La historia registra la prevención y combate de los incendios forestales en México, desde la época de la Colonia, a partir de 1803, cuando Carlos V emitió el decreto de ordenanza que obligaba a combatir el fuego que arrasaba los bosques. A principios del siglo XX, Miguel Ángel de Quevedo, el “Apóstol del Árbol”, sentó las bases de la prevención y el combate de incendios forestales.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor), en conjunto con los tres órdenes de gobierno, los dueños y poseedores de los terrenos forestales, así como la sociedad civil organizada, han venido realizando acciones encaminadas a reducir la afectación a la superficie forestal ocasionado por incendios forestales dañinos.

Lo anterior lo menciona la Conafor en el Programa de Manejo del Fuego 2020-2024, y señala que este proceso implica el entendimiento del fuego desde un punto de vista ecológico, cultural y técnico, lo que reúne tres conceptos: una aplicación técnica que involucra una presupresión del fuego, prevención, supresión y uso del fuego; una cultura del fuego que considera necesidades e impactos socioeconómicos, y la ecología del fuego que es el entendimiento del fuego como un factor que es parte integral de la dinámica en los ecosistemas.

Las y los combatientes forestales han sido en todo el mundo el baluarte para detener las llamas del fuego, y las aniquilan aun a costa de su integridad personal, e incluso de su propia vida, con el fin de proteger a la naturaleza y la vida de las personas que habitan en los entornos boscosos.

La Country Fire Authority y la Comunidad de Victoria fijaron el 4 de mayo para esa conmemoración y adoptaron el uso de una cinta roja, a la que después se agregó el color azul para simbolizar los elementos fuego y agua, en reconocimiento a los combatientes forestales muertos y sus familias, homenaje que la comunidad internacional acogió.

México se unió a ese homenaje, y el 3 de marzo de 2014 el gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se dedica en el país el 11 de julio para honrar a mujeres y hombres que combaten el fuego forestal.

En un país tan vasto como México, con importantes masas forestales, mujeres y hombres participan en la loable tarea de combatir las llamas en bosques, matorrales y pastizales. Previo a la temporada de incendios forestales, en los seis centros regionales de Manejo del Fuego (CRMF) de la Conafor en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Puebla y Campeche, se preparan física, técnica y anímicamente para acudir a donde sean requeridos sus servicios, no sólo en territorio nacional sino en conflagraciones sucedidas en otros países donde han sobresalido por su arrojo, conocimiento y desempeño.

Honremos a estos heroicos compatriotas que combaten cuerpo a cuerpo al elemento abrasador que es el fuego forestal.

Fuente: SEMARNAT 04 de mayo de 2023

Desde que los ensayos nucleares empezaron en 1945, se han ejecutado más de 2000 pruebas, dejando consecuencias devastadoras para la humanidad.

La historia nos ha demostrado que las tragedias humanas y medioambientales resultantes de los ensayos nucleares justifican la necesidad de conmemorar el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, más aún teniendo en cuenta que las armas atómicas contemporáneas son cada vez más poderosas y destructivas.

Ante esta creciente amenaza, el 2 de diciembre de 2009, la Asamblea General aprobó por unanimidad su resolución 64/35 en donde se declara el 29 de agosto como el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. La resolución, que fue propuesta por la República de Kazajstán, apoyada por otros países, tenía como finalidad celebrar la clausura del polígono de ensayos nucleares de Semipalátinsk, la cual ocurrió ese mismo día de agosto en 1991.

La primera conmemoración de este día fue celebrada en 2010 y desde entonces, a lo largo de esa jornada y sus vísperas, se organizan diversas actividades en todo el mundo, tales como simposios, conferencias, exposiciones, concursos, publicaciones, ponencias, programas de televisión y radiodifusión y otras iniciativas.

Posteriormente a este esfuerzo, en octubre de 2013, “convencida de que el desarme nuclear y la eliminación total de las armas nucleares constituyen la única garantía absoluta contra el empleo o amenaza del empleo de armas nucleares”, la Asamblea General en su resolución A/RES/68/32, declaró el 26 de septiembre Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, con la finalidad de fomentar iniciativas internacionales para lograr la desaparición total del armamento nuclear.

La primera celebración de este día en 2014, junto con otras actividades e iniciativas, ha contribuido a crear un ambiente internacional que apuesta con firmeza por alcanzar un mundo sin armas nucleares.

Los desafíos persisten, ya que el instrumento internacional que las impediría, el “Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (TPCEN)” (de 1996), desafortunadamente, no ha entrado todavía en vigor.

El 2 de diciembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su sexagésimo cuarto período de sesiones, declaró el 29 de agosto Día Internacional contra los Ensayos Nucleares mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 64/35. En el preámbulo de la resolución se hace hincapié en que «debe hacerse todo lo posible para poner fin a los ensayos nucleares con el fin de evitar efectos devastadores y perjudiciales para la vida y la salud de las personas y para el medio ambiente» y en que “la cesación de los ensayos nucleares es uno de los medios fundamentales para lograr el objetivo de un mundo libre de armas nucleares”.

El principal mecanismo para la erradicación de los ensayos de armas nucleares es el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (TPCE), que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996. Hasta la fecha, 186 Estados han firmado el Tratado y 174 lo han ratificado. Para que el tratado entre en vigor debe ser ratificado por aquellos Estados que poseen capacidades nucleares importantes.

Si bien la comunidad internacional está de acuerdo con que los ensayos de armas nucleares ponen en peligro la vida, todavía existe, hasta cierto punto, entre los Estados el recelo frente a la posibilidad de que se realicen ensayos clandestinos. También existe el temor de que, si no se hacen ensayos, las armas nucleares dejen de ser fiables. Sin embargo, a lo largo de los años, los progresos científicos y tecnológicos han avanzado de manera exponencial, aumentando la capacidad de supervisar y verificar los mecanismos de fiscalización, así como de detectar la proliferación de armas nucleares. Estas actividades e instrumentos de vigilancia fueron propuestos y elaborados por la Secretaría Técnica Provisional de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE). A pesar del estancamiento del proceso de ratificación, una sensibilización pública cada vez mayor, incluidas las actividades del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, presiona a los Estados para que firmen el Tratado con el fin de erradicar definitivamente estos ensayos.

La Comisión Preparatoria de la OTPCE y los 174 países que han ratificado el tratado continúan promoviendo la entrada en vigor del mismo. El singular sistema de vigilancia de la OTPCE, que ya incluye más del 90% de los países signatarios, garantiza a los Estados que ninguna explosión nuclear pasará indetectada.

Sin embargo, nada contribuiría más a evitar una guerra nuclear o la amenaza del terrorismo nuclear que la eliminación de los ensayos nucleares. Y es que, el final irreversible de las explosiones nucleares es la única manera de prevenir el desarrollo futuro de las armas nucleares.

A tenor de un nuevo estudio pionero publicado en Nature Food, los sistemas alimentarios del planeta son responsables de más de un tercio de las emisiones antropógenas mundiales de gases de efecto invernadero (GEI).

