia artificial, puede desempeñar una función importante para hacer la producción de alimentos más eficiente y ecológica. Sin embargo, su introducción desigual puede también agravar las desigualdades, especialmente si resulta inaccesible para los pequeños productores y otros grupos marginados, como los jóvenes y las mujeres.

En la edición de 2022 de El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA), uno de los informes principales que elabora cada año la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se examina la forma en que la automatización de nuestros sistemas agroalimentarios puede contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se ofrecen recomendaciones dirigidas a los encargados de formular las políticas sobre cómo aumentar al máximo los beneficios y reducir al mínimo los riesgos.

Se investigan los factores que impulsan estas tecnologías y se señalan varios obstáculos que impiden su adopción, en particular por parte de los pequeños productores. Sobre la base de este análisis, en la publicación se proponen políticas encaminadas a velar por que la automatización agrícola sea inclusiva y contribuya a la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas agroalimentarios.

Por último, en el informe también se trata una de las preocupaciones más habituales sobre la automatización —que crea desempleo— y se concluye que estos temores no se ven corroborados por la realidad histórica.

Según el informe, en conjunto, la automatización alivia la escasez de mano de obra y puede hacer la producción agrícola más resiliente y productiva, mejorar la calidad de los productos, aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, promover el empleo decente y mejorar la sostenibilidad ambiental.

Un total de 559 millones de niños y niñas ya están expuestos al aumento de la frecuencia de las olas de calor*, según una nueva investigación de UNICEF. Además, 624 millones de niños se enfrentan a uno de los tres indicadores del calor extremo: la larga duración las olas de calor, las olas de calor muy intensas o las temperaturas extremadamente altas.

Durante un año en el que las olas de calor alcanzaron cifras sin precedentes tanto en el hemisferio sur como en el norte, El año más frío del resto de su vida: Proteger a la infancia frente al impacto creciente de las olas de calor pone de manifiesto las repercusiones cada vez mayores que tienen las olas de calor sobre la infancia y revela que, incluso si se reduce el nivel de calentamiento global, en tan solo tres décadas será inevitable que los niños de todo el mundo sufran olas de calor con mayor frecuencia.

El informe estima que para 2050, los 2.020 millones de niños del planeta soportarán olas de calor más frecuentes, tanto si para dicha fecha el mundo ha alcanzado un escenario de “bajas emisiones de gases de efecto invernadero”, con un calentamiento estimado de 1,7 °C, como si se da un escenario de “emisiones muy elevadas de gases de efecto invernadero”, con un calentamiento de 2,4 °C.

Las olas de calor son especialmente nocivas para los niños, ya que estos tienen menos capacidad para regular su temperatura corporal en comparación con los adultos. Cuantas más olas de calor sufran los niños, mayor será la probabilidad de que padezcan problemas de salud como afecciones respiratorias crónicas, asma y enfermedades cardiovasculares. Los bebés y los niños pequeños son los que corren un mayor riesgo de morir a causa del calor. Las olas de calor también pueden influir en el entorno de los niños, su seguridad, nutrición y acceso al agua, así como su educación y su subsistencia futura.

El informe revela que la larga duración de las olas de calor afecta actualmente a 538 millones de niños en todo el mundo, es decir, al 23%. Esta cifra aumentará a 1.600 millones de niños en 2050 si el calentamiento es de 1,7 °C, y a 1.900 millones de niños si el calentamiento es de 2,4 °C, lo que subraya la importancia de adoptar medidas urgentes y drásticas para mitigar las emisiones y adaptarse a ellas a fin de contener el calentamiento global y proteger vidas.

Millones de niños más estarán expuestos a olas de calor muy intensas y a temperaturas extremadamente altas en función del grado de calentamiento global que se alcance. Los niños de las regiones del norte, especialmente de Europa, se enfrentarán a los aumentos más drásticos de la intensidad de las olas de calor y, para 2050, casi la mitad de los niños de África y Asia estarán expuestos de manera constante a temperaturas extremadamente altas.

En la actualidad hay 23 países que registran el nivel más elevado de exposición infantil a temperaturas extremadamente altas. Esta cifra aumentará a 33 países en 2050 si se produce un escenario de bajas emisiones y a 36 países si se produce un escenario de muy altas emisiones. Burkina Faso, Chad, Malí, Níger, Sudán, Iraq, Arabia Saudí, India y Pakistán son algunos de los países que probablemente permanecerán en la categoría más alta en el caso de que se produzcan ambos escenarios.

UNICEF insta a los gobiernos a que tomen las medidas siguientes:

La depresión y la ansiedad causan una pérdida de 12.000 millones de días de trabajo cada año provocando unas pérdidas de casi un billón de dólares a la economía mundial, destacan dos nuevas publicaciones lanzadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo.

Las directrices mundiales de la Organización Mundial de la Salud recomiendan una serie de medidas para afrontar los riesgos asociados a la salud mental, como las grandes cargas de trabajo, los comportamientos negativos y otros factores que generan angustia en el trabajo.

Un reciente Informe de salud mental a nivel global reveló que de los mil millones de personas que vivían con un trastorno mental en 2019, hubo un 15% de adultos en edad laboral que experimentaron esos síntomas. El trabajo agudiza problemas sociales más importantes que afectan negativamente a la salud mental, como la discriminación y la desigualdad.

La intimidación y la violencia psicológica, también conocida como mobbing, es una de las principales causas de acoso laboral que provoca un impacto negativo en la salud mental. Sin embargo, hablar o revelar problemas de salud mental sigue siendo un tabú en los entornos laborales de todo el mundo.

Las orientaciones también recomiendan mejores métodos para atender las necesidades de los trabajadores con problemas de salud mental, proponen actuaciones que apoyen su reincorporación al trabajo y, en el caso de padecer síntomas graves, ofrecen medidas que facilitan la incorporación al empleo remunerado.

El segundo documento, elaborado conjuntamente, explica las directrices de la Organización Mundial de la Salud mediante estrategias concretas para los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones, en los sectores público y privado.

Su objetivo es apoyar la prevención de riesgos causados por la salud mental, su protección y mejora en el trabajo, y apoyar la participación y el desarrollo de las personas que sufran esos síntomas en el ámbito laboral. Para la aplicación de estas estrategias se indica que serán fundamentales la inversión y el liderazgo.

A lo largo de 2020, los gobiernos de todo el mundo solo destinaron una media del 2% de los presupuestos sanitarios a la salud mental, y los países de renta media-baja invirtieron menos del 1%.

El Convenio de la OIT sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (nº 155) y la Recomendación (nº 164) proporcionan un marco legal para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, el Atlas de Salud Mental de la OMS (en inglés), descubrió que sólo el 35% de los países aseguraron contar con programas nacionales de promoción y prevención de la salud mental relacionada con el trabajo.

Aproximadamente el 80 por ciento de los pobres del mundo viven en zonas rurales, y muchos de ellos son trabajadores que se enfrentan a graves déficits de trabajo decente, en particular una seguridad inadecuada en el trabajo, una baja remuneración, la falta de estabilidad y de seguridad del trabajo, y horas de trabajo excesivas, y las mujeres y los trabajadores jóvenes son los más afectados según un nuevo informe de la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El informe, Déficits de trabajo decente entre los trabajadores rurales , se basa en 16 estudios de caso que cubren 15 países en África, Asia, Asia Central, Europa y América Latina.

El informe concluye que:

El informe de ACTRAV formula una serie de recomendaciones para ayudar a encarar estos déficits de trabajo decente. Estas incluyen:

Fuente: OIT 07 de julio de 2022

Entre 2005 y 2020, las Naciones Unidas verificaron más de 266.000 violaciones graves contra la infancia cometidas por las partes en más de 30 situaciones de conflicto en África, Asia, Oriente Medio y América Latina, dijo UNICEF en un nuevo informe. Esta cifra representa solamente una fracción de todas las violaciones que se cree que se han producido, ya que las limitaciones en materia de acceso y seguridad, entre otras, y la vergüenza, el dolor y el miedo que sufren los niños y las familias supervivientes dificultan a menudo la denuncia, la documentación y la verificación de las violaciones graves contra la infancia en situaciones de conflicto armado.

El informe, titulado 25 años de conflictos armados y la infancia: Actuar para proteger a los niños y niñas en la guerra, reveló que entre 2005 y 2020 se han verificado los datos siguientes: más de 104.100 niños y niñas han sido asesinados o mutilados en situaciones de conflicto armado; más de 93.000 niños y niñas han sido reclutados y utilizados por las partes en conflicto; al menos 25.700 niños y niñas han sido secuestrados; y las partes en conflicto han violado, casado a la fuerza, explotado sexualmente y cometido otras formas graves de violencia sexual contra al menos 14.200 niñas y niños. Las Naciones Unidas verificaron más de 13.900 incidentes de ataques contra escuelas y hospitales y no menos de 14.900 incidentes de denegación de acceso humanitario a los niños desde 2005.

El informe señala que muchos niños y niñas sufren más de una violación, un factor que aumenta su vulnerabilidad.

El informe constata que todas las partes en conflicto, tanto los Estados como los agentes no estatales, cometen graves violaciones contra los niños. Entre 2016 y 2020, los agentes estatales –incluidas las fuerzas y coaliciones nacionales e internacionales– fueron responsables de al menos el 26% de todas las violaciones. En comparación, los agentes no estatales fueron responsables de alrededor del 58% de todas las violaciones verificadas, lo que destaca la importancia de comprometerse con todas las partes en conflicto, incluidos los agentes no estatales, para poner fin y prevenir de forma contundente las violaciones contra la infancia.

El informe también constató lo siguiente:

Poco antes de que varios dirigentes mundiales se reúnan en la cumbre del G7, UNICEF pide 1.200 millones de dólares para:

Las recomendaciones del informe, basadas en las pruebas y los análisis presentados, tienen por objeto movilizar a todas las partes interesadas, incluidas las partes en conflicto, los Estados y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para proteger a los niños de forma eficaz y sostenible y acelerar la acción a nivel local, nacional, regional y mundial.

Además de hacer un llamamiento a las partes en conflicto y a los Estados para que cumplan con sus obligaciones en virtud de los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario, el informe incluye una serie de recomendaciones sobre las cuestiones siguientes:

La OIT planteó la necesidad de formular estrategias efectivas de aumento de la productividad laboral en América Latina, ante la evidencia de un persistente rezago regional que compromete las posibilidades de encontrar el rumbo de un futuro del trabajo con crecimiento sostenible y más y mejores empleos.

El nuevo informe de OIT destaca la “urgente necesidad por comprender de manera sistémica los factores que concurren al incremento sostenido de la productividad, y sobre esa base animar instancias de diálogo social necesarias para acompañar y regular las inevitables transiciones que este proceso conlleva”.

El informe destaca que de acuerdo a la evidencia acumulada “la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe (ALC), ya desde antes de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia de Covid-19, ha evidenciado un estancamiento tanto de la productividad laboral como de la productividad total de factores”.

Al mismo tiempo, “la agenda de la región en lo que hace a la transformación digital y productividad necesita políticas públicas que ayuden a remover los obstáculos que aparecen en el camino de dicha transformación y que asegure que esta transición propicie la creación de más y mejores empleos”.

Fuente: OIT 22 de junio de 2022

Según estimaciones de UNICEF, una cifra sin precedentes de 36,5 millones de niños y niñas estaban desplazados de sus hogares a finales de 2021 debido a los conflictos, la violencia y otras crisis. Se trata de la cifra más alta registrada desde la Segunda Guerra Mundial, e incluye a 13,7 millones de niños y niñas refugiados y solicitantes de asilo† y cerca de 22,8 millones de niños y niñas desplazados internamente a causa del conflicto y la violencia.

El número sin precedentes de niños y niñas desplazados es la consecuencia directa de una serie de crisis en cadena: los conflictos prolongados y de gran magnitud, como el de Afganistán; la frágil situación de países como la República Democrática del Congo o el Yemen y otras crisis relacionadas, agravadas por los efectos del cambio climático. Como sucede con la fragilidad de algunos países, el desplazamiento infantil se está propagando rápidamente. A lo largo del año pasado, la cifra mundial de niños y niñas desplazados aumentó en 2,2 millones.

