Percepción de las Autoridades
La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, a través de la Dirección de Información Geografía y Estadística, actualizó la información sobre la Percepción de las Autoridades.
Población de 18 años y más que identifica a las autoridades de seguridad, según nivel de confianza
Fuente: SH 01 de noviembre de 2023
Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2023
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2023. Este programa estadístico ofrece información sobre la gestión y desempeño de las instituciones que integran la administración pública de cada entidad federativa, específicamente en los temas de: Estructura organizacional, recursos y ejercicio de funciones específicas; Trámites y servicios; Programas sociales; Transparencia, Acceso a la información pública y protección de datos personales; Control interno y anticorrupción; Participación ciudadana; Contrataciones públicas; Servicios postpenales y servicios para adolescentes egresados y/ o en tratamiento externo; Libertad condicionada; Tránsito y vialidad; Alojamientos de asistencia social; Administración de archivos y gestión documental; Protección civil; Servicios periciales; Defensoría pública o defensoría de oficio; Justicia cívica; Medio ambiente; Catastro, registro y territorio. Su finalidad es vincular los datos con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los temas referidos.
Principales resultados
Estructura organizacional y recursos
Al cierre de 2022, las administraciones públicas estatales contaron con un total de 2 238 instituciones; de estas, 34.2 % correspondió a la administración pública centralizada y 65.8 % a la administración paraestatal. En contraste con 2021, la cantidad de instituciones de las administraciones públicas estatales aumentó 1.4 % en 2022. A continuación, se presenta la cantidad de instituciones en el periodo de 2010 a 2022.
Fuente: INEGI 31 de agosto de 2023
Acuerdo sobre la protección de la privacidad en la
aplicación de la ley y el acceso a datos de seguridad nacional
La Declaración de la OCDE sobre el acceso de los gobiernos a los datos personales en poder de entidades del sector privado busca mejorar la confianza en los flujos de datos transfronterizos, que son fundamentales para la transformación digital de la economía global, aclarando cómo las agencias de seguridad nacional y las fuerzas del orden pueden acceder a los datos personales. bajo los marcos legales existentes. Marca un importante compromiso político de los 38 países de la OCDE y la Unión Europea que lo suscribieron durante la Reunión Ministerial de Economía Digital de la OCDE de 2022 . La Declaración también está abierta a la adhesión de otros países.
La Declaración, que rechaza cualquier enfoque sobre el acceso del gobierno a los datos personales que no concuerde con los valores democráticos y el estado de derecho, es el resultado de dos años de trabajo de la OCDE con un grupo de países expertos en protección de datos, seguridad nacional y aplicación de la ley. . El proyecto surgió de la creciente preocupación de que la ausencia de principios comunes en los dominios sensibles de la aplicación de la ley y la seguridad nacional podría conducir a restricciones indebidas en los flujos de datos. Otro factor motivador es el deseo de aumentar la confianza entre los sistemas democráticos del estado de derecho que, aunque no son idénticos, comparten importantes puntos en común.
La Declaración complementa las Directrices de privacidad de la OCDE , uno de los logros emblemáticos de la OCDE que data de 1980 y la base de las reglas de privacidad de muchos países. Las Directrices de privacidad, actualizadas por última vez en 2013, brindan un punto de referencia común para la protección de datos personales y tienen como objetivo facilitar los flujos de datos transfronterizos mientras se defienden los valores democráticos, el estado de derecho y la protección de la privacidad y otros derechos y libertades. Sin embargo, es crucial que permitan excepciones con fines de seguridad nacional y aplicación de la ley. Esta nueva Declaración articula un conjunto de principios compartidos que reflejan puntos en común extraídos de las leyes y prácticas existentes de los miembros de la OCDE y se complementan entre sí en la protección de la privacidad y otros derechos humanos y libertades.
Los principios establecen cómo los marcos legales regulan el acceso del gobierno; las normas jurídicas aplicadas cuando se solicita el acceso; cómo se aprueba el acceso y cómo se manejan los datos resultantes; así como los esfuerzos de los países para proporcionar transparencia al público. También abordan algunos de los temas más espinosos, como la supervisión y la reparación, que han resultado ser un desafío para las discusiones sobre políticas durante muchos años.
La Declaración sobre Acceso Gubernamental es un hito importante en el trabajo de la OCDE para ayudar a los países a promover la confianza en los flujos de datos transfronterizos. La Declaración complementa el proyecto Going Digital de la OCDE, que en su fase actual y tercera se centra en la gobernanza de datos para el crecimiento y el bienestar y ofrece soluciones basadas en evidencia para los desafíos críticos de gobernanza de datos que enfrentan los países. Los entregables de esta fase del proyecto, concluidos en la Reunión Ministerial, incluyen la Guía Going Digital para la elaboración de políticas de gobierno de datos y el informe Going Digital to Advance Data Governance for Growth and Well-being.
Fuente: OECD 14 de diciembre de 2022
Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2022
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2022. Este ejercicio ofrece información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las instituciones que integran la Administración Pública de cada entidad federativa, específicamente en los temas de: Estructura organizacional y recursos; Trámites y servicios; Programas sociales; Catastro; Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; Control interno y anticorrupción; Participación ciudadana; Defensoría pública o defensoría de oficio; Contrataciones públicas; Servicios postpenales y servicios para adolescentes egresados y/ o en tratamiento externo; Libertad condicionada; Planeación y gestión territorial; Registro público de la propiedad; Tránsito y vialidad; Medio ambiente; Protección civil y Servicios periciales.
El objetivo es vincular los datos que aquí se presentan con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en el tema referido.
Principales resultados
Estructura organizacional y recursos
A partir de la información recabada, es posible conocer las características de la estructura organizacional y recursos con los que contaban las instituciones de las administraciones públicas estatales.
Al cierre de 2021, se reportó un total de 2 207 instituciones; de estas, 33.5 % correspondió a la administración pública centralizada y 66.5 % a la administración paraestatal. El estado de México reportó la mayor cantidad de instituciones, con 108.
Fuente: INEGI 01 de septiembre de 2022
Chiapas. Incidencia Delictiva del Fuero Común 2021
La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica a través de la Dirección de Información Geográfica y Estadística pone a su disposición el documento sobre el comportamiento de la incidencia delictiva del fuero común en el estado de Chiapas con los datos acumulados al mes de agosto de 2021, así como un comparativo anual desde el año 2018; dicha información es publicada de manera mensual por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cual es remitida por las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas.
