El nuevo informe de Naciones Unidas Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2022 asegura que el 22,5% de las personas en América Latina y el Caribe no cuenta con los medios suficientes para acceder a una dieta saludable. En el Caribe, un 52% de la población ha sido afectada por esta situación; en Mesoamérica este número alcanza el 27,8% y en América del Sur el 18,4%.

La publicación revela que 131,3 millones de personas en la región no pudieron costear una dieta saludable en 2020. Esto representa un aumento de 8 millones con respecto al 2019, a raíz de un mayor costo diario promedio de este tipo de dieta en América Latina y el Caribe comparado con el resto de las regiones del mundo, llegando en el Caribe a un valor de 4,23 USD, seguido de América del Sur y Mesoamérica con 3,61 USD y 3,47 USD, respectivamente.

El informe además incluye recomendaciones y un análisis de políticas para mejorar la disponibilidad y asequibilidad de alimentos nutritivos, principalmente, a fin de apoyar a las personas más vulnerables y a los hogares de bajos ingresos que gastan una mayor proporción de su presupuesto en alimentos.

El panorama socioeconómico de América Latina y el Caribe no es alentador; los grupos de población más afectados son los niños y niñas menores de 5 años y las mujeres ya que sufren una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria que los hombres.

Entre el 2019 y el 2021, la cifra de hambre en la región aumentó en 13,2 millones, alcanzando un total 56,5 millones de personas con hambre en 2021, situación que también fue afectada por el impacto de la pandemia causada por la COVID-19. Un incremento liderado por América del Sur, donde 11 millones de personas adicionales padecieron hambre. Entre 2019 y 2021, el hambre alcanzó una prevalencia del 7,9 % en América del Sur, 8,4% en Mesoamérica y 16,4% en el Caribe.

Con respecto a la inseguridad alimentaria moderada o grave, en 2021 el 40,6% de la población regional experimentó esta situación, en comparación a un 29,3% de la población a nivel mundial. La inseguridad alimentaria severa también es más frecuente en la región (14,2%) que en el mundo (11,7%).

Otras cifras presentadas en el informe señalan que la región registra una importante evolución respecto a la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. En 2020, esta cifra fue del 11,3% en América Latina y el Caribe, aproximadamente 10 puntos porcentuales por debajo del promedio mundial. Sin embargo, 3,9 millones de niños y niñas de hasta 5 años padecen sobrepeso.

La COVID-19 ha afectado a la infancia a una escala sin precedentes, lo que la convierte en la peor crisis de la infancia en los 75 años de historia de UNICEF, según ha declarado el organismo de las Naciones Unidas para la infancia en un informe publicado.

El informe Evitemos una década perdida: Hay que actuar ya para revertir los efectos de la COVID-19 sobre la infancia y la juventud subraya las distintas formas en que la COVID-19 está poniendo en peligro décadas de progreso en cuestiones fundamentales para los niños, como la pobreza, la salud, el acceso a la educación, la nutrición, la protección de la infancia y el bienestar mental. El informe revela también que, casi dos años después de la pandemia, los efectos generalizados de la COVID-19 siguen agravándose, mientras aumenta la pobreza, se arraiga la desigualdad y se ponen en peligro los derechos de los niños en unos niveles que no se habían visto antes.

Según el informe, se estima que nada menos que 100 millones de niños más viven en situación de pobreza multidimensional debido a la pandemia: un aumento del 10% desde 2019. Esto equivale aproximadamente a 1,8 niños por segundo desde mediados de marzo de 2020. Por si fuera poco, el informe señala que llevará mucho tiempo recuperar el terreno perdido: incluso en el mejor de los casos, tardaremos entre siete y ocho años en recuperarnos y regresar a la situación en materia de pobreza infantil que había antes de la COVID.

A partir de otros datos que evidencian este retroceso, el informe revela que alrededor de 60 millones de niños más viven hoy en día en hogares pobres desde el punto de vista monetario, en comparación con las cifras anteriores a la pandemia. Además, en 2020, más de 23 millones de niños no pudieron recibir las vacunas esenciales, un aumento de casi cuatro millones con respecto a 2019 y la cifra más alta en 11 años.