La población mundial de refugiados se ha duplicado con creces en el último decenio, y casi la mitad del total son niños y niñas. Más de una tercera parte de los niños y niñas desplazados viven en África Subsahariana (3,9 millones o un 36%), una cuarta parte en Europa y Asia Central (2,6 millones o un 25%) y un 13% (1,4 millones) en Oriente Medio y el Norte de África.

Los niños y niñas en tránsito –ya sean refugiados, solicitantes de asilo o desplazados internos– pueden enfrentarse a graves peligros para su bienestar y su seguridad. Esto es especialmente cierto en el caso de los cientos de miles de niños y niñas no acompañados o separados que corren mayor riesgo de caer en la trata, la explotación, la violencia y el abuso. Aproximadamente un 34% de las víctimas de la trata identificadas en todo el mundo son niños y niñas.

UNICEF pide a los Estados Miembros que cumplan su compromiso con los derechos de todos los niños y las niñas en tránsito, como los acuerdos suscritos de conformidad con el Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración, y que inviertan más recursos en los datos y las investigaciones que reflejan la escala real de los problemas que afectan a los niños y las niñas refugiados, migrantes y desplazados.

UNICEF insta a los gobiernos a emprender seis acciones con miras a lograr la igualdad de derechos y oportunidades para todos los niños y las niñas refugiados, migrantes y desplazados:

Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060 dice que sin una acción radical para frenar la demanda, aumentar la vida útil de los productos y mejorar la gestión de residuos y la reciclabilidad, la contaminación plástica aumentará junto con un aumento de casi tres veces en el uso de plásticos impulsado por el aumento de la población y los ingresos. El informe estima que casi dos tercios de los desechos plásticos en 2060 provendrán de artículos de corta duración como empaques, productos de bajo costo y textiles.

El informe proyecta un aumento del consumo mundial de plásticos de 460 millones de toneladas (Mt) en 2019 a 1231 Mt en 2060 en ausencia de nuevas políticas audaces, un aumento más rápido que la mayoría de las materias primas. materiales El crecimiento será más rápido en los países en desarrollo y emergentes de África y Asia, aunque los países de la OCDE seguirán produciendo muchos más desechos plásticos por persona (238 kg por año en promedio) en 2060 que los países no pertenecientes a la OCDE (77 kg).

A nivel mundial, se prevé que la fuga de plástico al medio ambiente se duplique a 44 Mt por año, mientras que la acumulación de plásticos en lagos, ríos y océanos se triplicará con creces, ya que los desechos plásticos aumentarán de 353 Mt en 2019 a 1014 Mt en 2060. La mayoría la contaminación proviene de desechos más grandes conocidos como macroplásticos, pero la fuga de microplásticos (polímeros sintéticos de menos de 5 mm de diámetro) de artículos como gránulos de plástico industrial, textiles y desgaste de neumáticos también es una preocupación grave.

El aumento proyectado en el consumo y desperdicio de plásticos se producirá a pesar de un aumento esperado en el uso de plástico reciclado en la fabricación de nuevos productos, así como de los avances tecnológicos y los cambios económicos sectoriales que deberían significar una disminución estimada del 16 % para 2060 en la cantidad de plástico necesaria para crear USD 1 de producción económica.

Se prevé que la proporción de residuos plásticos que se reciclan con éxito aumente al 17 % en 2060 desde el 9 % en 2019, mientras que la incineración y el vertido seguirán representando alrededor del 20 % y el 50 % de los residuos plásticos, respectivamente. Se prevé que la proporción de plástico que evade los sistemas de gestión de residuos, que terminan en vertederos no controlados, quemados en pozos abiertos o filtrándose en el suelo o en ambientes acuáticos, caiga del 22% al 15%.

El nuevo informe se basa en el primer Global Plastics Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options de la OCDE , publicado en febrero de 2022. Ese primer informe encontró que los desechos plásticos se han duplicado en dos décadas, y la mayoría termina en vertederos, incinerados o filtrándose en el entorno. Desde la publicación de ese informe, los estados miembros de la ONU se han comprometido a negociar un acuerdo internacional legalmente vinculante para 2024 para poner fin a la contaminación plástica.

Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060 analiza el impacto de dos posibles escenarios. El primero, un escenario de acción regional que comprende una combinación de políticas fiscales y regulatorias principalmente en los países de la OCDE, podría reducir los desechos plásticos en casi una quinta parte y reducir en más de la mitad la fuga de plástico al medio ambiente sin un impacto sustancial en el PIB mundial, que sería 0,3 menor. % para 2060. El segundo, un escenario de acción global que comprende políticas más estrictas implementadas en todo el mundo, podría reducir los desechos plásticos en un tercio y eliminar casi por completo la fuga de plástico al medio ambiente, al mismo tiempo que reduce el PIB mundial en aproximadamente un 0,8 %./p>

El informe también analiza cómo las acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero podrían reducir la contaminación plástica dada la interacción entre el ciclo de vida de los plásticos, los combustibles fósiles y el cambio climático.

Las políticas para reducir los impactos ambientales de los plásticos y fomentar un uso más circular de los mismos deben incluir:

Fuente: OECD 03 de junio de 2022

El 21 de abril se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación , un día para aumentar la conciencia sobre el papel de la creatividad y la innovación en la resolución de problemas y el desarrollo sostenible.

Este año, la UNCTAD celebra este día con el lanzamiento de un nuevo informe, “ Industria creativa 4.0: Hacia una nueva economía creativa globalizada ”, que se centra en la intersección de la industria 4.0 y la economía creativa.

El informe destaca cómo las tecnologías de la industria 4.0 transforman las industrias creativas y brindan opciones de políticas para que los países en desarrollo aprovechen estas nuevas tendencias tecnológicas para su economía creativa.

Se espera que Creative Industry 4.0 se beneficie de las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías. Por el lado del diseño y la producción, estos son: eficiencia mejorada, creatividad sin restricciones, mayor interactividad y flexibilidad que facilita la personalización rentable.

El informe examina los aspectos económicos de la interacción entre la creatividad y las innovaciones tecnológico-empresariales, mejorando la comprensión de cómo la cuarta revolución industrial, o industria 4.0, ha cambiado la forma en que las empresas y los profesionales creativos ejercen su actividad.

La comercialización de productos y servicios creativos se ha vuelto más fácil y económica, lo que permite a las empresas ingresar a nuevos nichos de mercado.

Sin embargo, no todos los segmentos de la economía creativa están listos y son capaces de beneficiarse de este potencial. Esto es particularmente cierto para los productores de artesanías en áreas rurales. La disponibilidad de tecnologías para muchos productores de productos y servicios creativos sigue siendo insuficiente.

El informe muestra una demanda creciente de que los gobiernos de los países desarrollados y en desarrollo proporcionen la infraestructura y los programas necesarios y adecuados para empoderar a los trabajadores para que aprovechen al máximo las nuevas oportunidades que ofrecen las industrias creativas 4.0.

También necesitan contar con marcos legales nacionales, regionales e internacionales para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a los consumidores en el comercio electrónico, y sistemas modernos de gobernanza comercial para proteger los conocimientos y la creatividad de los artesanos individuales y las pequeñas empresas.

El SIAP, nuevamente pone a disposición de todos los participantes del sector agroalimentario y del público en general, este documento que es único en su tipo, no sólo por la información que contiene, sino por la estructura organizacional y metodológica que la respalda, lo que hace que esté a la altura de publicaciones de otras agencias en diversos países del mundo, que también se dedican a la generación de la estadística agrícola, pecuaria y pesquera.

El documento es incomparable, ya que es la única publicación en nuestro país que ofrece las cifras del cierre preliminar de producción del sector agropecuario y pesquero del año agrícola que termina –2021– pero, sobre todo, porque nos proporciona las expectativas del año agrícola que le sigue, es decir 2022. Vale destacar, que estas expectativas tienen tras de sí, una estructura institucional, que permite que más de un centenar de técnicos de campo distribuidos a lo largo y ancho del país, se encarguen de la captura de los datos, en las zonas directamente dedicadas a la actividad alimentaria. Visita que además ofrece la posibilidad de contemplar las condiciones de clima, suelo y costos de insumos en las zonas productoras, lo que es fundamental para generar un dato preliminar y/o de expectativa.

De igual modo, las estimaciones ofrecidas por el SIAP cuentan con una metodología documentada y evaluable, que propicia que se divulgue mensualmente un boletín de Expectativas Agroalimentarias, así como el Índice de Volumen Físico (IVF) del Sector Agropecuario mediante el que se mide la evolución y el ritmo mensual de la producción agropecuaria.

Los datos publicados en Expectativas Agroalimentarias 2022, agrupan a los 64 cultivos que contribuyen con cerca del 94% del valor total de la producción agrícola y el total de los productos pecuarios y pesqueros; lo que indica su carácter representativo. Aun así, la publicación contiene información de productos seleccionados por su importancia en el mercado nacional que se desagrega por región y principal entidad productora, por lo que incluye expectativas de granos básicos -como maíz, arroz, sorgo, frijol y trigo- de productos agroindustriales –café, cacao, caña de azúcar- así como de frutas y hortalizas. En el caso de lo pecuario, indica cifras de carne de ave, de bovino, de porcino, huevo para plato, leche de vaca y miel; mientras que en lo pesquero muestra datos de atún, camarón, charal y sardina.

Consigna además, información sobre comercio exterior, commodities agroalimentarios seleccionados y expectativas sobre condiciones climatológicas –temperatura y precipitación–- así como disponibilidad de agua en las presas de uso agrícola.

La importancia de la publicación, radica en el hecho de que numerosos actores del sector agroalimentario y de políticas públicas, utilizarán estas expectativas para planificar, reducir la incertidumbre o bien, mejorar la asignación de sus recursos. Pensemos, por ejemplo, que el productor tendrá un conocimiento de la probable oferta que estará en el mercado y de la estrategia que deberá utilizar para comercializar su producto y alcanzar su margen de ganancia; que el agroindustrial podrá planificar el volumen de sus insumos; que los transportistas podrán programar sus envíos para acceder a menores costos y que los consumidores podrán advertir mayores o menores precios en los alimentos finales.

Fuente: SIAP 19 de abril de 2022

Uno de cada cuatro empleados no se siente valorado en su trabajo y los que sí son los que ocupan cargos de mayor responsabilidad, concluye un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre diversidad e inclusión.

El estudio destaca que cuando en los trabajos se producen unos elevados niveles de igualdad, diversidad e inclusión, estos valores van unidos a una mayor innovación, productividad y rendimiento, a la contratación y retención de talentos y al bienestar de los trabajadores. Sin embargo, solo la mitad de los encuestados para el estudio constató que la diversidad y la inclusión están lo suficientemente identificadas y dotadas de recursos en la cultura y la estrategia de sus centros de trabajo.

Una diferencia fundamental de este análisis sobre los anteriores informes es su amplio alcance participativo. Anteriormente, solo se recogían datos sobre la diversidad e inclusión en grandes empresas, con frecuencia multinacionales, en países occidentales de altos ingresos, mientras el nuevo estudio se centra en compañías de todos los tamaños en economías de renta media-baja y media-alta y recopila información de una mezcla diversa de personal, directivos y altos ejecutivos.
Además, incluye diversidad en las franjas de edad, de género, de orientación sexual, de grupos étnicos, raciales y religiosos, de personas con discapacidad y de las que viven con el VIH.

Uno de los hallazgos centrales del estudio fue que el sentimiento de inclusión en el lugar de trabajo tiende a asociarse más a la antigüedad en el puesto que a los antecedentes personales o a características como la edad, el sexo o la etnia, la raza o la religión. Así, un 92% de las personas en cargos directivos dijo sentirse incluido y que se respetaba y valoraba la diversidad en el trabajo, en comparación con el 76% de los encuestados de categorías inferiores.

La diversidad y la inclusión desempeñan un “papel fundamental (…) en el alto rendimiento de la mano de obra, las empresas, las economías y las sociedades a nivel mundial”, afirma el informe.

En el apartado de género, sólo una cuarta parte de los encuestados declaró que las mujeres constituían una parte importante de los cargos de alta dirección – entre un 40 y un 60%-, y una tercera parte dijo que no había personas con discapacidad en cargos directivos.