De acuerdo con los datos del SESNSP, en el estado de Chiapas se registró una incidencia delictiva acumulada al mes de agosto de 2021 de 11,360 delitos, de lo anterior se observa que poco más de la mitad corresponde a delitos contra el patrimonio (3,085) o la familia (3,034), seguidos por los delitos contra otros bienes jurídicos (2,131), en seguida se ubican los delitos contra la vida o la integridad corporal (1,801), posteriormente se encuentran los delitos contra la libertad y seguridad sexual (1,056).
En menor medida se encuentran los delitos contra la libertad personal (139) y los delitos contra la sociedad (114).
El comportamiento general de la incidencia de delitos del fuero común en el periodo comprendido entre el año 2018 y el acumulado a agosto de 2021 ha presentado una tendencia a la baja, dentro de los grupos de delitos destacan los datos sobre delitos contra el patrimonio al observar una reducción de 3 cuartas partes en el periodo mencionado es decir 9,854 delitos menos. Por su parte los delitos que presentaron la menor variación fueron aquellos contra la libertad personal al reducir su valor en 82 delitos.
Dentro de los delitos contra la vida y la integridad corporal se encuentran los homicidios, el comportamiento de su incidencia es a la baja en el periodo considerado, en términos absolutos se observa una reducción de 482 casos, lo que en términos porcentuales representó 37.7% menos. Considerando el valor de 2021 (acumulado hasta agosto) en relación al valor anual de 2020 la reducción fue de 268 casos representando 25.2% menos.
Otra de las clasificaciones de delitos considerada en los delitos contra la vida y la integridad corporal es la que se refiere a los feminicidios. A diferencia de los homicidios, la incidencia de los feminicidios ha ido en aumento durante los últimos 4 años, considerando el periodo más largo (2018-2021) el aumento fue de 13 casos, lo que en términos porcentuales representó 61.9%; mientras que en el periodo anual el incremento fue de 6 casos más, aumentando 21.4% entre el año 2020 y el acumulado a agosto de 2021.
Otro grupo de delitos considerados son aquellos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual , dentro de ellos encontramos el abuso sexual, dicho delito ha mostrado una clara disminución de su incidencia en el estado al registrar un descenso de 64 casos entre el año 2018 y el valor acumulado a agosto de 2020, dicho valor represento 30.8% menos. En el periodo comprendido entre el año 2020 y agosto de 2021, la disminución fue de 4 casos que representaron una reducción de 2.4%.
Otro delito considerado dentro de la clasificación de aquellos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, es la violación simple, de manera similar al delito de abuso sexual se observa una tendencia a la baja en el estado al registrar un descenso de 206 casos entre el año 2018 y el valor acumulado a agosto de 2020, dicho valor representó 37.9% menos. En el periodo comprendido entre el año 2020 y agosto de 2021, la disminución fue de 122 casos que representaron una reducción de 26.5%.
Dentro del grupo de delitos que atentan contra el patrimonio, se encuentra el robo, los casos de este delito en la entidad muestran una clara tendencia a la baja, al pasar de 9,336 casos en 2018 a 1,930 como valor acumulado en agosto de 2021 es decir 7,406 casos menos que representaron una reducción de 79.3%. En el periodo comprendido entre el año 2020 y el acumulado a agosto de 2021 la variación también fue negativa reduciendo en 1,501 el número de casos, los cuales representaron43.7% menos.
Otro de los delitos que se encuentran dentro de los que atentan contra el patrimonio es el robo de vehículo, de acuerdo con la información reportada la disminución fue de 1,479 casos de 2018 a agosto de 2021 es decir 59.4% menos. En el periodo comprendido entre el año 2020 y el acumulado a agosto de 2021 la variación también fue negativa reduciendo en 851 el número de casos, los cuales representaron 45.8% menos
En lo que respecta al delito de robo a transeúnte en la vía pública también se registra descenso en el periodo considerado, al pasar de 855 casos en 2018 a 88 en 2021, lo que representa 767 casos menos, es decir 89.7% menos. En el periodo comprendido entre 2020 y agosto de 2021 la reducción fue de 131 casos en términos absolutos, lo cuales representaron 59.8% menos.
En la categoría de delitos contra la familia se encuentra el respectivo a la violencia familiar, los datos registrados sobre este delito muestran una clara tendencia a la baja al disminuir en 3,195 casos entre 2018 y 2021, que representaron 53% menos. En el periodo entre el año 2020 y el acumulado a agosto de 2021 la reducción fue de 1,637 casos, representando 36.6% menos.
La última categoría de delitos que se hace mención en el tabulado reportado por el SESNSP es la de los delitos contra otros bienes jurídicos afectados; entre ellos se encuentra el narcomenudeo, el cual presenta un comportamiento errático en el periodo considerado, registrando descensos entre el año 2018 y el 2019, para posteriormente aumentar entre el 2019 y el 2020 y de nueva cuenta disminuir entre el año 2020 y el valor acumulado al mes de agosto de 2021, esta última reducción significó 282 casos menos los cuales representaron una disminución de 25.6%.
Otro de los delitos incluidos en la categoría de aquellos que atentan contra otros bienes jurídicos afectados es aquel que es cometido por servidores públicos, los cuales también presentan un comportamiento descendente entre el año 2018 y 2021 la disminuir 267 casos en términos absolutos, que representaron 74.2% menos. En lo que respecta al periodo comprendido entre el año 2020 y el acumulado al mes de agosto de 2021 la reducción absoluta fue de 157 casos que representan62.8% menos.
Fuente: INEGI 28 de octubre de 2021
Resultados del Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2021
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2021, programa estadístico que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño de las instituciones que integran a la Administración Pública de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, medio ambiente y justicia cívica (únicamente para la Ciudad de México), con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.
Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:
Fuente: INEGI 01 de septiembre de 2021
Centro de Excelencia, una década de trabajo
para mejorar las estadísticas delictivas
A 10 años de su creación, el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia (CdE) ha fortalecido las capacidades estadísticas, analíticas y de monitoreo en 29 países de América Latina y el Caribe en el uso de la evidencia para el diseño de políticas públicas eficaces y ha impulsado iniciativas regionales para mejorar la generación de estadísticas sobre gobernanza, seguridad y justicia.
