El primer informe del organismo sobre El estado de los recursos hídricos mundiales destaca que entre las zonas inusualmente secas se encuentra el área del Río de la Plata en Sudamérica, donde una persistente sequía afecta la región desde 2019.

En África, grandes ríos como el Níger, el Volta, el Nilo y el Congo tuvieron un caudal inferior a la media en 2021. La misma tendencia se observó en los ríos de algunas zonas de Rusia, Siberia Occidental y Asia Central.

Por otro lado, hubo volúmenes fluviales por encima de lo normal en algunas cuencas de América del Norte, el norte del Amazonas y Sudáfrica, así como en la cuenca del río Amur de China y el norte de la India.

La agencia de la ONU señaló que 3600 millones de personas tienen un acceso inadecuado al agua al menos un mes al año y que se espera que esta cifra aumente a más de 5000 millones en 2050.

La primera edición del informe examina el caudal -el volumen de agua que fluye a través de un canal fluvial en un momento dado- y también evalúa el almacenamiento de agua terrestre, es decir, toda el agua en la superficie y el subsuelo de la tierra y la criosfera, el agua congelada.

El informe pone de manifiesto un problema básico: la falta de datos hidrológicos accesibles y verificados.

La Política Unificada de Datos de la OMM pretende acelerar la disponibilidad y el intercambio de datos hidrológicos, incluida la información sobre la descarga de los ríos y las cuencas fluviales transfronterizas.

Aparte de las variaciones de los caudales fluviales, el almacenamiento global de agua terrestre se clasificó como inferior a lo normal en la costa occidental de los Estados Unidos, en el centro de Sudamérica y la Patagonia, en el norte de África y Madagascar, en Asia Central y Oriente Medio, en Pakistán y en el norte de la India. Fue superior a lo normal en el centro de África, el norte de Sudamérica -en concreto la cuenca del Amazonas- y el norte de China.

La criosfera, es decir, los glaciares, la capa de nieve, los casquetes de hielo polares y, cuando existe, el permafrost, es la mayor reserva natural de agua dulce del mundo.

“Los cambios en los recursos hídricos de la criosfera afectan a la seguridad alimentaria, la salud humana, la integridad y el mantenimiento de los ecosistemas, y tienen importantes repercusiones en el desarrollo económico y social”, afirma la OMM, provocando a veces inundaciones fluviales y crecidas repentinas debido a los desbordamientos de los lagos glaciares.

Las proyecciones a largo plazo de la escorrentía de los glaciares y el momento en que se alcanza el pico de agua son elementos clave para las decisiones de adaptación a largo plazo, añadió la Organización.

El estudio, publicado en vísperas del Día Mundial del SIDA que se celebra el 1 de diciembre de 2022, muestra cómo la desigualdad de la mujer y las normas de género perjudiciales están bloqueando el fin de la pandemia de sida, con un aumento de las nuevas infecciones y la continuación de las muertes en muchas partes del planeta.

Según el informe Las desigualdades peligrosas, en las zonas con una alta carga de VIH, las mujeres que sufren violencia de pareja tienen hasta un 50% más de posibilidades de contraer el virus. Durante el período comprendido entre 2015 y 2021, solo el 41% de las mujeres casadas de entre 15 y 24 años de 33 países podían tomar sus propias decisiones en materia de salud sexual.

Los efectos que la desigualdad de género presentan en los riesgos que corren las mujeres frente al VIH son especialmente pronunciados en el África subsahariana, donde las mujeres representaron el 63% de las nuevas infecciones por VIH en 2021.

Además, las adolescentes y las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años de la región tienen tres veces más probabilidades de contraer el VIH que sus homólogos masculinos.

El factor determinante es el poder, afirman los responsables de ONUSIDA, citando un estudio que muestran cómo la vulnerabilidad de las niñas a la infección por el VIH se reduce hasta en un 50% si se les permite permanecer en la escuela y completar la educación secundaria.

En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye:

La desigualdad en el acceso al tratamiento entre los adultos y los niños también están frenando la respuesta al sida. Aunque más de las tres cuartas partes de los adultos que viven con el VIH reciben terapia antirretrovírica, poco más de la mitad de los niños reciben este medicamento que salva vidas.

El año pasado, los niños representaron sólo el 4% de las personas que viven con el VIH, pero el 15% de todas las muertes relacionadas con el SIDA.

El informe también revela que la lucha contra la desigualdad es posible.

El informe muestra además que la financiación de los donantes está contribuyendo a impulsar una mayor financiación por parte de los gobiernos.

Sin embargo, se necesitan urgentemente nuevas inversiones para hacer frente a las desigualdades, especialmente en un momento en que muchos países más ricos están recortando la ayuda a la salud mundial.

Aumentar el apoyo es fundamental para volver a poner en marcha la respuesta al sida.

La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo preocupante: una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar.

Hace cinco años, el movimiento #MeToo, fundado por Tarana Burke en 2006, provocó una movilización mundial que manifestó la urgente necesidad de prevenir y responder a la violencia contra las mujeres. Otros movimientos en todo el mundo como #NiUnaMenos, #BalanceTonPorc, #TimesUp entre muchos otros, también catalizaron el cambio. Desde entonces, ha habido una sensibilización y un impulso sin precedentes para poner este tipo de violencia sobre las mesas de las agendas gubernamentales, con leyes y políticas, servicios esenciales y estrategias de prevención.

Como cada año, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer marca el comienzo de la Campaña Únete de la ONU, 16 días de activismo (25 nov-10 dic) que concluyen coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

La campaña 2022 ¡ÚNETE! Activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, tiene el objetivo de movilizar a todos los miembros de la sociedad para que se conviertan en activistas, se solidaricen con las defensoras de los derechos de las mujeres y apoyen a los movimientos feministas del planeta para evitar el retroceso de los derechos de las mujeres y conseguir un mundo libre de violencia de género.

Por qué debemos eliminar la violencia contra la mujer

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.

En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye:

Para mayor clarificación, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”

Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas. Por ejemplo, las desventajas tempranas en materia de educación no solo constituyen el obstáculo principal para alcanzar la escolarización universal y hace cumplir el derecho a la educación de las niñas, luego también le restringe el acceso a la educación superior a la mujer y limita sus oportunidades de empleo.

Aunque todas las mujeres, en todas partes del mundo, pueden sufrir violencia de género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables, ejemplo de ellas son las niñas y las mujeres más mayores, las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex, las migrantes y refugiadas, las de pueblos indígenas o minorías étnicas, o mujeres y niñas que viven con el VIH y discapacidades, y aquellas en crisis humanitarias.

La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se quede atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.

El informe Panorama Social 2022 proyecta que 201 millones de personas (32,1% de la población total de la región) viven en situación de pobreza, alertó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su último informe.

De esos 201 millones de personas, 82 millones (el 13,1%) viven en la pobreza extrema. Estas cifras implican que 15 millones de personas adicionales estarán en la pobreza con respecto a la situación previa a la pandemia y que el número de personas en pobreza extrema será 12 millones más alto que el registrado en 2019.

Pese a la leve disminución registrada en 2021, las proyecciones indican que las tasas se mantienen en 2022 por encima de los niveles prepandemia en toda la región, según el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022, y que aborda como tema central la educación y su rol en el debate de políticas para la recuperación en la región.

La Comisión proyecta que a fines de 2022 se producirá un leve aumento de la pobreza extrema respecto a 2021, debido a efectos combinados del crecimiento económico, la dinámica del mercado de trabajo y la inflación, lo que representa un retroceso de un cuarto de siglo para la región.

Al igual que en años anteriores, la CEPAL señala que la incidencia de la pobreza es mayor en algunos grupos de la población en la región:

En 2021, la desigualdad de ingresos (medida por el índice de Gini) disminuyó levemente con respecto al 2020 en América Latina, situándose en 0.458, niveles similares a los de 2019. En tanto, la desocupación proyectada para 2022 representa un retroceso de 22 años, afectando especialmente a las mujeres, para las que la desocupación sube de 9,5% en 2019 a 11,6% en 2022.

Durante la pandemia, América Latina y el Caribe sufrió el apagón educativo más prolongado a nivel internacional (en promedio 70 semanas de cierre de establecimientos frente a 41 semanas en el resto del mundo), lo que exacerbó las desigualdades preexistentes en materia de acceso, inclusión y calidad.

En este período, una de las principales limitaciones para la continuidad educativa fueron las desigualdades en el acceso a conectividad, equipamiento y habilidades digitales. En 2021, en ocho de 12 países de la región más del 60% de la población pobre menor de 18 años no tenía conectividad en el hogar.

De no actuar ahora, la CEPAL advierte sobre el “riesgo de cicatriz permanente en las trayectorias educativas y laborales de las generaciones más jóvenes” de la región. De hecho, ya se han medido pérdidas de aprendizaje en el Caribe y, en América Latina. Por ejemplo, el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja de forma remunerada aumentó de 22,3% en 2019 a 28,7% en 2020, afectando especialmente a las mujeres jóvenes (36% de ellas se encontraba en esta situación, comparado con un 22% de los hombres).