Algunos grupos minoritarios también manifestaron tener cada vez menos experiencias inclusivas positivas, y además tienden a agruparse en los niveles de personal más subalterno.

La información usada para el estudio se recopiló entre julio y septiembre de 2021, durante la pandemia de COVID-19, entre más de 12.000 empleados en 75 países de cinco regiones del mundo.

Mientras dos terceras partes de los encuestados afirmó que desde el inicio de la epidemia de coronavirus se incrementó el nivel de interés y acción sobre la diversidad e inclusión en sus lugares de trabajo, un porcentaje similar dijo que la pandemia aumentó sus expectativas de que los empleadores intensificaran el fomento de ambos conceptos.

“Los empleados deben sentirse valorados, respetados, tratados con justicia y capacitados mediante prácticas empresariales inclusivas, una cultura organizativa inclusiva y un liderazgo inclusivo. Este enfoque transformador de la diversidad y la inclusión es el que contribuye significativamente al rendimiento general de la empresa”.

En todo el mundo, más de tres mujeres y bebés de cada 10 no reciben actualmente atención posnatal en los primeros días tras el nacimiento, el periodo en que se producen la mayoría de las muertes maternas e infantiles. En ese plazo las consecuencias físicas y emocionales del parto –de lesiones a dolor recurrente y trauma– pueden ser debilitantes si no se tratan, pese a que con frecuencia son muy fáciles de tratar si se ofrece la atención adecuada en el momento adecuado.

Además de tratar los problemas de salud inmediatos, las primeras semanas tras el nacimiento son cruciales para crear lazos y establecer comportamientos que inciden en el desarrollo y la salud del lactante a largo plazo. Las directrices incluyen recomendaciones para asesorar sobre la lactancia materna –por ejemplo, facilitar el anclaje y el posicionamiento en el establecimiento de la lactancia– y para ayudar a los progenitores a ofrecer una atención que se adapte a sus bebés recién nacidos.

En total, las nuevas directrices reúnen más de 60 recomendaciones que contribuyen a dar forma a una experiencia posnatal positiva para las mujeres, los bebés y las familias. He aquí algunas de las recomendaciones:

En las recomendaciones se especifica la duración mínima de la estancia hospitalaria tras el nacimiento y se ofrecen orientaciones sobre los criterios para dar el alta, si bien se indica que el tiempo necesario dependerá de cada mujer y cada bebé, el contexto social, la experiencia del parto y la existencia de algún problema de salud. Se recomiendan consultas posnatales adicionales para las mujeres y los recién nacidos sanos entre 48 y 72 horas después del parto, entre siete y 14 días, y durante la sexta semana. Si se detectan riesgos para la salud, probablemente se requieran más consultas, con tratamiento que podría ser necesario mantener más allá de las seis primeras semanas.

Estas recomendaciones culminan una trilogía de directrices de la OMS para una atención de maternidad de calidad durante el embarazo, el parto y el posparto que se centran en atender las necesidades de todas las mujeres que dan a luz y de sus bebés. Las directrices propugnan los derechos a una experiencia de atención de salud positiva, en que las personas reciban un trato digno y respetuoso y puedan participar activamente en la toma de decisiones en materia de salud que les atañen.

Un informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) revela que las juventudes afrodescendientes de la región enfrentan mayores desigualdades socioeconómicas e inequidades estructurales, basadas en sistemas de opresión como el racismo, el sexismo, el adultocentrismo, la heteronormatividad y el perfilamiento racial.

El documento Las juventudes afrodescendientes en América Latina y la matriz de la desigualdad social: Derechos, desigualdades y políticas ofrece un diagnóstico actualizado de la situación de las juventudes afrodescendientes en la región y evidencia la necesidad de impulsar políticas y programas que fortalezcan liderazgos de personas jóvenes y organizaciones juveniles afrodescendientes. Su rol debe ser protagónico en la construcción de propuestas y acciones vinculadas a su entorno y realidad.

El estudio refleja que los casi 38 millones de jóvenes afrodescendientes en la región continúan enfrentando grandes retos vinculados a la pobreza, la desigualdad, la exclusión y el racismo y la discriminación. Una realidad que repercute directamente en su educación, salud y oportunidades de empleo y que se vio agudizada por la pandemia de COVID-19.

Durante el encuentro se dio a conocer una Declaración del Comité Asesor de Juventudes Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, donde se subraya que “hoy más que ayer se requiere incluir las voces de las juventudes afrodescendientes en todos los procesos del desarrollo sostenible, debido a que hemos sido las más afectadas en la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Resulta imperativo el resurgimiento y la recuperación de nuestra comunidad, a través de la configuración de espacios que permitan que seamos escuchados y escuchadas”.

Según la investigación, actualmente en América Latina existen 134 millones de personas que se autoidentifican a partir de categorías relacionadas con la afrodescendencia o el color de la piel, lo que representa el 20,9% de la población total de esta región. Con respecto al total de la población joven afrodescendiente de 14 países con información censal de la década del 2010, se observa que esta superaba los 30 millones de personas de 15 a 29 años, representando un 28% sobre el total de la población afrodescendiente. Las estimaciones sugieren que habría unos 37,5 millones en el 2020. Sin embargo, se enfatiza en la importancia y necesidad de disponer de información no solo censal sino también sobre las tendencias de las variables demográficas (fecundidad, mortalidad y migración).

El informe aborda temas como educación, trabajo, acceso a salud sexual y reproductiva, discapacidad, violencias, vivienda y acceso a servicios de infraestructura y muestran que se viven situaciones de muchas vulnerabilidades cuando se comparan a las juventudes no afrodescendientes.

La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 en los mercados laborales de América Latina y el Caribe impactó en mayor medida a las mujeres, y ha colocado a la región frente al desafío de enfrentar un retroceso sin precedentes de la igualdad de género en el trabajo, destacó una Nota Técnica publicada por OIT.

De los 23,6 millones de puestos de trabajo de las mujeres que se perdieron en el peor momento de la crisis el segundo trimestre de 2020, a fines de 2021 aún faltaban por recuperar unos 4,2 millones. En el caso de los hombres, en cambio, ya se habían recuperado prácticamente por completo los 26 millones de puestos perdidos en ese momento.

La Nota Técnica de OIT “América Latina y Caribe: Políticas de igualdad de género y mercado de trabajo durante la pandemia ”, que forma parte de la serie regional Panorama Laboral en tiempos de COVID-19, presenta una serie de datos sobre la situación del empleo femenino y hace un análisis de las estrategias que se han puesto en práctica en diferentes países de la región.

La nueva nota técnica de la OIT destaca que la tasa de participación regional de las mujeres que rondaba 41 por ciento a comienzos de los años 1990 había subido en forma constante hasta 52,3 por ciento en 2019 (promedio de los primeros tres trimestres). En 2020, en ese mismo período bajó a 47 por ciento aunque ese año el promedio regional llegó a estar en 43 por ciento.

En 2021 la tasa de participación registró una recuperación insuficiente, pues subió hasta 49,7 por ciento, 2,5 puntos porcentuales por debajo de los niveles pre-pandemia.

Al mismo tiempo, al tercer trimestre de 2021 la tasa promedio de desocupación de las mujeres es de 12,4 por ciento, la misma de 2020, lo que es un signo de que no ha habido una mejoría, y que debe bajar en forma importante para regresar al 9,7 por ciento de 2019. Está por encima de la tasa general de desocupación, de 10 por ciento, y del 8,3 por ciento de la tasa de los hombres.

El análisis de OIT dice que las medidas adoptadas para atender la emergencia sanitaria, como el cierre de los centros educativos y de cuidados en forma generalizada, tuvieron un impacto negativo en la participación laboral femenina.

El impacto fue mayor en el empleo informal y en las micro, pequeñas y medianas empresas donde también predomina el empleo femenino. El trabajo doméstico, donde el 91 por ciento del empleo es femenino y el 72 por ciento es empleo informal, se vio afectado por una pérdida considerable de puestos de trabajo.

El estudio de OIT realiza un análisis de políticas y medidas del mercado laboral que han buscado contribuir a la mitigación de los efectos perniciosos de la pandemia y a la recuperación, con un enfoque específico en aquellas que consideran una perspectiva de género.

“Las consideraciones sobre igualdad de género deben ser un componente intrínseco del diseño, la elaboración, la aplicación y el análisis de los resultados de la totalidad de programas y estrategias, políticas, leyes y reglamentos implementados durante la pandemia y en la etapa de recuperación”, dice la Nota Técnica de la OIT.

Además señala que no se deben retirar en forma anticipada las medidas de estímulo sectorial para consolidar la recuperación, especialmente en sectores con una proporción mayoritaria de mujeres trabajadoras. Tampoco deben retirarse las medidas de transferencias de ingresos o ayudas en especie para garantizar las condiciones mínimas que permitan sostener el crecimiento del empleo.

El documento añade que la inversión en cuidados es fundamental tanto para la generación de empleo de calidad como para la inserción plena de las mujeres en el mercado laboral. El fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para desarrollar sus condiciones para la empleabilidad, y la reconversión y adaptación de las capacidades para ingresar al mundo de la economía digital resultan clave en la recuperación con perspectiva de género.

Fuente: OIT 03 de marzo de 2022

La convivencia de las personas con el COVID-19 ha provocado un importante repunte de las enfermedades mentales. Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud destaca que durante el primer año de la pandemia la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25%.

Aunque el 90% de los países encuestados incluyeron la salud mental y el apoyo psicosocial en sus planes de respuesta a la COVID-19, el informe indica que todavía siguen existiendo importantes lagunas y preocupaciones.

El informe concluye que este aumento afectó más a las mujeres que a los hombres, y a los jóvenes, especialmente los que tenían entre 20 y 24 años, más que a los adultos mayores.

Una de las principales causas de este incremento fue el estrés sin precedentes que causó el aislamiento social provocado por la pandemia. A este factor, se le ha de añadir otros condicionantes como las limitaciones de las personas a la hora de trabajar, a recibir el apoyo de sus seres queridos y a participar en sus comunidades.

Otros factores que condujeron a los altos niveles de ansiedad y depresión fueron la soledad, el miedo a la infección, al sufrimiento y a la muerte, tanto propia como de los seres queridos, el dolor tras el duelo y las preocupaciones económicas. Entre el personal sanitario, el agotamiento fue una de las principales causas de los pensamientos suicidas.

El informe muestra que la pandemia ha afectado a la salud mental de los jóvenes y que éstos corren un alto riesgo de sufrir conductas suicidas y de autolesionarse.

También indica que las personas con enfermedades físicas preexistentes, como el asma, el cáncer y las cardiopatías fueron más propensas a desarrollar síntomas de trastornos mentales.

Sin embargo, los datos sugieren que las personas con trastornos mentales preexistentes no suelen presentar una mayor vulnerabilidad a la infección por COVID-19. En cambio, cuando estas personas se infectan, son más propensas a sufrir hospitalizaciones, enfermedades graves y muerte en comparación con las personas sin trastornos mentales.

Las personas con trastornos mentales más graves, como las psicosis, y los jóvenes aquejados de estos padecimientos, corren un mayor riesgo.

El aumento de casos de depresión y ansiedad coincidió con graves interrupciones en los servicios de salud mental. Durante gran parte de la pandemia, los servicios dedicados a las enfermedades mentales, neurológicas y de consumo de sustancias tóxicas fueron los más afectados entre todos los servicios sanitarios esenciales notificados por los Estados miembros de la Organización.

Al no poder acceder a la atención presencial buscaron apoyo en línea, una situación que indica la necesidad urgente de disponer de herramientas digitales fiables y eficaces y de fácil acceso. Sin embargo, el diseño y el despliegue de estas actuaciones digitales todavía supone un gran reto en los países y entornos con recursos limitados.

Un nuevo informe sobre Crecimiento demográfico mundial y desarrollo sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU revela que desde 1950 el número de habitantes del planeta se ha triplicado con creces y podría llegar a ser de 11.000 millones a finales de siglo.

El rápido aumento de la población puede agravar el reto de garantizar que el desarrollo futuro sea sostenible e inclusivo. La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los relacionados con la salud, la educación y la igualdad de género, puede contribuir a frenar el crecimiento demográfico mundial.

