América Latina y el Caribe perdió 2,9 años de esperanza de vida al nacer entre 2019 y 2021 a consecuencia del COVID-19, pasando de 75,1 años en 2019 a 72,1 años en 2021, lo que la convierte en la región del mundo que perdió más años en la esperanza de vida debido a la pandemia, reveló un análisis de las tendencias recientes de la población de la región realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

De acuerdo al organismo, la caída entre 2019 y 2021 fue mayor en América Central, con una pérdida de 3,6 años, aunque se evidenció una aceleración en la pérdida de esperanza de vida en el Caribe en 2021, así como grandes desigualdades entre países.

Las proyecciones suponen que ya en 2022 comenzará la recuperación de los años perdidos de esperanza de vida, debido al proceso de vacunación y las medidas tomadas por los países para combatir la pandemia.

Según el análisis, la población de la región pasó de 168,3 millones de personas en 1950 a poco más de 660 millones en 2022 y se espera que comience a decrecer en aproximadamente 34 años.

El crecimiento cada vez menor de la población, resultante principalmente de la disminución de la fecundidad, llevará a la región a alcanzar su población máxima en el año 2056, con un total de 751,9 millones de personas, señala el análisis, que advierte un quiebre en la tendencia del crecimiento de la región en 2020 y 2021, como efecto de la pandemia de la COVID-19.

El análisis evidencia también un envejecimiento poblacional y la aproximación del fin del bono demográfico. Precisa que la región se encuentra en una etapa de envejecimiento relativamente acelerada y se proyecta que ya en 2047 la población de personas con 60 años y más supere a la de menos de 15 años. Se estima que en 1967 la relación de dependencia de la región empezó a decrecer, marcando el inicio del bono demográfico, mientras que, en 2029, se proyecta que la población dependiente (menores de 15 años y de 65 años y más) crecerá más que la población en edad de trabajar (de 15 a 64 años), lo que indica el aumento de la relación de dependencia y el fin del bono demográfico en la región, un bono que duraría cerca de 62 años. Sin embargo, persiste la heterogeneidad regional, existiendo distintos ritmos de envejecimiento.

Respecto a la fecundidad en las adolescentes de 15 a 19 años, las estimaciones y proyecciones muestran que América Latina y el Caribe presenta tasas de las más altas en el mundo, quedando solamente por debajo de las tasas estimadas y proyectadas para África. Pese a lo anterior, la región como promedio ha logrado aumentar el ritmo de descenso de la fecundidad adolescente desde 2010 pasando de 73,1 hijos por 1000 mujeres de 15-19 años en 2010 a 52,1 en 2022. Sin embargo, sigue siendo un valor elevado comparado con otras regiones del mundo y es 48% mayor que el promedio mundial. Nueve países de la región se encuentran entre los 60 países con mayor tasa de fecundidad adolescente del mundo en 2015-2020.

Finalmente, el análisis aborda la creciente importancia de la migración intrarregional y advierte que uno de los principales desafíos para el estudio de la migración es la disponibilidad de fuentes de datos que den cuenta de los patrones migratorios, flujos y características de la población migrante.

Precisa que América Latina y el Caribe se caracteriza por ser una región expulsora de población, con saldo migratorio negativo desde 1950 a la fecha. En ese sentido, y pese a las dificultades de movimiento de la población durante la pandemia, principalmente por el cierre de fronteras, la región presentó saldos migratorios negativos en 2020 y 2021, pero inferiores a los estimados para 2019.

El dinamismo con que se dan los cambios demográficos en la región, en especial el descenso de la fecundidad y los movimientos migratorios, y recientemente el impacto del COVID-19, llevan a que la CEPAL, en conjunto con la División de Población de las Naciones Unidas, realice un constante monitoreo y revisión de las estimaciones y proyecciones de población. Solo con información oportuna y de calidad es posible elaborar estimaciones y proyecciones de población que reflejen la realidad demográfica de los países de la región y del mundo.

El Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propuso el 11 de julio como el Día Mundial de la Población, pues el papel que esta cumple en los programas y planes generales de cada país es fundamental. El día se celebró por primera vez en 1990.

A propósito de esta fecha, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta cifras representativas de la población mexicana. Estas incluyen información sobre el descenso de la fecundidad e incremento en las defunciones por la COVID-19. Asimismo, se incorpora información sobre los medios de traslado que usan las personas para ir a la escuela o al trabajo. Las formas de trasportarse son de interés por el tiempo que invierte la población, los medios que utiliza y los riesgos a los que se somete en este proceso.

Monto y estructura de la población

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (Censo 2020), la población que residía en México en 2020 ascendía a 126 millones de personas. De estas, 51 % eran mujeres y 49 %, hombres.

Comparada con decenios anteriores, la estructura por edad mostró una base piramidal más angosta debido a la reducción relativa de niñas, niños y jóvenes. Entre 1970 y 2020, se presentaron dos cambios sustantivos en la estructura poblacional. Por un lado, el porcentaje de personas de 0 a 14 años se redujo de 46 a 25 %, mientras que el de la población de 30 a 59 años aumentó de 22 a 38 por ciento. Entre 1970 y 2020, el índice de envejecimiento pasó de 12 a 48 personas de 60 años y más por cada 100 niñas y niños con menos de 15 años.

El incremento de los adultos mayores evidencia un proceso de envejecimiento demográfico. No obstante lo anterior, México aún no muestra la misma magnitud que se ha observado en regiones más desarrolladas.

Cerca de la tercera parte de las mujeres que viven en los países en desarrollo se convierte en madre antes de los 19 años y casi la mitad de los primeros nacimientos de adolescentes son de niñas de 17 años o menos, informó este martes el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en un nuevo estudio sobre el tema.

Remediar este fenómeno, que desafortunadamente disminuye a un ritmo que alcanza apenas tres puntos porcentuales por década, requiere inversiones por parte de los gobiernos que amplíen las oportunidades, educación y capacidades de las adolescentes para evitar así embarazos precoces no deseados.

La agencia recomienda a los responsables de la elaboración de políticas, tomar en cuenta la urgencia de ofrecer a las niñas educación sexual integral, tutoría, apoyo social y servicios de salud de calidad, además de brindar apoyo económico a las familias e involucrar a las organizaciones locales.

El informe revela que, de acuerdo con los datos del periodo 2015-2019, aunque la fecundidad mundial ha disminuido, las mujeres que comenzaron a tener hijos en la adolescencia tuvieron casi cinco nacimientos al llegar a los 40 años.

Detalla que casi el 75% de las niñas con un primer parto a los 14 años o menos tiene un segundo alumbramiento en la adolescencia, y agrega que el 40% de las que tienen dos partos tienen un tercer hijo antes de salir de la adolescencia.

El UNFPA recuerda que las complicaciones del parto son una de las principales causas de muerte y lesiones entre las adolescentes.

Subraya también que ser madre adolescente puede dar lugar a otras graves violaciones de derechos humanos así como acarrear consecuencias sociales graves, entre ellas el matrimonio infantil, la violencia de pareja y los problemas de salud mental.

El análisis por regiones marca diferencias considerables y coloca a América Latina y el Caribe a la cabeza de la maternidad adolescente.

América Latina y el Caribe y los países de renta media de Europa han registrado los mayores aumentos de madres adolescentes, con el 18% del total de los nacimientos en los países latinoamericanos y caribeños.

En cambio, las naciones del norte de África y de Asia occidental han registrado el declive más pronunciado en el mundo de nacimientos durante la adolescencia, para abarcar en la actualidad el 6% del total.

De ese conjunto de naciones, destacan siete por haber documentado al menos el 20% de todos los nacimientos de adolescentes en los últimos años: Bangladesh, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Etiopía, Gabón y Nepal. Esos alumbramientos fueron de mujeres que hoy tienen una media de 40 años.

El 23% de nacimientos adolescentes entre las mujeres que hoy alcanzan los 40 años en América Latina ocurrieron en Colombia.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF) 2022.

Este programa estadístico ofrece información sobre la gestión y desempeño de los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, específicamente, en las funciones de gobierno e impartición de justicia. La finalidad es que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los temas referidos.

El cierre de las escuelas ha resultado en importantes pérdidas de aprendizaje. En los países de ingresos bajos y medianos, el 70 % de los niños de diez años no pueden comprender un texto escrito simple, un aumento preocupante con respecto al 57 % registrado en 2019, según un nuevo informe multiagencial.

El estudio conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco Mundial y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) destaca el déficit de aprendizaje, acrecentado por la pandemia de COVID-19.

La UNESCO, el Banco Mundial y UNICEF alertaron de que los retrasos en el aprendizaje también tendrán un fuerte impacto en la economía y explicaron que a escala global representarán una pérdida acumulada de riqueza para la generación actual de escolares de alrededor de 21 billones de dólares. El cálculo hecho en 2021 apuntaba a 17 billones, es decir, la situación ha empeorado.

El informe enfatiza la crisis de financiamiento en la esfera educativa e indica que el 40% de los países de ingresos bajos y medios redujeron su gasto en educación durante la pandemia. La reducción media fue del 13,5% y los presupuestos aún no han vuelto a los niveles de 2019.

La UNESCO ponderó la urgencia de asignar fondos a la educación, que debe transformarse dados los desafíos del mundo actual, como la crisis climática y la revolución digital, dos cuestiones que deben integrarse a los planes de estudio.

Entre 2005 y 2020, las Naciones Unidas verificaron más de 266.000 violaciones graves contra la infancia cometidas por las partes en más de 30 situaciones de conflicto en África, Asia, Oriente Medio y América Latina, dijo UNICEF en un nuevo informe. Esta cifra representa solamente una fracción de todas las violaciones que se cree que se han producido, ya que las limitaciones en materia de acceso y seguridad, entre otras, y la vergüenza, el dolor y el miedo que sufren los niños y las familias supervivientes dificultan a menudo la denuncia, la documentación y la verificación de las violaciones graves contra la infancia en situaciones de conflicto armado.

El informe, titulado 25 años de conflictos armados y la infancia: Actuar para proteger a los niños y niñas en la guerra, reveló que entre 2005 y 2020 se han verificado los datos siguientes: más de 104.100 niños y niñas han sido asesinados o mutilados en situaciones de conflicto armado; más de 93.000 niños y niñas han sido reclutados y utilizados por las partes en conflicto; al menos 25.700 niños y niñas han sido secuestrados; y las partes en conflicto han violado, casado a la fuerza, explotado sexualmente y cometido otras formas graves de violencia sexual contra al menos 14.200 niñas y niños. Las Naciones Unidas verificaron más de 13.900 incidentes de ataques contra escuelas y hospitales y no menos de 14.900 incidentes de denegación de acceso humanitario a los niños desde 2005.

El informe señala que muchos niños y niñas sufren más de una violación, un factor que aumenta su vulnerabilidad.

El informe constata que todas las partes en conflicto, tanto los Estados como los agentes no estatales, cometen graves violaciones contra los niños. Entre 2016 y 2020, los agentes estatales –incluidas las fuerzas y coaliciones nacionales e internacionales– fueron responsables de al menos el 26% de todas las violaciones. En comparación, los agentes no estatales fueron responsables de alrededor del 58% de todas las violaciones verificadas, lo que destaca la importancia de comprometerse con todas las partes en conflicto, incluidos los agentes no estatales, para poner fin y prevenir de forma contundente las violaciones contra la infancia.

El informe también constató lo siguiente:

Poco antes de que varios dirigentes mundiales se reúnan en la cumbre del G7, UNICEF pide 1.200 millones de dólares para:

Las recomendaciones del informe, basadas en las pruebas y los análisis presentados, tienen por objeto movilizar a todas las partes interesadas, incluidas las partes en conflicto, los Estados y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para proteger a los niños de forma eficaz y sostenible y acelerar la acción a nivel local, nacional, regional y mundial.

Además de hacer un llamamiento a las partes en conflicto y a los Estados para que cumplan con sus obligaciones en virtud de los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario, el informe incluye una serie de recomendaciones sobre las cuestiones siguientes:

La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 es un programa estadístico que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desarrolló con el fin de conocer las características sexuales, orientación sexual e identidad de género de la población de 15 años y más. Esta encuesta está diseñada para identificar a la población LGBTI+; es decir, a todas las personas con orientación sexual y/ o identidad de género no normativa o no convencional.