Por otra parte, persisten brechas de género importantes en términos de desempeño y áreas de formación. En promedio, las estudiantes mujeres tienen peores desempeños en matemática y ciencias durante la educación básica, disparidades que se profundizan en los cuartiles de ingresos más bajos. Asimismo, en la mayoría de los países de la región la proporción de mujeres graduadas en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas no supera el 40%.

Pese a los avances de las últimas décadas en acceso e inclusión educativa en todos los niveles, desde la primera infancia a la educación superior, los países de la región arrastraban serias deudas en igualdad y calidad previo a la crisis provocada por la pandemia, que ya hacían difícil alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 sobre la educación para el año 2030.

En línea con la Cumbre sobre Transformación de la Educación de las Naciones Unidas celebrada este año, el documento entrega diversas recomendaciones de política para hacer de esta crisis una oportunidad para transformar los sistemas educativos de la región.

La institucionalidad social es un factor crítico para la efectividad de las políticas sociales y un elemento transversal para alcanzar un desarrollo social inclusivo, sostiene la CEPAL en el Panorama Social 2022.

El gasto social del gobierno central alcanzó un 13% del PIB en 2021 en América Latina, nivel inferior a 2020 pero muy superior al registrado en las últimas dos décadas. En el Caribe el gasto social llegó a 14,1% del PIB en 2021, marcando un nuevo máximo histórico. Por su parte, el gasto en educación alcanzó 4,1% del PIB (30,5% del gasto social total) en toda la región.

“Si bien el promedio del gasto público en educación de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2019 alcanzó el 4,9% del PIB, cifra levemente superior a la de la región (4% del PIB en 2019), el gasto en educación por nivel educativo es seis veces el monto por estudiante de América Latina y el Caribe en preprimaria, 5,7 veces en primaria, 5,3 veces en secundaria y 6,1 veces en educación terciaria”, especifica la publicación.

Pese a la leve disminución registrada en 2021, las proyecciones indican que las tasas de pobreza y extrema pobreza se mantienen en 2022 por encima de los niveles prepandemia en América Latina y el Caribe, alertó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022 que aborda como tema central la educación y su rol en el debate de políticas para la recuperación en la región.

“Después de un fuerte crecimiento de la pobreza y un leve aumento de la desigualdad de ingresos en 2020, a consecuencia de la pandemia por COVID-19, el 2021 dio cuenta de una reducción de las tasas de pobreza extrema y pobreza y un crecimiento de los estratos de ingresos medios, que no fue suficiente para revertir completamente los efectos negativos de la pandemia”, explica la publicación. De esta forma, en 2021 la tasa de pobreza de América Latina alcanzó el 32,3% de la población total de la región (una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2020), mientras que la tasa de pobreza extrema fue de 12,9% (0,2 puntos porcentuales menos que en 2020).

La CEPAL proyecta que a fines de 2022 la pobreza se situará en 32,1% de la población (porcentaje que equivale a 201 millones de personas) y la pobreza extrema en 13,1% (82 millones), es decir, una leve disminución del nivel de pobreza y un leve aumento de la pobreza extrema respecto a 2021, debido a efectos combinados del crecimiento económico, la dinámica del mercado de trabajo y la inflación. Estas cifras implican que 15 millones de personas adicionales estarán en la pobreza con respecto a la situación previa a la pandemia y que el número de personas en pobreza extrema será 12 millones más alto que el registrado en 2019.

Al igual que en años anteriores, la CEPAL señala que la incidencia de la pobreza es mayor en algunos grupos de la población en la región: más del 45% de la población infantil y adolescente vive en la pobreza y la tasa de pobreza de las mujeres de 20 a 59 años es más alta que la de los hombres en todos los países. De igual forma, la pobreza es considerablemente más alta en la población indígena o afrodescendiente.

En 2021, la desigualdad de ingresos (medida por el índice de Gini) disminuyó levemente con respecto al 2020 en América Latina, situándose en 0.458, en niveles similares a los de 2019.

En tanto, la desocupación proyectada para 2022 representa un retroceso de 22 años, afectando especialmente a las mujeres, para las que la desocupación sube de 9,5% en 2019 a 11,6% en 2022.

América Latina y el Caribe sufrió el apagón educativo más prolongado a nivel internacional (en promedio 70 semanas de cierre de establecimientos frente a 41 semanas en el resto del mundo), lo que exacerbó las desigualdades preexistentes en materia de acceso, inclusión y calidad. En este período, una de las principales limitaciones para la continuidad educativa fueron las desigualdades en el acceso a conectividad, equipamiento y habilidades digitales. En 2021, en 8 de 12 países de la región más del 60% de la población pobre menor de 18 años no tenía conectividad en el hogar.

De no actuar ahora, la CEPAL advierte sobre el “riesgo de cicatriz permanente en las trayectorias educativas y laborales de las generaciones más jóvenes” de la región. De acuerdo con el organismo regional de las Naciones Unidas, ya se han medido pérdidas de aprendizaje en el Caribe y, en América Latina, el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja de forma remunerada aumentó de 22,3% en 2019 a 28,7% en 2020, afectando especialmente a las mujeres jóvenes (36% de ellas se encontraba en esta situación, comparado con un 22% de los hombres).

Por otra parte, persisten brechas de género importantes en términos de desempeño y áreas de formación. En promedio, las estudiantes mujeres tienen peores desempeños en matemática y ciencias durante la educación básica, disparidades que se profundizan en los cuartiles de ingresos más bajos. Asimismo, en la mayoría de los países de la región la proporción de mujeres graduadas en carreras CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) no supera el 40%.

Pese a los avances de las últimas décadas en acceso e inclusión educativa en todos los niveles, desde la primera infancia a la educación superior, los países de la región arrastraban serias deudas en igualdad y calidad previo a la crisis provocada por la pandemia, que ya hacían difícil alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 para el año 2030. En línea con la Cumbre sobre Transformación de la Educación de las Naciones Unidas celebrada este año, el documento entrega diversas recomendaciones de política para hacer de esta crisis una oportunidad de transformación.

La institucionalidad social es un factor crítico para la efectividad de las políticas sociales y un elemento transversal para alcanzar un desarrollo social inclusivo, sostiene la CEPAL en el Panorama Social 2022.

El gasto social del gobierno central alcanzó un 13% del PIB en 2021 en América Latina, nivel inferior a 2020 pero muy superior al registrado en las últimas dos décadas. En el Caribe el gasto social llegó a 14,1% del PIB en 2021, marcando un nuevo máximo histórico.

En 2021, el gasto en educación alcanzó 4,1% del PIB (30,5% del gasto social total) en América Latina y el Caribe. “Si bien el promedio del gasto público en educación de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2019 alcanzó el 4,9% del PIB, cifra levemente superior a la de la región (4% del PIB en 2019), el gasto en educación por nivel educativo es 6 veces el monto por estudiante de América Latina y el Caribe en preprimaria, 5,7 veces en primaria, 5,3 veces en secundaria y 6,1 veces en educación terciaria”, especifica la publicación.

El Día Mundial del Retrete, que se lleva a cabo anualmente desde 2013, celebra la importancia de los inodoros y crea conciencia sobre los 3600 millones de personas que viven sin acceso a un saneamiento gestionado de forma segura. El día pretende concienciar en la toma de medidas para hacer frente a la crisis mundial de saneamiento y alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: saneamiento y agua para todos de aquí a 2030.

La temática de este año, titulada “Hacer visible el recurso invisible”, se centra en los efectos de la crisis del saneamiento en las aguas subterráneas, ya que un sistema de saneamiento inadecuado puede correr el riesgo de esparcir los excrementos humanos en ríos, lagos y suelos, contaminando así los recursos hídricos subterráneos.

A medida que el cambio climático empeora y las poblaciones crecen, el agua subterránea es vital para la supervivencia humana.

El mensaje central del Día Mundial del Retrete 2022 es que el saneamiento gestionado de manera segura protege las aguas subterráneas de la contaminación por excrementos humanos. Se trata de un mensaje en apariencia lógico pero, actualmente, el mundo está muy lejos de cumplir la promesa del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6.2: garantizar retretes seguros para todos de aquí a 2030.

La campaña insta a los gobiernos a trabajar una media de cuatro veces más rápido para garantizar que se alcance a tiempo el ODS 6.2, a la vez que realiza un llamamiento a los políticos para que reconozcan plenamente la conexión entre el saneamiento y las aguas subterráneas en sus planes para salvaguardar este recurso hídrico vital.

Los mensajes clave que debemos conocer

1. Un saneamiento seguro protege las aguas subterráneas: los retretes que están correctamente ubicados y conectados a sistemas de saneamiento gestionados de forma segura, recogen, tratan y eliminan los excrementos humanos y ayudan a evitar que estos se propaguen por las aguas subterráneas.