Los responsables del informe añadieron que “los países más prósperos son los que soportan una mayor responsabilidad en cuanto al avance rápido del objetivo de conseguir las cero emisiones de gases de efecto invernadero y en la aplicación de estrategias para separar la actividad económica de la degradación medioambiental”.

El análisis también destaca que el mayor crecimiento de la población mundial en el futuro tendrá lugar en los países en desarrollo.

Una de las causas del rápido aumento poblacional se debió a una mejora de la esperanza de vida, que vendría impulsado por varios factores como las mejoras en salud pública, nutrición, higiene personal y medicina.

Sin embargo, añadieron que el aumento de la población también supone un fracaso a la hora de garantizar que todas las personas tengan el conocimiento, la capacidad y los medios para determinar si quieren tener hijos y cuándo.

El estudio también revela que, a medida que sus economías avancen, los países en desarrollo necesitarán apoyo para reducir las futuras emisiones contaminantes, así como asistencia técnica y financiera.

Los sistemas alimentarios también tendrán que ser más sostenibles para satisfacer las crecientes necesidades y limitar los daños medioambientales.

Los 10 mensajes clave del informe

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han publicado una nueva guía sobre el desarrollo y la implementación de programas más sólidos de salud y seguridad en el trabajo para los trabajadores sanitarios, ya que la pandemia de COVID-19 sigue ejerciendo una gran presión sobre ellos.

La pandemia de COVID-19 ha supuesto un alto precio adicional para los trabajadores sanitarios y ha demostrado un peligroso descuido de su salud, seguridad y bienestar. Más de uno de cada tres centros sanitarios carece de puestos de higiene en el punto de atención. Menos de uno de cada seis países tiene una política nacional sobre un entorno de trabajo saludable y seguro en el sector sanitario.

La OIT y la OMS recomiendan desarrollar y aplicar programas sostenibles para la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores sanitarios a nivel nacional, subnacional y de los centros de salud. Dichos programas deben abarcar todos los riesgos laborales: infecciosos, ergonómicos, físicos, químicos y psicosociales.

La guía también describe el papel que deben desempeñar los gobiernos, los empleadores, los trabajadores y los servicios de salud laboral en la promoción y protección de la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores sanitarios. Destaca que la inversión, la formación, el seguimiento y la colaboración continuos son esenciales para mantener los avances en la aplicación de los programas.

Los países que han desarrollado y están aplicando activamente programas de salud y seguridad en el trabajo para los trabajadores de la salud han experimentado reducciones en las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo y en las ausencias por enfermedad, así como mejoras en el entorno laboral, la productividad del trabajo y la retención de los trabajadores de la salud.

La OIT y la OMS seguirán proporcionando orientación y asistencia a los países para desarrollar y aplicar programas de salud y seguridad en el trabajo para los trabajadores de la salud.

Las ciudades de América Latina y el Caribe consumirán entre el doble y cuatro veces más recursos en 2050 si no adoptan una “planificación integral” y “aumentan la eficiencia de sus sistemas y la circularidad”, advirtió este lunes un nuevo informe del Programa de las Naciones Unida para el Medio Ambiente que destaca que ese escenario “implica la degradación severa de ecosistemas vitales.”

Para lograr ese objetivo, el estudio del organismo de la ONU destaca que las ciudades de la región necesitarán impulsar una transformación sostenible que reduzca a la mitad el consumo de recursos tales como los combustibles fósiles, los minerales y los alimentos, al tiempo que combaten la pobreza y la desigualdad.

El análisis del Programa traza la ruta hacia una planificación urbana deseable basándose en un paquete de medidas en cuatro ejes:

Estas actuaciones servirían para reducir el consumo de recursos, los residuos, el daño ambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero.

El consumo anual per cápita de recursos en las ciudades de América Latina en 2015 oscilaba entre las 12,5 y 14,4 toneladas. Más de la mitad del inventario de material urbano de la región se encontraba en las ciudades de Brasil (38,1%) y México (21,1%).

Si en el año 2050 la población regional aumentase a 680 millones de personas, el consumo de material doméstico urbano podría aumentar hasta las 25 toneladas per cápita, muy por encima del rango de entre seis y ocho toneladas per cá­pita que el estudio del Programa considera sostenible.

Si se logra implementar todas las acciones propuestas en el informe, las ciudades de la región podrían reducir su consumo material anual a entre seis y siete toneladas per cápita para 2050.

El estudio también destaca algunas medidas que ya se están tomando en esta línea como son las mejoras del transporte público en el municipio brasileño de Fortaleza, que incluyeron un mayor espacio para bicicletas y peatones, la “cosecha” de agua de lluvia en la Ciudad de México y el proyecto de calefacción por distritos de la ciudad de Temuco, en el centro de Chile.

Según analiza el informe, el espacio construido en la región durante 40 años creció un 99%, casi el mismo número que experimentó el aumento de la población urbana en ese período (95%). La incapacidad de la mayoría de las ciudades para absorber ese crecimiento exacerbó la inequidad social y la injusticia ambiental.

Cerrar la brecha de desigualdad conllevará resolver la situación de precariedad a la que se enfrentan las poblaciones más vulnerables; por ejemplo, la lejanía de los servicios urbanos, la infraestructura deficiente, las condiciones de violencia y la contaminación.

Los autores del estudio llaman a tratar estos desafíos mediante “una transformación sostenible” e invitan a “orientar mayores esfuerzos hacia las ciudades intermedias”, que crecen de una forma más acelerada que la media. También recomiendan potenciar la cooperación e implementar alianzas más sólidas a nivel subnacional, subregional y regional.

Los países deben hacer que sus sistemas agroalimentarios sean más resilientes a perturbaciones repentinas como las observadas durante la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), que ha pasado a ser uno de los principales factores determinantes del último aumento de las estimaciones sobre el hambre mundial. Según un nuevo informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sin la debida preparación las perturbaciones de carácter imprevisible seguirán socavando los sistemas agroalimentarios.

La edición de este año del informe de la FAO El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA) se titula “Lograr que los sistemas agroalimentarios sean más resilientes a las perturbaciones y tensiones”. En él se ofrece una evaluación de la capacidad de los sistemas agroalimentarios nacionales de responder a las perturbaciones y factores de estrés o de recuperarse prontamente de estos. También se brinda orientación a los gobiernos sobre la forma en que pueden mejorar la resiliencia.

Hoy en día hay aproximadamente 3 000 millones de personas que no pueden permitirse una dieta saludable. En el informe SOFA se calcula que otros 1 000 millones de personas pasarían a engrosar las filas de quienes padecen este problema si una crisis redujera sus ingresos en un tercio. Además, los costos de los alimentos podrían incrementarse para 845 millones de personas si se produjera una alteración de las rutas de transporte fundamentales. En el informe se definen las perturbaciones como “desviaciones de breve duración de las tendencias a largo plazo que tienen efectos negativos sustanciales en un sistema, el estado de bienestar de las personas, los activos, los medios de vida, la seguridad y la capacidad de soportar perturbaciones futuras”. Algunos ejemplos son los fenómenos meteorológicos extremos y el recrudecimiento de enfermedades y plagas de las plantas y los animales.

Incluso antes de que la COVID-19estallara, el mundo estaba lejos de cumplir su compromiso de acabar con el hambre y la malnutrición para 2030. Y aunque las cadenas de producción y suministro de alimentos han sido históricamente vulnerables a los fenómenos climáticos extremos, los conflictos armados o las subidas de los precios de los alimentos, la frecuencia y la gravedad de estas perturbaciones van en aumento.

Los sistemas agroalimentarios mundiales —la compleja red de actividades relacionadas con la producción de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios, así como su almacenamiento, elaboración, transporte, distribución y consumo— producen 11 000 millones de toneladas de alimentos anuales y dan empleo a miles de millones de personas, de forma directa o indirecta. No se debe dejar de insistir en la urgencia de fortalecer su capacidad para resistir a las perturbaciones.

En el informe se presentan asimismo indicadores nacionales de la resiliencia de los sistemas agroalimentarios en más de 100 países y se analizan factores como las redes de transporte, los flujos comerciales y la disponibilidad de dietas saludables y variadas. Aunque los países de bajos ingresos afrontan generalmente desafíos mucho mayores, las conclusiones del informe muestran que los países de ingresos medianos también están en riesgo. En el Brasil, por ejemplo, el 60 % de su valor de exportación proviene de solo un socio comercial, por lo que dispone de menos opciones si un país asociado se ve afectado por una perturbación. Incluso países de ingresos altos como Australia y el Canadá están expuestos al riesgo de una perturbación, debido a las largas distancias que hay que cubrir para distribuir los alimentos. En casi la mitad de los países analizados por expertos de la FAO, el cierre de conexiones esenciales de la red haría que el tiempo de transporte local aumentara en un 20 % o más, aumentando así los costos y los precios de los alimentos para los consumidores.

Sobre la base de los datos empíricos del informe, la FAO recomienda que los gobiernos hagan de la resiliencia en los sistemas agroalimentarios una parte estratégica de sus respuestas a los desafíos actuales y futuros.

La clave aquí es la diversificación —de fuentes de insumos, producción, mercados y cadenas de suministro, así como de actores—, ya que la diversidad crea múltiples vías para absorber las perturbaciones. Apoyar la creación de pequeñas y medianas empresas agroalimentarias, cooperativas, consorcios y agrupaciones ayuda a mantener la diversidad en las cadenas de valor agroalimentarias nacionales.

Otro factor fundamental es la conectividad. Las redes agroalimentarias bien conectadas superan las alteraciones más rápidamente cambiando las fuentes de suministro y los canales de transporte, comercialización, insumos y mano de obra.

Por último, es fundamental mejorar la capacidad de resiliencia de los hogares vulnerables para asegurar un mundo sin hambre. Esto se puede lograr a través de la mejora del acceso a activos, a fuentes diversificadas de ingresos y programas de protección social en caso de crisis.

De acuerdo con un nuevo informe de UNICEF, al menos 200 millones de niños en edad escolar viven en 31 países de bajos y medianos ingresos que siguen sin estar preparados para poner en práctica la enseñanza a distancia durante los cierres escolares que se puedan presentar en el futuro debido a situaciones de emergencia. De esos estudiantes, 102 millones viven en 14 países que mantuvieron total o parcialmente cerradas sus escuelas durante al menos la mitad de la pandemia de COVID-19, lo que dejó a muchos escolares sin ningún tipo de educación.

El Índice de preparación para el aprendizaje a distancia mide la preparación de los países para impartir enseñanza de forma remota en respuesta a las interrupciones de la educación presencial, que abarca casi al 90% de los estudiantes de los países de ingresos bajos y medianos bajos. El análisis se centra en tres ámbitos: la disponibilidad de recursos en el hogar y el nivel de educación de los progenitores, la adopción de políticas y la capacitación de los docentes, y la preparación del sector educativo para las emergencias.

Entre los países que necesitan mejoras con mayor urgencia en el sector de la educación se cuentan Benin, Burundi, Congo, Côte d’Ivoire, Etiopía, Madagascar, Malawi, Níger y Togo. Durante la pandemia de COVID-19, la falta de preparación para la enseñanza a distancia impactó especialmente a los estudiantes que viven en países donde las escuelas estuvieron cerradas total o parcialmente durante al menos la mitad de los últimos 19 meses, como el Congo y Madagascar.

El informe destaca las limitaciones del aprendizaje a distancia y las desigualdades en el acceso, y advierte que la situación es probablemente mucho peor de lo que indican los datos disponibles. Más allá de los países que fueron evaluados, datos anecdóticos y cualitativos revelan que los estudiantes han afrontado desafíos con la educación a distancia en todo el mundo, incluso en los países de ingresos altos y medianos altos.

Otras conclusiones importantes del informe son las siguientes:

Según el informe, nada reemplaza el aprendizaje presencial. Sin embargo, las escuelas resilientes y con sistemas sólidos de enseñanza a distancia, sobre todo en materia digital, pueden ofrecer un nivel de educación relativamente bueno durante los cierres escolares en épocas de emergencia. Además, al reabrir las escuelas, estos sistemas pueden ayudar a que los alumnos recuperen el aprendizaje perdido.