El levantamiento de la ENDISEG se realizó del 23 de agosto de 2021 al 16 de enero de 2022 en cerca de 44 mil viviendas de todo México. Durante su diseño, se contó con la colaboración conceptual del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), así como la participación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y gubernamentales.

Además, del 21 de febrero al 21 de abril de 2022 se realizó el levantamiento de la ENDISEG Web, donde participaron 14 364 personas de 15 años. Al final del comunicado se incluyen algunos de los datos recolectados.

Con el proyecto ENDISEG 2021, el INEGI se coloca a la vanguardia internacional en el diseño e implementación de un instrumento estadístico específico para identificar a la población LGBTI+ en México.

Si bien la pandemia de COVID-19 aún no ha terminado, ofrece lecciones valiosas que pueden ayudar al mundo a responder mejor a otras crisis, dice el Informe COVID 2022 de la UNCTAD.

El informe detalla cómo la pandemia ha expuesto las debilidades en la estructura del orden social y económico internacional. Al mismo tiempo, encuentra una resiliencia notable en varias áreas, pero solo algunas personas se han beneficiado de esto, dejando a muchos atrás.

La pandemia ha puesto de relieve que desarrollar la resiliencia del sistema mundial ante las crisis y proteger a los más vulnerables es una responsabilidad compartida y el único camino viable a seguir.

El informe dice que la pandemia no solo ha demostrado cuán interconectado está el mundo, sino que también ha revelado las profundas desigualdades que existen entre los países en muchas dimensiones.

La UNCTAD dice que el mundo debe abordar urgentemente estas desigualdades para evitar una década perdida para los países en desarrollo y mantenerse en el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

El comercio mundial se redujo en unos 2,5 billones de dólares en 2020 (o alrededor del 9 % en relación con 2019), pero se recuperó con fuerza y ​​alcanzó un máximo histórico de unos 28,5 billones de dólares en 2021, lo que equivale a un aumento de alrededor del 13 % en relación con los niveles previos a la pandemia.

Pero surgieron importantes diferencias a nivel regional y nacional. Las exportaciones de los países más pobres se recuperaron considerablemente menos durante 2021, descubrió la UNCTAD.

Las estrategias de eficiencia y reducción de costos continúan siendo el objetivo primordial de las empresas globales, dice el informe.

Impulsado por la creciente demanda mundial, el transporte marítimo también se recuperó más rápidamente de lo esperado. En 2021, los envíos marítimos se expandieron 3,3% y para 2022 se proyecta un crecimiento de 2,6%.

Según el modelo de simulación de la UNCTAD, un aumento sostenido de las tarifas de flete puede conducir a un aumento de los precios al consumidor a nivel mundial del 1,6 % en 2023.

El informe dice que las intervenciones gubernamentales influyeron en gran medida en la producción y ubicación de las vacunas COVID-19.

El informe dice que tanto el comercio internacional como los acuerdos de inversión tienen disposiciones sobre licencias obligatorias para anular los derechos de propiedad intelectual en situaciones de emergencia. Pero durante los últimos dos años, a ninguna empresa se le ha otorgado una licencia obligatoria para fabricar una vacuna contra el COVID-19, lo que destaca la necesidad de mejorar aún más la cooperación internacional durante las emergencias.

El informe señala que la asistencia oficial para el desarrollo a los países en desarrollo alcanzó un nuevo máximo de 178 900 millones de dólares en 2021, impulsada por las donaciones de vacunas y otros financiamientos relacionados con la COVID-19.

Las medidas de apoyo fiscal han aumentado la deuda pública en muchos países en desarrollo a niveles insostenibles. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda debe extenderse, recomienda la UNCTAD.

Subraya que la vulnerabilidad de la deuda no ha recibido la atención adecuada y requiere una agenda política más ambiciosa.

El informe también dice que si bien COVID-19 ha provocado un aumento en la transformación digital en todo el mundo, las brechas cada vez mayores han impedido que muchas personas aprovechen las oportunidades en la economía digital.

Subraya que el mundo tiene una oportunidad única en la vida de rehacer la sociedad para un futuro mejor. La visión y muchas herramientas para hacerlo existen y pueden activarse, pero se necesita una acción internacional coordinada para tener éxito en este esfuerzo.

Los países con un mayor liderazgo de mujeres, sistemas de cuidados y protección social universales y espacio para que las organizaciones feministas participen en la toma de decisiones democráticas son más eficaces en la respuesta a crisis como la provocada por la pandemia de COVID-19, según un nuevo informe mundial publicado por ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En un momento en el que la superposición de los efectos de la pandemia de COVID-19, la acuciante emergencia climática y los conflictos geopolíticos amenazan la igualdad de género y los derechos de las mujeres, un análisis basado en nuevos datos mundiales aporta recomendaciones concretas para que los Gobiernos se aseguren de que sus estrategias de recuperación económica y preparación ante emergencias adoptan un enfoque sensible al género, integrado y resiliente.

El PNUD y ONU Mujeres han revisado unas 5.000 políticas durante un periodo de dos años a través de su Rastreador Global de Respuestas de Género a la COVID-19 (en inglés), el directorio mundial más completo de respuestas gubernamentales a la pandemia con perspectiva de género. La herramienta identifica cómo han reaccionado las instancias mundiales de toma de decisiones ante las repercusiones sociales y económicas de la pandemia, que siguen recayendo desproporcionadamente sobre las mujeres

Según el nuevo informe “Respuestas gubernamentales a la COVID-19: Lecciones sobre igualdad de género para un mundo convulso” (en inglés), en 196 de los 226 países estudiados, se ha adoptado al menos una medida sensible al género.

Los países con una mayor proporción de mujeres entre los cargos públicos electos, independientemente de los ingresos nacionales, aprobaron más políticas y partidas presupuestarias que tenían en cuenta consideraciones de género. Los países con democracias sólidas, movimientos feministas fuertes o un alto porcentaje de mujeres en el parlamento tomaron una media de cinco medidas sensibles al género más que los países sin estas características.

Incluso en los países con una representación menos igualitaria, las líderes políticas reclamaron que se escuchara su voz.

La acción colectiva de las mujeres también ha potenciado la sensibilidad de género nacional. Los grupos feministas de la sociedad civil han influido en la respuesta inmediata de sus países y han contribuido a recabar pruebas y datos para impulsar una visión feminista de la transformación y la recuperación pospandemia.

A las consecuencias económicas de la pandemia para las mujeres, se añade la mayor carga de trabajo no remunerado. Incluso antes de la COVID-19, las mujeres de todo el mundo hacían tres veces más trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. Ahora, el incremento de la desigualdad en el tiempo dedicado a cuidar de niñas y niños, personas mayores y otros miembros de la familia está obligando a muchas mujeres a dejar su trabajo remunerado.

A escala mundial, hoy hay 19,7 millones menos de mujeres ocupando un puesto de trabajo remunerado que antes de marzo de 2020, una cifra que es de 10,2 millones en el caso de los hombres.

El funesto revés que han sufrido las oportunidades económicas de las mujeres se traducirá en que 388 millones de mujeres vivirán en la extrema pobreza en 2022, una cifra que ahonda todavía más la ya profunda brecha de género de la pobreza.

Los Estados deben hacer más para reconocer el valor del trabajo doméstico del que se ocupan las mujeres, desarrollando un sistema de protección social mejorado para aquellas personas que asumen responsabilidades de cuidados, ya que son la columna vertebral de una economía más resiliente e integrada.

El análisis del rastreador de casi 5.000 medidas pone de manifiesto que los países tienden a seguir trabajando en el marco de las estructuras y los sistemas de los que ya disponen cuando se produce una crisis. Este nuevo informe brinda una oportunidad clara de defender mejores sistemas de protección social sensibles al género y garantizar una participación significativa de las mujeres en la identificación de soluciones que no dejen a nadie atrás para los graves retos crónicos a los que nos enfrentamos.

Se prevé que cuatro de cada cinco alumnos de sexto grado en América Latina y el Caribe (ALC) no alcancen el nivel mínimo de comprensión lectora, de acuerdo con un informe publicado por el Banco Mundial y UNICEF, en colaboración con la UNESCO. Si bien la región ya se encontraba en una crisis de aprendizaje antes de la pandemia, esto representa un agravamiento sustancial. Esta nueva y alarmante estimación también sugiere que luego de dos años de cierre de escuelas en la región a causa de la COVID-19, los resultados del aprendizaje podrían haber retrocedido más de diez años. La evidencia que surge a lo largo de ALC apoya estas estimaciones.

El nuevo informe, “Dos años después: salvando a una generación”, recalca que estas pérdidas de aprendizaje podrían costar a los alumnos de hoy una reducción en sus ingresos del 12 por ciento a lo largo de su vida.

Los niños de América Latina y el Caribe vivieron algunos de los cierres de escuela por COVID-19 más largos y constantes del mundo. En promedio, desde el comienzo de la pandemia los alumnos de la región perdieron, parcial o completamente, dos tercios de los días de clase presenciales, con una pérdida estimada de 1,5 años de aprendizaje.

Los niños más jóvenes y vulnerables han sido desproporcionadamente afectados por estas pérdidas de aprendizaje, como muestra la evidencia más reciente a lo largo de la región, sentando las bases para una mayor desigualdad y una crisis generacional.

El informe “Situación de la pobreza de aprendizaje a nivel mundial: actualización 2022”, elaborado por el Banco Mundial, UNESCO, UNICEF, FCDO, USAID y BMGF, muestra que, en términos comparativos, la crisis educativa en América Latina y el Caribe coloca a la región en el segundo peor lugar a nivel mundial. Apenas la región de África Subsahariana muestra una tasa más alta de pobreza de aprendizaje, con nueve de cada diez alumnos que no pueden leer y comprender un texto simple al final de la primaria.

Más preocupante aún, América Latina y el Caribe muestra el aumento más pronunciado en este índice desde 2019, seguida de Asia Meridional. De acuerdo con el informe, esto probablemente se deba a la duración de los cierres de escuela en ambas regiones.

El informe incluye cuatro acciones clave para ayudar a reencauzar a esta generación:

El número de niños afectados por crisis que requiere ayuda urgente en materia de educación aumenta de manera alarmante, alertó el fondo mundial de las Naciones Unidas para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas, precisando que la cifra pasó de 75 millones en 2016 a 222 millones en la actualidad.

Según un nuevo informe de La Educación No Puede Esperar, de ese total, 78,2 millones de niños no están escolarizados y 120 millones sí van a clases pero no tienen los niveles mínimos de competencia en matemáticas o lectura.

Más aún, sólo el 10% de los que cursan la educación primaria o secundaria alcanza los estándares de competencia.

Según el estudio, el 84% de los niños sin escolarizar por motivos de crisis vive en países como Afganistán, la República Democrática del Congo, Etiopía, Mali, Nigeria, Pakistán, Somalia, Sudán, Sudán del Sur o Yemen, donde hay guerras y otros factores que alejan o impiden que los pequeños acudan a la escuela. En Ucrania, se estima que en pocos meses el conflicto ha afectado a 5,7 millones de menores en edad escolar.

La iniciativa “#222MillonesDeSueños” busca recaudar fondos de los donantes, el sector privado y otros actores para ampliar sus operaciones, que ya ofrecen educación de calidad a más de cinco millones de niños en más de 40 países afectados por crisis.

En la Agenda 2030, los líderes mundiales se comprometieron a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y a promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, como lo plantea Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.

Sin embargo, se estima que la pandemia y otros factores revirtieron dos décadas de avances en la esfera educativa. Según la ONU, muchos de los países menos adelantados tienen una infraestructura escolar básica deficiente: sólo el 54% de los centros disponen de acceso a agua potable, apenas el 33% cuentan con un suministro eléctrico fiable y únicamente 40% cuenta con instalaciones para lavarse las manos.