Según los cálculos, las emisiones procedentes de los sistemas alimentarios, desde las derivadas del cambio del uso de la tierra y la producción agrícola hasta del envasado y la gestión de residuos, ascendieron a 18 000 millones de toneladas de equivalente de dióxido de carbono en 2015. Esto constituye el 34 % del total, un porcentaje que ha ido disminuyendo gradualmente -respecto del 44 % alcanzado en 1990-, aun cuando dichas emisiones siguieron aumentando en términos absolutos.

El estudio, elaborado por el Sr. Francesco Tubiello, un estadístico superior y especialista en cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en colaboración con investigadores del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en Ispra (Italia), brinda una mina de datos y, no menos importante, permite presentar una nueva base de datos -EDGAR-FOOD- que se remontan a 1990 y que posibilitan un seguimiento detallado de las tendencias futuras y en curso. La nueva herramienta, que cuenta con los principales datos de FAOSTAT sobre la utilización de la tierra, proporciona una serie de datos completa y coherente sobre múltiples sectores que resultarán fundamentales en el diseño de medidas eficaces de mitigación y vías de transformación hacia sistemas alimentarios sostenibles.

Asimismo, aporta estimaciones y un conocimiento más precisos de los efectos sobre el clima que tienen la producción, la distribución y el consumo de alimentos, de cara a la emblemática Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios que se celebrara más adelante este año. En el Informe especial sobre el cambio climático y la tierra del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático se atribuyeron recientemente entre 11 000 millones y 19 000 millones de toneladas de emisiones al año, un amplio margen, lo que subraya la necesidad de colmar nuestras lagunas de conocimiento.

La base de datos EDGAR-FOOD representa un hito para entender el modo en que se ha desarrollado el sistema alimentario mundial. Permite realizar evaluaciones sobre la forma en que los cambios en el comportamiento del consumidor o la evolución tecnológica podrían repercutir en las emisiones de GEI derivadas de los sistemas alimentarios y puede servir como valiosa herramienta para los investigadores que se centren en sectores específicos, así como los responsables de las políticas encargados de formular estrategias de mitigación que no se limiten a traspasar las emisiones a otros sectores.

La FAO cuenta con potentes conjuntos de datos sobre las emisiones relativas a la agricultura y la utilización de la tierra y está creando otro para contribuir a la labor de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios.

Principales Conclusiones

Unos dos tercios de las emisiones derivadas de los sistemas alimentarios mundiales provienen del sector relacionado con la tierra, que comprende la agricultura, la utilización de la tierra y los cambios que se producen en dicha utilización. Esa cifra es más elevada en el caso de los países en desarrollo, pero, con la disminución de la deforestación y el aumento de las actividades de los eslabones finales de la cadena de producción, como la elaboración y la refrigeración de alimentos, también ha ido descendiendo de manera considerable.

Por lo que respecta a su porcentaje de todas las emisiones de GEI antropógenas, los sistemas alimentarios de los países industrializados se mantienen estables en líneas generales, aproximadamente en el 24 %, mientras que en los países en desarrollo este ha bajado notablemente -debido en parte a unos incrementos muy elevados de las emisiones no alimentarias- hasta el 39 % en 2015 respecto del 68 % en 1990.

En la investigación se pone de relieve la manera en que los sistemas alimentarios mundiales consumen cada vez más energía, lo que refleja las tendencias en los sectores minorista y de envasado, transporte y elaboración, cuyas emisiones están creciendo rápidamente en algunos países en desarrollo. Mientras tanto, en los países industrializados ha aumentado la emisión de GEI fluorados -que tienen un efecto turbocompresor sobre el calentamiento global- utilizados en refrigeración y otras aplicaciones industriales. La refrigeración es responsable de casi la mitad del consumo de energía del sector minorista y de los supermercados, cuyas emisiones en Europa han aumentado más de cuatro veces desde 1990. Las actividades a nivel mundial de la “cadena de frío” representan en torno al 5 % de las emisiones mundiales de los sistemas alimentarios, una cifra que se prevé que se incremente.

Asimismo, se reveló que el envasado contribuye actualmente con un 5,4 % de las emisiones mundiales de los sistemas alimentarios, más que cualquier otro factor de la cadena de suministro, incluido el transporte. Sin embargo, la intensidad de las emisiones varía notablemente según el producto: el vino y la cerveza representan un porcentaje significativo de los efectos del envasado, mientras que los plátanos y el azúcar de remolacha generan mayores emisiones a causa del transporte.

En promedio, las emisiones mundiales anuales per cápita relacionadas con los alimentos han disminuido alrededor de un tercio, hasta las 2 toneladas de CO2 equivalente. Esa cifra no debería interpretarse como la “huella de consumidor”, ya que esta última varía según los hábitos dietéticos específicos, pero puede usarse como indicador de los esfuerzos nacionales de mitigación para reducir las emisiones de GEI derivadas del sistema alimentario en conjunto.

Las estimaciones más precisas relativas a la prevalencia de la violencia de pareja y la violencia sexual se derivan de las encuestas poblacionales basadas en los testimonios de las víctimas. En un análisis llevado a cabo en 2013 por la OMS en colaboración con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica, en el que se utilizaron los datos de más de 80 países, se observó que, en todo el mundo, una de cada tres mujeres (o el 35%) había sido objeto de violencia física o violencia sexual bien dentro o fuera de la pareja.

Casi un tercio (30%) de todas las mujeres que han tenido una relación ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Las estimaciones de prevalencia de la violencia de pareja oscilan entre el 23,2% en los países de ingresos altos y el 24,6% en la región del Pacífico Occidental, al 37% en la región del Mediterráneo Oriental y el 37,7% en la región de Asia Sudoriental.

El 38% de los feminicidios que se cometen en el mundo son perpetrados por la pareja. Además de la violencia de pareja, el 7% de las mujeres refieren haber sufrido agresiones sexuales por personas distintas de su pareja, si bien los datos a ese respecto son más escasos. Los actos de violencia de pareja y violencia sexual son cometidos en su mayoría por hombres contra mujeres.

La violencia de pareja (física, sexual y emocional) y la violencia sexual ocasionan graves problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo a las mujeres. También afecta a sus hijos y tiene un elevado costo social y económico para la mujer, su familia y la sociedad.

Repercusión en los niños

Los costos sociales y económicos de este problema son enormes y repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos.

Cada vez hay más estudios bien concebidos sobre la eficacia de los programas de prevención y respuesta. Se necesitan más recursos que refuercen la prevención y la respuesta frente a la violencia de pareja y la violencia sexual, en particular en el ámbito de la prevención primaria, a fin de impedir que llegue a producirse.

Existen datos procedentes de los países de ingresos altos que indican que las intervenciones de sensibilización y la prestación de orientación psicológica para mejorar el acceso a los servicios dirigidos a las víctimas de violencia de pareja son eficaces a la hora de reducir dicha violencia. Los programas de visitas domiciliarias en que participan los servicios periféricos de salud por medio de profesionales de enfermería capacitados también parecen prometedores a efectos de reducir la violencia de pareja. No obstante, aún han de evaluarse para poder ser utilizados en entornos con pocos recursos.