Por medio de la iniciativa Reimaginar la Educación, UNICEF trabaja con el público y los aliados privados para proporcionar a los niños y a los jóvenes un acceso equitativo al aprendizaje digital de calidad, con el propósito de llegar a 3.500 millones con soluciones de aprendizaje digital de clase mundial en 2030. Una de las maneras como UNICEF trabaja para lograr estos objetivos es a través del Pasaporte de Aprendizaje, una plataforma mundial de aprendizaje desarrollada en colaboración con Microsoft que apoya a 1.600 millones de estudiantes durante los cierres escolares. Además, Reimaginar la Educación recibe apoyo de Giga, una iniciativa mundial de UNICEF y la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) para conectar a todas las escuelas y sus comunidades circundantes a Internet. Hasta la semana pasada, Giga había identificado 1 millón de escuelas en 41 países y había conectado a más de 3.000 escuelas en cuatro continentes, beneficiando a 700.000 estudiantes.

Los flujos migratorios hacia los países de la OCDE disminuyeron significativamente, y gran parte del progreso en la integración de los migrantes logrado durante la última década desapareció en solo un año a raíz de la pandemia de COVID-19.

Estos son algunos de los hallazgos clave de la última OCDE International Migration Outlook 2021

Los flujos migratorios permanentes hacia los países de la OCDE disminuyeron en más del 30% en 2020, a alrededor de 3,7 millones, el nivel más bajo desde 2003. Todas las categorías de migración permanente experimentaron una caída, siendo la migración familiar la que mostró la mayor disminución.

Los flujos migratorios humanitarios también se vieron gravemente afectados, en particular hacia los Estados Unidos y Canadá. La migración laboral y la libre movilidad disminuyeron aproximadamente un 24% y un 17%, respectivamente. La migración laboral temporal se redujo drásticamente, en promedio, en un 58% y los traslados intraempresariales en un 53%.

Outlook dice que, desde el comienzo de la pandemia, los trabajadores nacidos en el extranjero se han visto afectados de manera desproporcionada por la pérdida de puestos de trabajo. La brecha en la tasa de empleo entre las personas nacidas en el extranjero y las personas autóctonas se ha ampliado en los países de la OCDE hasta alcanzar un promedio de 2 puntos porcentuales, mientras que la diferencia en la tasa de desempleo es ahora de más de 3 puntos porcentuales.

Un capítulo especial de Outlook analiza en detalle el impacto fiscal de la migración en los países de la OCDE. Si bien existen diferencias entre ellos, los migrantes en general contribuyen más en impuestos y contribuciones de lo que reciben en salud, educación y protección social. Una mejor integración de los inmigrantes puede promover las ganancias fiscales. Por ejemplo, el simple hecho de cerrar la brecha de empleo entre los migrantes en edad de trabajar y los nacidos en el país de la misma edad y nivel educativo podría aumentar la contribución fiscal neta total de los migrantes en más de un tercio de un punto porcentual del PIB en uno de cada tres países.

Para promover una mejor integración, los gobiernos deben abordar las muchas desventajas que enfrentan los migrantes en los mercados laborales y las sociedades en sus planes de recuperación ante una pandemia, dice Outlook. Esto requerirá ampliar el enfoque de las políticas de integración, así como la acción coordinada en los ámbitos de las políticas, como salud, trabajo, educación y vivienda, y niveles de gobierno. Dada la sobrerrepresentación de los migrantes entre quienes tienen trabajos poco calificados, se debe prestar atención a garantizar que los migrantes puedan adquirir las habilidades para ocupar los puestos de trabajo del futuro. Esto requiere abordar la brecha de formación entre los inmigrantes y los nativos.

También se debe prestar más atención a los desafíos en áreas de alta concentración geográfica de migrantes. Los migrantes tienden a vivir en barrios atrasados, que tienden a acumular desventajas, incluso a través de viviendas e infraestructura deficientes. Para los recién llegados, establecerse en vecindarios con una fuerte presencia de inmigrantes a menudo conlleva importantes beneficios, pero puede tener un costo a largo plazo en términos de un peor aprendizaje de idiomas y acceso a buenos trabajos. La política no debe tratar principalmente de prevenir la inmigración inicial a áreas específicas, sino más bien facilitar la emigración, señala el informe. Es necesario prestar más atención a mejorar la vivienda y reforzar la integración en áreas concentradas, especialmente para las mujeres migrantes y con respecto al aprendizaje de idiomas.

Fuente: OECD 28 de octubre de 2021

El mundo gasta la asombrosa cifra de 423.000 millones de dólares de los Estados Unidos por año en subsidios a los combustibles fósiles para los consumidores: petróleo, electricidad generada por la quema de otros combustibles fósiles, gas y carbón. Esta cantidad es cuatro veces superior a la que se necesita para ayudar a los países pobres a hacer frente a la crisis climática, uno de los puntos a tratar en la conferencia mundial sobre el clima (COP26) que se celebrará la semana que viene, según una nueva investigación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La cantidad que se gasta directamente en estos subsidios podría sufragar las vacunas contra la COVID-19 de todas las personas del planeta o financiar tres veces la cantidad anual necesaria para erradicar la pobreza extrema en el mundo. Si se tienen en cuenta los costos indirectos, incluidos los costos para el medio ambiente, la cifra se eleva a casi 6 billones de dólares, según datos publicados recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En cambio, el análisis del PNUD destaca que estos fondos, aportados por los contribuyentes, acaban profundizando la desigualdad e impidiendo la acción para combatir el cambio climático.

Los subsidios a los combustibles fósiles son ineficientes y poco equitativos. En los países en desarrollo, cerca de la mitad de los recursos públicos que se destinan a apoyar el consumo de combustibles fósiles beneficia al 20 % más rico de la población, según el FMI.

El informe, publicado antes de las próximas reuniones del G20 y la COP26, se presenta en el contexto de un creciente reconocimiento de la necesidad de reformar los subsidios a los combustibles fósiles por parte de los economistas y políticos, así como del FMI y el Banco Mundial. El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, también ha hecho un fuerte llamamiento en favor de la reforma.

Para destacar los efectos enormemente negativos que tienen los subsidios a los combustibles fósiles en las personas y el planeta, el PNUD ha producido un interesante cortometraje como parte de una nueva campaña en la que uno de los animales extintos más conocidos del mundo, una dinosaurio, pronuncia un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el que insta a los líderes mundiales a eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y a no elegir la extinción.

El principal contribuyente a la emergencia climática es el sector energético, que representa el 73 % de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la actividad humana. Las reformas de los subsidios a los combustibles fósiles contribuirían a reducir las emisiones de CO2 y beneficiarían la salud y el bienestar de los seres humanos. Son además un primer paso hacia la fijación correcta de los precios de la energía para que reflejen el costo “verdadero” y total del uso de los combustibles fósiles para la sociedad y el medio ambiente.

No obstante, el análisis del PNUD muestra que las reformas de los subsidios a los combustibles fósiles también pueden ser injustas y perjudiciales para los hogares y la sociedad si están mal concebidas. Si bien estos subsidios tienden a ser un instrumento de desigualdad, ya que la mayor parte de los beneficios se concentra en los ricos, también representan una porción importante de los ingresos de las personas pobres que, de otro modo, deben pagar por el consumo de energía. La supresión de los subsidios a los combustibles fósiles podría convertirse fácilmente en una estrategia de empobrecimiento de los ingresos y de la energía. Esto contribuye a dificultar la reforma de los combustibles fósiles y constituye un obstáculo clave para la transición hacia fuentes de energía limpias y renovables.

Teniendo esto presente, la investigación del PNUD aboga por un enfoque progresivo y gradual de las reformas. Incluye un análisis de casos de éxito recogidos en varios países de distintas regiones y ofrece un conjunto de herramientas para que los responsables de las políticas presten apoyo a las reformas de los subsidios a los combustibles fósiles y de los precios de la energía. El conjunto de herramientas permite un enfoque gradual justo y equitativo que incluye la protección de los ingresos y la compensación a los grupos menos favorecidos.

La campaña “No elijas la extinción” cuenta con una plataforma de inteligencia colectiva, Global Mindpool, para ayudar a abordar los problemas más importantes de nuestro tiempo. Vinculando ideas de todo el mundo (sobre la emergencia climática, la crisis de la naturaleza y la desigualdad) Global Mindpool apoyará al PNUD a fin de informar y preparar mejor a los responsables de las políticas en los Gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.

https://youtu.be/7j3kuPLwhXM

Según un nuevo análisis de la OCDE, la financiación climática proporcionada y movilizada por los países desarrollados para la acción climática en los países en desarrollo alcanzará los 100.000 millones de dólares en 2023.

La meta anual para los países desarrollados de proporcionar y movilizar USD 100 mil millones de financiamiento climático por año para la acción climática en los países en desarrollo debía haberse cumplido en 2020 y mantenerse hasta 2025.

La última evaluación de progreso de la OCDE, publicada en septiembre, mostró que la financiación climática proporcionada y movilizada por los países desarrollados ascendió a 79.600 millones de dólares en 2019 , solo un 2% más que en 2018. Es poco probable que se haya alcanzado la marca de 100.000 millones de dólares en 2020, aunque los datos verificados necesarios para finalizar esta determinación oficialmente no estarán disponibles antes de 2022.

En la reunión ministerial de julio que se preparaba para la COP26, Canadá y Alemania acordaron, a solicitud de la presidencia entrante de la COP 26 del Reino Unido, desarrollar un Plan de Entrega colectivo para alcanzar la meta lo antes posible. Se solicitó a la OCDE que brinde apoyo técnico a este plan de ejecución.

Desde esa reunión y la publicación de las cifras de la OCDE de 2019 en septiembre, se hicieron más compromisos para aumentar la financiación climática pública bilateral en alrededor de USD 10 mil millones al año en promedio durante el período 2022-2025 en relación con el período 2018-19 para esos mismos donantes. . Esto se suma a los compromisos asumidos en 2020 y antes en 2021 por otros países y al aumento de las proyecciones de financiamiento climático futuro de los bancos multilaterales de desarrollo.

El nuevo análisis de la OCDE Escenarios prospectivos de financiación climática proporcionados y movilizados por países desarrollados en 2021-2025 establece dos escenarios para la financiación climática futura.

Estos se basan en un análisis detallado de la OCDE de los compromisos de financiación climática pública prospectivos recibidos de los países desarrollados y las proyecciones de financiación climática de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), comunicados en el contexto del plan de ejecución de los donantes.

Tras un análisis en 2016 de la financiación climática estimada en 2020, este es el segundo resultado prospectivo de la OCDE en relación con el objetivo de 100.000 millones de dólares. Dichos análisis complementan las evaluaciones periódicas de la OCDE sobre el progreso hacia el objetivo, utilizando la misma metodología y definiciones, pero se llevan a cabo retrospectivamente cuando se dispone de los datos verificados necesarios.

El ritmo al que se puede aumentar la financiación climática en la práctica dependerá de muchos factores, incluidas las condiciones macroeconómicas, a nivel mundial y en los países en desarrollo, así como la creación de capacidad y el desarrollo de proyectos climáticos en tramitación.

Los dos escenarios utilizados por la OCDE proporcionan dos desarrollos distintos para los niveles futuros de financiamiento climático con el fin de ilustrar el rango de incertidumbre. No deben interpretarse como pronósticos y es posible que no cubran la gama completa de resultados potenciales.

El primer escenario asume que las finanzas públicas se amplían de acuerdo con la información proporcionada, sujeto a controles de la OCDE para estandarizar la información y evitar el doble cómputo. También asume que el financiamiento privado movilizado por este financiamiento público aumenta en línea con el valor más bajo de la razón privado / público observado en el período 2016-19. Dados los cambios en la composición esperada de las carteras de financiamiento público, esto implica mayores tasas de movilización de financiamiento privado para proyectos relevantes durante el período y resulta en volúmenes crecientes de financiamiento privado durante el período.