Incluso antes de la pandemia, alrededor de 1.000 millones de niños y niñas de todo el mundo sufrían al menos una privación grave, como la falta de acceso a la educación, la salud, la vivienda, la nutrición, el saneamiento o el agua. En la actualidad, esta cifra está aumentando, ya que la desigualdad en la recuperación está acentuando las crecientes disparidades entre los niños ricos y los pobres, si bien perjudica especialmente a los más marginados y vulnerables. El informe pone de manifiesto los siguientes datos:

Además de la pandemia, el informe advierte de que existen otras amenazas para la infancia que ponen en grave peligro sus derechos. En todo el mundo, 426 millones de niños y niñas (casi uno de cada cinco) viven en zonas donde los conflictos son cada vez más intensos y se cobran un mayor número de víctimas civiles, lo que afecta de manera desproporcionada a los niños y las niñas. Las mujeres y las niñas son las que están más expuestas a la violencia sexual relacionada con los conflictos. El 80% de todas las necesidades humanitarias están motivadas por conflictos. Del mismo modo, alrededor de 1.000 millones de niños y niñas (casi la mitad de la población infantil mundial) viven en países extremadamente vulnerables a los efectos del cambio climático.

Para responder y recuperarse, y para reimaginar el futuro de cada niño, UNICEF sigue pidiendo que se tomen las siguientes medidas:

A medida que trabajamos con los gobiernos, los donantes y otras organizaciones con el objetivo de comenzar a trazar una ruta común para los próximos 75 años, los niños y las niñas han de ser los primeros a la hora de recibir inversiones y los últimos a la hora de sufrir recortes. La promesa de nuestro futuro depende de las prioridades que establezcamos en el presente”.

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advirtió que sigue creciendo el número de personas que se encuentran al borde de la hambruna, mientras el número de personas que sufren un problema de hambre aguda se ha disparado y ha crecido en alrededor de tres millones de personas desde el inicio de año.

La cifra de quienes pasan hambre de forma aguda ha aumentado desde los 42 millones de principios de año, y los 27 millones de 2019, hasta los actuales 45 millones en 43 países.

El Programa Mundial de Alimentos y sus socios humanitarios continúan intensificando sus esfuerzos para ayudar a millones de personas que se enfrentan al hambre. Sin embargo, las necesidades superan ampliamente los recursos disponibles en un momento en el que las fuentes de financiación tradicionales están sobrecargadas.

El coste de evitar la hambruna en el mundo asciende ahora a 7000 millones de dólares, frente a los 6600 millones estimados a principios de año.

Un análisis de vulnerabilidad de la agencia de la ONU en 43 países demuestra que las familias se ven obligadas a comer menos, o a saltarse las comidas por completo, a alimentar a los niños en lugar de a los adultos y, en algunos casos extremos, a comer langostas, hojas silvestres o cactus para sobrevivir, como en Madagascar.

En otras zonas, las familias se ven obligadas a casar a los niños a una edad temprana o a sacarlos de la escuela, a vender sus bienes como el ganado o lo poco que les queda. Un caso extremo es el reportado por los medios de comunicación de Afganistán que señalan que las familias se ven obligadas a vender a sus hijos en un intento desesperado por sobrevivir.

La subida de los precios de los alimentos recientemente anunciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación no solo provoca que los alimentos estén fuera del alcance de millones de las personas más pobres del mundo, sino que también aumenta el coste de la adquisición de la comida en los mercados mundiales.

A esta coyuntura se suman los altos precios del combustible, que aumentan los costes de transporte y suponen una mayor presión sobre las cadenas de suministro mundiales: cuando hace un año el envío de un contenedor costaba 1000 dólares ahora cuesta 4000 o incluso más.

Durante este año, el Programa Mundial de Alimentos se ha embarcado en la mayor operación de su historia dirigida a 139 millones de personas en los 85 países en los que opera.

Esta labor abarca tanto las necesidades alimentarias y nutricionales de emergencia, como el trabajo con los socios para fortalecer la resiliencia y aumentar la autonomía de las personas más pobres y vulnerables del planeta.

La comida es mucho más que lo que ponemos en nuestro cuerpo. A nivel humano, es una parte profundamente importante de nuestra cultura e historia, ligada a nuestro sentido de identidad, familia y comunidad. En perspectiva, se trata de ver la comida como parte de un “sistema”: la forma en que cultivamos, producimos y distribuimos se vuelve logístico, geopolítico, global y profundamente entrelazado con el cambio climático.

Los subsidios agrícolas son una gran parte del problema. Un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP por sus siglas en inglés) revela que de los US$ 540.000 millones gastados en subvenciones, la gran mayoría de ellos (el 87%) provoca distorsiones de precios y fomenta prácticas que dañan el medio ambiente y benefician de forma desproporcionada a los grandes productores a expensas de los pequeños agricultores.