Para conmemorar este aniversario, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC) organizaron un conversatorio sobre los retos actuales y futuros de las estadísticas delictivas en México y la región de América Latina y el Caribe.
Durante el conversatorio, las y los participantes reflexionaron sobre las tendencias y cambios por los que atraviesa el mundo y la región de América Latina y el Caribe, además de los retos que implica la medición de fenómenos delictivos, el crimen organizado, el uso intensivo de tecnologías y la propia pandemia de la COVID-19 y para los cuales es necesaria más y mejor información que permita tomar las decisiones basadas en evidencia.
El CdE fue inaugurado en 2011 como resultado de un acuerdo de colaboración UNODC en México y el INEGI, tras la creación en 2008 del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.
Pionero a nivel internacional, el Centro ha impulsado trabajos para el desarrollo metodológico en temas complejos como la medición de la victimización, la corrupción, el crimen organizado y los flujos financieros ilícitos.
Actualmente, una tercera parte de los países del continente cuentan con encuestas nacionales equivalentes a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que realiza el INEGI. Más de la mitad de estas naciones trabajan para adoptar la Clasificación Internacional de Delito con fines Estadísticos, considerada como estándar internacional para armonizar las estadísticas delictivas.
El CdE ha brindado asistencia técnica a 29 países de la región, impulsando y desarrollando actividades relacionadas con la generación y mejora de la calidad de los datos y promoviendo el uso de evidencia para el diseño de políticas públicas, lo que facilita el monitoreo del progreso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El compromiso del Centro de Excelencia es trabajar de manera continua para avanzar y mejorar la calidad de la información estadística y así aportar en la construcción de sociedades más justas, pacíficas e inclusivas.
Fuente: INEGI 19 de mayo de 2021
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
Cifras durante diciembre de 2020
De acuerdo con los resultados del vigésimo noveno levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de diciembre de 2020, durante ese mes, 68.1% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.
Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto al 72.9% registrado en diciembre de 2019, pero no es estadísticamente diferente al 67.8% registrado en septiembre de 2020. En esta edición, 14 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos respecto a septiembre de 2020: 6 tuvieron reducciones y 8 incrementaron. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 72.6%, mientras que para los hombres fue de 62.7 por ciento.
La siguiente tabla muestra los resultados del IOAE para las series consideradas con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Se estima una variación del IGAE de noviembre respecto al mismo mes del año anterior de (-)5.0 por ciento. Considerando los principales Grandes Sectores de Actividad del IGAE, se tiene que, para las actividades secundarias, se calcula una caída anual de (-)5.3% en noviembre, mientras que, para el sector terciario, la variación anual sería de (-)4.8 por ciento.
Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ecatepec de Morelos, Coatzacoalcos, Cancún, Cuernavaca, y San Luis Potosí, con 94.8, 89.9, 88.9, 88.1, 87.7 y 87%, respectivamente.
Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Los Cabos, Mérida, Saltillo, La Paz y San Nicolás de los Garza, con 11.7, 17.3, 24.6, 30.9, 31.8 y 31.8%, respectivamente.
A nivel nacional, 28.1% de los hogares contó con al menos una víctima de robo y/o extorsión durante el segundo semestre de 2020. Las ciudades con mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima fueron: Iztapalapa, Atizapán de Zaragoza, Tláhuac, Cuautitlán Izcalli y La Magdalena Contreras con 47.1, 43.2, 42, 40.6 y 40.4%, respectivamente.
En cuanto a víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública, de julio a diciembre de 2020 se estima que 12% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, del cual 47.9% declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de éstas.
En este trimestre se proporciona información estadística sobre víctimas de acoso personal y violencia sexual. Se estima que de la población de 18 años y más, durante el segundo semestre de 2020, 14.3% fue víctima de acoso personal y/o violencia sexual. En el caso de las mujeres este porcentaje fue de 21.6%, mientras que en hombres fue de 5.7 por ciento.
Fuente: INEGI 19 de diciembre de 2020
Día Internacional contra la Corrupción
La corrupción aumenta en tiempos de crisis y la actual pandemia global no es la excepción. Los países en todo el mundo han adoptado medidas significativas para hacer frente a la emergencia sanitaria y evitar un colapso económico mundial. Han movilizado miles de millones en fondos para adquirir equipo médico y proporcionar una red de seguridad económica para la ciudadanía y los negocios que están en peligro. La necesidad de respuestas urgentes, sin embargo, obligó a algunos Estados a negociar el cumplimiento, la supervisión y la rendición de cuentas para poder lograr los impactos rápidos que se requerían, creando así importantes oportunidades para la corrupción.
“Recuperarse con integridad” enfatiza que únicamente con medidas eficaces para mitigar la corrupción será posible lograr una mejor recuperación; al mismo tiempo destaca que la recuperación inclusiva del COVID-19 sólo puede lograrse con integridad.
Fuente: ONU 09 de diciembre de 2020
Estadísticas a propósito del Día Internacional
contra la Corrupción (9 de diciembre)
Desde 2003, el combate a la corrupción es uno de los temas prioritarios en la agenda internacional. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción designa el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción y, más tarde, en 2015, se agregan indicadores sobre el tema en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por su parte, el Estado mexicano ha realizado ajustes normativos e institucionales para responder al reto de controlar y disminuir la corrupción; sin embargo, los ajustes normativos e institucionales de los últimos años coinciden con un aumento sostenido de las víctimas de corrupción entre la población de 18 años y más.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, entre 2013 y 2019, la cifra pasó de 12 a 16 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes. Vista la distribución nacional, se tiene que, en 2019, las entidades que presentaron la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción fueron Durango, Ciudad de México y México, en donde la población tiene el doble de probabilidad de ser víctima de corrupción comparada con Nuevo León, y el triple de probabilidad que en Colima o Zacatecas, entidades con la menor prevalencia a nivel nacional.
Desde 2013, los trámites con mayor porcentaje de experiencias de corrupción son los que involucran contacto con autoridades de seguridad pública, hacer gestiones relacionadas con la propiedad o trámites ante el Ministerio Público. En 2019 estos trámites registraron prevalencias de 59.2%, 25.0% y 24.8% respectivamente.