2. El saneamiento debe resistir el cambio climático: los retretes y los sistemas de saneamiento deben construirse o adaptarse para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos, de modo que siempre presten servicio y las aguas subterráneas queden protegidas

3. Urge adoptar medidas en materia de saneamiento: estamos muy lejos de garantizar retretes seguros para todos en 2030. Ahora que solo faltan ocho años hasta esa fecha, el mundo necesita trabajar cuatro veces más rápido para cumplir nuestra promesa.

La automatización agrícola, que incluye desde los tractores hasta la inteligencia artificial, puede desempeñar una función importante para hacer la producción de alimentos más eficiente y ecológica. Sin embargo, su introducción desigual puede también agravar las desigualdades, especialmente si resulta inaccesible para los pequeños productores y otros grupos marginados, como los jóvenes y las mujeres.

En la edición de 2022 de El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA), uno de los informes principales que elabora cada año la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se examina la forma en que la automatización de nuestros sistemas agroalimentarios puede contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se ofrecen recomendaciones dirigidas a los encargados de formular las políticas sobre cómo aumentar al máximo los beneficios y reducir al mínimo los riesgos.

Se investigan los factores que impulsan estas tecnologías y se señalan varios obstáculos que impiden su adopción, en particular por parte de los pequeños productores. Sobre la base de este análisis, en la publicación se proponen políticas encaminadas a velar por que la automatización agrícola sea inclusiva y contribuya a la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas agroalimentarios.

Por último, en el informe también se trata una de las preocupaciones más habituales sobre la automatización —que crea desempleo— y se concluye que estos temores no se ven corroborados por la realidad histórica.

Según el informe, en conjunto, la automatización alivia la escasez de mano de obra y puede hacer la producción agrícola más resiliente y productiva, mejorar la calidad de los productos, aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, promover el empleo decente y mejorar la sostenibilidad ambiental.

Entre 2020 y 2030, casi 500 millones de personas desarrollarán enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes u otras enfermedades crónicas atribuibles a la inactividad física, con un costo de 27.000 millones de dólares anuales, si los gobiernos no toman medidas urgentes para fomentar una mayor actividad física entre sus poblaciones, ha informado la Organización Mundial de la Salud.

En su informe sobre la situación global de la actividad física 2022, la Organización mide hasta qué punto los gobiernos están implementando las recomendaciones para aumentar la actividad física en todas las edades y capacidades.

Los datos de 194 países muestran que, en general, el progreso es lento y que los países deben acelerar el desarrollo y la implementación de políticas para aumentar los niveles de actividad física y, por lo tanto, prevenir enfermedades y reducir la carga en los sistemas de atención médica que ya están sobrecargados.

Entre otros datos, en el informe se destaca que:

De acuerdo con el estudio, la carga económica de la inactividad física es significativa y el costo del tratamiento de nuevos casos de enfermedades crónicas alcanzará casi los 300.000 millones de dólares para 2030, alrededor de 27.000 millones anuales.

Si bien las políticas nacionales para abordar estas enfermedades y la inactividad física han aumentado en los últimos años, actualmente el 28% de las medidas no están financiadas ni implementadas.

El informe muestra, además, que solo un poco más del 50% de los países realizaron una campaña de comunicación nacional u organizaron eventos de actividad física de participación masiva en los últimos dos años.

Además, la pandemia de COVID-19 no solo ha paralizado estas iniciativas, sino que también afectó la implementación de otras políticas que han ampliado las desigualdades en el acceso y las oportunidades para participar en la actividad física para muchas comunidades.

El informe anima a lograr el objetivo mundial de una reducción del 15 % en la prevalencia de la inactividad física para 2030. Para ayudar a los países a aumentar la actividad física, el Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030 de la OMS establece 20 recomendaciones de políticas.

Entre esos consejos figuran las políticas para crear carreteras más seguras que fomenten un transporte más activo y proporcionar más programas de actividades físicas en entornos esenciales, como las escuelas, la atención primaria de la salud y el lugar de trabajo.

Un hallazgo crítico del informe es la existencia de brechas significativas en los datos globales para rastrear el avance de las políticas como la oferta de espacios públicos exteriores, la de infraestructuras para caminar y montar en bicicleta, o la de programas de deporte y educación física en escuelas.

El informe invita a los países a priorizar la actividad física como clave para mejorar la salud y abordar las enfermedades crónicas, integrar la actividad física en todas las políticas relevantes y desarrollar herramientas, orientación y capacitación para mejorar la implementación.

Un nuevo informe de la ONU* muestra que la salud de las mujeres y los niños se ha resentido en todo el mundo, ya que las repercusiones de los conflictos, la pandemia del COVID-19 y el cambio climático convergen con efectos devastadores en las perspectivas de los niños, los jóvenes y las mujeres.

Los datos presentados en el informe, titulado Proteger la Promesa, muestran una regresión clara y crítica en prácticamente todas las medidas principales de bienestar infantil, y en muchos indicadores clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desde el último informe Todos las Mujeres Todos los Niños, publicado en 2020, han aumentado la inseguridad alimentaria, el hambre, el matrimonio infantil, los riesgos de violencia doméstica, la depresión y la ansiedad de los adolescentes.

Se estima que 25 millones de niños estaban infravacunados o no estaban vacunados en absoluto en 2021, lo que representa seis millones más que en 2019, aumentando su riesgo de contraer enfermedades mortales y debilitantes.

Millones de niños no asistieron a la escuela durante la pandemia, muchos de ellos durante más de un año, mientras que aproximadamente el 80% de los niños de 104 países y territorios experimentaron pérdidas de aprendizaje debido al cierre de las escuelas.

Desde el comienzo de la pandemia mundial, 10,5 millones de niños han perdido a uno de sus padres o cuidadores a causa del COVID-19.

El informe aporta amplias pruebas que demuestran que las posibilidades de los niños y los adolescentes de llevar una vida sana varían considerablemente por razones tan simples como el lugar donde nacen, su exposición al conflicto y las circunstancias económicas de sus familias. Por ejemplo:

Por todos esos motivos, en el informe se hace un llamamiento a la comunidad internacional para que aborde esta perjudicial trayectoria y proteja las promesas hechas a las mujeres, los niños y los adolescentes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

En particular, aboga por que los países sigan invirtiendo en servicios de salud, para hacer frente a todas las crisis y a la inseguridad alimentaria, y para empoderar a las mujeres y a los jóvenes de todo el mundo.

Un nuevo informe de las Naciones Unidas revela que la salud de las mujeres y los niños se ha deteriorado en todo el mundo, ya que las repercusiones de una combinación de los conflictos, la pandemia de COVID-19 y el cambio climático tienen unos efectos devastadores sobre las perspectivas de los niños, los jóvenes y las mujeres.

Los datos presentados en el informe muestran una regresión grave en prácticamente todas las mediciones más importantes del bienestar infantil y en muchos indicadores clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Desde el último Informe de Progreso de Todas las Mujeres, Todos los Niños, publicado en 2020, la inseguridad alimentaria, el hambre, el matrimonio infantil, los riesgos de violencia de pareja y la depresión y la ansiedad de los adolescentes han aumentado.

Se estima que 25 millones de niños y niñas no habían recibido vacunas o las habían recibido de forma insuficiente en 2021 –6 millones más que en 2019–, una situación que agrava el riesgo de que contraigan enfermedades mortales y debilitantes para la salud. Millones de niños no asistieron a la escuela durante la pandemia, muchos de ellos durante más de un año, mientras que aproximadamente el 80% de los niños de 104 países y territorios sufrieron pérdidas de aprendizaje debido al cierre de las escuelas. Desde el comienzo de la pandemia mundial, 10,5 millones de niños han perdido a uno de sus progenitores o a su cuidador a causa de la COVID-19.

El informe aporta amplias pruebas que demuestran que las posibilidades de los niños y los adolescentes de llevar una vida sana varían considerablemente por razones tan simples como el lugar donde nacen, su exposición al conflicto y las circunstancias económicas de sus familias. Por ejemplo:

El informe hace un llamamiento a la comunidad mundial para que aborde esta trayectoria perjudicial y proteja las promesas realizadas a las mujeres, los niños y los adolescentes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En particular, insta a los países a que sigan invirtiendo en servicios de salud, hagan frente a todas las crisis y a la inseguridad alimentaria y empoderen a las mujeres y a los jóvenes de todo el mundo.

El informe, titulado Proteger la promesa, ha sido publicado por varios aliados mundiales, entre ellos la OMS, UNICEF, el UNFPA, la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño (ASMRN) y Cuenta atrás para 2030, y es un resumen bienal de los progresos realizados en respuesta a la Estrategia Mundial Todas las Mujeres, Todos los Niños del Secretario General de las Naciones Unidas para la salud de las mujeres, los niños y los adolescentes. Se trata de la síntesis más completa de las pruebas sobre el estado actual de la salud de la madre, el recién nacido, el niño y el adolescente, y actualiza el último Informe de Progreso de la Estrategia Mundial Todas las Mujeres, Todos los Niños, publicado en 2020.