La COVID-19 ha demostrado lo que ya sabemos que está mal en las cadenas alimentarias modernas: son inestables, insostenibles e injustas.

El Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en inglés) estima que el número de personas que padecen hambre aumentó en 161 millones entre 2019 y 2020, hasta 811 millones. El hambre aguda está en su punto más alto en cinco años.

El Índice de Precios de los Productos Básicos Agrícolas es el más alto desde 2013 y en junio de este año había aumentado un 33% más que en enero de 2020.

El Banco Mundial pronostica que el impacto de la COVID-19 en las cadenas alimentarias continuará en 2022 y podría revertir el aumento de años de vida humana. Sin embargo, incluso antes de la pandemia, el cambio climático, los peligros naturales y los conflictos planteaban graves amenazas para la seguridad alimentaria.

Mientras los pobres luchan, los países ricos producen y desperdician cada vez más, dependiendo de una agricultura destructiva impulsada por el deseo de más productos animales. Esto, a su vez, está destruyendo las tierras restantes que todavía están vírgenes.

Sin una nutrición adecuada, una agricultura sostenible y un trato justo para todas aquellas personas que producen, cosechan y distribuyen alimentos, no puede haber prosperidad, paz, justicia o igualdad.

Para alcanzar los ODS y la Agenda 2030, la forma en que producimos los alimentos y los tipos de alimentos que comemos también debe cambiar.

Los sistemas alimentarios agrícolas tienen un papel fundamental para acabar con la pobreza, erradicar el hambre y reducir las desigualdades.

El PNUD trabaja a todos los niveles de producción de alimentos y con familias y agricultores de todo el mundo para eliminar los eslabones innecesarios de la cadena y garantizar que los alimentos nutritivos lleguen a quienes más los necesitan.

Nuestra red SDG Impact Accelerator está trabajando para cambiar la forma en que pensamos y practicamos la agricultura. La agricultura digital y la agricultura de precisión permiten acceder a datos concretos a tiempo real a través de sensores, GPS y medidores de flujo, lo que permite a los agricultores mejorar la calidad y la productividad del suelo.

El número de personas que sufre inseguridad alimentaria aguda y necesita asistencia urgente para salvar su vida y salvaguardar sus medios de subsistencia alcanzó en 2020 su nivel más alto en cinco años en los países aquejados por crisis alimentarias, según se revela en un informe anual presentado por la Red mundial contra las crisis alimentarias, una alianza internacional de las Naciones Unidas, la Unión Europea (UE), organismos gubernamentales y no gubernamentales que trabaja para hacer frente conjuntamente a las crisis alimentarias.

La seria advertencia formulada en el Informe mundial de 2021 sobre las crisis alimentarias pone de manifiesto que los conflictos o las conmociones económicas, a menudo relacionadas con la enfermedad por coronavirus (COVID-19) junto con las condiciones meteorológicas extremas, siguen abocando a millones de personas a la inseguridad alimentaria aguda.

En el informe de la Red mundial contra las crisis alimentarias se revela que al menos 155 millones de personas se encontraban en contextos de crisis con una inseguridad alimentaria aguda o en situaciones peores (Fases 3 a 5 de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF/CH)) en 55 países o territorios en 2020 -un aumento de alrededor de 20 millones de personas respecto del año anterior- y se advierte seriamente de una tendencia preocupante: la inseguridad alimentaria aguda lleva aumentando de forma incesante desde 2017, año de la primera edición del informe.

De dichas personas, en torno a 133 000 habían alcanzado en 2020 la fase más grave de inseguridad alimentaria aguda -la fase de catástrofe (Fase 5 de la CIF/CH)- en Burkina Faso, Sudán del Sur y el Yemen, donde fue preciso actuar urgentemente para evitar la muerte generalizada y el colapso de los medios de vida.

Al menos otros 28 millones de personas se enfrentaron a niveles de emergencia (Fase 4 de la CIF/CH) de inseguridad alimentaria aguda en 2020 -lo que significa que se encontraban a un paso de la inanición -en 38 países o territorios donde la intervención urgente salvó vidas y salvaguardó los medios de subsistencia, además de evitar que la hambruna se propagase.

Treinta y nueve países y territorios han padecido crisis alimentarias durante los cinco años que la Red mundial contra las crisis alimentarias ha venido publicando su informe anual; en esos países o territorios, la población afectada por altos niveles de inseguridad alimentaria aguda (Fases 3 a 5 de la CIF/CH) aumentó de 94 millones a 147 millones entre 2016 y 2020.