En una tendencia similar, el porcentaje de empresas víctimas de corrupción aumentó 1.8 puntos porcentuales entre 2013 y 2017, ubicando los últimos reportes en una prevalencia de 5.4% de unidades económicas víctimas de corrupción. Los mayores aumentos en los eventos de corrupción se presentaron en los sectores de industria y servicios, en los que el porcentaje de victimización por corrupción pasó de 4.9 y 3.5 en 2013 a 7.2 y 5.9 unidades víctimas por cada 100 unidades económicas del sector comercio en 2017, respectivamente; el sector de comercio fue el que menos aumento tuvo en la frecuencia de actos de corrupción entre 2013 y 2017.
La corrupción tiene altos costos directos sobre las personas y las unidades económicas, así como sobre la confianza entre la ciudadanía y el gobierno. En 2019, el monto total que erogaron las personas por actos de corrupción al realizar pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos o por otros contactos con autoridades, ascendió a 12 770 millones de pesos, de los cuales se estimó que 18% correspondió a la corrupción por el contacto con las autoridades de seguridad pública.
Consistente con lo que se registra en otros contextos a nivel internacional, se observó que la corrupción en México está asociada de manera negativa con la confianza que las personas tienen de las instituciones de gobierno.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el INEGI refrenda su compromiso de producir y ofrecer información relevante para el público en general y para los tomadores de decisiones encargados de diseñar las políticas y estrategias para contrarrestar las prácticas de corrupción que afectan a la sociedad mexicana.
Fuente: INEGI 07 de diciembre de 2020
INEGI se une a la conmemoración del Día Mundial de la
Estadística: “Conectando al mundo con datos confiables”
Este día se celebra, por tercera ocasión, el Día Mundial de la Estadística con el lema “Conectando al mundo con datos confiables”, el cual se realiza cada cinco años, organizado bajo la dirección de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas con la participación de más de 140 Estados miembros de dicha comisión, así como de organizaciones internacionales y regionales.
La consigna que promueve la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas invita a reflexionar sobre la importancia de la confianza, los datos oficiales, la innovación y el bien público que generan los sistemas estadísticos nacionales.
En México, el INEGI es el organismo constitucional autónomo del Estado mexicano que, además de ser el principal productor de estadísticas oficiales del país, coordina el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
La fortaleza institucional del INEGI es fundamental para mantener la credibilidad en la medición de la realidad mexicana y esto es posible gracias a 5 pilares que rigen su actuar: autonomía; objetividad y rigurosidad técnica; principios y buenas prácticas; transparencia y rendición de cuentas y participación de la sociedad.
El INEGI tiene como mandato brindar a la sociedad y al Estado información estadística confiable, de acuerdo con las mejores prácticas nacionales e internacionales, generada y difundida libre de presiones de grupos de interés, que sirva de fundamento para la toma de decisiones basadas en evidencia.
Aplicar las mejores prácticas nacionales e internacionales, así como utilizar metodologías científicamente sustentadas, permite la comparabilidad internacional de la información y da la oportunidad a nuestro país de estar conectado con el mundo.
Actualmente, el Instituto cuenta con información estadística que permite el análisis de una gran variedad de fenómenos sociales y económicos tales como: población, ocupación y empleo, ingreso y gasto de los hogares, migración, salud y nutrición, victimización, percepción de inseguridad, corrupción, gobierno, igualdad de género, competitividad, evolución de las actividades económicas, comportamiento de precios, ciclos económicos, inclusión financiera, bienestar subjetivo, movilidad social, medio ambiente, uso de las tecnologías de la información, entre otros.
Asimismo, el INEGI mantiene el compromiso de atender las necesidades de información de los usuarios para responder de manera rápida y eficiente a nuevas demandas de información, así como a necesidades coyunturales que permitan prevenir y en su caso atender emergencias o catástrofes.
Tal es el caso de la pandemia por el COVID-19, en donde el Instituto tuvo que innovar en procesos alternativos de captación para seguir ofreciendo información pertinente a la sociedad y amplió su oferta de productos para poder medir el impacto de esta emergencia sanitaria en la actividad económica y el mercado laboral.
Por todo lo anterior, el Instituto contribuye a la comunidad estadística internacional contando con información estadística confiable y comparable para conocer los fenómenos que acontecen, comprender nuestro mundo y aportar al progreso de nuestras sociedades.
Y convoca a la sociedad a continuar contribuyendo a la generación de esta información participando como informantes de los distintos programas y a través de las consultas públicas, asimismo a seguir utilizando la información estadística para la toma de decisiones.
Fuente: INEGI 20 de octubre de 2020
Resultados del undécimo Censo Nacional de Gobierno,
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales
El INEGI presenta los resultados de la undécima edición del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 2020 que tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las instituciones que integran la Administración Pública de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, seguridad pública, sistema penitenciario y medio ambiente, así como justicia cívica (únicamente para el caso de la Ciudad de México), con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.
Administración Pública Estatal
Al cierre de 2019, 2 091 865 servidores públicos se encontraban adscritos a las 1 998 instituciones de las administraciones públicas estatales. De ellos, 56.5% eran mujeres y 43.5%, hombres.
Respecto del presupuesto que ejercieron los gobiernos estatales, a nivel nacional se reportó un total de 1 528 593 millones de pesos. De ellos, 41.0% se ejerció en Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (capítulo 4000).
Durante 2019, se realizaron 228 497 524 transacciones (solicitudes) por las personas (físicas y morales) ante las instituciones de las administraciones públicas estatales, de las cuales, Consulta médica fue la de mayor frecuencia con 25.2% del total.
En materia de protección civil, al cierre de 2019, 26 de las 32 entidades federativas contaron con un Plan o Programa de Protección Civil mientras que 24 entidades reportaron tener un Plan de Emergencia o de Contingencia.
En cuanto al ejercicio de la función de control interno a nivel nacional, durante 2019 se iniciaron 51 833 investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas. De acuerdo con el origen de la investigación, 45.2% provino de una queja y/o denuncia.
Al cierre de 2019, 17 entidades federativas contaron con un Plan o programa anticorrupción.