El nuevo Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) publicado muestra que la reducción de la pobreza a gran escala es posible y revela nuevos “perfiles de pobreza” que pueden revolucionar los esfuerzos para desatar los nudos de pobreza. Este análisis — del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) de la Universidad de Oxford — mira más allá del ingreso para comprender cómo las personas experimentan la pobreza en diferentes aspectos de sus vidas diarias — desde el acceso a educación y salud, a indicadores del nivel de vida, tales como vivienda, agua potable, saneamiento y electricidad.

El informe identifica las ‘canastas de privaciones’ — patrones recurrentes de pobreza — que afectan comúnmente a las personas pobres en distintas partes del mundo. Los nuevos datos permiten identificar los perfiles de pobreza más relevantes en distintos lugares. Éste es un paso crucial en el diseño de estrategias que puedan abordar los múltiples aspectos de la pobreza al mismo tiempo.

Los datos muestran que — incluso antes de los efectos de la pandemia de COVID-19 y de la crisis del costo de la vida — 1.200 millones de personas en 111 países vivían en pobreza multidimensional. Éste es casi el doble del número de personas en pobreza monetaria extrema — viviendo con menos de 1,90 dólar de los Estados Unidos (USD).

Sobre la base de los últimos datos disponibles, en su mayoría recolectados antes de la pandemia COVID-19, el informe destaca la necesidad de abordar combinaciones persistentes de privaciones, incluyendo:

El informe presenta historias de éxito de distintas partes del mundo, basadas en estrategias integradas para la reducción de la pobreza. Las inversiones en saneamiento en Nepal han mejorado el acceso a agua potable, la nutrición infantil, y reducido la mortalidad infantil producto de menos casos de diarrea. En la India, cerca de 415 millones de personas dejaron de ser pobres en un período de 15 años, un cambio histórico.

Antes del impacto de la pandemia, 72 países habían reducido significativamente la pobreza. El informe anticipa que es probable que muchos de los esfuerzos por erradicar la pobreza en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible se hayan frustrado con las crisis múltiples que enfrentamos.

La identificación de perfiles de pobreza se basa en datos y evidencia sobre las múltiples dimensiones de la pobreza. El informe enfatiza la necesidad de retomar esfuerzos para actualizar la recolección de datos, en particular en los países más pobres y en los lugares donde viven las personas más pobres.

El IPM ofrece asimismo un análisis en profundidad de la pobreza en distintas regiones y países.

En un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza. Por ese motivo, debemos dejar de pensar que este problema es exclusivamente una falta de ingresos. Se trata de un fenómeno multidimensional que comprende, además, la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad.

Las personas que viven en la pobreza experimentan muchas privaciones interrelacionadas que se refuerzan mutuamente, inmpidiéndoles ejercer sus derechos y perpetuar su pobreza, entre ellas:

“Dignidad para todos en la práctica: los compromisos que asumimos juntos por la justicia social, la paz y el planeta” es el tema del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza para 2022-2023. La dignidad del ser humano no solo es un derecho fundamental en sí mismo, sino que constituye la base del resto de los demás derechos fundamentales. Por lo tanto, la “dignidad” no es un concepto abstracto: es inherente a todos y cada uno de los individuos. En la actualidad, muchas personas que viven en la pobreza persistente ven denegada y violada su dignidad.

Con el compromiso de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas de todo el mundo disfruten de paz y prosperidad, la Agenda 2030 volvió a hacer un gesto hacia la misma promesa establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, la realidad actual muestra que 1300 millones de personas siguen viviendo en la pobreza multidimensional, y casi la mitad de ellas son niños y jóvenes.

La desigualdad de oportunidades y de ingresos aumentan bruscamente y, cada año, la brecha entre ricos y pobres se hace más grande. En el último año, mientras millones de personas luchan contra la erosión de los derechos de los trabajadores y la calidad del empleo para llegar a otro día, el poder empresarial y la riqueza de la clase multimillonaria han registrado un aumento sin precedentes.

La pobreza y la desigualdad no son inevitables. Son el resultado de decisiones deliberadas o de la falta de medidas que desempoderan a los más pobres y marginados de nuestras sociedades y violan sus derechos fundamentales. La violencia silenciosa y sostenida de la pobreza —exclusión social, discriminación estructural y desempoderamiento— dificulta la salida de las personas atrapadas en la pobreza extrema y niega su humanidad.

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto esta dinámica, evidenciando las lagunas y los fallos del sistema de protección social, así como las desigualdades estructurales y las diversas formas de discriminación que profundizan y perpetúan la pobreza. Además, la emergencia climática constituye un nuevo acto de violencia contra las personas que viven en la pobreza, ya que estas comunidades se ven sometidas a una carga excesiva por la mayor frecuencia de los desastres naturales y la degradación del medio ambiente, lo que provoca la destrucción de sus hogares, cultivos y medios de subsistencia.

Este año se celebra el 35º aniversario del Día Mundial para la Superación de la Extrema Pobreza y el 30º aniversario del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Este día rinde homenaje a los millones de personas que sufren la pobreza y a su valentía diaria, y reconoce la solidaridad mundial esencial y la responsabilidad compartida que tenemos para erradicar la pobreza y combatir todas las formas de discriminación.

Mientras el mundo se enfrenta a múltiples crisis dominadas por nuevos conflictos, la pandemia de COVID-19, el cambio climático, las crisis económicas y las crecientes desigualdades, se ha detenido o incluso invertido el desarrollo en varios ámbitos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El informe, “Seguimiento de los progresos relativos a los indicadores de los ODS relacionados con la alimentación y la agricultura 2022”, se publicó al margen del 77º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ofrece análisis detallados y tendencias sobre indicadores seleccionados relevantes para la FAO (para los cuales la FAO es un organismo custodio o contribuyente o tienen implicaciones clave para la alimentación y la agricultura) en ocho ODS (1, 2, 5, 6, 10, 12, 14 y 15), destacando ámbitos de progreso y ámbitos donde se necesita un mayor esfuerzo. El informe es la cuarta evaluación de este tipo de la FAO, basada en los últimos datos y estimaciones disponibles.

Algunos de los puntos destacados del informe incluyen:

El nuevo informe de la FAO “Seguimiento de los progresos relativos a los indicadores de los ODS relacionados con la alimentación y la agricultura 2022” identifica numerosos ámbitos que requieren acciones urgentes para que el mundo vuelva a encaminarse para alcanzar los ODS relacionados con la alimentación y la agricultura. El informe enfatiza la necesidad de que los gobiernos nacionales y la comunidad internacional construyan unos sistemas agrícolas más sostenibles; prevengan el aumento del hambre en el mundo y mejoren la productividad de los productores de alimentos de pequeña escala; preserven la diversidad de los recursos genéticos vegetales y animales; y refuercen la resiliencia de los sistemas alimentarios.

Además, el informe hace un llamamiento a la acción colectiva para ahorrar agua e incrementar la eficiencia del uso del agua en las regiones más afectadas por un alto estrés hídrico; facilitar el comercio internacional de productos agrícolas a través del rediseño e aplicación de medidas no arancelarias; formular políticas orientadas específicamente a la reducción de las pérdidas de alimentos; apoyar a las comunidades pesqueras en pequeña escala y garantizar la gestión sostenible de los océanos; proteger los ecosistemas terrestres, incluso manteniendo el impulso para detener la deforestación y la degradación de los bosques, y restaurar los ecosistemas dañados.

Aunque muchos países han tomado medidas legislativas para reducir las desigualdades de género, el informe advierte que aún queda mucho que hacer para materializar los derechos de la mujer a la tierra por ley y en la práctica. Del mismo modo, a pesar de los importantes logros, es urgente intensificar los esfuerzos para garantizar que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) ya no represente una amenaza para la sostenibilidad de la pesca en todo el mundo.

Para seguir recopilando e informando sobre la información más confiable y actualizada, el informe también destaca la necesidad de mejorar la capacidad estadística de los países para monitorear los ODS. Si bien se ha realizado progresos considerables en la creación de sistemas de datos y estadísticas más sólidos, siguen existiendo importantes deficiencias en los datos de los ODS. Por lo tanto, es crucial aumentar las inversiones para mejorar la recopilación de datos y reforzar su capacidad para generar respuestas más tempranas a las crisis, anticiparse a las futuras necesidades y diseñar las medidas urgentes necesarias para rescatar la Agenda 2030.

La crisis climática, la pandemia de COVID-19 y un mayor número de conflictos en el mundo ponen en peligro la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), advirtió en su informe la ONU.