Además, en los 55 países y territorios con crisis alimentaria que abarca el informe, más de 75 millones de niños menores de cinco años sufrían retraso del crecimiento (eran demasiado bajos) y más de 15 millones, emaciación (estaban demasiado delgados) en 2020.

Las principales causas subyacentes de la creciente inseguridad alimentaria aguda de 2020 fueron:

Si bien en 2021 los conflictos siguen siendo la principal causa de las crisis alimentarias, la COVID-19 y las medidas de contención de la enfermedad, así como los fenómenos meteorológicos extremos, continuarán exacerbando la inseguridad alimentaria aguda en las economías frágiles.

“Un año después de que se declarase la pandemia de la COVID-19, las perspectivas para 2021 y posteriormente son sombrías. Los conflictos, las restricciones impuestas a raíz de la pandemia que han exacerbado las penurias económicas y la amenaza persistente de condiciones atmosféricas adversas probablemente sigan desencadenando crisis alimentarias”, afirmaron la UE, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas -miembros fundadores de la Red mundial- junto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en la declaración que publicaron con el informe.

“La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema alimentario mundial y la necesidad de sistemas más equitativos, sostenibles y resilientes para alimentar de forma nutritiva y sistemática a 8 500 millones de personas para 2030. Es necesaria una transformación radical de nuestros sistemas agroalimentarios a fin de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

“El carácter prolongado de la mayoría de las crisis alimentarias indica que las tendencias medioambientales, sociales y económicas a largo plazo agravadas por los crecientes conflictos y la inseguridad están menoscabando la resiliencia de los sistemas agroalimentarios. Si las tendencias actuales no se revierten, la frecuencia y la gravedad de las crisis alimentarias se incrementarán”.

Para abordar esos desafíos, la Red mundial redoblará los esfuerzos para promover los sistemas agroalimentarios resilientes que sean sostenibles desde el punto de vista social, medioambiental y económico y apoyará grandes eventos este año, tales como la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Cumbre del Grupo de los Veinte (G-20), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Cumbre sobre Nutrición para el crecimiento. Asimismo, cooperará con la iniciativa del Grupo de los Siete (G-7) para evitar la hambruna.

La Red mundial hace hincapié en la necesidad de actuar urgentemente y con decisión y pide a la comunidad internacional que se movilice contra el hambre.

En vísperas del Día Mundial de la Diabetes, que tiene lugar el 14 de noviembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) insta a mejorar el control de la diabetes para prevenir complicaciones relacionadas con ella, así como las complicaciones potencialmente mortales asociadas a las infecciones por el nuevo coronavirus.

En las Américas, más de 60 millones de personas viven con diabetes, principalmente con la diabetes de tipo 2, y si no se toman medidas, se estima que para 2040 habrá más de 100 millones de adultos con esta enfermedad. Además, cada año, más de 340.000 personas mueren por complicaciones relacionadas con la diabetes en la región. Por su parte, la COVID-19 ya ha infectado a más de 21 millones de personas en las Américas y los casos siguen en aumento.

La pandemia por COVID-19 ha interrumpido las rutinas diarias de millones de personas en la región y ha hecho que la enfermedad sea más difícil de manejar. Menos personas han acudido a los centros de salud para hacer visitas de seguimiento debido a las medidas de permanencia en el hogar, el temor a la infección por el nuevo coronavirus y las interrupciones en los servicios salud.

El sobrepeso y la obesidad, que afectan a más del 60% de los adultos de la región, están fuertemente vinculadas con la diabetes, una enfermedad crónica progresiva que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre. La diabetes tipo 2 – que representa la mayoría de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo, una dieta malsana y a la inactividad física- está aumentando en todo el mundo. Desde 1980, se ha triplicado el número de personas con diabetes tipo 2 en la región.

Las complicaciones por la diabetes pueden prevenirse mejorando el tratamiento y la calidad de la atención. La diabetes puede prevenirse mediante políticas de salud y fiscales, legislación, cambios en el medio ambiente y la sensibilización del público para evitar los factores de riesgo, entre ellos la obesidad, la dieta poco saludable y los estilos de vida sedentarios.

Ejemplos de estas intervenciones incluyen impuestos a las bebidas azucaradas; prohibiciones a la publicidad de alimentos ultraprocesados para niños; el etiquetado de los alimentos en el frente del paquete para informar a los consumidores sobre el alto contenido de sal, azúcar y grasa; y la promoción de espacios recreativos seguros y accesibles para fomentar la vida activa. Una dieta saludable y 30 minutos de actividad física moderada todos los días pueden reducir el riesgo de que los niños y adolescentes tengan sobrepeso.