Los altos niveles de informalidad y la falta de supervisión y protección dentro del sector agrícola favorecen la trata de personas, tanto de adultos como de niños, afirmó la relatora especial de la ONU sobre la trata de personas, en un informe dirigido al Consejo de Derechos Humanos.

El estudio de la relatora examina la prevalencia de la trata de personas en el sector agrícola, especialmente a efectos de trabajo forzoso, y destaca la necesidad de adoptar medidas obligatorias de protección de los derechos humanos y del medio ambiente.

Pese al compromiso global para acabar con el trabajo infantil el año 2025, el estudio indica que esta práctica se ha incrementado, alcanzando a 8,4 millones de niños durante los últimos cuatro años. Según la experta, el trabajo agrícola es una puerta de entrada al trabajo infantil.

El informe advierte que las mujeres también corren el riesgo de ser víctimas de trata u otras formas de violencia, como el abuso y el acoso sexual. ” Si el trabajo femenino en la agricultura es invisible, las carencias en las medidas de atención, protección y prevención de la trata son aún mayores.

El estudio también destaca el crucial papel que desempeñan los sindicatos y las asociaciones de trabajadores en la lucha contra la trata de personas.

Por último, expresó su preocupación por las repercusiones del cambio climático en la trata de personas. “Las catástrofes naturales y las migraciones o desplazamientos inducidos por el clima pueden dar lugar a la explotación de pequeños agricultores en condiciones de endeudamiento”, apuntó.

Las instituciones de la administración pública tienen particular importancia para el funcionamiento del Estado. Estas se encargan de implementar políticas públicas y acciones que logren el desarrollo de la sociedad.

El 20 de diciembre del 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 23 de junio como el Día de la Administración Pública. El objetivo es destacar la necesidad de iniciativas que fomenten el desarrollo de los recursos humanos, el fortalecimiento de la gestión financiera y el aprovechamiento de la información y de la tecnología.

Recursos humanos

En 2020, laboraron 5 045 550 personas en la administración pública (AP) federal, estatal y municipal. De este universo, 21.3 % trabajó en el ámbito municipal, 47.3 %, en el estatal y 31.4 %, en el federal. De 2010 a 2020 se registró un incremento sostenido del personal de la AP municipal. A nivel estatal y después de ocho años de aumento, en 2020 hubo una disminución de 7.2 % respecto a 2019. Las cifras del personal de la AP federal no presentaron cambios significativos desde 2016.

La participación de las mujeres en el mercado laboral del sector público es requisito indispensable para avanzar en la inclusión. En la administración pública federal se registra un nivel similar de participación laboral entre hombres y mujeres desde que se cuenta con el dato. A nivel estatal, las mujeres alcanzaron una participación mayoritaria desde 2014 y su presencia ha aumentado año con año. En contraste, a nivel municipal, por cada 100 servidores públicos que laboraron en 2020, 35 fueron mujeres. Sin embargo, para determinar el grado de incidencia en la definición de las decisiones y acciones públicas, se debe distinguir la posición que ocupan. La información de 2020 indica un rezago en la paridad en los puestos de toma de decisión, ya que solo 22.1 % de las personas titulares de las instituciones de la administración federal, 25.5 % de las estatales y 31.5 % de las municipales fueron mujeres.

Los datos provenientes de los censos de gobierno documentan los recursos humanos y financieros con los que cuentan las administraciones públicas del país, así como las diferencias que hay entre niveles de gobierno. El INEGI contribuye a identificar los retos que enfrenta la administración pública mexicana, como lograr la paridad laboral de género en el ámbito municipal o consolidar procesos transparentes de contratación pública.

a Organización Mundial de la Salud publicó su estudio más completo sobre salud mental en el mundo desde principios de siglo hasta la actualidad. El detallado análisis dota de una hoja de ruta a los gobiernos, las instituciones académicas, los profesionales de la salud, la sociedad civil y otros interesados que tengan por objeto ayudar al mundo a transformar la salud mental.

Entre los principales hallazgos del estudio destaca que cerca de mil millones de personas vivían con un trastorno mental en 2019, incluido el 14% de todos los adolescentes del mundo y que 1 de cada 100 muertes fueron por suicidio, el 58% de ellas cometidas por personas menores de 50 años.

Además, destaca que las personas con trastornos mentales graves suelen fallecer en promedio entre 10 y 20 años antes que la población general, que los abusos sexuales sufridos durante la infancia y la victimización por acoso escolar son causas importantes de depresión y que las desigualdades sociales y económicas, las emergencias de salud pública, la guerra y la crisis climática son algunas de las amenazas globales y estructurales para la salud mental.

El análisis destaca que, en todos los países, son los más pobres y desfavorecidos de la sociedad los que corren mayor riesgo de padecer enfermedades mentales y los que tienen menos probabilidades de recibir servicios adecuados.

Así, el 71% de todas las personas con psicosis no reciben servicios de salud mental, con una gran disparidad entre naciones. Mientras el 70% de las personas que padecen este trastorno mental en los países de ingresos altos reciben tratamiento, en los países de ingresos bajos sólo reciben atención mental el 12% de las personas.

En el caso de la depresión, las deficiencias en la cobertura son amplias en todos los países: sólo un tercio de las personas en los países de ingresos altos reciben cuidados de salud mental, mientras que el tratamiento mínimamente adecuado para esta enfermedad oscila entre el 23% en las naciones de rentas altas y el 3% en las de bajas y medias bajas.

Los 194 Estados Miembros de la OMS han suscrito el Plan de acción integral de salud mental 2013-2030, por el que se comprometen a alcanzar las metas mundiales para transformar la salud mental.

El estudio insta a todos los países a acelerar la aplicación del Plan de Acción Integral y formula varias recomendaciones de actuación, que se agrupan en tres ‘vías de transformación’.

Pese al crecimiento del 6,6% que experimentaron las economías de América Latina el año pasado y las mejoras en los principales indicadores laborales regionales, con un crecimiento del empleo y un descenso de la tasa de ocupación, la recuperación laboral “ha sido lenta, incompleta y desigual”.

Así lo señala un nuevo informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo donde ambos organismos destacan el retraso en la recuperación de los niveles de empleo previos a la pandemia, en comparación con la recuperación de la actividad económica.

El estudio destaca que a fines de 2021 varios de los países de la región habían recuperado su nivel de PIB anterior a la crisis, mientras que los índices de empleo, en muchos casos, aún estaban por debajo. Estos retrasos a nivel ocupacional sugieren la necesidad de reforzar los instrumentos que faciliten la reincorporación de las personas al mercado laboral, señala el documento.

Tras la pronunciada contracción que registró el número de personas ocupadas en la región durante 2020 (8,2%), en 2021 se produjo una importante recuperación de ese indicador, que fue del 6,8% entre el cuarto trimestre del año pasado y el mismo período de 2020.

Pese al considerable aumento laboral a lo largo del año, el número de personas ocupadas en la región solo alcanzó el nivel registrado al cierre de 2019 a partir del cuarto trimestre de 2021

Por otro lado, durante el año pasado se profundizaron las brechas laborales entre hombres y mujeres.

Una de las principales causas que cabe atribuir a esta situación es que la crisis generada por la pandemia de COVID-19 afectó de manera más significativa el empleo femenino, registrándose un retroceso equivalente a más de 18 años en los niveles de la tasa de participación de las mujeres.

Otro aspecto económico que destaca el informe es el fuerte impacto que la pandemia produjo en la evolución de los salarios. La evolución al alza de la inflación se ha notado con mayor claridad en las personas que perciben salarios mínimos al disminuir su capacidad de compra. Además, la media regional salarial se situó un 6,8% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, quedando más rezagados que la actividad económica y el empleo. Ambos organismos señalan que esta situación podría agravarse en 2022 debido a un mayor aumento de la inflación.

El estudio prevé una desaceleración del nivel de creación de empleo para 2022, aunque prevé que los avances en el proceso de vacunación contra la COVID-19, la disminución de las restricciones a la movilidad y la reapertura de las escuelas impulsarán una recuperación de los niveles de participación laboral, en especial de los femenina.

Sin embargo, también se advierte que el efecto combinado de una mayor participación laboral y de un bajo ritmo de creación de empleos podría provocar un aumento de la tasa de desocupación durante el año.

Ambos organismos concluyeron que, en un contexto en el que todavía hay margen para que el empleo recupere los niveles anteriores a la pandemia, es clave la posibilidad de realizar correcciones de los salarios mínimos que compensen las pérdidas provocadas por el aumento de la inflación.

En ese sentido, la reactivación de los canales de diálogo entre gobiernos, trabajadores y empleadores encaminados a determinar los ajustes de los salarios mínimos posee un gran potencial para conciliar las necesidades de los agentes del mercado laboral.

De este modo, se podrían aplicar aumentos del salario mínimo que compensen el aumento de la inflación, a la vez que se tiene en cuenta su efecto tanto en los costes de producción -especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas – como en la creación y recuperación del empleo.

Según estimaciones de UNICEF, una cifra sin precedentes de 36,5 millones de niños y niñas estaban desplazados de sus hogares a finales de 2021 debido a los conflictos, la violencia y otras crisis. Se trata de la cifra más alta registrada desde la Segunda Guerra Mundial, e incluye a 13,7 millones de niños y niñas refugiados y solicitantes de asilo† y cerca de 22,8 millones de niños y niñas desplazados internamente a causa del conflicto y la violencia.

El número sin precedentes de niños y niñas desplazados es la consecuencia directa de una serie de crisis en cadena: los conflictos prolongados y de gran magnitud, como el de Afganistán; la frágil situación de países como la República Democrática del Congo o el Yemen y otras crisis relacionadas, agravadas por los efectos del cambio climático. Como sucede con la fragilidad de algunos países, el desplazamiento infantil se está propagando rápidamente. A lo largo del año pasado, la cifra mundial de niños y niñas desplazados aumentó en 2,2 millones.

La población mundial de refugiados se ha duplicado con creces en el último decenio, y casi la mitad del total son niños y niñas. Más de una tercera parte de los niños y niñas desplazados viven en África Subsahariana (3,9 millones o un 36%), una cuarta parte en Europa y Asia Central (2,6 millones o un 25%) y un 13% (1,4 millones) en Oriente Medio y el Norte de África.

Los niños y niñas en tránsito –ya sean refugiados, solicitantes de asilo o desplazados internos– pueden enfrentarse a graves peligros para su bienestar y su seguridad. Esto es especialmente cierto en el caso de los cientos de miles de niños y niñas no acompañados o separados que corren mayor riesgo de caer en la trata, la explotación, la violencia y el abuso. Aproximadamente un 34% de las víctimas de la trata identificadas en todo el mundo son niños y niñas.

UNICEF pide a los Estados Miembros que cumplan su compromiso con los derechos de todos los niños y las niñas en tránsito, como los acuerdos suscritos de conformidad con el Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración, y que inviertan más recursos en los datos y las investigaciones que reflejan la escala real de los problemas que afectan a los niños y las niñas refugiados, migrantes y desplazados.

UNICEF insta a los gobiernos a emprender seis acciones con miras a lograr la igualdad de derechos y oportunidades para todos los niños y las niñas refugiados, migrantes y desplazados:

El Día del Padre en México se celebra el tercer domingo de junio. Se trata de un reconocimiento a la importancia de esta figura en el ámbito familiar. Su origen se remonta a 1910, en Washington, Estados Unidos de América. En México, la celebración comenzó en 1950 solo en los centros escolares. Después se generalizó.

A propósito de esta fecha, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece a las y los usuarios datos estadísticos que permiten identificar la condición sociodemográfica de los padres de familia. La información refiere a hombres de 15 años y más que se identificaron como padres de al menos una hija o hijo que residía en la misma vivienda.

Monto y estructura por edad

El Censo de Población y Vivienda 2020 estima que en México había 44.9 millones de hombres de 15 años y más. De ellos, 21.2 millones (47 %) se identificaron como padres. La edad promedio fue de 45 años.

Por grupos de edad, 26 % de esta población tiene entre 40 a 49 años, 25 % tiene entre 30 y 39 años, 35 % reportó contar con más de 50 años, 13 % está en el grupo de 20 a 29 años y 1 % de los padres identificados tiene entre 15 y 19 años.