Seguridad Pública
Durante 2019, a nivel nacional se registraron 12 785 150 llamadas procedentes mediante los sistemas de emergencia 911, 066, 089 u otros.
En el mismo periodo, se reportaron 1 401 724 intervenciones policiales realizadas. De ellas, 34.1% (477 mil 535) correspondió a presuntas faltas cívicas.
Respecto de los delitos registrados en las intervenciones policiales realizadas en las entidades federativas durante 2019, la cifra nacional fue de 226 150, de los cuales, 93.0% correspondió a delitos del fuero común y 7.0% a delitos del fuero federal.
Con relación al aseguramiento de armas, narcóticos y vehículos, durante 2019 se reportaron 272 050 armas aseguradas, de las cuales 74.2% fueron Cartuchos. En cuanto al aseguramiento de narcóticos, Cannabis sativa, indica o mariguana fue el principal tipo de narcótico con 190 039.7 kilogramos. Por su parte, se reportaron 40 037 Vehículos asegurados. De ellos, 53.1% presentó reporte de robo.
Sistema Penitenciario
Al cierre de 2019, se reportaron 241 centros penitenciarios. En ellos se contó con una capacidad instalada de 158 994 espacios (camas útiles). Por su parte, el número de centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes fue de 47, en los cuales se reportaron 6 mil 730 espacios (camas útiles).
Durante 2019, ingresaron 102 700 personas a los centros penitenciarios y 1 452 más a los centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes a cargo de las entidades federativas. Del total de esta población, 92.6% eran hombres y 7.4% eran mujeres.
En el mismo periodo egresaron 92 57 personas de los centros penitenciarios, y 1 304 más de los centros especializados de tratamiento o internamiento. Del total de egresos, 92.7% fueron hombres y 7.3% fueron mujeres.
Al cierre de 2019, se encontraban privadas de la libertad 155 400 personas en los centros penitenciarios y 1 322 adolescentes internados en los centros especializados de tratamiento o internamiento. Del total de esta población, 94.7% eran hombres y 5.3% eran mujeres.
Medio Ambiente
Con relación a la aplicación de programas por parte de las administraciones públicas estatales, durante 2019, Biodiversidad y ecosistemas fue la materia de mayor frecuencia al registrar 139 programas aplicados.
El CNGSPSPE se realiza desde 2010 y la presente edición cuenta con 111 cuadros estadísticos organizados en 14 apartados conforme a la siguiente estructura temática: 1) Estructura organizacional y ejercicio de la función de gobierno; 2) Trámites y servicios; 3) Protección civil; 4) Catastro; 5) Transparencia; 6) Control interno y anticorrupción; 7) Defensoría pública o defensoría de oficio; 8) Servicios periciales; 9) Administración de archivos y gestión documental; 19) Planeación y gestión territorial; 11) Seguridad pública; 12) Sistema penitenciario; 13) Medio ambiente; y 14) Justicia cívica.
Fuente: INEGI 20 de octubre de 2020
Día Mundial contra la Trata, 30 de julio
Trabajar en primera línea para terminar con la trata de personas
Este año nos centramos en recalcar los esfuerzos del personal que lucha en primera línea contra la trata de personas. Se trata de gente que trabajan en diferentes aspectos: identificar, apoyar, asesorar y buscar justicia para las víctimas de la trata, y desafiar la impunidad de los traficantes.
Durante la crisis del COVID-19, el papel esencial de estas figuras de socorro se ha vuelto aún más importante, particularmente porque las restricciones impuestas por la pandemia han hecho que su trabajo sea aún más difícil. Aún así, su contribución a menudo se pasa por alto y no se reconoce.
A través de las historias de este personal de campo y la gran utilidad de su trabajo en la ayuda a las víctimas, pretendemos destacar su contribución, función, constitución, organización, equipo o comunidad y su impacto en la lucha contra la trata. Los mensajes clave se centran en lo positivo, reconociendo la importancia del trabajo realizado por este sector de auxilio, así como buscando apoyo y creando conciencia de que estas acciones deben ser sostenidas y replicadas.
El tráfico de personas es un grave delito y una grave violación de los derechos humanos. Cada año, miles de hombres, mujeres y niños caen en las manos de traficantes, en sus propios países y en el extranjero. Prácticamente todos los países del mundo están afectados por el tráfico, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), como garante de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y los Protocolos al respecto, asiste a los Estados en la aplicación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata.
Fuente: ONU 29 julio de 2020
México, entre los países de AL que
ejercen mal su gasto público: BID
Entre las ineficiencias, están compras públicas y transferencias monetarias a los ciudadanos.
México es uno de los países de América Latina que peor ejercen y distribuyen sus recursos públicos, según un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Al organizar los países de la región en función de su mal gasto público, el organismo multilateral ubica a México en el sexto puesto, con un monto equivalente a 4.7% del PIB, que está por arriba de la media de la región que es equivalente a 4.4% del PIB del conjunto de países.
Al interior del documento, titulado Mejor gasto para mejores vidas. Cómo América Latina y el Caribe pueden hacer más con menos, ubican a Argentina como el líder regional en mal gasto público, equivalente a 7.2% de su PIB, seguido por El Salvador, a quien estiman un despilfarro de 6.5% del producto y Bolivia con 6.3% del PIB en el gasto mal ejercido y mal distribuido.
En contraste, los países de la región menos deficientes en el ejercicio de su gasto son Chile, con el equivalente a 1.8% del producto que no gastan bien, y Perú, cuyo dispendio de los recursos públicos es equiparable a 2.5% del PIB.
La información del documento hace un corte hasta el 2017, que es hasta donde tienen la información completa de todos los países, lo que facilita hacerlos comparables.
De acuerdo con lo descrito en el documento, son cuatro las fuentes más importantes de ineficiencia en la ejecución del gasto en América Latina y el Caribe: compras públicas; transferencias monetarias a los ciudadanos; salarios públicos, y corrupción.
En el documento retomado por el WEF, plantean que los gobiernos de la región de las últimas tres décadas prefirieron privilegiar el gasto corriente, es decir, el que corresponde a sueldos y salarios, e incluso gasto social, sobre la inversión pública. Y evidenciaron que la inversión pública es un motor de crecimiento y desarrollo del país y de los ciudadanos.