La publicación destaca la gravedad y la magnitud de los desafíos que enfrentamos, con estas crisis en cascada que se interceptan, afectando la alimentación y la nutrición, la salud, la educación, el medio ambiente y la paz y la seguridad, y dificultando la carrera hacia el logro de los ODS, establecidos en 2015 para la construcción de sociedades más resilientes, pacíficas, justas y equitativas para todos los habitantes del planeta.

Según los datos de la ONU, la pandemia ha causado estragos en los Objetivos y sus efectos aún están lejos de terminar. El “exceso de muertes” a nivel mundial atribuible directa e indirectamente al COVID-19 sumaba 15 millones a fines de 2021.

Esto significa un retroceso de más de cuatro años en el alivio de la pobreza que había sumido a 93 millones de personas más en la pobreza extrema en 2020. Además, unos 147 millones de niños perdieron más de sus clases presenciales en últimos dos años.

Para evitar los peores efectos del cambio climático, como se establece en el Acuerdo de París, las emisiones globales de gases de efecto invernadero deberán alcanzar su punto máximo antes de 2025 y luego disminuir en un 43% para 2030, cayendo a cero neto para 2050. Sin embargo, esas emisiones crecerán casi un 14% en la próxima década.

Los países y grupos de población más vulnerables del mundo sufren de manera desproporcionada todas estas afectaciones, con las mujeres a la cabeza de las pérdidas de empleo y un mayor trabajo de cuidados en el hogar, además de encarar una violencia doméstica exacerbada por los confinamientos de la pandemia.

Los países menos adelantados luchan contra un crecimiento económico débil, una inflación creciente, grandes interrupciones en la cadena de suministro, incertidumbres políticas y una deuda insostenible.

La ONU advirtió que el mundo se encuentra frente a una disyuntiva que definirá su futuro: abandonar los compromisos de ayudar a los más vulnerables, o redoblar los esfuerzos por revitalizar la marcha hacia los Objetivos y construir un mejor porvenir para las personas y el planeta en 2030. El informe sostiene que para que el mundo salga fortalecido de la crisis y se prepare para los desafíos que se avecinen, es imperativo el financiamiento de la infraestructura de datos e información de los gobiernos nacionales y la comunidad internacional.

Entre los datos negativos que detalla el estudio, destacan los siguientes:

El número de personas que padecen hambre en el mundo aumentó hasta alcanzar los 828 millones de personas en 2021, lo que supone un aumento de unos 46 millones desde 2020 y de 150 millones desde el brote de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), según un informe de las Naciones Unidas en el que se aportan nuevas pruebas que muestran que el mundo se está alejando de su objetivo de acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas de aquí a 2030.

En la edición de 2022 del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) se presenta información actualizada sobre la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo, incluidas las últimas estimaciones sobre el costo y la asequibilidad de las dietas saludables. Además, en el informe se plantean las formas en que los gobiernos pueden reorientar el apoyo que actualmente prestan a la agricultura para reducir el costo de las dietas saludables, teniendo en cuenta los limitados recursos públicos disponibles en muchas partes del mundo.

Elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), el estudio destaca también el avance de la pobreza extrema y la creciente desnutrición crónica.

Las cifras describen un panorama desalentador:

En el informe se destaca de manera notable que el apoyo mundial al sector alimentario y agrícola representó un promedio anual de casi 630 000 millones de USD entre 2013 y 2018. La mayor parte de ese apoyo se destina a los agricultores individualmente, a través de las políticas sobre comercio y mercados y de subvenciones fiscales. No obstante, en gran parte, este apoyo no solo distorsiona el mercado, sino que tampoco está llegando a muchos agricultores, daña el medio ambiente y no promueve la producción de alimentos nutritivos que conforman una dieta saludable. Esto se debe, entre otras cosas, al hecho de que las subvenciones suelen dirigirse a la producción de alimentos básicos, lácteos y otros alimentos de origen animal, especialmente en los países de ingresos altos y los países de ingresos medianos altos. El arroz, el azúcar y las carnes de diversos tipos son los alimentos que más incentivos reciben a nivel mundial, mientras que las frutas y las hortalizas reciben un apoyo relativamente menor, sobre todo en algunos países de ingresos bajos.

Ante la amenaza de una recesión mundial y las consecuencias que comporta para los ingresos y gastos públicos, una forma de contribuir a la recuperación económica pasa por adaptar el apoyo a la alimentación y la agricultura para destinarlo a alimentos nutritivos allí donde el consumo per cápita aún no alcanza los niveles recomendados para una dieta saludable.

Los datos sugieren que, si los gobiernos adaptan los recursos que están utilizando para incentivar la producción, la oferta y el consumo de alimentos nutritivos, contribuirán a hacer las dietas saludables menos costosas y más asequibles y equitativas para todas las personas.

Por último, en el informe también se señala que los gobiernos podrían hacer más por reducir los obstáculos al comercio de alimentos nutritivos como las frutas, las hortalizas y las legumbres.

Antes de que se celebre la 75ª Asamblea Mundial de la Salud, los 13 organismos signatarios del Plan de acción mundial para fomentar una vida saludable y el bienestar para todos (PAM ODS3 ) han publicado su tercer informe de situación, Stronger collaboration for an equitable and resilient recovery towards the health-related SDGs, incentivizing collaboration (Fortalecimiento y fomento de la colaboración en aras de una recuperación equitativa y resiliente que facilite el cumplimiento de los ODS relacionados con la salud).

En dicho informe se pone de manifiesto que, más de dos años después del surgimiento de la pandemia de COVID-19, cuyos efectos se han visto agravados por varias crisis mundiales simultáneas, es necesario redoblar esfuerzos para facilitar el cumplimiento de los ODS relacionados con la salud. Los países han cumplido aproximadamente una cuarta parte de los requisitos necesarios para alcanzar en 2030 las metas de dichos ODS relacionadas con la salud.

Por otro lado, se subraya la necesidad de que Plan de acción mundial del ODS3 haga hincapié en el fortalecimiento de la colaboración para facilitar a los países el cumplimiento de los ODS. En el informe se proporcionan varios ejemplos sobre la manera en que las nuevas formas de trabajo más colaborativas repercuten en la salud de las personas, y se esbozan posibles métodos para mejorar la situación al respecto, en particular mediante el establecimiento de nuevos incentivos con objeto de que los organismos colaboren de forma más estrecha.

A lo largo del pasado año, la iniciativa ha reforzado sus estructuras de colaboración, y 52 países (15 más que en el año anterior) han recibido apoyo de organismos. En el marco de la “estrategia de recuperación ” del PAM ODS3 y a tenor de la carta conjunta del director de cada organismo dirigida a los equipos de país, incluidos los coordinadores residentes de las Naciones Unidas, se establece una hoja de ruta para ampliar a más países la labor conjunta de los organismos, así como para fortalecer la colaboración en los países a tenor de sus propias necesidades y velar por que nadie se quede atrás.

El PAM ODS3 sigue armonizando su labor con la de varias iniciativas sanitarias internacionales, a fin de promover una estructura sanitaria más cohesionada a escala mundial. Ello tiene por objeto fomentar la coordinación de los países con los organismos, aumentar la eficiencia y propiciar avances para implantar una cobertura sanitaria universal. Por ejemplo, el PAM ODS3 ha integrado plenamente la iniciativa H6/Every Woman Every Child (cada mujer y cada niño) y desarrolla su labor en la República del Congo, entre otros países, para mejorar los servicios de salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y de adolescentes, por medio de una mayor coordinación de asociados técnicos y financieros.

Con objeto de armonizar plenamente su labor, la iniciativa también ha creado comunidades de práctica en esferas de interés, en particular, la atención sanitaria primaria, especialmente en materia de igualdad y equidad de género. Por ejemplo, el apoyo de organismos a Pakistán en esferas de interés relativas a la atención sanitaria primaria y la financiación sostenible, ha dado lugar a la puesta en marcha de un nuevo paquete experimental esencial de servicios sanitarios, así como al desarrollo de un caso de inversión para promover la ampliación sostenible a largo plazo de servicios sanitarios, incluido un acceso más equitativo a los mismos, en particular con respecto a las comunidades más vulnerables y marginadas, en las que los niños no han recibido ninguna dosis de vacunas.

Los organismos signatarios han abordado las seis recomendaciones de la evaluación conjunta del PAM ODS3 realizada en 2020, a fin de sentar las bases de una evaluación independiente en 2023. En el marco de las actividades de supervisión del PAM ODS3, los países han evaluado la eficacia de la labor conjunta de los organismos y han propuesto varias maneras de fortalecer los mecanismos de coordinación en cada país a tenor de las prioridades a escala nacional.

Los incentivos son esenciales para propiciar una colaboración más estrecha entre los organismos del PAM ODS3. En el nuevo informe se mencionan cuatro esferas experimentes específicas para aplicar un enfoque eficaz que permita incentivar la colaboración, a saber, la financiación, supervisión, evaluación y “gobernanza” de forma conjunta. Se prevé mejorar y ampliar ese enfoque a partir de 2022.