Educación

El nivel de escolaridad que alcanzan los padres no solo puede mejorar el nivel socioeconómico familiar; también influencia de manera positiva el rendimiento escolar de las y los hijos. Los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 registraron que, por nivel de escolaridad, 56 % de los padres de familia identificados en la vivienda solo contaba con estudios de educación básica, 21 % tenía estudios de nivel medio superior, 19 % estudios de nivel superior y 4 % indicó no tener escolaridad alguna.

Las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, se enfrentan a enormes barreras que les impiden participar en el mercado laboral y recibir formación, según las últimas estadísticas publicadas en la nueva base de datos de la Organización Internacional del Trabajo sobre su situación en el mercado laboral.

En los 60 países en los que el organismo dispone de datos, la tasa de inactividad de las mujeres con discapacidad no sólo era superior a la de las mujeres sin discapacidad, sino también a la de los hombres con y sin discapacidad.

Entre las personas que buscan trabajo, la tasa media de paro se sitúa en el 7,6%, frente al 6 % de las personas sin discapacidad y cualquier periodo de desempleo, pero especialmente uno prolongado, tiene un impacto significativo en los resultados futuros del mercado laboral.

Dado que los trabajadores informales carecen de cobertura laboral o de seguridad social, las personas con discapacidad que tienen empleos informales se encuentran en una situación aún más vulnerable.

Sin embargo, las personas con discapacidad tienen más probabilidades de trabajar por cuenta propia que las que no las tienen, es decir, como trabajadores autónomos o como trabajadores domésticos. En muchos países, esta situación responde a las escasas oportunidades que tienen de encontrar un trabajo remunerado.

En la mayoría de los países de los que se dispone de datos, las personas con discapacidad ganan menos al mes que las que no la tienen, una situación que repercute directamente en su poder adquisitivo y en su nivel de vida.

La Organización también indica que estas barreras laborales aparecen a una edad temprana. Los jóvenes de entre 15 y 29 años con discapacidad tienen hasta cinco veces más probabilidades de estar fuera del sistema educativo y de no trabajar o formarse que sus compañeros sin discapacidad.

La tasa de personas con discapacidad empleadas disminuyó entre 2019 y 2020 en 11 de los 12 países de los que se dispone de datos. Una posible razón de este deterioro es que las mayores pérdidas de empleo se produjeron en los sectores del comercio minorista y la hostelería, donde suelen trabajar muchas personas con discapacidad.

A pesar de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace ya más de una década, a estas personas se les niega con frecuencia su derecho a trabajar en igualdad de condiciones con las demás.

Las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, se enfrentan a enormes barreras de actitud, físicas y de información que les impiden participar en el mercado laboral, y no disfrutan del mismo nivel de acceso a las oportunidades de empleo que las personas sin discapacidad.

En comparación con las personas sin discapacidad, experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica y corren un mayor riesgo de encontrarse en una situación de empleo vulnerable, concretamente en trabajos que les expone a un mayor riesgo de caer en la pobreza.

El albinismo es un trastorno raro, no contagioso, hereditario y congénito. En casi todos los tipos de albinismo, ambos progenitores deben ser portadores del gen para que se transmita el trastorno, aunque ellos mismos no lo presenten. Se da en ambos sexos, es independiente del origen étnico, y aparece en todos los países del mundo. El albinismo se caracteriza por la ausencia de pigmentación (melanina) en la piel, el cabello y los ojos, lo que causa sensibilidad al sol y a la luz intensa. Ello hace que casi todas las personas con albinismo padezcan deficiencias visuales y sean propensas a sufrir cáncer de piel. No existe cura para la ausencia de melanina que caracteriza al albinismo.

Aunque las cifras varían, se estima que en América del Norte y Europa una de cada 17.000 a 20.000 personas presenta algún tipo de albinismo. La afección es mucho más común en África subsahariana; se ha estimado que una de cada 1400 personas está afectada en la República Unida de Tanzanía y se han comunicado prevalencias de hasta una de cada 1000 personas en ciertas poblaciones de Zimbabwe y otros grupos étnicos concretos en África Meridional.

La falta de melanina en las personas con albinismo hace que sean extremadamente vulnerables al cáncer de piel. En algunos países, la mayoría de estas personas mueren por este tipo de cáncer entre los 30 y los 40 años de edad. Si las personas con albinismo pudieran ejercer plenamente su derecho a la salud, podrían tratarse de este tipo de cáncer ya que es prevenible en un alto porcentaje. Esto debería incluir el acceso a revisiones médicas regulares, protectores solar, gafas de sol y ropa de protección solar.

Las personas con albinismo son discriminadas en muchas partes del mundo. Son víctimas de la ignorancia de la sociedad e incluso de la comunidad médica. La apariencia de las personas con esta condición ha dado lugar a falsas creencias y actitudes supersticiosas, que han fomentado su marginación y exclusión social.

El 18 de diciembre de 2014, la Asamblea General adoptó la resolución A/RES/69/1970, que proclama que a partir de 2015, se celebre el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo el 13 de junio.

Aunque los informes indican que las personas con albinismo son víctimas de discriminación y estigmatización en todo el mundo, la mayor parte de la información sobre casos de agresiones físicas contra personas con albinismo procede principalmente de países de África.

Las personas con albinismo se enfrentan a formas más graves de discriminación y violencia en las regiones donde la mayor parte de la población general tiene la piel relativamente oscura. El grado de contraste de la pigmentación entre la mayoría y la persona con albinismo en una comunidad suele estar correlacionado con la gravedad y la intensidad de la discriminación. Dicho de otro modo, cuanto mayor es el contraste en la pigmentación, mayor es el grado de discriminación. Así parece suceder en algunos países del África Subsahariana, donde el albinismo está envuelto en mitos y en creencias erróneas y peligrosas.

Las cifras sobre violaciones a personas con albinismo son reveladoras. Desde 2010, se han registrado alrededor de 700 casos de ataques y asesinatos de personas con albinismo en 28 países del África subsahariana. Esta cifra se refiere solo a los casos denunciados. Los ataques se deben a la ignorancia, antiguos estigmas, a la pobreza, o a creencias en la brujería, por lo que muchas veces son víctimas de prácticas dañinas, que se continúan dando a día de hoy.

La forma en que se manifiesta la discriminación contra las personas con albinismo, así como su gravedad, varían de una región a otra. En el mundo occidental, en particular América del Norte, Europa y Australia, la discriminación suele adoptar la forma de insultos, burlas persistentes y acoso de los niños con albinismo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil con el objetivo de concientizar sobre la magnitud del fenómeno y sus consecuencias, y sumar esfuerzos para erradicarlo. A propósito de este día, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta datos estadísticos en torno a este trabajo no permitido. La información proviene de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019 y referencia a la población de 5 a 17 años.

Ocupación no permitida

En 2019, de los 28.5 millones de niñas, niños y adolescentes que residían en México, 2.2 millones trabajaron (7.5 %). Ciertas condiciones y actividades implican un riesgo para esta población, por lo que se las ha clasificado como «ocupaciones no permitidas». Lo anterior refiere a los trabajos que realizan quienes se encuentran por debajo de la edad mínima para trabajar (menos de 15 años), o bien, a los trabajos que se consideran peligrosos.

Así, de las niñas, niños y adolescentes ocupados, 93.8 % (2.0 millones) laboró en ocupaciones no permitidas: 71.2 % fueron hombres y 28.8 %, mujeres.

De la población que laboró en alguna actividad no permitida, 55.9 % lo hizo en ocupaciones peligrosas y 44.1 % tenía menos de 15 años.

En un nuevo informe de políticas de la OMS, publicado con motivo de la conferencia «Estocolmo+50», se llega a la conclusión de que el cambio climático plantea graves riesgos para la salud mental y el bienestar. Por consiguiente, la Organización insta a los países a que incluyan el apoyo a la salud mental en su respuesta a la crisis climática, y da ejemplos de unos cuantos países pioneros que lo han incorporado eficazmente.

Las conclusiones del informe de políticas coinciden con las de un informe reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado en febrero de este año. Según este Grupo, la rapidez del cambio climático supone una amenaza cada vez mayor para la salud mental y el bienestar psicosocial, al provocar trastornos que van desde el malestar emocional hasta la ansiedad, la depresión, el dolor o las conductas suicidas.

Los efectos del cambio climático en la salud mental se distribuyen de forma desigual entre determinados grupos que se ven afectados de manera desproporcionada, debido a factores tales como la situación socioeconómica, el género o la edad. Ahora bien, es evidente que el cambio climático afecta a muchos de los determinantes sociales que ya están conduciendo a enormes cargas de la salud mental en todo el mundo. Según una encuesta de la OMS que se llevó a cabo en 2021 en 95 países, solo 9 de ellos habían incluido, hasta la fecha, el apoyo en materia de salud mental y psicosocial en sus planes nacionales sobre salud y cambio climático.

En el nuevo informe de políticas de la OMS se recomiendan cinco enfoques importantes para que los gobiernos aborden los efectos del cambio climático en la salud mental:

La industria tabacalera no sólo daña la salud humana: también estropea el medio ambiente y debe hacerse más responsable de la destrucción que causa, afirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El organismo reveló en un nuevo informe que, además de las más de ocho millones de muertes que causa cada año, la industria tabacalera le cuesta muy cara al mundo en términos ambientales.

La agencia precisó que en la producción de tabaco, cada año se destruyen 600 millones de árboles y 200.000 hectáreas de tierra, se gastan 22.000 millones de toneladas de agua y se producen 84 millones de toneladas de CO2.

El estudio destaca que la huella de carbono de la industria de la producción, el procesamiento y el transporte del tabaco equivale a una quinta parte del CO2 emitido anualmente por el sector de las aerolíneas comerciales, lo que contribuye aún más al calentamiento global.

Productos como los cigarrillos, el tabaco sin humo y los cigarrillos electrónicos también aportan a la acumulación de contaminación plástica. Los filtros de cigarrillos contienen microplásticos y constituyen la segunda forma más alta de contaminación con plásticos en el mundo.

La OMS ha pedido a los legisladores que traten los filtros de cigarrillos de la misma manera que cualquier otro plástico de un solo uso, y que consideren prohibirlos, para proteger la sanidad pública y el medio ambiente ya que no hay evidencia comprobada de beneficios en la salud.

El informe cita que esa limpieza le cuesta unos 2600 millones de dólares anuales a China y 766 millones a India. En Brasil y Alemania esa cantidad supera los 200 millones de dólares.

Frente a este problema, países como Francia y España y ciudades como San Francisco, California, en Estados Unidos, han implementado con éxito una legislación que responsabiliza a la industria tabacalera de limpiar la contaminación que genera.

La OMS llamó a los países y ciudades a seguir este ejemplo, y abogó por que se brinde apoyo a los cultivadores de tabaco para que puedan cambiar a cultivos sostenibles. Asimismo, pugnó por impuestos altos al tabaco y se pronunció por ofrecer servicios de apoyo para ayudar a las personas a dejar esos productos.

La OMS celebra el Día Mundial Sin Tabaco cada 31 de mayo, fecha en la que informa al público sobre los peligros del consumo de ese producto y las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras, así como del trabajo de la Organización para combatir la epidemia de tabaquismo.

Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud crearon el Día Mundial Sin Tabaco en 1987 para llamar la atención global sobre la epidemia de tabaquismo y las muertes y enfermedades evitables que causa.

La publicación La emaciación grave: Una emergencia olvidada de la supervivencia infantil muestra que, a pesar de los crecientes niveles de emaciación grave en la infancia y del aumento de los costes del tratamiento que salva vidas, la financiación mundial para salvar las vidas de los niños y niñas que sufren emaciación también está en peligro.

En la actualidad, al menos 10 millones de niños con emaciación grave (o 2 de cada 3) carecen de acceso al tratamiento más eficaz contra la emaciación, es decir, los alimentos terapéuticos listos para usar. UNICEF advierte que una combinación de perturbaciones mundiales para la seguridad alimentaria en todo el mundo –la guerra en Ucrania, la situación de las economías que luchan por recuperarse de la pandemia y las condiciones de sequía persistentes en algunos países debido al cambio climático– está creando las condiciones para un incremento significativo de los niveles mundiales de emaciación grave.