Detallan que los sectores que también han sufrido en la región a causa de este gasto público ineficiente son infraestructura, educación, servicios de salud y seguridad, lo que probablemente explica la limitada conexión territorial, los malos resultados de competencias educativas, la estancada esperanza de vida y la rampante criminalidad.
Destacan que en un entorno de desconfianza respecto de las autoridades, los gobiernos suelen privilegiar el gasto corriente, donde los ciudadanos prefieren las transferencias sobre las inversiones de largo plazo.
Esta conclusión resultó de una encuesta, incluida en el documento, aplicada por el BID entre 5,000 personas, donde destacan que los ciudadanos que desconfían de sus instituciones públicas prefieren transferencias directas en vez de inversiones de largo plazo, lo que aseguran los investigadores “produce un círculo vicioso que los gobiernos deben romper, a partir de gastar de forma eficiente y verificable en lo que para los ciudadanos es prioritario”.
Fuente:EL ECONOMISTA 09 de enero de 2020
Con Aval Alto, 34% de Gobernadores
La encuesta #RankingMitofsky Gobernadores y Gobernadoras de México arrojó que 11 mandatarios locales tienen una aprobación “alta” o “sobresaliente” (cuyos rangos van de 40% o más de aprobación).
La encuesta #RankingMitofsky Gobernadores y Gobernadoras de México arrojó que 11 mandatarios locales tienen una aprobación “alta” o “sobresaliente” (cuyos rangos van de 40% o más de aprobación), mientras que 10 se encuentran entre un aval “bajo” o “muy bajo” (con menos de 29% de simpatía de los ciudadanos). La medición hecha para El Economista por Consulta Mitofsky incluyó rubros como aprobación ciudadana, seguridad pública, economía, corrupción y situación personal respecto de los 32 gobernadores del país.
En Guanajuato, la idea de que hay un incremento en la violencia es la más alta del país, con 62.6%, y sólo 15.7% piensa que mejoró.
Lo sigue Aguascalientes, donde 55.8% opinó que la situación fue peor, y 16% que mejoró. Y en SLP la percepción de inseguridad alcanzó 53.3 por ciento.
Los estados donde se percibe que la corrupción es menor son: Yucatán, donde 45.4% de la población lo manifiesta así; seguido de la Ciudad de México, con 37.4%; mientras que en tercera posición está Chiapas con 33 por ciento.
En contraparte, Colima se ubicó en el último sitio con 53.2% de los consultados que opina que hay mayores niveles de corrupción; le sigue Michoacán con 51.1%, y finalmente Campeche con 49.9 por ciento.
En este rubro, los habitantes de Tabasco, Quintana Roo, Colima, Oaxaca y Sinaloa ocuparon los primeros escaños de que mejoraron las condiciones económicas del estado.
Así, 41.2% de la población en Tabasco consideró que la situación económica mejoró, contra 21.4% que estimó que fue peor. En Quintana Roo, 40.3% estimó que las condiciones fueron mejores, y 27%, peores.
En Colima, 36.5% de sus habitantes respondió que hay mejores condiciones económicas, y 20.1% que no. A su vez, Oaxaca se colocó en cuarto sitio con 35.8% que mejoró, seguido de Sinaloa (35.4%).
Fuente:EL ECONOMISTA 6 octubre de 2019
La firma KPMG realizó el estudio “Antisoborno y corrupción: enfrentando el desafío en la era de la globalización”, el cual resalta que la corrupción erosiona la economía mundial.
Para la realización de este informe KPMG encuestó a 659 directivos de distintas áreas en 64 países con el objetivo de conocer los retos a los que se enfrentan las empresas en cuanto a los sobornos y la corrupción.
¿Cuáles son los datos que destacan de este documento?
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Fuente: IMCO 23.Febrero.2017
La corrupción es un impedimento clave para el desarrollo, la competitividad y la estabilidad tanto en las economías emergentes y en desarrollo. La ONU MI Mundo encuesta 2014 también identificó la transparencia y la corrupción como una prioridad para las personas menores de 34.
Para profundizar en la opinión de este grupo demográfico (específicamente “generación del milenio” – los mayores de 18 a 34) sobre este tema, se distribuyó una encuesta a las redes milenarias de cada organización involucrada en este proyecto.
La encuesta sugiere que los dos temas considerados más importantes por los Millennials en la encuesta son la corrupción será el impacto sobre el crecimiento y qué otros impactos que tendrá en el futuro, incluyendo la votación y el sector público en su elección de carrera.
A medida que la generación que va a vivir con las consecuencias de la corrupción de hoy el más largo, es importante que se escuche su voz y sus preocupaciones actuó.
Con este grupo inicial de los encuestados, esta encuesta proporciona un punto de partida para entender el alcance completo de las perspectivas de esta generación en este tema. Es nuestra esperanza que alienta a más del milenio para participar en el tema de la corrupción, les ayuda a entender la magnitud del problema, y les anima a jugar un papel en ayudar a crear un ambiente en el que no puede prosperar.
Resultados por región
Como esta encuesta fue distribuida a las redes milenarias específicos, cada uno con una presencia regional diferente, es importante distinguir que los resultados no se traducen en un índice, país por país, con tasas de respuesta proporcional en cada uno. Por el contrario, las distribuciones de respuesta reflejan geografías donde las redes encuestadas son los más activos y los resultados de algunas regiones podrían ser desproporcionadamente influenciados por las respuestas de los países específicos.
| 1. La corrupción es |
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73% |
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76% |
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4% |
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48% |
| 2. En su país, ¿cree que la corrupción es un problema en los siguientes sectores? |
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86% |
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80% |
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95% |
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81% |
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97% |
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1% |
| 3. En su país, ¿cree que la corrupción es un problema en los siguientes escenarios? |
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84% |
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89% |
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74% |
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73% |
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1% |
| 4. ¿Estarían más propensos a considerar una carrera en el servicio público en su país de origen si hubiera menos corrupción en el sector público? |
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64% |
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13% |
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14% |
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9% |
| 5. ¿Hasta qué punto se siente usted y sus amigos tienen las herramientas necesarias para luchar contra la corrupción en su comunidad? |
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15% |
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33% |
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42% |
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10% |
| 6. ¿En qué medida cree usted que la comunidad internacional debería prestar más atención a los efectos de la corrupción y de su prevención y control? |
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83% |
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13% |
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2% |
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3% |
Fuente: WEF Abril 2015
El Foro Económico Mundial junto con las Naciones Unidas, Transparencia Internacional, Accountability Lab y el Festival Internacional Estudiantil en Trondheim (ISFiT 2015) realizaron una encuesta para conocer la opinión de los llamados millenials (aquellos entre 18 y 34 años de edad) sobre la corrupción.