Entre las estrategias de prevención que podrían dar buenos resultados en entornos de bajos recursos cabe citar las siguientes: aquellas que permiten que la mujer se emancipe económica y socialmente mediante una combinación de microfinanciación y formación en materia de igualdad de género; las que fomentan la comunicación y las relaciones interpersonales dentro de la pareja y la comunidad; las que reducen el acceso al alcohol y su uso nocivo; las que transforman las normas sociales y de género nocivas, mediante la movilización de la comunidad y la educación grupal y participativa de mujeres y hombres con el fin de provocar una reflexión crítica sobre las relaciones de género y de poder desiguales.

https://youtu.be/NAlY-1KI6ts

Los nuevos datos hechos públicos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados demuestran que la violencia contra la mujer continúa siendo un problema generalizado y devastador y que se empieza a sufrir a edades alarmantemente tempranas. Cerca de 736 millones de mujeres (es decir, una de cada tres) sufren violencia física o sexual infligida por un compañero íntimo o agresiones sexuales perpetradas por otras personas, unas cifras que se han mantenido estables a lo largo del decenio más reciente.

Esta violencia empieza temprano: una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 24 años que han mantenido alguna relación íntima habrán sido objeto de las conductas violentas de un compañero íntimo cuando cumplan 25 años.

Alrededor de 641 millones de mujeres en el mundo sufren actos violentos perpetrados por un compañero íntimo. Esta forma de violencia es, con diferencia, la más frecuente que sufren las mujeres. Sin embargo, el 6% de las mujeres refieren haber sido agredidas sexualmente por personas que no son ni su marido ni un compañero íntimo. Si tenemos en cuenta el alto grado de estigmatización y el hecho de que muchos abusos sexuales no se denuncian, es probable que, en la práctica, estas cifras sean mucho mayores.

Este informe, que presenta datos obtenidos en el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres, ha sido realizado por la OMS por encargo de un grupo de trabajo especial de las Naciones Unidas. Se basa en datos que corresponden al periodo comprendido entre 2000 y 2018 y aporta nuevas estimaciones después de las más recientes publicadas en 2013.

Cabe señalar que, si bien las cifras publicadas revelan tasas alarmantemente altas de violencia contra las mujeres y las niñas, no reflejan el impacto que la pandemia de COVID-19 está teniendo en la actualidad.

Las mujeres que viven en países de ingresos bajos y en la franja de países de menores ingresos dentro del grupo de países de ingresos intermedios sufren esta violencia de forma desproporcionada. Según los cálculos, el 37% de las mujeres de los países más pobres han sido objeto de violencia física y/o sexual por parte de un compañero íntimo en algún momento de su vida, y en algunos de estos países la prevalencia llega a ser de una de cada dos mujeres.

Todas las formas de violencia que sufre una mujer pueden afectar a su salud y su bienestar durante el resto de su vida, incluso mucho tiempo después de ocurridas. Las víctimas corren mayor riesgo de presentar lesiones, depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual (incluida la infección por el VIH) y muchos otros problemas de salud. Además, se trata de un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y conlleva unos costos enormes que repercuten en el desarrollo general y en los presupuestos de los países.

Para prevenir la violencia es preciso solventar las desigualdades económicas y sociales sistémicas, velar por el acceso a la educación y al trabajo seguros e introducir cambios en las normas y las instituciones que discriminan por motivos de género. Hay también otras intervenciones eficaces, como los programas aplicados para garantizar la disponibilidad de servicios esenciales para las mujeres que han sobrevivido a actos violentos, prestar apoyo a las organizaciones de mujeres, hacer frente a las normas sociales que perpetúan las desigualdades, reformar las leyes discriminatorias y potenciar los mecanismos jurídicos pertinentes, entre muchas otras.

En el mayor llamamiento humanitario de su historia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) pidió este lunes a la comunidad internacional de donantes reunir 818 millones de dólares para llevar asistencia vital a 54 millones de mujeres, niñas y jóvenes en 68 países a lo largo de 2021.

La ayuda – que incluiría servicios de salud sexual y reproductiva, así como de protección de la violencia de género y apoyo a sus víctimas -, buscaría contrarrestar la interrupción de esos servicios básicos toda vez que los sistemas de salud han concentrado sus recursos y atención en la pandemia de COVID-19.

La agencia de la ONU subrayó, en este contexto, la escalada de la violencia doméstica y de género y la creciente urgencia de brindar servicios psicosociales durante la crisis sanitaria.

Si bien su plan de acción humanitaria para el año entrante abarca 68 países, el UNFPA destacó las naciones donde es mayor la emergencia:

Yemen: Como consecuencia del conflicto, más del 80% de la población, incluido más de un millón de mujeres embarazadas – muchas de ellas gravemente desnutridas -, precisa alguna forma de asistencia. Sólo la mitad de las instalaciones de salud permanecen funcionales y las denuncias de violencia de género han aumentado. La intención es asignarle 100 millones de dólares.

Siria: Tras una década de conflicto, más de once millones de personas necesitan asistencia y 5,7 se han refugiado en los países vecinos. Las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables y el UNFPA trabaja con socios en el terreno para llevarles servicios de salud sexual y reproductiva y suministros básicos. La partida planeada para el país es de 81 millones de dólares.

República Democrática del Congo: La agencia de la ONU promueve la coexistencia pacífica entre comunidades con énfasis en las mujeres y jóvenes. También ha establecido líneas de ayuda para las víctimas de violencia de género. Los fondos para este país sumarían 67 millones de dólares.

Sudán: De los 12,7 millones de personas que precisan asistencia, casi 300.000 son mujeres embarazadas y apenas un tercio de los centros de salud cuenta con servicios de obstetricia. La asistencia para la violencia de género tampoco es fácil de encontrar. El UNFPA destinará 40 millones de dólares a Sudán.

Venezuela y países de acogida de refugiados venezolanos: Las medidas para frenar la propagación del COVID-19 han interrumpido el acceso a los servicios básicos y han hecho que decenas de miles de personas que habían migrado regresen a Venezuela. El UNFPA trabaja para garantizar la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva y para reducir el riesgo de violencia de género entre las niñas, mujeres y comunidades de acogida. La agencia proyecta otorgar a esta emergencia 27 millones de dólares.

Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física, la mayor parte de las veces a manos de su pareja. Aún así, sólo dos de cada tres países han prohibido la violencia doméstica, en 37 no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima y en otros 49 no existe una legislación que proteja a las mujeres de ese lastre.

Desde que surgió el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes de los trabajadores de primera línea revelan que la violencia contra las mujeres y las niñas se ha agudizado, sobre todo cuando ocurre en el hogar.

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, destacó la diferencia en la respuesta que las sociedades y los servicios públicos dan a las personas que contraen una enfermedad que podría ser mortal y a las que piden ayuda porque sus parejas amenazan su salud o su vida.

Según los datos de ONU Mujeres, sólo el año pasado, 243 millones de mujeres y niñas sufrieron violencia sexual o física por parte de sus parejas. Este año, las denuncias de violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado, el ciberacoso, los matrimonios infantiles y el acoso y la violencia sexuales han aumentado.

“Las mujeres deben gozar de pleno acceso a la justicia, procedimientos judiciales confiables y prevención efectiva de los delitos”, recalcó, añadiendo que menos del 40% de las mujeres víctimas de delitos violentos denuncian estas agresiones por desconfianza en la respuesta que obtendrán del sistema.