Fuente: OIT 19 de mayo de 2022

Prácticamente todos los países de la OCDE ya están asegurando las necesidades económicas básicas e implementando las herramientas y los marcos de políticas mencionados en la Agenda 2030. Pero el progreso hacia 21 objetivos en temas como garantizar que nadie se quede atrás, restaurar la confianza en las instituciones y limitar las presiones sobre el entorno natural aún está muy lejos.

The Short and Winding Road to 2030: Miding Distance to the SDG Targets dice que si bien los países de la OCDE han erradicado la pobreza extrema, la mayoría de ellos necesita hacer más para reducir la privación de manera más amplia. Las mujeres, los adultos jóvenes y los migrantes enfrentan mayores desafíos que el resto de la población y, a pesar de algunos avances, los derechos y oportunidades de las mujeres aún son limitados tanto en la esfera pública como en la privada. Además, los comportamientos no saludables como la desnutrición y el consumo de tabaco, que parecen ser más comunes entre los grupos socioeconómicos bajos, y las disparidades en la educación desde los primeros años de vida, tienden a exacerbar las desigualdades.

Adoptada por los líderes mundiales en 2015, la Agenda 2030 insta a todos los países a construir un futuro mejor y más sostenible centrándose en una serie de metas agrupadas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los propios ODS se agrupan en cinco temas amplios: personas, planeta, prosperidad, paz y asociaciones. Por ejemplo, los ODS bajo el tema “Personas” apuntan a erradicar la pobreza (Objetivo 1) y el hambre (Objetivo 2), a garantizar que todos los seres humanos puedan desarrollar su potencial, en particular en términos de salud (Objetivo 3) y educación (Objetivo 3). 4), y sin ser penalizados por su género (Objetivo 5).

El informe utiliza datos de la ONU y la OCDE para evaluar el desempeño de los países de la OCDE analizando sus logros actuales, si se han estado acercando o alejando de los objetivos, y la probabilidad de que cumplan sus compromisos para 2030. El informe también considera cómo el progreso puede verse afectado por la pandemia de COVID-19.

El informe encuentra que, si bien la mayoría de los países de la OCDE están cerca de erradicar el hambre severa, pocos de ellos podrán prevenir por completo la exclusión social o reducir la desnutrición para 2030. En promedio, alrededor de uno de cada ocho residentes de la OCDE se considera pobre en ingresos y dietas poco saludables. y los estilos de vida sedentarios han llevado a un aumento de las tasas de obesidad en todos los países de la OCDE, con un promedio del 60% de los adultos con sobrepeso u obesidad.

El informe también confirma que las presiones ambientales están aumentando. Se lograron avances en muchos frentes, incluida la intensidad energética, el uso del agua y la gestión de residuos municipales. Si bien algunos de estos desarrollos positivos son atribuibles a la acción política y al progreso técnico, el desplazamiento al exterior de la producción intensiva en recursos y contaminación también explica parte de este progreso. El uso de recursos materiales para respaldar el crecimiento económico sigue siendo alto y muchos materiales valiosos continúan eliminándose como desechos.

El informe identifica una serie de otras áreas en las que la distancia que aún queda para alcanzar las metas de los ODS es insignificante o pequeña. Los países de la OCDE pueden brindar a todos acceso a algunos servicios básicos, incluidos saneamiento, agua potable y energía. Los países de la OCDE también han podido reducir la mortalidad materna e infantil, permitir el acceso a la educación de la primera infancia, proporcionar instalaciones educativas modernas y una identidad legal para todos los ciudadanos.

La Agenda 2030 es global por esencia y llama a los países desarrollados a implementar plenamente sus compromisos de asistencia oficial para el desarrollo más allá de sus fronteras. Sin embargo, la asistencia oficial total proporcionada por los países donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo sigue siendo menos de la mitad del objetivo previsto del 0,7% del ingreso nacional bruto.

El informe también tiene como objetivo establecer la futura agenda estadística sobre los ODS. A pesar del progreso en la medición, todavía hay muchos puntos ciegos. Aunque los datos están actualmente disponibles para casi el 70% de los objetivos en la categoría Planeta, por ejemplo, solo uno de cada tres de los objetivos puede monitorearse de manera efectiva debido a la disponibilidad limitada de series de tiempo sólidas.

La OCDE dice que los paquetes de recuperación implementados por la mayoría de los gobiernos de la OCDE en respuesta a la crisis de COVID-19 brindan una oportunidad para acelerar el ritmo del progreso hacia el cumplimiento de los ODS.

Fuente: OECD 27 de abril de 2022

La página web Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021 reveló los devastadores efectos de la crisis de la COVID-19 en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Aunque el informe señalaba que la insuficiencia de las fuentes de datos oficiales dificultaban la obtención de una imagen detallada y precisa del progreso hacia los ODS en tiempo real, identificaba una serie de áreas que requerían una acción urgente y coordinada. Ahora se dispone de más datos para evaluar el impacto de la pandemia en los mercados laborales. Aunque el panorama se va aclarando poco a poco, las perspectivas no son en absoluto más halagüeñas.

La proporción de trabajadores pobres había disminuido de forma constante en todo el mundo, desde el 26,1% en 2000 hasta el 6,7% en 2019; sin embargo, la pandemia del COVID-19 interrumpió esta tendencia. En 2020, la proporción mundial de trabajadores que viven con sus familias por debajo del umbral internacional de pobreza aumentó por primera vez desde 2000 (año en que se inicia la serie de datos), alcanzando el 7,2%, lo que se tradujo en 8 millones de trabajadores adicionales que viven en la pobreza en comparación con 2019. Aunque la tasa de pobreza de los trabajadores se redujo ligeramente en 2021, con un 6,9% seguía siendo superior a la tasa anterior a la pandemia.

La proporción de trabajadores pobres aumentó en todas las regiones en 2020, excepto en Europa y Asia Central, donde la baja tasa del 0,3% de 2019 se mantuvo sin cambios. Aunque las tasas disminuyeron en 2021 para algunas regiones, la mayoría aún no ha vuelto a sus niveles de 2019. Sólo Asia y el Pacífico consiguió reducir su tasa de pobreza laboral al 2,9% desde el inicio de la pandemia. Mientras tanto, las dos regiones con las tasas de pobreza laboral más altas -África y los Estados Árabes- experimentaron los mayores aumentos en los últimos dos años, en más de un punto porcentual cada una. No es de extrañar que la proporción de trabajadores pobres siga siendo alarmantemente alta en los países de bajos ingresos, donde más del 40% de los empleados viven en hogares pobres.

En 2021, la tasa global de desocupación se redujo ligeramente hasta el 6,2%, que sigue siendo muy superior a la tasa prepandémica del 5,4%. Esto se traduce en 28 millones de desempleados más en 2021 que en 2019. La OIT proyecta que desocupación se mantendrá por encima de su nivel de 2019 al menos hasta 2023. Sin embargo, cabe señalar que el nivel de desocupación no recoge todo el impacto de la crisis en ocupación , ya que muchos de los que abandonaron la población activa no se han reincorporado posteriormente. La tasa de inactividad era del 41,0% en 2021, 1,5 puntos porcentuales por encima de la tasa de 2019. Esto se traduce en 147 millones más de personas fuera de la población activa, una cifra que se espera que siga creciendo. Además, la tasa de desocupación no refleja la reducción de las horas de trabajo de los que siguieron trabajando. En 2021, se perdió el 4,3% de las horas de trabajo mundiales en relación con el cuarto trimestre de 2019, lo que equivale a un déficit de 125 millones de puestos de trabajo a tiempo completo (suponiendo una semana laboral de 48 horas).

Los grupos del mercado laboral que se vieron afectados de forma desproporcionada por la crisis -las mujeres y los jóvenes- son los que ahora se recuperan más lentamente. Así, la tasa de desocupación para las mujeres se situó en el 6,4% en 2021, apenas 0,1 puntos porcentuales menos que en 2020, mientras que entre los hombres disminuyó 0,6 puntos porcentuales en el mismo periodo.

Del mismo modo, los jóvenes siguieron declarando tasas de desocupación más altas que antes de la pandemia en 40 de los 46 países con datos trimestrales disponibles para 2021. Además, ahora hay pruebas de que las personas con discapacidad también se vieron más afectadas. Esto es preocupante, ya que su tasa de desocupación ya era más alta que la de las personas sin discapacidad en la mayoría de los países. Además, tienen menos probabilidades de participar en el mercado laboral. La diferencia media (no ponderada) entre las tasas de desocupación de las personas con y sin discapacidad en los 25 países con datos disponibles saltó de 1,2 puntos porcentuales en 2019 a 2,1 puntos porcentuales en 2020.

La proporción de jóvenes de todo el mundo que no participan en ocupación , la educación o la formación (NEET) está ahora en su nivel más alto desde 2005 (cuando comienza la serie). El plazo de la meta 8.6 de los ODS, es decir, reducir sustancialmente la tasa de NINI de los jóvenes, era 2020. Está claro que ese objetivo no se ha cumplido.