Esta encuesta, desarrollada en colaboración con APCO Worldwide, se llevó a cabo entre septiembre y octubre de 2014. Las preguntas se enviaron a través de redes sociales, listas de correos y páginas web. En total, 1089 encuestados de 102 países diferentes de entre 18 y 34 años de edad participaron en el sondeo.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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1. La corrupción es Cuando se preguntó describir el impacto de la corrupción, la gran mayoría de los encuestados creen que corrupción es la celebración de su país de nuevo, y que esta privando a su generación de oportunidades. |
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2. En su país, ¿cree que la corrupción es un problema en los siguientes sectores? El sistema judicial y policial se clasifican los dos sectores principales de preocupación entre los encuestados – que destaca un déficit de confianza en el gobierno y las instituciones públicas.
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3. En su país, ¿cree que la corrupción es un problema en los siguientes escenarios? La corrupción a través de una variedad de escenarios recibió iguales y altas facturaciones de casi todos los encuestados, de voto y las fuerzas policiales, a los procedimientos legales y crecimiento profesional, que muestra el problema es visto como transversal a toda las funciones fundamentales de la sociedad. |
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4. ¿Estaría más propenso a considerar una carrera en el servicio público en su país de origen si hubiera menos corrupción en el sector público? El sector público puede llegar a perder en la contratación de este grupo de jóvenes talentos en sus filas. Casi dos tercios de los encuestados indicaron que estarían más propensos a considerar una carrera en el servicio público, si la corrupción era menos extendida. |
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5. ¿Hasta qué punto se siente usted y sus amigos que tienen las herramientas necesarias para luchar contra la corrupción en su comunidad? Hay un sentido de esperanza perdida en este grupo, menos de la mitad de los encuestados sienten que tienen las herramientas para combatir la corrupción. |
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6. ¿En qué medida cree usted que la comunidad internacional debería prestar más atención a los efectos de la corrupción y de su prevención y control? Más de dos tercios de los encuestados están de acuerdo en que la comunidad internacional debe prestar mucha más atención a los efectos de la corrupción y para su prevención y control. |
Para conocer más información consulta el sitio sobre la encuesta y revisa el mapa interactivo del Foro Económico Mundial:
http://widgets.weforum.org/partnering-against-corruption-initiative/
Nota. El enlace lo ligará directamente al sitio web del Foro Económico Mundial el cual se encuentra en inglés. Con la ayuda de un servicio de traducción en línea, es posible consultar esta información en español.
Fuente: PUBLICACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE IMCO 10.Abril.2015
La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) presentó el primer Índice de Cultura de la Legalidad 2015, donde destaca que los mexicanos tienen poca disposición a cambiar las conductas nocivas, como prácticas de corrupción.
En el IDCL se califica a sectores demográficos de México en materia de disponibilidad o resistencia a cambiar prácticas hacia una Cultura de la Legalidad.
De acuerdo con Teresa Troncoso de Venguer, Directora de Cultura de la Legalidad de MUCD, el IDCL se construye con variables provenientes de la citada encuesta que miden disposición al cambio en materia de Cultura de la Legalidad. Se trata de 15 preguntas que comienzan con la frase, “Si usted hace alguna de las acciones que le voy a leer, pero alguien le dijera que ya no las haga, ¿qué tan probable es que usted…?”. Con esa base, el IDCL mide disposición hacia un cambio de actitud respecto a prácticas como dejar de: tirar basura en la calle, comprar piratería, respetar lugares reservados para personas con discapacidad, pagar impuestos y no caer en prácticas de corrupción, entre otras.
La encuesta levantada en todo el país por la empresa Consulta Mitofsky precisa que los mexicanos -sobre todo las mujeres- tienen poca disposición a cambiar conductas como no utilizar el cinturón de seguridad al manejar; comprar piratería; ceder su lugar a personas con alguna discapacidad o dar mordida por alguna razón.
Por grado de escolaridad, personas con preparación universitaria y posgrado, tienen la mayor resistencia al cambio. La ocupación que reporta mayor disposición hacia una cultura de la legalidad son los agricultores, con 6.3; en contraste, la menor es un profesionista por su cuenta/profesor, y empresario/microempresario, con 4.0. Los jóvenes con baja escolaridad tienen de los más altos índices de Disposición hacia una Cultura de la Legalidad, con 6.2.
El Índice de Conducta de la Legalidad precisa que, mientras las personas con mayor grado de estudios tienen menos disposición a cambiar, las personas adultas con estudios apenas de secundaria o primaria tienen más receptividad al cambio.
“La cultura de la legalidad es el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueve que la población crea en el Estado democrático de Derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad”, define el estudio.
Finalmente, el índice destaca que existe una mayor disposición hacia una cultura de la legalidad, en la medida en la que la población tiene menor preparación profesional, menor edad y es de zona rural.
Para consultar el reporte del Índice de Cultura de la Legalidad 2015 haz click en el siguiente botón.
Fuente: MUCD 12.Febrero.2015
Datos Nacionales
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El 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) diseñada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía tiene el propósito de recabar información sobre la calidad de servicios públicos, trámites gubernamentales; percepción y experiencias de corrupción de la población con el fin de aportar información que permita mejorar el diseño de las políticas públicas para el combate a la corrupción y la mejora de los servicios públicos. La ENCIG se aplica de manera bienal, siendo en 2013 el último ejercicio realizado.
Fuente: INEGI 10.Diciembre.2014
La corrupción es un problema en todas las economías, y hace necesario que los principales centros financieros en la UE y EE. UU. actúen de forma coordinada con economías de rápido crecimiento para impedir que los corruptos se salgan con la suya, indicó hoy la organización contra la corrupción Transparency International.