Mlambo-Ngcuka afirmó que el cambio debe empezar en las facultades de Derecho y las academias de policía, enseñándole a sus estudiantes a reconocer e intervenir en casos de maltrato. “Implica erradicar la impunidad, con marcos jurídicos y políticos sólidos y con datos para registrar los avances y exigir cuentas de la sociedad y de las autoridades”, apuntó.

“La economía de la violencia es simple y devastadora. Nadie sale ganando. Todas las personas perdemos. Debemos revertir esta situación”, enfatizó la directora ejecutiva y sostuvo que esto se puede lograr con voluntad.

Hace 20 años, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la que designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre este flagelo y de impulsar medidas para ponerle fin.

Hasta la fecha, sólo dos de cada tres países han prohibido la violencia doméstica, mientras que en 37 Estados todavía no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima. Además, en otros 49 Estados no existe aún una legislación que proteja a las mujeres de la violencia doméstica.

Para amplificar su llamado a acabar con la violencia contra las mujeres, el Día Internacional marca el principio de la campaña anual 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que termina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) manifestó hoy su preocupación por la persistencia de la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas de la región y por las altas tasas de feminicidio observadas. Según los últimos datos oficiales reportados al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión, en 2019 se registraron 4.640 casos de feminicidio en 24 países, 18 latinoamericanos y 6 caribeños.

La situación de las mujeres y las niñas se ha visto agravada durante el confinamiento y las restricciones de movilidad dispuestas por los países frente al COVID-19, que limitaron su acceso a redes de apoyo y servicios de atención, plantea la CEPAL en un documento publicado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, y que da inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

“La violencia de género ocurre de forma sistemática en nuestra región. No conoce fronteras, afecta a mujeres y niñas de todas las edades y sucede en todos los espacios: en los lugares de trabajo, en el marco de la participación política y comunitaria, en el transporte y en la calle, en la escuela y en los centros educativos, en el ciberespacio y, sin duda, en los propios hogares. Es lo que en el sistema de las Naciones Unidas hemos llamado una ‘pandemia en la sombra’”, señaló la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

De acuerdo con encuestas nacionales de seis países de la región, entre el 60% y el 76% de las mujeres (alrededor de 2 de cada 3) ha sido víctima de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida. Además, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima o vive violencia física, psicológica y/o sexual, por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal: el feminicidio o femicidio.

Los gobiernos de la región han informado al Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe de la CEPAL más de 90 medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres en este período. Se destaca la respuesta de países donde la totalidad o parte de los servicios de atención a este flagelo fueron declarados esenciales. Sin embargo, la adaptación a modalidades remotas ha sido muy compleja y limita el acceso a la justicia, lo que aumenta el riesgo de impunidad que afecta a estos delitos, alerta la CEPAL.

El documento señala que “la gran cantidad de denuncias en líneas remotas y de forma presencial exige fortalecer la acción pública con aumento de recursos fiscales y medidas que garanticen la atención integral en servicios sociales y acceso a la justicia a través de canales activos y expeditos”.

“Para superar la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas se requiere de políticas que aborden los nudos estructurales de la desigualdad, principalmente los derivados de los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos”, dice la CEPAL. “Urge avanzar en forma integral y acelerada en la garantía de los derechos y la autonomía de las mujeres en sus dimensiones económica, física y en la toma de decisiones”.

Fuente: CEPAL 24 de noviembre de 2020

La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia que no hemos logrado erradicar y que afecta a todos los países del mundo. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de la campaña Únete, la Organización de las Naciones Unidas convoca a la sociedad en su conjunto a hacer frente a otra pandemia: la violencia contra las mujeres y las niñas, la cual ha generado que en México 7 de cada 10 mujeres hayan enfrentado algún tipo de violencia.

Las emergencias humanitarias, los desastres, las crisis económicas y las pandemias generan, para las mujeres y las niñas, mayores riesgos de padecer violencia. La pandemia de COVID-19 no es una excepción; esta es mucho más que una crisis sanitaria, se trata de una crisis global que podría revertir décadas de progreso en los derechos y la igualdad de género.

La pandemia afecta desproporcionadamente a las mujeres y las niñas. Mientras que los hombres sufren tasas de mortalidad más altas, las mujeres se ven especialmente afectadas por las consecuencias económicas, sociales, y la violencia de género, es decir, sufren una violencia estructural que las afecta tanto en espacios privados como públicos, lo cual vulnera la garantía de sus derechos humanos.

Por ello, bajo el lema: Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir y recopilar!, este año la campaña ÚNETE pone énfasis en la importancia de los gobiernos y el trabajo en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas, sociedad civil y el sector privado para generar una estrategia de compromiso político a fin de acelerar respuestas concretas en los cuatro ejes de la campaña: financiarun paquete mínimo de servicios esenciales; responder adecuadamente a las sobrevivientes para garantizar su acceso a los servicios esenciales; prevenir la violencia y modificar las normas sociales que le dan origen y la normalizan; y recopilar datos e información para construir políticas que prevengan, atiendan y sancionen la violencia estructural que viven millones de mujeres y niñas, además de la adopción de medidas en pro de la reparación, la verdad y la memoria de las mujeres víctimas de la violencia.

Para seguir respondiendo a esta situación de urgencia, a petición del Secretario General de la ONU, el Sistema de las Naciones Unidas ha diseñado una estrategia con cuatro ejes de compromisos a fin de acelerar una respuesta de políticas públicas concretas respecto de la violencia de género en el contexto de COVID-19 y promover la política de cero tolerancia hacia la violencia en todas las esferas de la sociedad:

1. Financiar: dar prioridad al financiamiento de un paquete de servicios esenciales que incluyan la prevención de violencia de género. Y asegurar un financiamiento flexible a las organizaciones de sociedad civil de los derechos de las mujeres que trabajan en el nexo entre COVID-19 y la violencia de género.

2. Prevenir: declarar una política nacional de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y las niñas con un plan de acción concreto.

3. Responder: poner especial atención sobre las víctimas y sobrevivientes, a través del paquete de servicios esenciales que incluyan el acceso a la procuración e impartición de justicia, así como a servicios sociales y de salud.

4. Recopilar: datos del incremento en los diversos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, incluido el ámbito digital, con el fin de generar una política que prevenga y atienda la violencia en circunstancias específicas de confinamiento.

El hecho de que la violencia esté tan presente, no quiere decir que sea normal ni mucho menos aceptable; a pesar de toda la devastación que ha causado, la crisis del COVID-19 también representa una oportunidad generacional para construir economías y sociedades más inclusivas, pacíficas y libres del flagelo de la violencia. Necesitamos crear una “paz feminista” que escuche la voz de todos y todas, con todos los grupos incluidos de manera plena y significativa en las decisiones que afectan sus vidas. Esto debe incluir escuchar las voces de mujeres y niñas que marchan en contra la violencia y en defensa de sus derechos, garantizando que puedan ejercer el derecho de manifestación de forma segura.

El Foro Generación Igualdad, convocado por ONU Mujeres y copresidido por Francia y México en el 2021, representa también la oportunidad de abordar el papel clave que desempeñan las mujeres y generar estrategias para revertir esta crisis. De ahí la importancia de la contribución en la respuesta y recuperación de COVID-19 por parte de todos los gobiernos del mundo para reforzar los mecanismos de accesos a servicios y políticas de prevención y eliminación de todos los tipos de violencia.