Mientras tanto, se prevé que el precio de los alimentos terapéuticos listos para su uso aumente hasta un 16% en los próximos seis meses debido a una fuerte subida del coste de las materias primas. Con los niveles de gasto actuales, esto podría dejar a 600.000 niños más sin acceso a este tratamiento que salva vidas. También se prevé que los costes de envío y distribución sigan aumentando.

La emaciación grave, que causa que los niños estén demasiado delgados para su estatura, provoca el debilitamiento del sistema inmunitario y es la forma más inmediata, visible y peligrosa de malnutrición. En todo el mundo, al menos 13,6 millones de niños menores de cinco años sufren de emaciación grave, un problema que causa una de cada cinco muertes en este grupo de edad.

Asia Meridional sigue siendo el “epicentro” de la emaciación grave, ya que aproximadamente 1 de cada 22 niños sufre emaciación grave, tres veces más que en África Subsahariana. Y en el resto del mundo, los países afrontan tasas históricamente altas de este tipo de desnutrición. En Afganistán, por ejemplo, se prevé que 1,1 millones de niños sufran emaciación grave este año, casi el doble que en 2018. La sequía en el Cuerno de África podría causar un rápido aumento del número de niños con emaciación grave, de 1,7 millones a 2 millones, mientras que en el Sahel se prevé un aumento del 26% en comparación con 2018.

La Infancia en Peligro también señala que incluso en países con relativa estabilidad, como Uganda, se ha producido desde 2016 un aumento del 40% o más de la emaciación infantil debido al aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria de los hogares, lo que provoca que la calidad y la frecuencia de la alimentación de los niños y las mujeres embarazadas sean deficientes. Las perturbaciones relacionadas con el clima, como la grave sequía cíclica y el acceso inadecuado a los servicios de agua potable y saneamiento, contribuyen al aumento de estas cifras.

El informe advierte que la ayuda para la emaciación sigue siendo lamentablemente baja y se prevé que disminuya drásticamente en los próximos años, con pocas esperanzas de recuperar los niveles anteriores a la pandemia antes de 2028. Según un nuevo análisis realizado para el informe, la ayuda mundial destinada a la emaciación sólo representa el 2,8% del total de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) del sector sanitario y el 0,2% del gasto total en AOD.

Para que todos los niños reciban un tratamiento que les salve la vida en caso de emaciación grave, UNICEF hace un llamamiento para que:

A propósito del Día del trabajo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta datos sobre la población ocupada y desocupada, así como del personal ocupado en las distintas actividades económicas.

Características de la población ocupada

Con la finalidad de observar cuál ha sido el comportamiento de la ocupación y desocupación en México durante la pandemia causada por la COVID-19, se presenta información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de los años 2020 y 2021.

En el cuarto trimestre de 2021, la Población Económicamente Activa (PEA) se compuso por 58.8 millones de personas. En el mismo periodo, la población ocupada fue de 56.6 millones, representando 96.3% de la PEA. Por su parte, la población ocupada fue de 53.3 millones, mostrando un aumento de 3.3 millones respecto al año anterior.

Por sexo, la ocupación de hombres fue de 34.3 millones, cifra superior en 1.7 millones respecto al cuarto trimestre de 2020. En el caso de las mujeres ocupadas, se reportaron 22.3 millones, mostrando un aumento de 1.6 millones comparado con el 2020.

Desocupación

La población desocupada es aquella que no está trabajando, pero busca empleo. En el último trimestre de 2019, la tasa de desocupación se ubicó en 3.4% (1.9 millones de personas). En el segundo y tercer trimestre de 2020, esta tasa subió a 4.8% (2.3 millones) y 5.1% (2.8 millones), respectivamente. En el primer trimestre de 2021, la tasa descendió a 4.4% (2.4 millones) y a 3.7% (2.2 millones) en el cuarto trimestre.

Subocupación

La subocupación se refiere a las personas de 15 años y más que tienen la necesidad y disponibilidad de ofrecer más horas de trabajo de lo que su ocupación actual les permite. Previo a la pandemia, en el cuarto trimestre de 2019, la tasa de subocupación se ubicó en 7.6% (4.2 millones). Durante la pandemia, en el segundo trimestre de 2020, alcanzó 25.0% (11.2 millones). En el cuarto trimestre de 2021 se ubicó en 10.6% (6.0 millones).

El aumento de los casos de sarampión en enero y febrero de 2022 revela que existe un mayor riesgo de que aumente la propagación de enfermedades que se pueden evitar mediante la vacunación y podría desencadenar un incremento de los brotes epidémicos, especialmente debidos al sarampión. Esta situación podría afectar a millones de niños y niñas en 2022, advierten la OMS y UNICEF.

El riesgo de que se produzcan grandes brotes ha aumentado debido a que las comunidades han flexibilizado las prácticas de distanciamiento físico y otras medidas preventivas contra la COVID-19 que se habían aplicado durante el punto álgido de la pandemia. Además, con el desplazamiento de millones de personas debido a los conflictos y las crisis, como en Ucrania, Etiopía, Somalia y Afganistán, las interrupciones en los servicios de inmunización sistemática y de vacunación contra la COVID-19, la falta de agua potable y saneamiento y el hacinamiento aumentan el riesgo de que se produzcan brotes de enfermedades que se pueden evitar mediante la vacunación.

En enero y febrero de 2022 se notificaron casi 17.338 casos de sarampión en todo el mundo, frente a los 9.665 de los dos primeros meses de 2021. Como el sarampión es muy contagioso, los casos tienden a aparecer rápidamente cuando los niveles de vacunación disminuyen. A los dos organismos les preocupa que los brotes de sarampión puedan ser también el preludio de brotes de otras enfermedades que no se propagan tan rápidamente.

En 2020, 23 millones de niños no recibieron las vacunas infantiles básicas a través de los servicios sanitarios sistemáticos, la cifra más elevada desde 2009, y 3,7 millones más que en 2019.

En abril de 2022, los organismos informaron que se habían producido 21 brotes de sarampión de gran magnitud y gravedad en todo el mundo en los últimos 12 meses. La mayoría de los casos de sarampión se registraron en África y en la región del Mediterráneo oriental. Es probable que las cifras sean más elevadas, ya que la pandemia ha perturbado los sistemas de vigilancia en todo el mundo, y es posible que no se notifiquen todos los casos.

Los países con los mayores brotes de sarampión desde el año pasado son Somalia, Yemen, Nigeria, Afganistán y Etiopía. La insuficiencia de la cobertura de la vacuna contra el sarampión es la principal razón de los brotes, dondequiera que se produzcan.

La cobertura igual o superior al 95% con dos dosis de la vacuna segura y eficaz contra el sarampión puede proteger a los niños contra la enfermedad. Sin embargo, las interrupciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 han retrasado en muchos países la introducción de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión.

Mientras los gobiernos trabajan para responder a los brotes de sarampión y otras enfermedades que se pueden evitar mediante la vacunación, y para recuperar el terreno perdido, UNICEF y la OMS, junto con asociados como Gavi, la Alianza para las Vacunas, los asociados de la Iniciativa contra el Sarampión y la Rubéola (M&RI), la Fundación Bill y Melinda Gates, y otros, están apoyando los esfuerzos para fortalecer los sistemas de inmunización mediante las siguientes medidas:

El ruido es un fenómeno físico indeseable que causa el trastorno auditivo que no sólo reduce o elimina la capacidad de escuchar, sino que genera problemas en la salud física y mental, sobre todo cuando la exposición es constante o de elevado volumen.

Su objetivo es alertar y crear conciencia en la población sobre los riesgos que tiene el ruido para el trastorno auditivo y su impacto en la salud; llamar la atención e incentivar a las instituciones públicas y privadas a informar a los ciudadanos de los peligros que genera su exposición a largo plazo, así como a invitar a las personas a realizarse pruebas auditivas.

El ruido es un sonido inarticulado, sin armonía ni ritmo, desagradable y molesto al oído, que no sólo causa molestia, sino afecta nuestra salud y al medio ambiente, porque al superar los 70 decibeles durante un periodo de tiempo prolongado puede producir daños graves en el oído de consecuencias irreversibles, afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las grandes urbes son generadoras de distintos niveles de ruido con origen en diversas fuentes: el tráfico vehicular, la industria, la actividad turística y los centros de diversión, entre otros, sin que cada localidad o país cuente con una normatividad adecuada para regular la estridencia.

Para evitar que el ruido comience a perjudicar a las personas, en muchos países, incluido México, se ha fijado el límite en 65 decibeles, pero si consideramos que el nivel normal de una conversación fluctúa entre 50 y 60 decibeles, cuando alguien habla a gritos casi alcanza 65 decibeles. Si a este se agrega el ruido de un automóvil a 70 decibeles, se supera con mucho el límite establecido, como sucede en urbes como la Ciudad de México donde es incesante el paso de los automóviles y vehículos de carga, de aeronaves y otros transportes.

Noyse Planet, organización que aporta herramientas científicas para la evaluación del ruido ambiental, recomienda tomar medidas en casa como: mantener el televisor, los juegos de video y la música al volumen mínimo que permita escucharlos claramente. Si alguien en la habitación no escucha bien, activar los subtítulos en lugar de subir el volumen. Cerrar la puerta del área donde esté usando un electrodoméstico, como en la lavandería o en el taller, para que su familia no lo escuche en el otro cuarto. Comprar juguetes que no emitan ruido y escoger aquellos que tienen control de volumen y usarlos a los niveles más bajos; esto ayuda a proteger a los niños contra la pérdida de audición. También al comprar electrodomésticos, como un ventilador, observar el nivel de ruido de la unidad.

Si la casa se ubica en una zona ruidosa, poner masilla en las aberturas de las ventanas y puertas. Colocar espuma expandible alrededor de las tuberías y los cables en el punto de entrada a la casa. Cerrar puertas y ventanas para que no entren ruidos dañinos, como las herramientas eléctricas o las sirenas. Usar muebles y accesorios que disminuyan el ruido dentro de la casa.

Cojines, cortinas y accesorios en las paredes ayudan a absorber más ruido. Las alfombras gruesas son más efectivas para disminuir el ruido que rebota de las superficies duras. Al tomar unas cuantas medidas preventivas sencillas se puede llegar a tener un hogar lleno de sonidos tranquilos que no representen daño alguno. Todas las personas podemos hacer algo para evitar el ruido y sus efectos en la salud y el ambiente, no sólo en la fecha conmemorativa, sino cada día de nuestra existencia.

Fuente: SEMARNAT 27 de abril de 2022

El Estado mexicano reconoce que la violencia contra las mujeres constituye una clara violación a sus derechos humanos. A través de los compromisos adquiridos con la ratificación de los instrumentos internacionales en la materia y del propio marco normativo federal, México está obligado a emprender acciones orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

En este sentido, los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) se erigen como la estrategia clave en el tema. Se trata de espacios físicos que concentran servicios especializados de atención integral con perspectiva de género a mujeres en situación de violencia, así como a sus hijas e hijos. De este modo, con la operación y funcionamiento de los CJM se cumple lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y en las recomendaciones internacionales en materia de violencia de género de las que México es parte.

El proyecto de Recopilación de Información de los Centros de Justicia para las Mujeres en México 2021 brinda información sobre los 55 CJM distribuidos en 31 entidades federativas que operaban al 4 de octubre de 2021. Ofrece datos detallados de los CJM sobre infraestructura, recursos económicos, capital humano, instituciones representadas, espacios físicos, áreas de atención, registro de información y estadísticas de mujeres atendidas por situación de violencia. La información cubre tres periodos de referencia: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 1 de enero al 30 de junio de 2021.

Esta información tiene como propósito impulsar los registros administrativos con fines estadísticos sobre violencia contra las mujeres, así como brindar información para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas enfocadas a la atención y eliminación de la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos.