El segundo escenario tiene en cuenta cuestiones que pueden resultar en niveles de financiación climática inferiores a los previstos. Estos incluyen el impacto potencial de los riesgos macroeconómicos a corto plazo en los países en desarrollo, las limitaciones de capacidad exacerbadas por la pandemia de COVID-19 y los cambios previstos en la composición de las carteras de los proveedores en relación con el aumento de la participación del financiamiento para la adaptación, del financiamiento mediante donaciones y de financiación para los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID). La naturaleza de este ejercicio no permitió una estimación agregada cuantitativa de estos cambios de cartera a lo largo del tiempo. Sin embargo, muchos proveedores han dejado en claro su intención de ampliar la financiación para la adaptación en términos relativos y absolutos dentro de sus carteras de financiación climática. Este cambio en la composición de la cartera está integrado en los cálculos.

Durante la Asamblea General, el Secretario General de las Naciones Unidas lanzó, conjuntamente con la OIT, un Acelerador Mundial para el Empleo y la Protección Social con el objetivo de crear al menos 400 millones de empleos para 2030, principalmente en las economías verdes y del cuidado, y extender los pisos de protección social a más de 4 mil millones de personas que actualmente no están cubiertas.

En el primer semestre de 2022, la OIT convocará un foro multilateral con el fin de revisar los avances y ampliar los compromisos en apoyo de las estrategias de recuperación centradas en el ser humano de los Estados miembros, incluso mediante iniciativas conjuntas y acuerdos institucionales mejorados entre las instituciones internacionales y regionales.

Fuente: OIT 14 de octubre de 2021

En América Latina y el Caribe vive el 8,4% de la población mundial; sin embargo, es una región que acumula la quinta parte de los casos de COVID-19 y el 30% de las muertes por esa enfermedad (1,5 millones), además de que su economía ha sido la más afectada por la pandemia, con una contracción del 6,8% de su Producto Interno Bruto en 2020.

Estos datos hacen evidente la necesidad de construir una agenda de salud pública integral “que reconozca la interdependencia entre las dimensiones sanitaria, social, económica y ambiental”, subraya un informe conjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

El estudio La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social insta a los gobiernos de la región a acelerar los procesos de vacunación, transformar los sistemas de salud, fortalecer la inversión pública y consolidar Estados de bienestar para controlar la crisis sanitaria en el corto plazo y avanzar hacia una recuperación con igualdad y sostenibilidad ambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La prioridad sigue siendo controlar la crisis sanitaria desde un enfoque integral y mediante la aceleración de los procesos de vacunación de la población, apuntan los organismos.

La pandemia de COVID-19 hizo evidentes las limitaciones de los países del bloque para el abastecimiento de vacunas y medicamentos, y probó las debilidades de los sistemas de salud, la desigualdad frente al acceso a atención primaria universal y la carencia de una planificación anticipatoria.

Además, la falta crónica de financiamiento a la investigación y el desarrollo tecnológico y las débiles políticas industriales impidieron desarrollar las capacidades existentes para producir vacunas oportunamente y construir un mercado de escala de medicamentos.

La OPS y la CEPAL indicaron que la lentitud y desigualdad de la vacunación en la región, así como las dificultades de los países para mantener medidas sociales y de salud pública en los niveles adecuados, son consecuencia directa de la debilidad estructural de los sistemas sanitarios para encarar la pandemia y la prolongación de la crisis.

El informe da cuenta también de la falta de acceso a los servicios de salud que ha padecido gran parte de la población debido a la saturación de los sistemas sanitarios por la pandemia. Según datos oficiales, en 2021 un 35% de los países habría registrado algún tipo de interrupción en la provisión de servicios integrados de salud, lo que llegó a un 55% en el caso de los países que declararon interrupciones en servicios prestados en el primer nivel de atención.

Frente a este escenario, es imperativo entender la salud como parte de la economía y trabajar en la construcción de sistemas sanitarios “universales, solidarios y resilientes”, lo que requiere inversiones públicas y privadas.

La actividad física mejora la salud física, mental y social y el bienestar general; ayuda a prevenir enfermedades y reduce la carga sobre los sistemas de salud. Según los responsables de la Organización Mundial de la Salud, se podrían evitar hasta 5 millones de muertes al año si la población mundial fuera más activa.

La práctica del deporte “es un componente esencial de la ‘Salud para todos’, que es el credo de la Organización Mundial de la Salud para lograr poblaciones más sanas y un planeta más saludable. En resumen, es tiempo de velar por que la actividad física sea imprescindible”.

Las estadísticas muestran que uno de cada cuatro adultos de todo el mundo no realiza la actividad física suficiente que le permita aprovechar sus beneficios y revelan que, en todos los países, las mujeres, los grupos étnicos minoritarios, las comunidades desfavorecidas y las personas con discapacidades o enfermedades crónicas tienen más probabilidades de permanecer inactivas.

Por ejemplo, Las mujeres son menos activas que los hombres, con una diferencia de más del 8% a nivel mundial (32% hombres frente a 23%, mujeres). Los países de renta alta son más inactivos (37%) en comparación con los de renta media (26%) y los de renta baja (16%).

Las directrices de la Organización Mundial de la Salud recomiendan que todo el mundo sea activo con regularidad para obtener beneficios para la salud mental y física. Los adultos deben realizar al menos entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada y vigorosa a la semana, y una media de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

Los niveles de inactividad entre los adolescentes son también alarmantes, dado que al menos las tres cuartas partes de ellos no observan las directrices y, de esa proporción, en la mayoría de los países, las muchachas son más propensas a la inactividad que los muchachos.

En un documento para promocionar la práctica del ejercicio físico, titulado Juego Limpio: Crear un sólido sistema de actividad física para personas más activas, los expertos de salud pública de la OMS explican cómo puede lograrse ese objetivo.

El informe recuerda que la actividad física contribuye a la integración social, la igualdad de género, la empleabilidad y la educación, destaca los principales retos y oportunidades de cómo los países pueden construir un sistema de actividad física y deporte más justo, y hace un llamamiento para apoyar a los países a ampliar las acciones de promoción de la actividad física en todas sus formas, para todas las edades y capacidades.

Para lograr avances reales en la esfera de la actividad física se requiere un enfoque de sistemas estratégicos coordinados, según se describe en el Plan de acción mundial sobre Actividad Física 2018-2030 de la Organización Mundial de la Salud.

El Plan incluye datos probatorios y recomendaciones normativas basadas en la práctica sobre la manera de incrementar la actividad física en todos los países.

Además, insta a todos los países a proporcionar educación pública constante, entornos propicios y programas diversos que permitan a las personas mantenerse activas de manera segura y placentera a través de:

Si continúa la actual pérdida de biodiversidad en el planeta, las personas más vulnerables del mundo no podrán adaptarse al cambio climático ni producir alimentos de manera sostenible, ha advertido el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

Un nuevo informe de la agencia especializada de la ONU destaca los riesgos a los que se enfrentan los pequeños productores rurales que constituyen la mayor parte de la población mundial que sufre los efectos de la pobreza y el hambre, en un momento en que la biodiversidad está en peligro.

El análisis calcula que el 80% de las necesidades de las personas pobres del mundo están vinculadas a los recursos biológicos, incluida su capacidad para llevar a cabo actividades agropecuarias y generar ingresos.

Sin embargo, advierte que la pérdida de biodiversidad se está agravando: un millón de especies animales y vegetales están en peligro de extinción y 31 especies se declararon extinguidas solo durante el año pasado.

El Fondo recordó que la diversidad biológica favorece la producción de alimentos a través de la formación del suelo, la productividad de la tierra, el control de plagas y enfermedades, la reposición de las aguas subterráneas y los servicios de polinización.

El estudio indica que las inversiones en biodiversidad contribuyen a la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, y la mejora de la nutrición.

Además, demuestra que las inversiones en la protección y mejora de los ecosistemas pueden generar más beneficios para los pequeños productores y el medio ambiente.

Como parte de sus inversiones en biodiversidad, el pasado mes de septiembre el FIDA anunció que se comprometía a destinar el 30% de su inversión climática a financiar proyectos ecológicos de agricultura rural a pequeña escala de aquí a 2030.

Una utilización más plena del capital y las herramientas existentes de las instituciones financieras internacionales podría reducir más rápidamente las amenazas que representan para la humanidad la pandemia y el cambio climático, dice un nuevo documento de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo.

El documento Financing Human-Centred COVID-19 Recovery and Decisive Climate Action Worldwide: International Cooperation’s 21st Century Moment of Truth , ofrece una ilustración concreta de cómo el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bancos multilaterales de desarrollo podrían triplicar los flujos externos relacionados con la ayuda oficial al desarrollo para los países en desarrollo en los próximos años, a fin de combatir la creciente disparidad tras la pandemia respecto a los países desarrollados, y hacer frente a uno de los mayores y más inmediatos obstáculos para la consecución de los objetivos del Acuerdo de París: la quema de carbón.

El documento sostiene que todas las naciones tienen interés en acelerar en gran medida la aplicación -incluso en los países de renta baja y media-baja- de las estrategias que se han acordado a nivel internacional para hacer frente a las amenazas universales que plantean la pandemia y el cambio climático, es decir, la iniciativa ACT-A/COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS); el Llamamiento Mundial a la Acción de la OIT para una Recuperación Centrada en las personas tras la Crisis de la COVID-19 ; y la Agenda 2030 , que incluye los objetivos del acuerdo climático de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esta utilización más completa de las instituciones financieras internacionales para aplicar los objetivos acordados multilateralmente permitiría al mundo pasar de un progreso continuo e incremental a un progreso verdaderamente transformador para combatir los efectos de la pandemia de COVID-19 y del cambio climático sin depender de grandes aumentos en los presupuestos de ayuda exterior bilateral. Aumentaría los flujos externos relacionados con la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) en los próximos siete años en 2 billones de dólares para los 82 países en desarrollo más pobres, el equivalente a alrededor del 4 por ciento de su PIB por año durante este período. Esto superaría el apoyo del Plan Marshall a los esfuerzos de Europa para “reconstruir mejor” después de la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que aprovecharía ese aumento de la financiación externa para mejorar la movilización de los recursos nacionales. También cumpliría la promesa, aún incumplida, de los países avanzados de movilizar al menos 100.000 millones de dólares al año en financiación para el clima a los países en desarrollo para 2020.

Todo esto sería posible si los países más ricos acordaran donar una media del 60 por ciento de su nueva asignación de DEG a los países de renta baja y media-baja y si los consejos de administración de los Bancos Multilaterales de Desarrollo acordaran utilizar dos tercios del espacio adicional estimado que tienen colectivamente en sus estructuras de capital para ampliar la actividad de préstamo y de financiación combinada sin afectar a sus calificaciones crediticias.

Fuente: OIT 07 de octubre de 2021

La pandemia de COVID-19 está pasando una factura muy alta en la salud mental de niños y jóvenes, una afectación que también le cuesta a las economías unas pérdidas estimadas en 390.000 millones de dólares al año, según revela un nuevo informe divulgado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Ya antes de la pandemia, más de uno de cada siete niños y adolescentes de entre 10 y 19 años del mundo padecía algún trastorno mental diagnosticado y 46.000 se suicidaban anualmente, una situación que se ha agravado con la emergencia sanitaria, advierte el estudio.

Los confinamientos y las restricciones de movimiento impuestas por la pandemia alejaron a ese colectivo de componentes clave para el desarrollo de los niños, como la familia, los amigos, las aulas y el juego, lo que dejará una “huella imborrable” en ellos.

De acuerdo con una encuesta internacional de UNICEF y Gallup en 21 países muestra que uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 24 años respondió que a menudo se siente deprimido o tiene poco interés en hacer cosas.

Los datos más recientes de UNICEF indican que al menos uno de cada siete niños ha sido directamente afectado por los encierros, mientras que más de 1600 millones han sufrido alguna pérdida en materia de educación.

Hasta ahora, los trastornos mentales diagnosticados son el síndrome de atención con hiperactividad, la ansiedad, el autismo, el trastorno bipolar, el trastorno de conducta, la depresión, los trastornos alimentarios, la discapacidad intelectual y la esquizofrenia. Todos estos padecimientos pueden dañar la salud, la educación y la capacidad de generar ingresos de los niños y jóvenes.

El impacto en la vida de los niños es incalculable, pero en términos económicos sí tiene un costo para las sociedades. La London School of Economics estima que las contribuciones perdidas debido a los trastornos mentales que conducen a la discapacidad o la muerte entre los jóvenes sumarían casi 390.000 millones de dólares al año.