Las Agencias de Naciones Unidas hacemos una invitación para que, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, durante los 16 días de activismo, las instituciones de gobierno, la sociedad civil, las universidades, el sector privado, medios de comunicación, junto con las y los jóvenes se unan a la campaña Únete para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas con diferentes actividades como: foros públicos, actividades culturales, el uso de prendas de vestir color naranja, declaraciones públicas llamando a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y usando los hashtags oficiales #DíaNaranja #16días y #Únete.

En un momento en que la pandemia de COVID-19 y la cultura dominante de impunidad amenazan los avances logrados en el terreno de la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, ONU Mujeres insta a emprender acciones robustas y decididas en respuesta a esta crisis sin precedentes con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el período previo al Foro Generación Igualdad –en el que los agentes mundiales asumirán nuevos y firmes compromisos para erradicar la violencia contra las mujeres–, los Gobiernos, la sociedad civil, la juventud, las y los influencers y el sector privado prestarán sus voces a los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña de movilización global que arranca hoy y se prolongará hasta el 10 de diciembre. Juntas y juntos exigirán un cambio radical y la construcción de una “nueva normalidad” que ofrezca a todas las mujeres y niñas un futuro sin violencia.

Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la violencia contra las mujeres era una de las violaciones más extendidas de los derechos humanos: casi el 18% de las mujeres y niñas experimentaba violencia física o sexual por parte de una pareja íntima a lo largo de un período de 12 meses. Conforme la pandemia se aceleraba, se observó una alarmante “pandemia en la sombra” de violencia contra las mujeres, con un aumento de las tasas de violencia doméstica, pero también en las calles, en Internet y en diversos entornos. El número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se quintuplicó en algunos países durante las semanas iniciales de la pandemia, mientras que en otros se redujo por la imposibilidad de las mujeres de buscar ayuda a través de los canales habituales al verse atrapadas en el hogar con sus maltratadores. De acuerdo con las proyecciones, cabe prever que la violencia alcance a 15 millones de mujeres más por cada tres meses que se mantenga el confinamiento.

Hemos visto al mundo entero responder a la pandemia del coronavirus, trabajando al unísono, realizando grandes inversiones y utilizando protocolos con gran determinación. La violencia contra las mujeres también es una pandemia; de hecho, precede al virus y perdurará cuando este desaparezca.En un momento en que nos enfrentamos a la devastación provocada por la COVID-19, es más importante que nunca que pongamos en común nuestros recursos y asumamos un compromiso conjunto para hacer frente a los grandes desafíos y para poner fin a la violencia contra las mujeres, por el bien de todas y todos”, manifestó Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

En respuesta a la petición de “alto al fuego en el hogar” del Secretario General de las Naciones Unidas realizada este mismo año, casi 150 países acordaron incluir la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas como un componente fundamental de sus planes de respuesta a la COVID-19. Muchos de ellos han acompañado este compromiso con un fortalecimiento de los servicios esenciales, como los refugios, las líneas telefónicas de asistencia y otros mecanismos de denuncia. Sin embargo, tan sólo 48 países, menos de la cuarta parte de los 206 analizados en el marco de un reciente estudio, trataron la violencia contra las mujeres y los servicios prestados a las niñas en este ámbito como una parte integral de sus planes nacionales y locales de respuesta a la COVID-19, y muy pocos financiaron adecuadamente estas medidas.

Con el fin de hacer frente a esta infradotación generalizada de recursos para este problema crucial, ONU Mujeres ha convocado a la Coalición de Acción sobre la violencia de género, una innovadora alianza formada por Gobiernos, la sociedad civil, líderes juveniles, el sector privado y entidades filantrópicas para desarrollar un programa claro de acciones que impulsen la erradicación de la violencia contra las mujeres y movilicen fondos para ello. Dichas acciones e inversiones se anunciarán en el Foro Generación Igualdad que se celebrará en 2021 en México y Francia, junto con las de las otras cinco Coaliciones de Acción del Foro Generación Igualdad.

La conmemoración oficial del Día Internacional por parte de las Naciones Unidas tendrá lugar por primera vez en formato virtual y brindará a los Estados Miembros una oportunidad para fortalecer y cumplir sus compromisos con la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Como en años anteriores, edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo –entre ellos, las pirámides y la Esfinge de Guiza, en Egipto; las estatuas moáis de la isla de Pascua, en Chile; el Parlamento de la República de Moldova; las Torres de Kuwait; y el Ayuntamiento de Bruselas, en Bélgica– se iluminarán de naranja para instar a un futuro mejor en el que las mujeres y las niñas puedan vivir sin violencia. En los Países Bajos se iluminarán de naranja más de 200 ayuntamientos para demostrar su solidaridad con las sobrevivientes y apoyar los 16 Días de Activismo.

La violencia contra las mujeres y niñas, de por sí uno de los problemas más graves que encaramos, recrudece en cualquier tipo de emergencia. La crisis ocasionada por la COVID-19 no es la excepción.

Las cifras escapan la imaginación: incluso antes de la COVID-19, en los últimos 12 meses cerca de 243 millones de mujeres habían sido maltratadas por su pareja.

No solo es casi seguro que ese número esté por debajo de las cifras reales — se calcula que menos del 40% de las mujeres denuncian un incidente de maltrato o buscan ayuda — sino que esa cifra se ha disparado a medida que el costo social, mental y económico del confinamiento se ha ido arraigando con el correr de los meses.

El repunte está poniendo presión incluso en los mejores sistemas de salud y los refugios contra la violencia doméstica están alcanzando su máxima capacidad. La necesidad de redireccionar recursos normales para atender la pandemia de la COVID-19 ha agudizado los desafíos. El costo, en términos monetarios, se calcula en US$1,5 billones, y esa cifra va en aumento conforme se prolonga la pandemia.

Los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género del Sistema de las Naciones Unidas se desarrollará entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, bajo el lema: “Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir, recopilar!” La campaña señalará el alcance de un problema que con demasiada frecuencia permanece oculto, y sugerirá maneras en las que los gobiernos y las comunidades pueden convertir la acción eficaz en un componente fundamental de sus planes de respuesta ante la COVID-19.

El PNUD está urgiendo la formulación de políticas que generen un compromiso para financiación a largo plazo que apoye a las sobrevivientes, así como a los sistemas policiales y de justicia. Estamos trabajando con más de 80 países para prevenir la violencia contra mujeres y niñas y responder ante las tasas en ascenso de ese flagelo. Ello incluye asegurar que las necesidades de las sobrevivientes sean atendidas y que las mujeres participen en el proceso de construir un futuro mejor, en el que sus preocupaciones, experiencia y opiniones se incorporen en todos los niveles de respuesta y recuperación frente a la COVID-19.

En colaboración con ONU Mujeres, el PNUD México está estableciendo plataformas telefónicas y en línea para apoyar a mujeres vulnerables en centros LUNAS, que son espacios seguros donde las mujeres reciben un estipendio mensual y, cuando procede, pueden escapar de sus agresores.