En 2022, el tema del Día Mundial del Paludismo es «Aprovechemos las innovaciones para reducir la carga del paludismo y salvar vidas». Por el momento, no disponemos de un instrumento que resuelva el problema del paludismo o malaria. La OMS pide que se invierta e innove en nuevos enfoques de lucha antipalúdica, medios de diagnóstico, tratamientos farmacológicos y otras herramientas para avanzar más rápidamente hacia el fin de la enfermedad.

Aunque la carga mundial de paludismo se redujo de forma constante entre 2000 y 2015, los progresos se han ralentizado o estancado en los últimos años, sobre todo en los países del África subsahariana con una carga elevada. Es preciso adoptar medidas urgentes y concertadas para que el mundo vuelva a estar en condiciones de cumplir los objetivos previstos para 2030 en la Estrategia técnica mundial contra la malaria.

A pesar de que el paludismo se puede prevenir y tratar, sigue ejerciendo efectos devastadores en la salud y los medios de subsistencia de las personas en todo el mundo. Se estima que, en 2020, se produjeron 241 millones de casos de paludismo en y 627 000 defunciones relacionadas con esta enfermedad. Más de dos tercios de los fallecidos eran niños menores de 5 años que vivían en la Región de África de la OMS.

En octubre de 2021, la OMS recomendó la administración generalizada de la vacuna antipalúdica RTS,S a los niños que viven en zonas con transmisión de paludismo por P. falciparum de moderada a alta. Esta recomendación se basa en los resultados de un programa experimental coordinado por la OMS en Ghana, Kenia y Malawi, del que se han beneficiado más de 900 000 niños desde 2019. Las pruebas y la experiencia recogidas en el programa han demostrado que se trata de una vacuna segura, que puede administrarse en una campaña y que reduce el número de casos graves. Se trata de la primera vacuna recomendada contra una enfermedad parasitaria y supone un gran avance científico y un ejemplo de éxito logrado gracias a la innovación.

En este Día Mundial de la Salud (7 de abril de 2022), la OMS hace un llamamiento urgente a los líderes y a todas las personas para que aceleren la adopción de medidas a fin de preservar y proteger la salud y mitigar la crisis climática como parte de la campaña «Nuestro planeta, nuestra salud», que conmemora la fundación de la Organización en un momento de agravamiento de los conflictos y la fragilidad.

Al emitir su llamamiento a la acción, la OMS señala que el 99 por ciento de las personas respiran aire insalubre, procedente principalmente a la quema de combustibles fósiles. Debido al calentamiento del planeta, los mosquitos propagan las enfermedades más lejos y más rápido que antes. Los fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y la escasez de agua provocan desplazamientos de personas y tienen efectos negativos sobre su salud. La contaminación y los plásticos llegan hasta los abismos más profundos de nuestros océanos, hasta la cima de las montañas más altas, y se han abierto paso en nuestra cadena alimentaria y en el torrente sanguíneo. Los sistemas que producen alimentos y bebidas altamente procesados y malsanos impulsan una ola de obesidad, provocan el aumento de los cánceres y las enfermedades cardíacas, y generan hasta un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Esta crisis sanitaria y social compromete la capacidad de las personas para tomar el control de su salud y su vida.

En el Manifiesto de la OMS para garantizar una recuperación de la COVID-19 saludable y respetuosa con el medio ambiente se prescribe que se proteja y preserve la naturaleza como fuente de salud humana; que se invierta en servicios esenciales, desde agua y saneamiento hasta energía limpia en los establecimientos de salud; que se garantice una transición energética rápida y saludable; que se fomenten los sistemas alimentarios saludables y sostenibles; que se construyan ciudades saludables y habitables; y que se deje de utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar sectores contaminantes.

En la Carta de Ginebra en pro del Bienestar se subrayan los compromisos mundiales que es necesario asumir para lograr resultados sanitarios y sociales equitativos actualmente y para las generaciones futuras, sin destruir la salud de nuestro planeta.

Mediante la campaña del Día Mundial de la Salud, la OMS hace un llamamiento a los gobiernos, las organizaciones, las empresas y los ciudadanos para que compartan las medidas que están adoptando para proteger el planeta y la salud humana.

En medio de una pandemia, de un planeta contaminado, de un aumento de enfermedades como el cáncer, el asma y las cardiopatías, la OMS aprovechará la celebración del Día Mundial de la Salud 2022 para llamar la atención del mundo sobre las medidas urgentes que se necesitan para mantener la salud de los seres humanos y del planeta e incentivar un cambio para que las sociedades se preocupen del bienestar.

La OMS calcula que, cada año, se producen más de 13 millones de defunciones debidas a causas ambientales evitables, sin ir más lejos, a la crisis climática, que es la mayor amenaza para la salud a la que se enfrenta la humanidad. La crisis climática es también una crisis de la salud.

Nuestras decisiones políticas, sociales y comerciales están favoreciendo la crisis climática y sanitaria. Más del 90% de las personas respiran un aire insalubre que es consecuencia de la quema de combustibles fósiles. Debido al calentamiento del planeta, los mosquitos propagan las enfermedades más lejos y más rápido que antes. Los fenómenos meteorológicos extremos, la degradación del suelo y la escasez de agua están desplazando a las personas y afectando a su salud. La contaminación y los plásticos llegan hasta el fondo de nuestros océanos más profundos, de las montañas más altas, y se han abierto paso en nuestra cadena alimentaria. Los sistemas de fabricación de alimentos y bebidas muy transformados y poco saludables están impulsando una ola de obesidad, aumentando el cáncer y las enfermedades cardiacas, al tiempo que generan un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Aunque la pandemia de COVID-19 ha mostrado la capacidad curativa de la ciencia, también ha puesto de manifiesto las desigualdades de nuestro mundo. La pandemia ha evidenciado deficiencias en todos los ámbitos de la sociedad y ha hecho patente la necesidad urgente de forjar sociedades del bienestar sostenibles y comprometidas con la consecución de una salud equitativa, tanto ahora como para las generaciones futuras, sin sobrepasar los límites ecológicos. El planteamiento actual de la economía conduce a la distribución no equitativa de la renta, la riqueza y el poder, y hay demasiadas personas que siguen viviendo en situaciones de pobreza e inestabilidad. Las economías del bienestar deben velar por el bienestar de las personas, la equidad y la sostenibilidad medioambiental. Estos objetivos se han de plasmar en inversiones a largo plazo, presupuestos enfocados al bienestar, protección social y estrategias legales y fiscales. Para romper estos ciclos de destrucción del planeta y de la salud humana es necesario adoptar medidas legislativas, reformar las empresas y apoyar e incentivar a las personas para que tomen decisiones saludables.

Mediante la campaña “Nuestro planeta, nuestra salud”, la OMS instará a los gobiernos y a la ciudadanía a que cuenten las medidas que están adoptando para proteger el planeta y su salud y para dar prioridad a las sociedades del bienestar.

Bien inapreciable, la salud es un derecho, proclama la Organización Mundial de la Salud (OMS) al conmemorar el Día Mundial de la Salud con el tema de campaña “Nuestro planeta, nuestra salud”, que busca atraer la atención global con el propósito de poner en relieve la interconexión entre el planeta y nuestra salud.

La efeméride tuvo su origen en 1857, durante la Primera Asamblea Mundial de la Salud que propuso establecer esta conmemoración, y desde la fundación de la Organización Mundial de la Salud, en 1948, se celebra cada 7 de abril.

Algunas personas pueden llevar una vida más sana y tener mejor acceso a los servicios de salud que otras, debido enteramente a las condiciones en las que nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, como se puso en evidencia durante la pandemia de covid-19, tal como lo ha reconocido la propia OMS.

En América 9 de cada 10 hogares utilizan combustibles que contaminan el aire de sus viviendas, infición que afecta la salud de millones de personas. Ante ello propone realizar sencillas acciones que pueden salvar vidas, como mejorar la calidad del aire al elegir energías limpias para el hogar y reducir al máximo la combustión doméstica.

9 de cada 10 personas viven en ciudades con niveles de contaminación que exceden las recomendaciones de la OMS, y precisa: “La contaminación del aire no tiene fronteras, es un problema global que produce inflamación de las vías respiratorias, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, nacimientos prematuros y envejecimiento de la piel, además de acabar con la vida de aproximadamente 7 millones de personas al año”.

Somos testigos del cambio climático, las consecuencias de la quema de combustibles fósiles y la deforestación han alterado el clima global y los efectos ya se sienten, por lo que presenciamos más huracanes, olas de calor, incendios, inundaciones, sequías y aumento en el nivel del mar.

Las altas temperaturas han provocado un incremento de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, mientras los incendios forestales y las sequías han generado pérdida de las cosechas, que no sólo han afectado el medio de vida de los agricultores, sino que han potenciado la inseguridad alimentaria.

Por si fuera poco, el clima extremo ha cambiado nuestro entorno y ha desplazado a las personas de sus hogares, acrecentando las enfermedades transmitidas por vectores. El dengue, por ejemplo, que suele seguir un patrón estacional, se está detectando fuera de su ciclo normal.

Tal situación, plantea preparar a los sectores de salud e infraestructura para llegar a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, crear sistemas integrados de información y observatorios de clima y salud que midan la contaminación, el cambio climático y su impacto tanto en la salud como en la economía de los países, y que permitan anticipar y recuperarnos frente a efectos climáticos y otros fenómenos.

Con el objetivo de recuperar el planeta que conocimos, insiste, es necesario preparar al personal de salud y trabajar de la mano con otros sectores, apostar por sistemas de transporte menos contaminantes y más eficientes y saludables, así como cambiar nuestros hábitos de consumo.

Fuente: SEMARNAT 07 de abril de 2022

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) difundió el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2021, disponible en internet, en el que se presenta una síntesis estadística que da cuenta del desarrollo socio-demográfico, económico y ambiental de los países de la región.

Esta publicación anual, una de las más importantes del organismo regional de las Naciones Unidas, constituye una referencia para quienes deseen contar con datos estadísticos descriptivos comparables entre países y en el tiempo. La presente edición contiene información que se encontraba disponible hasta mediados de diciembre de 2021.

El Anuario Estadístico 2021 se organiza en tres capítulos. En el primero se presentan aspectos demográficos y sociales que incluyen indicadores de población, trabajo, educación, salud, vivienda y servicios básicos, pobreza y distribución del ingreso y género.

En el ámbito social, los datos del Anuario evidencian el impacto de la pandemia de COVID-19 en las condiciones de vida de la población. En 2020 la pobreza en América Latina alcanzó al 33,0% de la población, incluyendo a un 13,1% de la población en situación de pobreza extrema. Estas cifras representan el mayor incremento anual observado en los últimos 20 años, de 2,5 puntos porcentuales en la pobreza y de 1,7 puntos en la pobreza extrema.

El impacto de la pandemia sobre el empleo se evidenció en la reducción de la tasa de participación de la población en la actividad económica, que para América Latina y el Caribe alcanzó apenas 57,8% en 2020 frente a un 62,5% en 2019; así como en un aumento de la tasa de desocupación abierta, que pasó de 8,1% en 2019 a 10,5% en 2020. En consecuencia, la población sin ingresos propios de la región tuvo un aumento apreciable, especialmente concentrado entre las personas de 15 a 24 años.

El segundo capítulo presenta información económica referida a cuentas nacionales, balanza de pagos, comercio exterior e índices de precios, entre otros. El Anuario muestra para el año 2021 una proyección positiva de recuperación del Producto Interno Bruto a precios constantes de 2010 de 6,3%, frente a la caída registrada a nivel regional durante el año 2020 de -6,8%, resultado del impacto que tuvo la pandemia por COVID-19 durante este período. Estos resultados se reflejan en el PIB promedio por habitante, el cual alcanzó 8.307 dólares en 2020 y 8.747 dólares en 2021, con una tasa de 5,3%.

Por su parte, la inversión extranjera directa (IED) en la región tuvo una variación de -20,4% en 2020 en comparación con el 2019, siendo del orden de -20,7% para América Latina y -10% para el Caribe. Mientras que, como porcentaje del PIB, la IED representó el 2,1% para el mismo período.