Otra de las metas de los ODS fijadas para 2020, la meta 8.b, consistía en desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para los jóvenes ocupación . Según los últimos datos disponibles (de 2020 o 2021) para 137 países, el 98% de ellos tenía una estrategia para la juventud ocupación o tenía la intención de desarrollar una pronto. Alrededor del 41% de los países informantes (56 países) habían puesto en marcha su estrategia para la juventud ocupación en 2020 o 20211. Otro 34% (o 47 países) tenía una estrategia, pero no había pruebas concluyentes de que la estuvieran aplicando realmente. Por último, el 23% (o 31 países) indicaron que estaban en proceso de desarrollar una estrategia para los jóvenes ocupación . Es importante señalar que aún faltan datos de numerosos países: una mejor cobertura de datos podría alterar drásticamente el panorama general.

En 2019, 2.000 millones de personas en todo el mundo trabajaban en la economía informal, realizando trabajos que se caracterizan por la baja calidad del empleo y la falta de protección social. En las primeras fases de la pandemia, la economía informal ocupación (en los países con mercados laborales duales) no solía desempeñar su tradicional función anticíclica de absorber a los trabajadores desplazados del sector formal.

Las estimaciones preliminares sugieren que la producción mundial por trabajador repuntó fuertemente en 2021, aumentando un 3,2%. Sin embargo, la productividad en los países menos desarrollados disminuyó un 1,6% durante el año. Como resultado de esta dinámica, la brecha de productividad entre las economías en desarrollo y las avanzadas se amplió durante la pandemia. En 2021, el trabajador medio de un país de ingresos altos produjo 13,6 veces más que el trabajador medio de un país de ingresos bajos, frente a una proporción de 13,2 en 2019.

Fuente: OIT 21 de marzo de 2022

Un nuevo informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) analiza la cohesión social desde una mirada regional, pero por sobre todo a nivel de los desafíos y avances de cada país en diversas dimensiones, a fin de dilucidar prioridades y oportunidades para las políticas públicas y entregar lineamientos para su desarrollo.

El documento Panorama de la Cohesión Social en América Latina y el Caribe fue presentado durante un seminario internacional virtual.

El documento lanzado es el segundo Informe regional del proyecto CEPAL-AECID “Análisis de la situación de la inclusión y la cohesión social en América Latina y el Caribe a la luz del pilar social extendido de la Agenda 2030”, que ha retomado el concepto de cohesión social, sobre la base del potente trabajo previo de la CEPAL, para llevar a cabo una reformulación adaptada al contexto actual y a nuevos referentes contemporáneos como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Este panorama regional ofrece una doble mirada. Por un lado, a nivel regional describe y sintetiza las dimensiones y rasgos más importantes de la cohesión social en 19 países de América Latina y el Caribe. Para ello moviliza una batería de 48 indicadores, organizados en tres pilares (brechas, institucionalidad y pertenencia), que abarcan elementos habilitadores de una cohesión social orientada a la igualdad (garantías de bienestar, mecanismos de reconocimiento, participación y resolución de conflictos), así como diversas expresiones constitutivas de esta (relaciones sociales de igualdad, sentido de pertenencia y orientación al bien común).

Una segunda mirada se vuelca hacia los países mediante breves reseñas individuales que resaltan los rasgos más notables de cada contexto. Finalmente, el documento identifica prioridades y oportunidades para las políticas públicas para la cohesión social a nivel regional, como también a nivel de los desafíos y avances de cada país.

Este Panorama Regional de la Cohesión Social aplica el marco de análisis, de medición, y de políticas “Cohesión social y desarrollo social inclusivo en América Latina: una propuesta para una era de incertidumbres”.

Tras su presentación, el documento recibió comentarios de parte de distinguidos académicos, representantes de gobierno y de la sociedad civil de nueve países de la región.

El programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pone en el centro a la persona y al planeta, se apoya en los derechos humanos y está respaldado por una alianza mundial decidida a ayudar a la gente a superar la pobreza, el hambre y las enfermedades. Se forjará por tanto sobre la base de una cooperación y solidaridad mundiales.

El Día Internacional de la Solidaridad Humana es:

La solidaridad se identifica en la Declaración del Milenio (PDF) como uno de los valores fundamentales para las relaciones internacionales en el siglo 21 y para que quienes sufren o tienen menos se beneficien de la ayuda de los más acomodados. En consecuencia, en el contexto de la globalización y el desafío de la creciente desigualdad, el fortalecimiento de la solidaridad internacional es indispensable.

Convencida de que la promoción de la cultura de la solidaridad y el espíritu de compartir es importante para la lucha contra la pobreza, la Asamblea General proclamó el 20 de diciembre como Día Internacional de la Solidaridad Humana.

A través de iniciativas como la creación del Fondo Mundial de Solidaridad para erradicar la pobreza y la proclamación del Día Internacional de la Solidaridad Humana, este concepto fue promovido como crucial en la lucha contra la pobreza y en la participación de todos los interesados pertinentes.

La solidaridad ha definido el trabajo de las Naciones Unidas desde el nacimiento de la Organización que, desde su creación, atrajeron a los pueblos del mundo para promover la paz, los derechos humanos y el desarrollo económico y social. La organización fue fundada en la premisa básica de la unidad y la armonía entre sus miembros, expresada en el concepto de seguridad colectiva que se basa en la solidaridad de sus miembros a unirse “para mantener la paz y la seguridad internacionales”.

Así mismo, la Organización se basa en este espíritu de solidaridad para “la cooperación en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario”.

La solidaridad es uno de los valores fundamentales y universales en que deberían basarse las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI. Por ese motivo, la Asamblea General decidió proclamar el 20 de diciembre de cada año Día Internacional de la Solidaridad Humana, en su 60/209 (PDF) de fecha 22 de diciembre de 2005.

Además, con el objetivo de erradicar la pobreza y promover el desarrollo humano y social en los países menos industrializados, en particular entre los segmentos más pobres de sus poblaciones, la Asamblea General creó el Fondo Mundial de Solidaridad, en su resolución 57/265 (PDF).

Las ciudades de América Latina y el Caribe consumirán entre el doble y cuatro veces más recursos en 2050 si no adoptan una “planificación integral” y “aumentan la eficiencia de sus sistemas y la circularidad”, advirtió este lunes un nuevo informe del Programa de las Naciones Unida para el Medio Ambiente que destaca que ese escenario “implica la degradación severa de ecosistemas vitales.”

Para lograr ese objetivo, el estudio del organismo de la ONU destaca que las ciudades de la región necesitarán impulsar una transformación sostenible que reduzca a la mitad el consumo de recursos tales como los combustibles fósiles, los minerales y los alimentos, al tiempo que combaten la pobreza y la desigualdad.

El análisis del Programa traza la ruta hacia una planificación urbana deseable basándose en un paquete de medidas en cuatro ejes:

Estas actuaciones servirían para reducir el consumo de recursos, los residuos, el daño ambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero.

El consumo anual per cápita de recursos en las ciudades de América Latina en 2015 oscilaba entre las 12,5 y 14,4 toneladas. Más de la mitad del inventario de material urbano de la región se encontraba en las ciudades de Brasil (38,1%) y México (21,1%).

Si en el año 2050 la población regional aumentase a 680 millones de personas, el consumo de material doméstico urbano podría aumentar hasta las 25 toneladas per cápita, muy por encima del rango de entre seis y ocho toneladas per cá­pita que el estudio del Programa considera sostenible.

Si se logra implementar todas las acciones propuestas en el informe, las ciudades de la región podrían reducir su consumo material anual a entre seis y siete toneladas per cápita para 2050.

El estudio también destaca algunas medidas que ya se están tomando en esta línea como son las mejoras del transporte público en el municipio brasileño de Fortaleza, que incluyeron un mayor espacio para bicicletas y peatones, la “cosecha” de agua de lluvia en la Ciudad de México y el proyecto de calefacción por distritos de la ciudad de Temuco, en el centro de Chile.

Según analiza el informe, el espacio construido en la región durante 40 años creció un 99%, casi el mismo número que experimentó el aumento de la población urbana en ese período (95%). La incapacidad de la mayoría de las ciudades para absorber ese crecimiento exacerbó la inequidad social y la injusticia ambiental.

Cerrar la brecha de desigualdad conllevará resolver la situación de precariedad a la que se enfrentan las poblaciones más vulnerables; por ejemplo, la lejanía de los servicios urbanos, la infraestructura deficiente, las condiciones de violencia y la contaminación.

Los autores del estudio llaman a tratar estos desafíos mediante “una transformación sostenible” e invitan a “orientar mayores esfuerzos hacia las ciudades intermedias”, que crecen de una forma más acelerada que la media. También recomiendan potenciar la cooperación e implementar alianzas más sólidas a nivel subnacional, subregional y regional.