El PNUD y ONU Mujeres han lanzado el Rastreador Mundial de Respuestas de Género COVID-19. Incluye más de 2.500 medidas en 206 países que abordan directamente la seguridad económica y social de las mujeres, así como medidas para abordar la violencia de género. Hasta el momento los resultados indican que si bien muchos países están priorizando las necesidades de las mujeres en los esfuerzos emprendidos contra la COVID-19, el esfuerzo de muchos países no ha sido suficiente, en tanto que cerca del 20% de los países no está haciendo absolutamente nada al respecto.

En el informe del PNUD sobre la violencia de género y la COVID-19 se incluyen medidas adicionales que los organismos de las Naciones Unidas, los gobiernos y otros asociados pueden adoptar para prevenir y abordar la violencia de género en el contexto de la COVID-19.

Fuente: PNUD 25 de noviembre de 2020

En 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 25 de noviembre Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer como un llamado a gobiernos, organismos, órganos, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, y a otras organizaciones internacionales y no gubernamentales, para llevar a cabo actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer.

Con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difunde este comunicado con información estadística sobre la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país con el propósito de dimensionar y contribuir al conocimiento sobre el tema en México, y coadyuvar en el diseño y definición de acciones para prevenir, atender y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres.

La información se obtiene de tres instrumentos de información clave que genera el INEGI: La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y los registros administrativos de los Censos Nacionales de Gobierno.

Los resultados de la ENDIREH 2016 indican que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida. El 43.9% de ellas han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación mientras que 53.1% ha sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida.

Las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son las que residen en áreas urbanas (69.3%), en edades entre 25 y 34 años (70.1%), las que cuentan con nivel de educación superior (72.6%) y las que no pertenecen a un hogar indígena (66.8 por ciento).

De acuerdo con los resultados de la ENSU tercer trimestre 2020, se estima que entre enero y septiembre de 2020, 9% de los hogares experimentaron alguna situación de violencia familiar.

Los Censos de Gobierno revelan que, de los presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8 por ciento).

En cuanto a la oferta institucional para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, el INEGI genera información que permite dimensionar los servicios. Por ejemplo, para 2020 en México existían 50 Centros de Justicia (CJM) para las Mujeres, distribuidos en 28 entidades federativas. Las entidades que cuentan con el mayor número de instancias son Coahuila (5), México y San Luis Potosí (4) y la Ciudad de México (3). Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco no cuentan con CJM.

El Director General de la OIT, acogió con satisfacción el compromiso de los líderes del G20 de utilizar todas las herramientas políticas disponibles para proteger la vida, el empleo y los ingresos de las personas, y para apoyar la recuperación económica mundial después de la pandemia de COVID-19 .

La Declaración de la cumbre , citando estimaciones de la OIT, indica que la extensión temporal de las medidas de protección social durante la crisis han permitido sostener los medios de subsistencia de alrededor de 645 millones de personas.

Ahora es vital que estas medidas se mantengan, y a la misma escala, a fin de evitar un aumento masivo del desempleo y minimizar los daños a largo plazo de la inactividad económica al mantener la relación de los trabajadores con el mercado laboral”.

El Director General de la OIT señaló la necesidad de extender la protección social a los trabajadores de la economía informal, quienes han sido enormemente afectados durante una crisis que ha dejado al descubierto desigualdades estructurales profundamente arraigadas.

“Los países más pobres no han tenido los recursos adecuados, y sus paquetes de estímulo fiscal sólo compensaron en mínima parte el impacto sobre el empleo. El apoyo financiero del G20 para colmar este déficit marcaría una diferencia crucial en la lucha contra la crisis, y demostraría realmente el valor de la cooperación internacional y de la solidaridad”.

Con la pandemia revirtiendo algunos de los logros recientes en materia de igualdad de género, El Director General de la OIT dio la bienvenida al compromiso expresado en la Declaración de intensificar los esfuerzos dirigidos a eliminar las diferencias salariales por razones de género, corregir la distribución desigual de las tareas familiares no remuneradas y las responsabilidades de cuidado e incrementar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. Sin embargo, señaló que es necesario hacer más para alcanzar el objetivo de Brisbane del G20 de reducir la diferencia entre las tasas de actividad de las mujeres y los hombres de 25 por ciento para 2025.

Según estimaciones de la OIT, el equivalente a 345 millones de empleos a tiempo completo se perdieron a nivel mundial en el tercer trimestre de 2020 a causa de la pandemia. El equivalente a tantos como 225 millones de empleos a tiempo completo se perdieron tan solo en los países del G20 durante el mismo período. Muchas de las personas más afectadas son jóvenes.

Es por ello que el Director General de la OIT expresó su satisfacción por el respaldo de los líderes del G20 a la Hoja de Ruta 2025 del G20 para la juventud. Esto contribuye a alcanzar el objetivo de reducir de 15 por ciento de aquí a 2025 el número de jóvenes expuestos al riesgo de quedar excluidos definitivamente del mercado de trabajo.

“En vista de la gravedad de esta situación, es necesario que la economía mundial invierta en una recuperación centrada en las personas que fortalezca la capacidad de los individuos de beneficiarse del cambio, refuerce las instituciones del trabajo a fin de que todas las personas estén debidamente protegidas y favorezca los empleos del futuro, con un trabajo decente para todos”

Cada 19 de noviembre se celebra el Día Mundial del Retrete para crear conciencia sobre los 4200 millones de personas que carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura. Se trata de adoptar medidas que permitan dar respuesta a la crisis de saneamiento mundial y lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, cuya finalidad es garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para todos de aquí a 2030.

Este año el tema destaca la importancia del “Saneamiento sostenible y el cambio climático.

El cambio climático está empeorando. Las inundaciones, la sequía y el aumento del nivel del mar amenazan los sistemas de saneamiento, desde los inodoros hasta las fosas sépticas y las plantas de tratamiento. Las inundaciones puede contaminar los pozos utilizados para el agua potable o pueden dañar los inodoros y esparcir los desechos humanos a las comunidades y cultivos alimentarios, causando enfermedades crónicas y mortales.

Todos deben tener un saneamiento sostenible, junto con agua potable e instalaciones para lavarse las manos, para ayudar a proteger y mantener la seguridad de nuestra salud y detener la propagación de enfermedades infecciosas mortales como COVID-19, cólera y tifoidea.

¡Los baños también pueden ayudarnos a combatir el cambio climático! Las aguas residuales y los lodos de los inodoros contienen recursos valiosos como agua, nutrientes y energía. Los sistemas de saneamiento sostenible hacen un uso productivo de los desechos para impulsar la agricultura de manera segura y reducir y capturar las emisiones para obtener energía más ecológica.

Pero, ¿qué es exactamente un sistema de saneamiento sostenible? El saneamiento sostenible comienza con un inodoro que capture de manera efectiva los desechos humanos en un entorno seguro, accesible y digno. Luego, los desechos se almacenan en un tanque, que puede ser vaciado más tarde por un servicio de recolección o transportado por tuberías.

La siguiente etapa es el tratamiento y la eliminación segura. La reutilización segura de desechos humanos ayuda a ahorrar agua, reduce y captura las emisiones de gases de efecto invernadero para la producción de energía y puede proporcionar a la agricultura una fuente confiable de agua y nutrientes.