Al analizar los índices de precios de los principales productos de exportación de la región, se advierte un incremento del 28% para el año 2021, revirtiendo la baja que se detectó para el año 2020 en donde se registró una caída de 4,9% con referencia al año 2019.

En 2021 los precios al consumidor registraron una variación de 12,6% para América Latina y el Caribe sin considerar las cifras de la República Bolivariana de Venezuela, alcanzando un valor del 42,1% al considerar este dato en el cálculo regional. El mayor aporte lo tendrían los precios de los bienes de alimentos y bebidas alcanzando una variación de 12,5% (sin considerar la cifra de Venezuela).

El tercer capítulo ofrece estadísticas e indicadores ambientales de la región. Destacan métricas sobre condiciones físicas, cobertura terrestre, ecosistemas, biodiversidad, calidad ambiental, tierra, recursos energéticos, hídricos y biológicos, emisiones al aire, desastres, asentamientos humanos, regulación y gobernanza ambiental.

El informe también evidencia que desde 1990 la región incrementó sus exportaciones de recursos naturales (RRNN) renovables y no renovables en un 168%, aunque la participación de las exportaciones primarias (RRNN renovables y no renovables) en las exportaciones totales ha disminuido en un 31%. Esto significa una mayor presión sobre los recursos naturales que provoca un impacto desfavorable en el ambiente.

El Anuario Estadístico se publica en versión impresa y en formato web las cuales incluyen una selección de cuadros y gráficos orientados a brindar un resumen de la información estadística desde la perspectiva regional. La versión web interactiva facilita la navegación y el acceso a la información presentada en su versión impresa, vinculando los gráficos y tablas estadísticas con las series de datos disponibles en las bases de datos de CEPAL, lo que permite acceder a información más detallada y sobre un período histórico mucho más amplio. También incluye un capítulo adicional donde se explican los aspectos metodológicos y las referencias a las fuentes de los datos utilizadas.

La información que da sustento al Anuario forma parte del conjunto de estadísticas disponibles en CEPALSTAT, la plataforma que da acceso a toda la información estadística actualizada de los países de la región recolectada, sistematizada y publicada por la CEPAL, plataforma que fue recientemente actualizada tecnológica y funcionalmente, incluyendo un Geoportal que permite visualizar las estadísticas de la región en el territorio.

Dado que la mayor parte de la información proviene de las oficinas nacionales de estadística, bancos centrales, organismos internacionales y otras instituciones oficiales, la CEPAL invita a los usuarios a prestar atención a las fuentes y notas técnicas que se presentan en este trabajo. Los datos se obtienen a partir de metodologías y estándares internacionales con el fin de asegurar la mayor comparabilidad posible entre los países, por lo que estas cifras pueden no coincidir necesariamente con los datos nacionales.

Según un nuevo informe sobre diversidad e inclusión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una de cada cuatro personas no se siente valorizada en el trabajo y, aquellos que se sienten incluidos, ocupan cargos más altos.

Elevados niveles de igualdad, diversidad e inclusión están asociados a una mayor innovación, productividad y rendimiento, atracción y retención de talentos, y al bienestar del personal. Sin embargo, la encuesta realizada para el estudio constató que sólo la mitad de los encuestados manifestó que la diversidad y la inclusión estaban lo suficientemente identificadas y disponían de recursos suficientes en la cultura y estrategia de sus lugares de trabajo. Actualmente, sólo una tercera parte de las empresas mide la inclusión, a pesar de que hacerlo es fundamental para avanzar en este sentido.

Los estudios anteriores sobre diversidad e inclusión han tendido a concentrarse en las grandes empresas, con frecuencia multinacionales, en países occidentales de altos ingresos. El nuevo informe Transformar las empresas a través de la diversidad y la inclusión , se centra en empresas de todas las dimensiones en economías de ingresos medios-bajos y economías de ingresos medios-altos y recopila información de una mezcla diversa de miembros del personal, directivos y alto ejecutivos. Además, refleja variedad en edad, género, orientación sexual, grupos étnicos/raciales/religiosos, personas con discapacidad y las que viven con el VIH.

El estudio muestra que la percepción de inclusión en el lugar de trabajo tiende a estar más asociada con la antigüedad en el cargo que con los antecedentes personales o con características como la edad, el género, o la etnicidad/raza/religión. 92 por ciento del personal directivo declaró que se sentía incluido y que la diversidad era respetada y valorizada en el trabajo, frente a 76 por ciento de los encuestados de un nivel inferior. También es más probable que la fuerza de trabajo en las empresas medianas, grandes o multinacionales tenga una percepción más positiva de la inclusión que los trabajadores de las empresas nacionales pequeñas.

Sólo una cuarta parte de los encuestados declaró que las mujeres constituían una proporción importante (40-60 por ciento) de la alta dirección, y una tercera parte dijo que no había personas con discapacidad en cargos directivos. Algunos grupos minoritarios también informaron tener cada vez menos experiencias positivas en lo que refiere a la inclusión, y estos grupos además tienden a estar concentrados en los niveles subalternos.

La información del estudio fue recopilada entre julio y septiembre 2021, durante la pandemia de COVID-19, entre más de 12.000 empleados en 75 países de cinco regiones del mundo. Dos terceras partes de los encuestados informaron que desde el inicio de la crisis, el nivel de interés y acción hacia la diversidad e inclusión en sus lugares de trabajo habían incrementado. Un porcentaje similar dijo que la pandemia aumentó sus expectativas de que los empleadores intensificaran la promoción de la diversidad y la inclusión.

El informe sostiene que el modo más eficaz de influir en un número mayor de empresas para crear un cambio transformacional es combinar el argumento económico de la diversidad y la inclusión con políticas y marcos jurídicos, y valores empresariales solidarios.

Señala además cuatro principios clave para alcanzar un cambio transformacional y sostenible que pueden ser aplicados a nivel mundial y en todos los grupos y niveles de la fuerza de trabajo: la diversidad y la inclusión deben ser una prioridad y formar parte de la estrategia y la cultura; la diversidad debe estar presente en el equipo de dirección; los directores y el personal deben ser responsables de sus actos en cuanto ejemplos a seguir; y las acciones deben ser aplicadas a lo largo de todo el proceso de empleo, desde la contratación, la retención y el desarrollo del personal.

El nuevo informe de la OIT define “inclusión” como la experiencia que las personas viven en el lugar de trabajo y la medida en la cual se sienten valoradas por lo que son, las competencias y la experiencia que aportan, y si experimentan un fuerte sentido de pertenencia con otros en el trabajo.

El informe de la OIT fue realizado a partir de datos recopilados por la Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) y el Servicio de Género, Igualdad, Diversidad e Inclusión (GEDI) de la OIT, en colaboración con organizaciones de empleadores, asociaciones de empresas y redes sobre diversidad.

Fuente: OIT 06 de abril de 2022

El Instituto Guttmacher, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana de las Naciones Unidas publican las primeras estimaciones basadas en modelos de las tasas de embarazos imprevistos y de abortos en 150 países, que ponen de manifiesto las grandes disparidades en el acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva.

El estudio, que aparece en la revista BMJ Global Health, analiza estas tasas ente 2015 a 2019 con el fin de proporcionar información más detallada sobre el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en países de todo el mundo, independientemente de su nivel de ingresos.

Junto con las estimaciones, el Instituto Guttmacher ha publicado perfiles más detallados de los países para que los responsables políticos y las personas que promueven la salud puedan conocer mejor las necesidades de salud sexual y reproductiva de sus países y actuar en consecuencia, en particular en lo que respecta a la planificación familiar, incluidas la anticoncepción y la atención integral para el aborto.

Las nuevas estimaciones indican que las tasas de embarazos imprevistos y de abortos varían considerablemente de un país a otro, incluso dentro de la misma región o zona geográfica. Las mayores variaciones se observaron en América Latina y en el África subsahariana, donde, por ejemplo, las tasas de embarazos imprevistos en los países oscilaron entre 41 y 107 y entre 49 y 145 por cada 1000 mujeres, respectivamente.

Estas disparidades no se deben únicamente al nivel de ingresos; en Europa, por ejemplo, la mayoría de los países con tasas de embarazos imprevistos superiores a la media regional están clasificados como de ingresos altos, mientras que los dos países con las estimaciones más bajas son de ingresos medios. Estos datos demuestran que, con independencia del nivel de recursos, se encuentran obstáculos para acceder a una atención sanitaria sexual y reproductiva eficaz y para gozar de ella.

Aunque las estimaciones contribuyen enormemente a mejorar la calidad de las pruebas disponibles, sigue habiendo una necesidad urgente de aumentar la cantidad y la calidad de los datos. La disponibilidad de datos fiables sobre el aborto varía considerablemente en función de la región, desde el 12% de los países en Asia occidental y África septentrional hasta el 73% en Europa y Norteamérica. Si se invirtiera más en recoger datos específicos de cada país se podrían elaborar estimaciones con mayor certeza, controlar las tendencias y, tal vez, evaluar el impacto de los programas a gran escala en el futuro.

La salud y los derechos sexuales y reproductivos son un elemento esencial de la cobertura sanitaria universal y se necesitan para poner fin a la discriminación de mujeres y niñas. Estas estimaciones a nivel de los países ponen de manifiesto la importancia de invertir equitativamente en la atención integral a la salud sexual y reproductiva y servirán de fundamento para que los países apliquen las nuevas directrices de la OMS sobre los servicios de atención para el aborto de calidad.

En el Día Mundial de la Tuberculosis, la OMS pide urgentemente inversiones, ayudas, atención e información para luchar contra esta enfermedad. Aunque se ha salvado la vida a 66 millones de personas desde 2000, la pandemia de COVID-19 ha revertido estos logros y, por primera vez en más de una década, en 2020 aumentó la mortalidad por tuberculosis. Además, los conflictos que azotan Europa oriental, África y Oriente Medio han agravado la situación que viven los grupos poblacionales vulnerables.

La inversión mundial en prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en 2020 no llegó ni a la mitad de la meta mundial prevista para 2022, que asciende a US$ 13 000 millones anuales. Además, se necesita destinar US$ 1100 millones más a la investigación y el desarrollo. El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, ha señalado: «Se ha de invertir urgentemente para mejorar y ampliar el acceso a los servicios y herramientas más innovadores a fin de prevenir, detectar y tratar la tuberculosis y, de ese modo, salvar la vida a millones de personas cada año, reducir las desigualdades y evitar enormes pérdidas económicas. Estas inversiones resultan muy rentables para los países y los donantes porque aumentan la productividad y reducen el gasto sanitario».

En estos momentos, debido principalmente a la falta de financiación, es posible que no se alcancen las metas previstas para 2022 en la declaración política de la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas y la iniciativa emblemática FIND.TREAT.ALL del Director General de la OMS. Entre 2018 y 2020 se trató contra la tuberculosis a 20 millones de personas, una cifra que llega solo a la mitad de los 40 millones previstos en la meta fijada para el periodo comprendido entre 2018 y 2022. Durante ese mismo periodo se administraron tratamientos profilácticos contra la enfermedad a 8,7 millones de personas, es decir, solamente el 29% de los 30 millones previstos.

La situación es incluso peor para los niños y adolescentes que padecen la enfermedad. De acuerdo con las estimaciones correspondientes a 2020, un 63% de los niños y los adolescentes menores de 15 años con tuberculosis no recibieron tratamiento o no consta que se les hayan brindado los servicios de diagnóstico y tratamiento antituberculosos que les pueden salvar la vida. Es más, esta proporción fue incluso superior (del 72%) para los niños menores de 5 años; es decir, casi dos tercios de los niños de estas edades que cumplían los requisitos para recibir tratamientos profilácticos no han sido tratados y, como consecuencia de ello, corren riesgo de contraer la enfermedad.

Por otro lado, la COVID-19 ha afectado desproporcionadamente a los niños y adolescentes con tuberculosis o que corren riesgo de contraerla, debido a que ha aumentado la transmisión en sus hogares y han tenido menos ocasiones para acudir a un centro de salud. En el Día Mundial de la Tuberculosis, La OMS pide a los países que restablezcan con urgencia el acceso a los servicios de atención a la tuberculosis para todas las personas que los necesitan y, sobre todo, para los niños y adolescentes, tras las interrupciones causadas por la pandemia de COVID-19.