Pese a la importancia crítica de la salud mental para las sociedades, los gobiernos invierten muy poco en ese renglón, alertó la directora ejecutiva de UNICEF.

El informe destaca el abismo que existe entre las necesidades de salud mental y el presupuesto para atenderlas: regularmente, los gobiernos asignan a la salud mental el 2% de sus partidas para el sector sanitario.

El informe de UNICEF pide a los gobiernos y a los socios del sector público y privado que actúen para promover la salud mental de todos los niños, adolescentes y sus cuidadores, además de brindarles cuidados a los más vulnerables.

Transformar los sistemas agroalimentarios para hacerlos más eficientes, inclusivos y sostenibles es fundamental para impedir que la pérdida y el desperdicio de alimentos sigan minando los esfuerzos realizados por erradicar el hambre, mejorar la nutrición y reducir la presión sobre los recursos naturales y el medio ambiente.

A escala mundial, alrededor del 14 % de los alimentos que se producen se pierde entre la cosecha y la venta minorista. Esto equivale a una pérdida de 400 mil millones de USD al año en valor de alimentos, en tanto que, según las estimaciones, se desperdicia el 17 % de la producción total de alimentos (el 11 % en los hogares, el 5 % en los servicios de comidas y el 2 % en el comercio al por menor).

“Debemos acelerar los progresos realizados en la consecución de la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de aquí a 2030, con vistas a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en el mundo y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha”, solo nos quedan “nueve temporadas (cosechas) para hacerlo”.

“La pérdida y el desperdicio de alimentos son el origen del 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto significa, fundamentalmente, que se utilizan valiosos recursos de tierras y aguas para nada”.

Se tiene la necesidad de abordar la pérdida y el desperdicio de alimentos mediante la incorporación de innovaciones eficaces en la cadena de suministro agroalimentario con productos, servicios, modelos empresariales y tecnologías a mayor escala. La reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos conduciría a un uso más eficiente de la tierra y una mejor gestión de los recursos hídricos, lo que tendría efectos positivos en el cambio climático y los medios de vida.

En calidad de organismo corresponsable de la meta 12.3 de los ODS, dirigida a reducir el desperdicio de alimentos en el ámbito de los consumidores antes de 2030, la FAO acoge la Plataforma técnica sobre la medición y reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos del G-20, la FAO y el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), dirigida a facilitar el intercambio de buenas prácticas entre los miembros. La publicación El estado mundial de la agricultura y la alimentación de 2019, se centró en las pérdidas de alimentos, en particular, y en el Índice mundial de pérdidas de alimentos. En junio de 2021, la Conferencia de la FAO aprobó el Código de conducta voluntario para la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos.

La reactivación de las economías de América Latina y el Caribe aún es insuficiente para recuperar los empleos perdidos durante la pandemia, y ha dado lugar a un mercado de trabajo caracterizado por una elevada tasa de desocupación y un fuerte predominio de las ocupaciones informales, destacó una nueva nota técnica de la OIT.

La nota técnica “Empleo e informalidad en América Latina y el Caribe: una recuperación insuficiente y desigual ” revisa los cambios detectados en los mercados laborales, en los ingresos y en la desigualdad durante los últimos meses, abordando tanto los impactos de la crisis como la recuperación de puestos de trabajo registrada a medida que se recuperaban algunas actividades económicas.

Alrededor de 70 por ciento de los empleos que se están generando desde mediados de 2020 hasta el primer trimestre de 2021 son ocupaciones en condiciones de informalidad, de acuerdo con datos de un grupo de países de América Latina, destaca el documento de la OIT.

“En el primer trimestre de 2021, alrededor del 76 por ciento de los trabajadores independientes, y algo más de un tercio de los asalariados, eran informales”, añade la nota técnica y explica que “si bien es prematuro para afirmar que se está observando un proceso de informalización de las ocupaciones previamente formales, teniendo en cuenta experiencias de crisis previas, este es un riesgo latente importante”.

Junto con la informalidad, la región experimenta una recuperación insuficiente de los puestos de trabajo, de acuerdo con los datos de la nota técnica. Destaca que en la reducción de la ocupación entre el primer y segundo trimestre de 2020, en el peor momento de la crisis por COVID-19, llegó de algo más de 43 millones de empleos.

“La posterior recuperación desde ese momento hasta el primer trimestre de 2021 fue de alrededor de 29 millones. Por lo tanto, el aumento de la ocupación no logró compensar completamente la pérdida anterior”, destacó el documento. Alrededor de 30 por ciento de los empleos perdidos aún no se han recuperado.

Al mismo tiempo, a comienzos de año se arrastraban indicadores laborales críticos. En la comparación interanual entre el primer trimestre de 2020 e igual trimestre de 2021 se observaba una reducción promedio para la región de 3,5 puntos porcentuales en la tasa de ocupación, y una contracción en la tasa de participación económica de 2,6 puntos porcentuales. Además, hubo un alza de 2 puntos porcentuales en la tasa de desocupación.

Ello arroja para el primer trimestre del corriente año un valor de 59 por ciento de tasa de participación económica y 52,6 por ciento de tasa de ocupación, en ambos casos las más bajas en al menos una década, y de 11 por ciento de tasa de desocupación, lo que implica que alrededor de 32 millones de personas estaban buscando activamente un empleo sin conseguirlo.

La nota técnica de la OIT además dice que las mujeres, los jóvenes y las personas de menores calificaciones han sido desproporcionadamente afectados por la contracción del empleo y los ingresos, y resultan afectados con mayor fuerza por los impactos desigualadores y de aumento de la pobreza de esta crisis en la región, dice la nota técnica.

La nota técnica destaca que las medidas especialmente enfocadas en mejorar la generación de empleo buscan evitar que la crisis se prolongue y deje cicatrices de largo plazo.

“Las disímiles velocidades de recuperación del empleo entre diferentes grupos de trabajadores y los crecientes niveles de desigualdad y pobreza no sólo pueden limitar fuertemente el crecimiento económico, sino que pueden incrementar el grado de malestar social en la región”, dice el documento.

Fuente: OIT 08 de septiembre de 2021

Dado que el volumen total de agua dulce en la Tierra es finito e inalterable, la producción alimentaria y algunas de las ciudades más grandes del mundo se enfrentan a riesgos graves, por lo que la asignación eficiente y eficaz del agua es de suma importancia, según se señala en dos nuevos informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Los efectos del cambio climático ya se están dejando sentir en el abastecimiento de agua para los sistemas de producción agrícola, provocando desde inundaciones y sequías hasta un aumento de la variabilidad de las lluvias y la subida de las temperaturas, así como la competencia entre los usuarios allí donde el estrés hídrico y la escasez de agua ya son notables.

Los informes, presentados durante la Semana mundial del agua de 2021 en Estocolmo, tienen como finalidad aportar a las partes interesadas y a los encargados de formular las políticas en todo el mundo datos críticos sobre las tendencias en el aprovechamiento del agua y su disponibilidad. Tanto en Progress on change in water-use efficiency (Progresos en relación con el cambio en la eficiencia del uso del agua) como en Progress on level of water stress (Progresos en relación con el nivel de estrés hídrico) se proporciona información detallada actualizada sobre la situación mundial y la necesidad de acelerar la aplicación de medidas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 6.4.1 y 6.4.2, de los cuales la FAO es el organismo de las Naciones Unidas responsable.

En el informe de la FAO sobre el ODS 6.4.2, relativo al nivel de estrés hídrico, se evalúa el nivel de estrés por falta de agua en todas las regiones del mundo, haciendo hincapié en la necesidad urgente de crear sistemas de gestión del agua resilientes, en particular para la producción agrícola de regadío y secano. El aumento de las prácticas para un uso eficiente del agua en todos los sectores, particularmente el sector agrícola, que representa aproximadamente el 70 % de las extracciones mundiales de agua dulce, supone una estrategia beneficiosa para todos, que promueve mejores prácticas de gestión de la demanda de agua y se adapta a los efectos del cambio climático mediante el fortalecimiento de la resiliencia de dichos sistemas.

En el citado informe sobre el estrés hídrico se observa que alrededor de un tercio de la población mundial (2 300 millones de personas) vive en países donde se sufre estrés por falta de agua, mientras que el 10 % (733 millones) lo hace en países con un nivel alto o crítico de estrés por déficit hídrico, lo que tiene un efecto significativo en el acceso al agua y su disponibilidad para necesidades personales. Más aún, los agricultores pueden experimentar mayores desigualdades al tratar de acceder a los recursos hídricos en situaciones de estrés hídrico, lo que pone de manifiesto la necesidad de promover una gestión y una gobernanza de las distintas fuentes de agua que no solo sean sostenibles, sino también inclusivas e integradas.

El informe sobre el ODS 6.4.1, relativo al cambio en la eficiencia del uso del agua, contiene un útil índice de referencia sobre dicho tema que permite seguir las tendencias recientes -un aumento de la eficiencia del 9 % entre 2015 y 2018- y puede servir como base para introducir mejoras adicionales en años venideros. En este informe se señala el comercio como uno de los factores que podrían influir en la eficiencia del uso del agua y se destacan los intercambios virtuales de agua como soluciones prometedoras que contribuirían al esfuerzo para contabilizar el uso de los recursos hídricos de forma adecuada. Asimismo, se hace hincapié en la necesidad de encontrar el equilibrio entre la seguridad alimentaria, el uso sostenible del agua y el crecimiento económico.

La División de Tierras y Aguas de la FAO, autora de ambos informes, participa en muchos otros proyectos en los que se aborda directamente la escasez de agua y se promueve su uso eficiente. Entre ellos figuran AQUASTAT, un conjunto mundial de datos; la Base de datos de acceso libre sobre la productividad del agua, un programa de teledetección para medir la productividad del agua; Reconstruir mejor, una iniciativa para potenciar el capital humano en contextos frágiles; Field guide to improve water use efficiency in small-scale agriculture (Guía de campo para mejorar la eficiencia del uso del agua en la agricultura en pequeña escala), con estudios de casos en África; Water Productivity, the yield gap and nutrition (La productividad del agua, la brecha de rendimiento y la nutrición), una innovadora evaluación de las necesidades de agua y rendimiento, así como nutricionales, en Etiopía; el Libro blanco del Marco mundial sobre la escasez de agua en la agricultura, sobre la productividad del agua; así como liderazgo intelectual e información sobre el papel de la tenencia de la tierra y el agua.

Principales conclusiones

El Informe se redactó en diálogo con una comisión conformada por representantes de sociedad civil, sector privado, academia, Ejecutivo y Legislativo federal y estatales, cooperación bilateral y Sistema de las Naciones Unidas, quienes realizaron sus propias consultas y elaboraron estudios independientes que alimentan al Informe.

En 2015, los Estados miembros de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unida adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para avanzar en un periodo de 15 años hacia la consecución de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en términos sociales, ambientales, económicos, de gobernanza, de alianzas y de combate a las desigualdades.

En ella también se establecieron mecanismos para su seguimiento, particularmente con la presentación periódica de Informes Nacionales Voluntarios para compartir los avances y retos de cada país. El Informe entregado a Naciones Unidas es el tercero entregado por México desde que se comprometió con la Agenda 2030 en 2015.

El último informe Igualdad de Género en la Administración Pública (GEPA, por su sigla en inglés) —la primera investigación integral exhaustiva sobre el tema que cubre 170 países— encuentra que las brechas de género persisten y que las mujeres siguen topándose con techos y muros de cristal que frenan su promoción a los más altos puestos de poder e influencia. Si bien en muchos países se ha registrado un progreso en la representación de las mujeres en la administración pública en términos generales, los hombres en todas las regiones del mundo todavía superan en número considerable a las mujeres en los cargos de liderazgo y decisión. En promedio, las mujeres representan el 46% de las personas que se desempeñan en la administración pública, pero solo el 31% ocupa los cargos más altos de liderazgo y conforman únicamente el 30% del personal directivo superior.