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos lanzó un nuevo mecanismo de financiamiento global para apoyar los programas orientados a hacer accesible el saneamiento y la higiene para todos.

El objetivo del Fondo de Saneamiento e Higiene es la inversión público-privada de 2000 millones de dólares en los próximos cinco años para dar una solución a la crisis de larga data en materia de saneamiento, higiene y salud menstrual.

El Fondo ayudará a los países con menor capacidad de respuesta a esta crisis y tendrá cuatro metas estratégicas:

Según datos de la ONU, la mitad de la población mundial no tiene acceso a un saneamiento seguro:

Esta falta de servicios cuesta unos 222.000 millones de dólares anuales en productividad perdida, aumento del gasto en salud y producción económica.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean garantizar el agua limpia y el saneamiento sustentables para todos los habitantes del planeta para 2030; sin embargo, al ritmo actual, esa meta se alcanzaría hasta el próximo siglo.

La falta de inversión en ese sector durante las últimas décadas ha tenido un profundo impacto negativo en la salud, la educación y los resultados económicos de los países y las comunidades.

El INEGI presenta los resultados de la undécima edición del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 2020 que tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las instituciones que integran la Administración Pública de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, seguridad pública, sistema penitenciario y medio ambiente, así como justicia cívica (únicamente para el caso de la Ciudad de México), con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Administración Pública Estatal

Al cierre de 2019, 2 091 865 servidores públicos se encontraban adscritos a las 1 998 instituciones de las administraciones públicas estatales. De ellos, 56.5% eran mujeres y 43.5%, hombres.

Respecto del presupuesto que ejercieron los gobiernos estatales, a nivel nacional se reportó un total de 1 528 593 millones de pesos. De ellos, 41.0% se ejerció en Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (capítulo 4000).

Durante 2019, se realizaron 228 497 524 transacciones (solicitudes) por las personas (físicas y morales) ante las instituciones de las administraciones públicas estatales, de las cuales, Consulta médica fue la de mayor frecuencia con 25.2% del total.

En materia de protección civil, al cierre de 2019, 26 de las 32 entidades federativas contaron con un Plan o Programa de Protección Civil mientras que 24 entidades reportaron tener un Plan de Emergencia o de Contingencia.

En cuanto al ejercicio de la función de control interno a nivel nacional, durante 2019 se iniciaron 51 833 investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas. De acuerdo con el origen de la investigación, 45.2% provino de una queja y/o denuncia.

Al cierre de 2019, 17 entidades federativas contaron con un Plan o programa anticorrupción.

Seguridad Pública

Durante 2019, a nivel nacional se registraron 12 785 150 llamadas procedentes mediante los sistemas de emergencia 911, 066, 089 u otros.

En el mismo periodo, se reportaron 1 401 724 intervenciones policiales realizadas. De ellas, 34.1% (477 mil 535) correspondió a presuntas faltas cívicas.

Respecto de los delitos registrados en las intervenciones policiales realizadas en las entidades federativas durante 2019, la cifra nacional fue de 226 150, de los cuales, 93.0% correspondió a delitos del fuero común y 7.0% a delitos del fuero federal.

Con relación al aseguramiento de armas, narcóticos y vehículos, durante 2019 se reportaron 272 050 armas aseguradas, de las cuales 74.2% fueron Cartuchos. En cuanto al aseguramiento de narcóticos, Cannabis sativa, indica o mariguana fue el principal tipo de narcótico con 190 039.7 kilogramos. Por su parte, se reportaron 40 037 Vehículos asegurados. De ellos, 53.1% presentó reporte de robo.

Sistema Penitenciario

Al cierre de 2019, se reportaron 241 centros penitenciarios. En ellos se contó con una capacidad instalada de 158 994 espacios (camas útiles). Por su parte, el número de centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes fue de 47, en los cuales se reportaron 6 mil 730 espacios (camas útiles).

Durante 2019, ingresaron 102 700 personas a los centros penitenciarios y 1 452 más a los centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes a cargo de las entidades federativas. Del total de esta población, 92.6% eran hombres y 7.4% eran mujeres.

En el mismo periodo egresaron 92 57 personas de los centros penitenciarios, y 1 304 más de los centros especializados de tratamiento o internamiento. Del total de egresos, 92.7% fueron hombres y 7.3% fueron mujeres.

Al cierre de 2019, se encontraban privadas de la libertad 155 400 personas en los centros penitenciarios y 1 322 adolescentes internados en los centros especializados de tratamiento o internamiento. Del total de esta población, 94.7% eran hombres y 5.3% eran mujeres.

Medio Ambiente

Con relación a la aplicación de programas por parte de las administraciones públicas estatales, durante 2019, Biodiversidad y ecosistemas fue la materia de mayor frecuencia al registrar 139 programas aplicados.

El CNGSPSPE se realiza desde 2010 y la presente edición cuenta con 111 cuadros estadísticos organizados en 14 apartados conforme a la siguiente estructura temática: 1) Estructura organizacional y ejercicio de la función de gobierno; 2) Trámites y servicios; 3) Protección civil; 4) Catastro; 5) Transparencia; 6) Control interno y anticorrupción; 7) Defensoría pública o defensoría de oficio; 8) Servicios periciales; 9) Administración de archivos y gestión documental; 19) Planeación y gestión territorial; 11) Seguridad pública; 12) Sistema penitenciario; 13) Medio ambiente; y 14) Justicia cívica.

Anualmente, en México se produce alrededor de 1.1 millones de toneladas de residuos electrónicos y eléctricos y se estima que para 2026 esta cantidad podría crecer en 17%, lo cual alerta a tomar medidas para su manejo ambientalmente adecuado, ya que contienen elementos peligrosos que ponen en riesgo la salud de las personas y dañan el medio ambiente.

De acuerdo con el Inventario Nacional de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos del Proyecto Residuos COP, el 6% de los residuos electrónicos que se generan cada año (alrededor de 66 mil de toneladas) cuentan con materiales altamente contaminantes, como metales pesados, baterías y plásticos con retardantes de flama, los cuales pueden provocar graves daños a la salud y al medio ambiente.

Actualmente, con el aumento en la compra de televisiones, computadoras y teléfonos móviles durante la pandemia por COVID-19, debido al teletrabajo y la educación a distancia, se espera un mayor riesgo de exposición a sustancias altamente tóxicas. Según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) se espera suba hasta 75% la ventas de computadoras y laptops durante el Hot Sale 2020.

Es por ello que la Semarnat y el PNUD trabajan coordinados para cumplir con las disposiciones del Convenio de Estocolmo para reducir la exposición a los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) en residuos electrónicos, incentivar su manejo ambientalmente adecuado y fortalecer el marco institucional.

Informaron que Baja California, la Ciudad de México y Jalisco son entidades que cuentan con un volumen de generación anual de 58 mil, 117 mil y 82 mil toneladas de residuos electrónicos, respectivamente, lo que las ubica como las de mayor generación de basura electrónica.

De tal manera que el proyecto Residuos COP promueve el desarrollo de planes de manejo piloto en dichas entidades, donde se trabajará de la mano de autoridades locales e industriales y otros actores relevantes para el desarrollo de soluciones efectivas, entre otras acciones a desarrollar.