Las directrices actualizadas que publica la OMS incluyen nuevas recomendaciones sobre el diagnóstico, la prevención y el tratamiento centrados en el paciente:

La tuberculosis continúa siendo una de las enfermedades infecciosas más mortíferas. Cada día, se lleva la vida de más de 4100 personas y cerca de 30 000 contraen esta enfermedad que se puede prevenir y curar. Para erradicar la tuberculosis, todos los sectores deben actuar de forma concertada. En el Día Mundial de la Tuberculosis, la OMS pide que todos —individuos, comunidades, sociedades, donantes y gobiernos— pongan de su parte para lograrlo.

La pandemia del COVID-19 ha revertido los logros alcanzados en la lucha contra la tuberculosis. Después de salvar la vida de 66 millones de personas desde el año 2000, y, por primera vez en más de una década, el año 2020 aumentó la mortalidad asociada a la enfermedad.

Las cifras que presenta la agencia sanitaria de la ONU hablan por sí solas. La inversión mundial en prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en 2020 no llegó ni a la mitad de la meta mundial prevista para 2022, que asciende a 13.000 millones de dólares anuales. Además de ese monto, se necesita destinar otros 1100 millones a la investigación y el desarrollo.

Según la información con la que cuenta la Organización, las inversiones en programas contra la tuberculosis demostraron ser beneficiosas no sólo para las personas que sufren la enfermedad, sino también para los sistemas de salud y la preparación para las pandemias.

Los tratamientos contra la tuberculosis entre 2018 y 2020 alcanzaron a 20 millones de personas, una cifra que solo cubre la mitad de los 40 millones previstos en la meta fijada para el periodo comprendido entre 2018 y 2022.

Durante este último lapso se administraron tratamientos profilácticos contra la enfermedad a 8,7 millones de personas, es decir, solamente al 29% de los 30 millones previstos.

La Organización estima que en 2020 un 63% de los niños y los adolescentes menores de 15 años con tuberculosis no recibieron tratamiento o no consta que se les hayan brindado los servicios de diagnóstico y tratamiento contra la enfermedad.

El porcentaje fue aún más elevado, un 72%, para los niños menores de 5 años. Casi dos tercios de los niños de esa edad que cumplían los requisitos adecuados no recibieron tratamiento preventivo contra la tuberculosis y, a consecuencia de ello, corren el riesgo de enfermar.

La tuberculosis continúa siendo una de las enfermedades infecciosas más mortíferas. Más de 4100 personas pierden a diario la vida y cerca de 30000 contraen esta enfermedad que se puede prevenir y curar.

Pautas actualizadas para atender los niños y adolescentes con tuberculosis:

El 24 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis para concienciar a la población sobre las terribles consecuencias sociales, económicas y para la salud de la tuberculosis y acelerar los esfuerzos por poner fin a la epidemia mundial de la enfermedad. En esta fecha se conmemora el día de 1882 en que el Dr. Robert Koch anunció que había descubierto la bacteria que provoca la tuberculosis, lo que posibilitó diagnosticar y curar la enfermedad.

La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más letales del mundo. Cada día mueren más de 4100 personas de tuberculosis y cerca de 28 000 personas contraen la enfermedad, pese a que puede prevenirse y curarse. Se calcula que gracias a los esfuerzos mundiales contra la tuberculosis 66 millones de personas han salvado la vida desde el año 2000. Con todo, la pandemia de COVID-19 ha revertido años de progresos contra la enfermedad. Por primera vez en más de diez años, en 2020 aumentaron las muertes por tuberculosis.

El lema del Día Mundial de la Tuberculosis 2022 – Invirtamos para poner fin a la tuberculosis. Salvemos vidas – transmite la urgencia de invertir recursos para intensificar la lucha contra la tuberculosis y cumplir los compromisos de los dirigentes mundiales de poner fin a la enfermedad. Ello es especialmente crucial en el contexto de la pandemia de COVID-19, que ha frenado los avances hacia ese objetivo, y para garantizar un acceso equitativo a prevención y atención, en consonancia con el empuje de la OMS para lograr la cobertura sanitaria universal.

Con más inversiones se salvarán más millones de vidas y se acelerará el fin de la epidemia de tuberculosis.

El maltrato de mujeres, niñas o adolescentes embarazadas, así como de sus recién nacidos, es un problema generalizado en todo el mundo, independientemente del estado de los sistemas de salud, alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los datos recopilados en los sistemas de atención de maternidad de países desde muy ricos hasta muy pobres indican que una gran cantidad de mujeres se enfrenta a malos tratos durante el parto.

El suplemento señala que el maltrato a los padres y recién nacidos se ha “normalizado” en la cultura hospitalaria y se exacerba por la falta de conocimiento de los pacientes sobre sus derechos, la discriminación de género y la falta de empatía clínica y perspectiva humana.

Hay muchos casos de abuso físico y verbal, humillación, negligencia y abandono del cuidado de mujeres de algunos segmentos de la sociedad, incluidos algunos grupos raciales, étnicos y religiosos, migrantes, adolescentes y mujeres con discapacidad.

Según la OMS, el maltrato puede socavar la confianza en las instalaciones médicas llevándolas a no buscar atención antes, durante y después del parto, con consecuencias funestas para la salud y el bienestar de las mujeres y sus bebés, que en los casos más graves pueden producir la muerte.

Entre las principales violaciones de los derechos humanos, las normas de atención y la humanidad básica para las personas en edad fértil y los recién nacidos, sobre todo en el momento del alumbramiento, la agencia de la ONU destaca las siguientes:

Estos abusos, sutiles o manifiestos, intencionales o no, han dado lugar recientemente a un movimiento global que va en ascenso y que reconoce la urgencia de poner fin al flagelo mediante la calidad de la atención y la educación en temas de salud, derechos humanos y defensa de los derechos civiles.

El artículo de la OMS subraya la evidencia de un estudio multinacional sobre el impacto positivo de los acompañantes en el parto, la necesidad de mayores medidas de privacidad y mejores formas de medir las experiencias, y la satisfacción que tienen las mujeres al dar a luz en centros de salud que las tratan bien.

El análisis sobre el acompañamiento durante el trabajo de parto mostró que las mujeres sin acompañante son más propensas a denunciar abuso físico, procedimientos médicos no consentidos y mala comunicación en comparación con las mujeres con acompañante durante el parto.

El apartado sobre el examen vaginal y el maltrato durante el parto reveló la importancia de una buena comunicación y procesos claros de consentimiento durante el parto. Además, encontró que una solución sencilla y práctica como contar con cortinas de separación, reduce la exposición de las mujeres y aumenta la privacidad.

Un informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) revela que las juventudes afrodescendientes de la región enfrentan mayores desigualdades socioeconómicas e inequidades estructurales, basadas en sistemas de opresión como el racismo, el sexismo, el adultocentrismo, la heteronormatividad y el perfilamiento racial.

El documento Las juventudes afrodescendientes en América Latina y la matriz de la desigualdad social: Derechos, desigualdades y políticas ofrece un diagnóstico actualizado de la situación de las juventudes afrodescendientes en la región y evidencia la necesidad de impulsar políticas y programas que fortalezcan liderazgos de personas jóvenes y organizaciones juveniles afrodescendientes. Su rol debe ser protagónico en la construcción de propuestas y acciones vinculadas a su entorno y realidad.

El estudio refleja que los casi 38 millones de jóvenes afrodescendientes en la región continúan enfrentando grandes retos vinculados a la pobreza, la desigualdad, la exclusión y el racismo y la discriminación. Una realidad que repercute directamente en su educación, salud y oportunidades de empleo y que se vio agudizada por la pandemia de COVID-19.

Durante el encuentro se dio a conocer una Declaración del Comité Asesor de Juventudes Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, donde se subraya que “hoy más que ayer se requiere incluir las voces de las juventudes afrodescendientes en todos los procesos del desarrollo sostenible, debido a que hemos sido las más afectadas en la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Resulta imperativo el resurgimiento y la recuperación de nuestra comunidad, a través de la configuración de espacios que permitan que seamos escuchados y escuchadas”.

Según la investigación, actualmente en América Latina existen 134 millones de personas que se autoidentifican a partir de categorías relacionadas con la afrodescendencia o el color de la piel, lo que representa el 20,9% de la población total de esta región. Con respecto al total de la población joven afrodescendiente de 14 países con información censal de la década del 2010, se observa que esta superaba los 30 millones de personas de 15 a 29 años, representando un 28% sobre el total de la población afrodescendiente. Las estimaciones sugieren que habría unos 37,5 millones en el 2020. Sin embargo, se enfatiza en la importancia y necesidad de disponer de información no solo censal sino también sobre las tendencias de las variables demográficas (fecundidad, mortalidad y migración).

El informe aborda temas como educación, trabajo, acceso a salud sexual y reproductiva, discapacidad, violencias, vivienda y acceso a servicios de infraestructura y muestran que se viven situaciones de muchas vulnerabilidades cuando se comparan a las juventudes no afrodescendientes.

Al menos dos terceras partes de los hogares con niños han sufrido una pérdida de ingresos desde que la pandemia de la COVID-19 sacudió el mundo hace dos años, según un nuevo informe publicado por UNICEF y el Banco Mundial.

El informe, denominado Impact of COVID-19 on the welfare of households with children (Repercusiones de la COVID-19 sobre el bienestar de los hogares con niños) presenta las conclusiones de los datos recopilados en 35 países y señala que los hogares con tres o más hijos son los que más probabilidades tienen de haber perdido ingresos, ya que más de tres cuartas partes de estos hogares han sufrido una reducción de sus ingresos, en comparación con el 68% de los hogares con uno o dos hijos.

El informe también señala que las pérdidas de ingresos han obligado a los adultos de uno de cada cuatro hogares con niños a dejar de comer durante un día o más. Los adultos de casi la mitad de los hogares con niños declaran haberse saltado una comida por falta de dinero. Alrededor de una cuarta parte de los adultos de los hogares con o sin niños declararon que se habían quedado sin trabajo desde que se inició la pandemia, según el informe.

El informe concluye que los niños se ven privados de las necesidades más básicas, ya que los que pertenecen al 40% de los hogares no realizan ningún tipo de actividad educativa mientras sus escuelas están cerradas. Dado que los datos se recopilan a nivel de hogar, es probable que la tasa de participación real a nivel individual sea aún más baja, especialmente para los niños que provienen de hogares con tres o más hijos.

Aunque los hogares con tres o más hijos fueron los que más sufrieron la pérdida de ingresos, también fueron los que más ayuda recibieron de los gobiernos, ya que el 25% recibió este tipo de asistencia, en comparación con el 10% de los hogares sin hijos. El informe señala que esta ayuda contribuyó a mitigar el impacto adverso de la crisis en los hogares que la recibieron.

El informe señala que antes de la COVID-19, uno de cada seis niños en todo el mundo –356 millones– vivía en la pobreza extrema, ya que los miembros de sus hogares trataban de sobrevivir con menos de 1,90 dólares al día. Más del 40% de los niños vivían en una situación de pobreza moderada. Y casi 1.000 millones de niños vivían en la pobreza multidimensional en los países en desarrollo, una cifra que desde entonces ha aumentado en un 10% como resultado de la pandemia.

UNICEF y el Banco Mundial exhortan a las autoridades a que impulsen una ampliación rápida de los sistemas de protección social para los niños y sus familias. El apoyo, que incluiría la entrega de transferencias en efectivo y la universalización de las prestaciones para los niños, son inversiones fundamentales que pueden ayudar a sacar a las familias de las dificultades económicas y ayudarlas a prepararse para futuras crisis. Desde el comienzo de la pandemia, más de 200 países o territorios han introducido miles de medidas de protección social, y el Banco Mundial ha financiado la aplicación de dichas medidas con unos 12.500 millones de dólares, una ayuda que ha llegado a casi 1.000 millones de personas en todo el mundo.