La igualdad de género es fundamental para una administración pública inclusiva y capaz de rendir cuentas. Cuando las mujeres asumen funciones de liderazgo en la administración pública, los Gobiernos demuestran mayor receptividad y rendición de cuentas y la calidad de los servicios públicos mejora notablemente, según la investigación descrita en el informe. Por ejemplo, los datos muestran que cuando las mujeres están en el poder, aquellas políticas más soslayadas (como las orientadas a poner fin a la violencia contra las mujeres, o los servicios de cuidado infantil y de atención médica) cobran mayor atención, y a menudo hay menos corrupción en el Gobierno y los partidos políticos son más proclives a trabajar de forma mancomunada. Dado que la crisis del COVID-19 impone desafíos sin precedentes a los Gobiernos y su ciudadanía, la toma de decisiones efectiva en las instituciones públicas y los servicios públicos receptivos e innovadores se hacen más necesarios que nunca.

Estos nuevos datos se presentan cuando muchos países continúan luchando contra las consecuencias de la crisis del COVID-19 y sus preocupantes efectos económicos y sociales en las mujeres y las niñas: desde el alarmante aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas hasta la enorme pérdida de empleo e ingresos, lo que amenaza con detener el progreso hacia la igualdad de género. Hasta 105 millones más de mujeres y niñas —que ya de por sí son la mayoría de quienes viven en la pobreza extrema en el mundo— podrían verse empujadas a la pobreza de aquí a 2030 a causa de la pandemia, según el análisis del PNUD.

En el informe GEPA se muestra que las mujeres ejercen un rol muy limitado en la adopción de decisiones sobre la política sanitaria, incluidas las respuestas de los países al COVID-19. Si bien el 58% de quienes se desempeñan en los ministerios de salud son mujeres, estas ocupan en promedio solo el 34% de los cargos de decisión.

En el informe también se señala que las mujeres de la administración pública están apartadas de ciertas áreas de la labor política, donde se topan con “muros de cristal” además de los techos de cristal. El número de mujeres es más alto en los ministerios abocados a las cuestiones de las mujeres, la salud y la educación, pero se mantiene en niveles bajos en otras áreas del quehacer político.

Sin la participación de las mujeres y con una subrepresentación de estas en los cargos de liderazgo en las tres áreas críticas de acción —la crisis sanitaria, la recuperación socioeconómica y el clima— es prácticamente imposible reconstruir mejor. Conforme los Gobiernos diseñan y perfeccionan las políticas para adaptarlas a la pandemia, el PNUD y la Universidad de Pittsburgh los instan a considerar los efectos de género de la crisis y a garantizar la participación plena e inclusiva de las mujeres en la administración pública, entre otros puestos, en los cargos de liderazgo y adopción de decisiones.

En el informe GEPA se brindan cinco conjuntos de recomendaciones para ayudar a corregir el desequilibrio de poder y romper estos techos y muros de cristal, como por ejemplo las siguientes:

La edición de 2021 del Informe sobre productos básicos y desarrollo explora cómo el desarrollo tecnológico y la innovación pueden ayudar a los países en desarrollo dependientes de productos básicos (CDDC) a lograr la diversificación económica y la adición de valor.

El informe, titulado ” Salir de la trampa de la dependencia de los productos básicos mediante la tecnología y la innovación “, destaca que la mayoría de los países en desarrollo dependen de los productos básicos y que sus movimientos hacia y desde la dependencia de los productos básicos no son aleatorios. Una vez que un país se vuelve dependiente de los productos básicos, la probabilidad de convertirse en no dependiente es muy baja. En otras palabras, la dependencia de los productos básicos es una trampa y conlleva muchos desafíos socioeconómicos graves.

El informe muestra que la dependencia de los productos básicos está asociada con bajos niveles de productividad laboral en toda la economía, bajo crecimiento de la productividad, alta volatilidad del crecimiento de la productividad y una alta frecuencia de shocks negativos de productividad. Identifica un gran potencial de aumento de la productividad en los CDDC a través del crecimiento de la productividad intrasectorial y del cambio estructural. En este sentido, el informe sostiene que la mejora tecnológica y la innovación pueden desempeñar un papel importante en el aumento de la productividad y la diversificación económica.

El informe destaca que un mayor nivel tecnológico se asocia con una mayor productividad y permite la producción de productos más complejos. Un desafío clave para los CDDC es su posición lejos de la frontera tecnológica. La diversificación en sectores más dinámicos puede requerir grandes “saltos” en la innovación. En este contexto, las tecnologías de digitalización, comercio electrónico y blockchain tienen un gran potencial para ayudar a los CDDC a reducir los costos de transacción, aumentar la productividad y promover la transformación estructural.

El informe identifica los facilitadores de la transformación tecnológica que pueden ayudar a los CDDC a lograr economías más diversificadas. Estos incluyen habilitaciones horizontales, como la infraestructura, así como habilitadores verticales, como medidas para aumentar la productividad en la agricultura. El informe sostiene que el conjunto de intervenciones de política necesarias para facilitar la actualización tecnológica y la innovación debe tener en cuenta las características y contingencias específicas de cada país, así como las condiciones externas.

El informe concluye con sugerencias de medidas clave a nivel nacional, regional e internacional que podrían ayudar a los CDDC a escapar de la trampa de la dependencia de los productos básicos mediante la transformación estructural. En este sentido, el informe sostiene que se necesita un fuerte compromiso político a nivel nacional, la integración regional y la transferencia de tecnología para impulsar un proceso de transformación estructural habilitado por la tecnología.

Las jornadas laborales prolongadas provocaron 745 000 defunciones por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica en 2016, una cifra un 29% superior a la de 2000. Este dato procede de las estimaciones más recientes realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Que aparecen en la publicación Environment International.

Ambas organizaciones han realizado un primer análisis mundial de la pérdida de vidas y de salud derivada de las largas jornadas de trabajo. Sus datos indican que, en 2016, 398 000 personas fallecieron a causa de un accidente cerebrovascular y 347 000 por cardiopatía isquémica como consecuencia de haber trabajado 55 horas a la semana o más. Entre 2000 y 2016, el número de defunciones por cardiopatía isquémica debidas a las jornadas laborales prolongadas aumentó en un 42%, mientras que el incremento en el caso de las muertes por accidente cerebrovascular fue del 19%.

Estos problemas de salud de origen laboral son más notorios en los hombres (el 72% de las personas fallecidas por esta causa eran varones), en las personas que viven en las regiones del Pacífico Occidental y de Asia sudoriental y en los trabajadores de mediana edad o mayores. La mayor parte de las defunciones registradas correspondieron a personas de entre 60 y 79 años que habían trabajado 55 horas o más a la semana entre los 45 y los 74 años.

Estas cifras demuestran que alrededor de una tercera parte de la morbimortalidad estimada total relacionada con el trabajo se debe a las jornadas laborales prolongadas, que son el factor de riesgo que más contribuye a aumentar la carga de enfermedades ocupacionales. Por esta razón, este factor de riesgo laboral relativamente nuevo para la salud humana, que tiene un carácter más psicosocial, se encuentra en el centro del debate.

El estudio concluye que trabajar 55 horas o más a la semana aumenta en un 35% el riesgo de presentar un accidente cerebrovascular y en un 17% el riesgo de fallecer a causa de una cardiopatía isquémica con respecto a una jornada laboral de 35 a 40 horas a la semana.

El 9% de la población mundial trabaja muchas horas al día. Cada vez son más los trabajadores cuya jornada laborales excesivamente prolongada, una tendencia que da lugar a un incremento en el número de personas que corren riesgo de sufrir discapacidades o fallecer por motivos ocupacionales.

Los gobiernos, los empleadores y los trabajadores pueden adoptar las siguientes medidas para proteger la salud de estos últimos:

El número de personas que sufre inseguridad alimentaria aguda y necesita asistencia urgente para salvar su vida y salvaguardar sus medios de subsistencia alcanzó en 2020 su nivel más alto en cinco años en los países aquejados por crisis alimentarias, según se revela en un informe anual presentado por la Red mundial contra las crisis alimentarias, una alianza internacional de las Naciones Unidas, la Unión Europea (UE), organismos gubernamentales y no gubernamentales que trabaja para hacer frente conjuntamente a las crisis alimentarias.

La seria advertencia formulada en el Informe mundial de 2021 sobre las crisis alimentarias pone de manifiesto que los conflictos o las conmociones económicas, a menudo relacionadas con la enfermedad por coronavirus (COVID-19) junto con las condiciones meteorológicas extremas, siguen abocando a millones de personas a la inseguridad alimentaria aguda.

En el informe de la Red mundial contra las crisis alimentarias se revela que al menos 155 millones de personas se encontraban en contextos de crisis con una inseguridad alimentaria aguda o en situaciones peores (Fases 3 a 5 de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF/CH)) en 55 países o territorios en 2020 -un aumento de alrededor de 20 millones de personas respecto del año anterior- y se advierte seriamente de una tendencia preocupante: la inseguridad alimentaria aguda lleva aumentando de forma incesante desde 2017, año de la primera edición del informe.

De dichas personas, en torno a 133 000 habían alcanzado en 2020 la fase más grave de inseguridad alimentaria aguda -la fase de catástrofe (Fase 5 de la CIF/CH)- en Burkina Faso, Sudán del Sur y el Yemen, donde fue preciso actuar urgentemente para evitar la muerte generalizada y el colapso de los medios de vida.

Al menos otros 28 millones de personas se enfrentaron a niveles de emergencia (Fase 4 de la CIF/CH) de inseguridad alimentaria aguda en 2020 -lo que significa que se encontraban a un paso de la inanición -en 38 países o territorios donde la intervención urgente salvó vidas y salvaguardó los medios de subsistencia, además de evitar que la hambruna se propagase.

Treinta y nueve países y territorios han padecido crisis alimentarias durante los cinco años que la Red mundial contra las crisis alimentarias ha venido publicando su informe anual; en esos países o territorios, la población afectada por altos niveles de inseguridad alimentaria aguda (Fases 3 a 5 de la CIF/CH) aumentó de 94 millones a 147 millones entre 2016 y 2020.

Además, en los 55 países y territorios con crisis alimentaria que abarca el informe, más de 75 millones de niños menores de cinco años sufrían retraso del crecimiento (eran demasiado bajos) y más de 15 millones, emaciación (estaban demasiado delgados) en 2020.

Las principales causas subyacentes de la creciente inseguridad alimentaria aguda de 2020 fueron:

Si bien en 2021 los conflictos siguen siendo la principal causa de las crisis alimentarias, la COVID-19 y las medidas de contención de la enfermedad, así como los fenómenos meteorológicos extremos, continuarán exacerbando la inseguridad alimentaria aguda en las economías frágiles.

“Un año después de que se declarase la pandemia de la COVID-19, las perspectivas para 2021 y posteriormente son sombrías. Los conflictos, las restricciones impuestas a raíz de la pandemia que han exacerbado las penurias económicas y la amenaza persistente de condiciones atmosféricas adversas probablemente sigan desencadenando crisis alimentarias”, afirmaron la UE, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas -miembros fundadores de la Red mundial- junto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en la declaración que publicaron con el informe.

“La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema alimentario mundial y la necesidad de sistemas más equitativos, sostenibles y resilientes para alimentar de forma nutritiva y sistemática a 8 500 millones de personas para 2030. Es necesaria una transformación radical de nuestros sistemas agroalimentarios a fin de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

“El carácter prolongado de la mayoría de las crisis alimentarias indica que las tendencias medioambientales, sociales y económicas a largo plazo agravadas por los crecientes conflictos y la inseguridad están menoscabando la resiliencia de los sistemas agroalimentarios. Si las tendencias actuales no se revierten, la frecuencia y la gravedad de las crisis alimentarias se incrementarán”.

Para abordar esos desafíos, la Red mundial redoblará los esfuerzos para promover los sistemas agroalimentarios resilientes que sean sostenibles desde el punto de vista social, medioambiental y económico y apoyará grandes eventos este año, tales como la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Cumbre del Grupo de los Veinte (G-20), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Cumbre sobre Nutrición para el crecimiento. Asimismo, cooperará con la iniciativa del Grupo de los Siete (G-7) para evitar la hambruna.

La Red mundial hace hincapié en la necesidad de actuar urgentemente y con decisión y pide a la comunidad internacional que se movilice contra el hambre.