Como parte del Plan de Acción Global para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, la OPS apoya a los países de la región en estos esfuerzos por reducir las complicaciones relacionadas con la diabetes y la mortalidad prematura. La OPS también ayuda a los países a adquirir medicamentos para tratar la diabetes a precios asequibles, reduciendo los costos asociados al tratamiento de esta enfermedad crónica.

Fuente: OPS 12 de noviembre de 2020

La dependencia federal no registra subejercicio presupuestal con relación al monto anual modificado de 44 mil 987.45 millones de pesos, toda vez que, al 30 de septiembre, el total aplicado (41 mil 236.63 millones de pesos) representa el 99.6 por ciento con respecto al programado para el periodo.

Los resultados que registra la producción primaria demuestran la resiliencia del sector agroalimentario, toda vez que mientras la economía cayó 9.8 por ciento, su comportamiento fue más positivo, con crecimiento de 2.7 por ciento al tercer trimestre del 2020, año en el que se prevé que la producción de granos básicos se incremente en ocho por ciento respecto de 2019, y se aproxime a los 34 millones de toneladas.

Nuestra balanza comercial agroalimentaria, se mantuvo favorable, con un superávit que de enero a agosto alcanzó ocho mil 839 millones de dólares, esto es, un incremento de 31 por ciento a tasa anual.

La balanza agropecuaria y pesquera, en el mismo periodo, presentó alza en las exportaciones y reducción en las importaciones, lo que nos dio un saldo positivo de cuatro mil 384 millones de dólares.

El programa Producción para el Bienestar ejerció nueve mil 492.7 millones de pesos, monto que representa un 86.3% del presupuesto total del Programa para 2020 y 21.4% más que lo erogado en el mismo periodo de 2019. La mayoría de estos recursos corresponden a apoyos canalizados directamente a un millón 984 mil 041 productores, de los que 83.9% (1,665,122) son de pequeña escala, con predios de hasta 5 hectáreas de temporal y 0.2 de riego.

Para el cultivo de granos básicos se destinaron siete mil 361.1 millones de pesos; a la producción de caña de azúcar se destinaron 900 millones; y a la cosecha de café, 816 millones de pesos.

A través Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se desarrollaron programas en apoyo a la economía campesina y a la autosuficiencia alimentaria, tales como el programa Precios de Garantía a maíz, frijol, trigo, arroz y leche, que, entre septiembre de 2019 y junio de 2020, tuvo una derrama económica de siete mil 300 millones de pesos para 97 mil 778 beneficiarios, permitió que su ingreso se elevara en 33.5% respecto del precio medio rural de sus productos. Estos agricultores cosecharon 1,848,167 toneladas de granos y produjeron 411.3 millones de litros de leche.

De septiembre de 2019 a junio de 2020, a través del programa de Abasto Social de Leche se distribuyeron 673 millones de litros de leche, para apoyar a la población beneficiaria en 2,131 municipios del país. Mientras que, con el programa de Adquisición de Leche Nacional, se compró leche fresca a poco más de 5,500 productores nacionales, con una derrama económica del orden de los 4,858 millones de pesos.

Para privilegiar a quienes sufren en mayor medida la desigualdad, además de reconocer el destacado papel que desempeña la mujer rural, Agricultura ha destinado específicamente cinco mil 965 millones de pesos en este año a casi a un millón de beneficiarias.

Este día se celebra, por tercera ocasión, el Día Mundial de la Estadística con el lema “Conectando al mundo con datos confiables”, el cual se realiza cada cinco años, organizado bajo la dirección de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas con la participación de más de 140 Estados miembros de dicha comisión, así como de organizaciones internacionales y regionales.

La consigna que promueve la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas invita a reflexionar sobre la importancia de la confianza, los datos oficiales, la innovación y el bien público que generan los sistemas estadísticos nacionales.

En México, el INEGI es el organismo constitucional autónomo del Estado mexicano que, además de ser el principal productor de estadísticas oficiales del país, coordina el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

La fortaleza institucional del INEGI es fundamental para mantener la credibilidad en la medición de la realidad mexicana y esto es posible gracias a 5 pilares que rigen su actuar: autonomía; objetividad y rigurosidad técnica; principios y buenas prácticas; transparencia y rendición de cuentas y participación de la sociedad.