Como parte de estos esfuerzos, se busca incorporar la participación del Legislativo y de la iniciativa privada para fortalecer el marco jurídico nacional e intercambiar las mejores prácticas de negocio y ambientales, con el propósito de salvaguardar la salud de los mexicanos e impulsar una economía circular y responsable.

Fuente: SEMARNAT 13 de octubre de 2020

La publicación elaborada por 16 organizaciones internacionales recuerda que, durante los últimos 50 años, los peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua causaron más de 11.000 catástrofes que provocaron 2 millones de víctimas mortales y ocasionaron pérdidas económicas valoradas en 3,6 billones de dólares.

En 2018, este fenómeno provocó que unos 108 millones de personas de todo el mundo necesitaran ayuda del sistema humanitario internacional tras tormentas, inundaciones, sequías e incendios forestales.

Además, el estudio estima que en los próximos diez años esa cifra podría aumentar en casi un 50 %, y que el costo asociado podría rondar los 20.000 millones de dólares anuales.

El informe señala dónde y cómo pueden los gobiernos invertir en sistemas eficaces de alerta temprana que refuercen la resistencia de los países a los múltiples peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua, y se ofrecen ejemplos de éxito.

Los sistemas de alerta temprana figuran como máxima prioridad en las contribuciones determinadas a nivel nacional, los esfuerzos de cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los efectos del cambio climático, de casi el 90 % de los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. Sin embargo, muchos de ellos carecen de la capacidad requerida, y la inversión financiera no siempre llega a los ámbitos donde los recursos son más necesarios.

Desde 1970, los pequeños Estados insulares en desarrollo han sufrido pérdidas valoradas en 153.000 millones de dólares debido a fenómenos climáticos extremos, una cantidad significativa ya que el producto interno bruto medio de esos países es de 13.700 millones de dólares. 

“Los datos facilitados por 138 Miembros de la Organización Meteorológica Mundial muestran que solo el 40 % cuentan con sistemas de alerta temprana ante múltiples riesgos. Esto significa que, en promedio, una de cada tres personas en todo el mundo todavía no está cubierta por sistemas de alerta temprana. En la actualidad, solo 75 Miembros de la OMM (39 % del total) prestan servicios de predicción que tienen en cuenta estos impactos”, asegura el informe.

El informe destaca seis recomendaciones estratégicas para mejorar la implementación y la eficacia de los sistemas de alerta temprana en todo el mundo:

El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de este año se trata de gobernanza. La buena gobernanza del riesgo de desastres se puede medir en las vidas salvadas, la reducción del número de personas afectadas por los desastres y la reducción de las pérdidas económicas. La COVID-19 y la emergencia climática nos advierten de la necesidad de implementar una visión a largo plazo, con instituciones que planifiquen, que sean competentes y empoderadas, y que actúen en función de evidencia científica a favor del bien común.

Esto requiere contar con estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres a finales de año, como acordaron los Estados Miembros de las Naciones Unidas cuando adoptaron el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres en 2015. Necesitamos estrategias que tengan en cuenta no solo los hechos puntuales, como las inundaciones y las tormentas, sino también las que respondan al riesgo sistémico generado por las enfermedades zoonóticas, las crisis climáticas y la degradación ambiental.

La Asamblea General de la ONU decidió designar el 13 de octubre como “Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres” (resolución 44/236) con el propósito de concienciar a los gobiernos y a la opinión pública para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos. Asimismo, los desastres, muchos de los cuales se han agravado con el cambio climático, generan un impacto negativo en el desarrollo sostenible y en los resultados deseados.

En 2016, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, anteriormente UNISDR) lanzó la nueva campaña “Sendai siete” centrada en los siete objetivos del Marco de Sendai, el primero de los cuales es reducir la mortalidad de desastres. La campaña busca crear un nuevo grado de sensibilización en torno a las acciones que tienen emprender todos los actores implicados, incluidos los gobiernos nacionales y locales, los grupos comunitarios, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones internacionales y la ONU.

Como los efectos de los desastres son más devastadores en el ámbito local, los gobiernos municipales y regionales son los que deben trabajar urgentemente en la preparación y respuesta a las catástrofes. El enfoque del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres se centra en proteger la vida de las personas y en las acciones que se deben tomar. Es pertinente tanto para los riesgos a pequeña como a gran escala, y tanto para los ocasionados por el ser humano como los producidos por las amenazas naturales. Abarca, además, los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos afines.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural impulsa el desarrollo e innovación tecnológica en sus centros de investigación con el fin de acercar el conocimiento aplicado en el campo a los productores de México, sobre todo a los de pequeña y mediana escala.

Bajo esta dinámica de trabajo, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) trabaja en concentrar y distribuir bases de datos meteorológicas y generar aplicaciones para dispositivos móviles y servicios web en beneficio del sector productivo en México.

Se trata de un principio de trabajo del Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos (LNMySR), donde el INIFAP administra los datos quinceminutales de 440 estaciones meteorológicas automáticas distribuidas en el territorio mexicano, que también emiten alertas fitosanitarias sobre la probabilidad de ocurrencia de plagas y enfermedades en una gama de sistemas producto.

El laboratorio ofrece cursos y talleres presenciales y en línea donde se capacita a técnicos y productores, promueve la firma de convenios de colaboración para el intercambio de bases de datos climáticos, y trabaja de manera coordinada para mejorar la oferta de productos y servicios informáticos y desarrollos tecnológicos que impactan el campo en México.

La fuerte asociación de los datos registrados en la Red Nacional de Estaciones Agrometeorológicas Automáticas, que administra el INIFAP, como punto toral en el proceso de validación de las salidas del pronóstico numérico.

La relevancia del pronóstico numérico es fundamental, dado que el clima afecta las actividades agrícolas, y su obtención inicia con la recopilación de una serie de datos en el tiempo.

En el proceso de generación del pronóstico se utilizan co-variables como el modelo de elevación digital y algunos recursos topográficos, se aplican pruebas de análisis de datos como regresión múltiple, redes neuronales y correlación canónica, con lo cual se asegura la precisión de los mapas de salida.

El modelado numérico de las variables meteorológicas más asociadas con el seguimiento al dinamismo de los sistemas de producción es a escala nacional, cubre un periodo de cinco días, y se actualiza diariamente.

Cada hora, el Laboratorio obtiene una radiografía climática del territorio nacional, incluidas las masas oceánicas, la frontera norte y la frontera sur.

Con la infraestructura instalada en el laboratorio, comentó, se pueden obtener simulaciones de escala local o regional a un kilómetro. A esta resolución espacial los mapas temáticos son ideales para evaluar el dinamismo en el uso del suelo a través de la obtención de: indicadores sobre sequía, uso del agua, proximidad de eventos meteorológicos extremos de viento y lluvia, y la proveeduría de datos del clima a los sistemas para la medición del riesgo.

En la gama de procesos físicos simulados destacan los ciclos estacionales y diurnos, flujos de calor sensible y latente, capa límite del planeta, gases de efecto invernadero, aerosoles, capa de hielo, dinamismo de la cubierta vegetal del suelo, circulación oceánica y ciclo biogeoquímico del carbono, entre otros.

Fuente: SAGARPA 19 de septiembre de 2020