En la 20.a edición del Índice de Percepción de la Corrupción, algunos de los descensos más marcados, de entre 4 y 5 puntos, fueron China (36 sobre 100), Turquía (45) y Angola (19), a pesar de haber tenido un crecimiento económico promedio de más del 4 por ciento en los últimos cuatro años.
“El Índice de Percepción de la Corrupción 2014 pone de manifiesto que, cuando líderes y altos funcionarios abusan de su poder para usar fondos públicos en beneficio propio, el crecimiento económico se ve minado y los esfuerzos por frenar la corrupción quedan frustrados”, señaló José Ugaz, presidente de Transparency International.
Más de dos tercios de los 175 países incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción). Dinamarca se sitúa en la primera posición de 2014, con una puntuación de 92, mientras que Corea del Norte y Somalia comparten el último lugar, con apenas 8 puntos.
La puntuación de varios países tuvo un aumento o descenso de al menos cuatro puntos. El descenso más marcado fue el de Turquía (-5), Angola, China, Malawi y Ruanda (todos ellos -4). Las mejoras más notables son las de Costa de Marfil, Egipto, San Vicente y las Granadinas (+5), Afganistán, Jordania, Mali y Suazilandia (+4).
El Índice de Percepción de la Corrupción se elabora a partir de las opiniones de expertos sobre la corrupción en el sector público.
Los países en las primeras posiciones deben combatir la corrupción global
Transparency International instó a los países que ocupan las primeras posiciones del índice y donde hay niveles limitados de corrupción del sector público a renunciar a prácticas que fomentan la corrupción en otros sitios, redoblando sus esfuerzos por prevenir el lavado de dinero e impedir que sociedades secretas oculten maniobras corruptas.
Dinamarca, que ostenta el mejor resultado del índice, demuestra una profunda consolidación del estado de derecho, apoyo a la sociedad civil y normas claras que regulan la actuación de quienes ocupan funciones públicas, y adoptó a su vez una medida ejemplar en noviembre, al anunciar que prevé crear un registro público con información sobre beneficiarios finales de todas las sociedades constituidas en ese país. Esta medida, similar a aquellas anunciadas por Ucrania y el Reino Unido, significará mayores escollos para los corruptos que pretendan ocultarse detrás de sociedades constituidas en nombre de terceros.
Índice de Percepción de la Corrupción – Región América
Haz click aquí para poder visualizar el ranking global.
Fuente: TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 03.Diciembre.2014
La magnitud del cohecho internacional al descubierto por el nuevo informe de la OCDE
De acuerdo con el nuevo análisis de la OCDE sobre el costo del cohecho y la corrupción en el extranjero, la mayoría de los cohechos internacionales son pagados por empresas grandes, por lo general con el conocimiento de los altos directivos.
En los casos analizados, los cohechos equivalieron al 10.9% del valor total de la transacción en promedio, y al 34.5% de las utilidades, es decir USD 13.8 millones por cohecho. Pero, dadas la complejidad y la naturaleza oculta de las transacciones corruptas, esto sin duda es simplemente la punta del iceberg, afirma la OCDE.
Por lo general, los cohechos se pagan para obtener contratos de empresas propiedad del Estado, o controladas por el Estado, en las economías avanzadas —más que en el mundo en desarrollo—, y la mayoría de quienes los pagan y quienes los cobran provienen de países ricos.
En el OECD Foreign Bribery Report (Informe de la OCDE sobre soborno internacional) se analizan más de 400 casos en todo el mundo que implican a empresas o individuos de los 41 países signatarios de la Convención de la OCDE contra el Cohecho (Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales), los cuales estuvieron implicados en el cohecho de servidores públicos extranjeros. Los casos tuvieron lugar entre febrero de 1999, fecha en la que la Convención entró en vigor, y junio de 2014.
Casi dos tercios de los casos ocurrieron en sólo cuatro sectores: extractivo (19%); construcción (15%); transporte y almacenamiento (15%); e información y comunicaciones (10%).
Los sobornos fueron prometidos, ofrecidos o entregados con mayor frecuencia a empleados de empresas propiedad del Estado (27%), seguidos por funcionarios aduanales (11%), funcionarios de salud (7%) y funcionarios de la defensa (6%). Los jefes de Estado y ministros recibieron los cohechos en 5% de los casos, pero éstos representaron el 11% del total de lo pagado por este concepto.
En la mayoría de los casos, los cohechos se pagaron para obtener contratos de compras públicas (57%), seguidos por la agilización de trámites de despacho aduanero (12%). El 6% de los cohechos se entregaron para obtener un tratamiento fiscal preferencial.
Fuente: OCDE 02.Diciembre.2014
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El cibercrimen, en todas sus modalidades, le cuesta al mundo 113 mil millones de dólares al año. Cada segundo al menos 12 personas son víctimas de robo de identidad, información o violación de la parte intelectual, señaló en la UNAM Andrés Rengifo, director regional de Propiedad Intelectual y Seguridad Digital de Microsoft para América Latina.
En su participación en el Segundo Encuentro Latinoamericano sobre Ciberseguridad: Delitos Cibernéticos e Informática Forense, reveló que una de cada cinco pequeñas y medianas empresas son atacadas por la cibercriminalidad.
Asimismo, dio a conocer que el 50 por ciento de los usuarios de Internet es sujeto a ataques informáticos y está en situación de riesgo por desconocimiento de esta herramienta. “El 53 por ciento de entidades vinculadas con el sector financiero ha sido susceptible u objeto de afectaciones”, dijo.
En el foro, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), la Facultad de Derecho (FD) y el Fondo de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC), también participó María-Cristina Capelo, funcionaria internacional de Google, quien funge como especialista en el equipo de políticas públicas y relaciones con gobiernos para México, Centro América y El Caribe.
Ahí, reveló que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “el año pasado 80 por ciento de los adolescentes (entre 13 y 17 años) consultó Internet para informarse”.
El mismo estudio advierte que 85 por ciento de estos niños y adolescentes que fueron consultados señalaron que si se tuvieran que mudar de país y llevarse una cosa, sería su celular o su tableta conectada a la red.
El 40 por ciento de los internautas en el país tiene menos de 25 años, son nativos digitales y casi todos están en la escuela. Además, menos de cinco por ciento de su contenido está en español.
UNAM 02 10 2014