El INEGI tiene como mandato brindar a la sociedad y al Estado información estadística confiable, de acuerdo con las mejores prácticas nacionales e internacionales, generada y difundida libre de presiones de grupos de interés, que sirva de fundamento para la toma de decisiones basadas en evidencia.

Aplicar las mejores prácticas nacionales e internacionales, así como utilizar metodologías científicamente sustentadas, permite la comparabilidad internacional de la información y da la oportunidad a nuestro país de estar conectado con el mundo.

Actualmente, el Instituto cuenta con información estadística que permite el análisis de una gran variedad de fenómenos sociales y económicos tales como: población, ocupación y empleo, ingreso y gasto de los hogares, migración, salud y nutrición, victimización, percepción de inseguridad, corrupción, gobierno, igualdad de género, competitividad, evolución de las actividades económicas, comportamiento de precios, ciclos económicos, inclusión financiera, bienestar subjetivo, movilidad social, medio ambiente, uso de las tecnologías de la información, entre otros.

Asimismo, el INEGI mantiene el compromiso de atender las necesidades de información de los usuarios para responder de manera rápida y eficiente a nuevas demandas de información, así como a necesidades coyunturales que permitan prevenir y en su caso atender emergencias o catástrofes.

Tal es el caso de la pandemia por el COVID-19, en donde el Instituto tuvo que innovar en procesos alternativos de captación para seguir ofreciendo información pertinente a la sociedad y amplió su oferta de productos para poder medir el impacto de esta emergencia sanitaria en la actividad económica y el mercado laboral.

Por todo lo anterior, el Instituto contribuye a la comunidad estadística internacional contando con información estadística confiable y comparable para conocer los fenómenos que acontecen, comprender nuestro mundo y aportar al progreso de nuestras sociedades.

Y convoca a la sociedad a continuar contribuyendo a la generación de esta información participando como informantes de los distintos programas y a través de las consultas públicas, asimismo a seguir utilizando la información estadística para la toma de decisiones.

Se necesitan medidas urgentes para evitar que la salud y la nutrición de los niños más vulnerables en México se deteriore, advirtieron el Instituto Nacional de Salud Pública y tres agencias de las Naciones Unidas.

Las organizaciones expresaron grave preocupación ya que México es un país que por décadas ha enfrentado grandes desigualdades, y atraviesa la crisis del coronavirus con el 55,5% de los hogares del país presentando algún grado de inseguridad alimentaria, es decir, con una incapacidad para satisfacer sus necesidades mínimas de comida durante largos periodos.

Según un documento publicado por las agencias entre las que se encuentra el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Panamericana de la Salud, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se estima que la crisis económica por la pérdida de empleo y reducción de ingresos, intensificará aún más la vulnerabilidad de los hogares, especialmente de la población que ya vivía en situación de pobreza o carencia alimentaria, por lo que ésta debe recibir atención prioritaria.

Los expertos temen que los sistemas alimentarios puedan verse afectados a mediano y largo plazo, y resaltaron la importancia de mantener viva la cadena de suministros, tomando medidas que eviten aumentos en los precios de los alimentos.

Actualmente México carece de un programa nacional consolidado y con recursos para mitigar el impacto económico que la pandemia de COVID-19 tendrá en el estado de nutrición y salud desde los primeros años de vida de un niño o niña, advirtieron.

La buena nutrición es una parte esencial de la defensa contra el COVID-19, ya que las personas desnutridas tienen sistemas inmunes más débiles que aumentan su riesgo de enfermedad en general. Al mismo tiempo, la obesidad y la diabetes están fuertemente relacionadas con las manifestaciones más severas de esta enfermedad en particular, incluido un mayor riesgo de hospitalización y muerte.

Las agencias resaltaron que a medida que se adoptan estrategias para frenar la propagación del COVID-19, se debe asegurar que haya suficientes alimentos nutritivos y que sean distribuidos de manera justa, para cubrir las necesidades básicas de alimentación de toda la población, especialmente los más vulnerables. Para ello, se debe garantizar la continuidad y adaptación de los sistemas alimentarios que corren el riesgo de interrumpirse por diversos factores asociados a la pandemia.

Los expertos pidieron en un documento la participación y contribución de todos los sectores de la sociedad, liderados por el gobierno federal, con la participación de organismos internacionales y de la sociedad civil, profesionales de la salud, medios de comunicación y sociedad en general para implementar medidas urgentes que permitan mitigar el impacto duradero de la pandemia.

Fuente: SAGARPA 04 de mayo de 2020