El 1 de diciembre de cada año, el mundo conmemora el Día Mundial del Sida. El mundo se une para apoyar a las personas que conviven con el VIH y para recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el sida.

En este Día, ONUSIDA pone de relieve la necesidad urgente de acabar con las desigualdades que ayudan a propagar el sida y otras pandemias en todo el mundo.

Sin poner remedio a las desigualdades mediante acciones audaces, corremos el riesgo de no alcanzar el objetivo de acabar con el sida, además de sufrir la prolongada pandemia de la COVID-19 y una crisis socioeconómica en aumento.

Justo cuando han pasado cuatro décadas desde que se dieron a conocer los primeros casos de sida, el VIH sigue amenazando al mundo. Estamos lejos de cumplir el compromiso compartido de acabar con el sida, pero no por la falta de conocimientos o medios, sino por las grandes desigualdades estructurales que dificultan que se apliquen soluciones efectivas para la prevención y el tratamiento del VIH.

Acabar con el sida requiere poner fin a las desigualdades económicas, sociales, culturales y legales. Aunque exista la percepción de que un momento de crisis no es el más adecuado para priorizar el tratamiento de las injusticias sociales subyacentes, ha quedado claro que no superaremos la crisis hasta que no abordemos las desigualdades.

El mundo se comprometió en 2015 a acabar con las desigualdades y la urgencia no ha dejado de aumentar. Los países prometieron reducir la desigualdad, dentro y fuera de sus fronteras, mediante la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La “Estrategia Mundial contra el Sida 2021-2026: Poner Fin a las Desigualdades y al Sida” y la “Declaración Política sobre el Sida” tienen como objetivo acabar con las desigualdades.

Con un incremento de 30% de personas padeciendo hambre, América Latina y el Caribe fue la región donde más creció ese flagelo entre 2019 y 2020, para llegar a su nivel más alto desde 2020, indica un nuevo estudio de cinco agencias especializadas de la ONU.

El Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2021 detalla que en apenas un año, el número de personas con hambre aumentó en 13,8 millones, para sumar 59,7 millones.

Los datos desagregados muestran que entre 2019 y 2020, Mesoamérica observó el mayor aumento, con 19 millones de personas padeciendo hambre, lo que significa una prevalencia de 10,6%. En tanto, el Caribe tiene la prevalencia más alta a nivel regional: 16,1% o siete millones de personas. En América del Sur el hambre afecta a 33,7 millones de personas, el 7,8% de la población.

La prevalencia del hambre en América Latina y el Caribe se encuentra en 9,1% y es la más alta de los últimos 15 años, aunque está por debajo del promedio mundial de 9,9%. Entre 2019 y 2020 aumentó en 2 puntos porcentuales.

El informe refiere, por otra parte, que la inseguridad alimentaria afecta al 41% de la población y precisa que golpeó en grado moderado o grave a 267 millones de personas, o 25% de la población, en 2020, lo que implica 60 millones de individuos y nueve puntos porcentuales más que el año anterior y constituye el incremento más pronunciado del mundo a nivel regional.

Los casos de inseguridad alimentaria grave, definida como las personas que se quedan sin alimentos o pasan un día o más sin comer, subieron un 14% en 2020, a 92,8 millones. En 2014 se situaban en 47,6 millones de personas.

Sudamérica fue la subregión donde más creció la inseguridad alimentaria: 20,5% de 2014 a 2020. En Mesoamérica el incremento fue de 7,3 puntos porcentuales durante el mismo periodo.

La publicación subraya que en 2020 fueron más las mujeres que los hombres que experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave: 41,8% frente 32,2%. Destaca, asimismo que la disparidad se ha agudizado en los últimos seis años y que de 2019 a 2020 pasó de 6,4% a 9,6%.

Paradójicamente, América Latina y el Caribe es una región con un creciente problema de obesidad que alcanza a uno de cada cuatro adultos para totalizar 106 millones de personas.

Entre 2000 y 2016, la obesidad subió 9,5% en el Caribe, 8,2% en Mesoamérica y 7,2% en Sudamérica.

La agencia panamericana sonó la alarma en cuanto al sobrepeso infantil, que afectó en 2020 a 3,9 millones de niños, casi 2 puntos por encima del promedio mundial. El 7,5% de los menores de cinco años tienen sobrepeso.

Por subregiones, América del Sur registra la mayor prevalencia de sobrepeso infantil, con 8,2%, seguida por el Caribe con 6,6% y Mesoamérica con 6,3%.

Las agencias de las Naciones Unidas urgieron a los países de la región a tomar medidas inmediatas para detener el aumento del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas.

El Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2021 es una publicación conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la Organización Panamericana de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Los 193 Estados miembros de la UNESCO han aprobado el primer marco ético sobre inteligencia artificial. Este histórico texto establece valores y principios comunes que guiarán la construcción de la infraestructura jurídica necesaria para garantizar un desarrollo saludable de la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial es omnipresente, hace posibles muchas de nuestras rutinas diarias y está dando resultados notables en ámbitos muy especializados, como la detección del cáncer y la construcción de entornos inclusivos para personas con discapacidad. También puede ayudar a combatir problemas como el cambio climático y el hambre en el mundo y a reducir la pobreza.

Pero esta tecnología también está trayendo consigo nuevos retos sin precedentes. Por ejemplo, se está produciendo un aumento de los prejuicios de género y étnicos, amenazas significativas contra la privacidad o peligros de la vigilancia masiva. Hasta ahora, no había normas universales que dieran respuesta a estos problemas.

La Recomendación tiene como objetivo hacer realidad las ventajas que la inteligencia artificial aporta a la sociedad y reducir los riesgos que conlleva. Garantiza que las transformaciones digitales promuevan los derechos humanos y contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, abordando cuestiones relativas a la transparencia, la rendición de cuentas y la privacidad, con capítulos políticos orientados a la acción sobre la gobernanza de los datos, la educación, la cultura, el trabajo, la atención sanitaria y la economía.

La Recomendación pide que se actúe más allá de lo que hacen las empresas tecnológicas y los gobiernos para garantizar a las personas una mayor protección, asegurando la transparencia, la capacidad de actuar y el control de sus datos personales. Afirma que todos los individuos deberían poder acceder a sus registros de datos personales o incluso borrarlos. También incluye acciones para mejorar la protección de los datos y el conocimiento y derecho del individuo a controlar sus propios datos. Asimismo, aumenta la capacidad de los organismos reguladores de todo el mundo para hacerla cumplir.

La Recomendación prohíbe explícitamente el uso de sistemas de inteligencia artificial para la calificación social y la vigilancia masiva. Este tipo de tecnologías son muy invasivas, vulneran los derechos humanos y las libertades fundamentales y se utilizan de forma generalizada.

La Recomendación también sienta las bases de las herramientas que ayudarán a su aplicación y evaluar el impacto de esos sistemas en las personas, la sociedad y el medio ambiente. La metodología de evaluación del grado de preparación ayuda a los Estados Miembros a evaluar su grado de preparación en términos de infraestructura jurídica y técnica.

La Recomendación subraya que se deben favorecer métodos que ayuden a garantizar que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta más destacada en la lucha contra el cambio climático y en el tratamiento de los problemas medioambientales.

La abundancia de gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera alcanzó una nueva cifra récord durante 2020 con una tasa de crecimiento anual por encima de la media que se promedió entre los años 2011 y 2020, según destaca el último Boletín de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre los gases de efecto invernadero, que indica que esta tendencia se mantiene durante el año en curso.

La concentración de dióxido de carbono (CO2), el gas de efecto invernadero más importante, alcanzó en 2020 las 413,2 partes por millón (ppm) y se sitúa por encima del 149 % sobre los niveles preindustriales.

La Organización advierte que, de no detenerse las emisiones, la temperatura mundial seguirá subiendo. El dióxido de carbono es un gas que se caracteriza por su larga duración y, por tanto, el nivel de temperatura que observamos actualmente persistirá durante varias décadas, aunque las emisiones se reduzcan rápidamente hasta alcanzar un nivel neto cero.

Si a esta situación le añadimos el calentamiento del planeta, el resultado final que obtendremos será la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos, tales como episodios de calor intenso, lluvias fuertes, derretimiento de las masas de hielo, subida del nivel del mar y acidificación de los océanos, que implicarán repercusiones socioeconómicas de gran alcance.

Aproximadamente la mitad del CO2 emitido actualmente por las actividades humanas permanece en la atmósfera, mientras que los océanos y ecosistemas terrestres absorben la otra mitad.

El boletín alerta sobre la posibilidad de que, en el futuro, los océanos y los ecosistemas terrestres puedan perder su eficacia como “sumideros”, decreciendo su capacidad de absorción del CO2 y actuando como reguladores que evitan mayores aumentos de temperatura.

Las concentraciones de otros gases como el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), equivalieron, respectivamente, al 262 % y al 123 % con relación a los niveles de 1750, el año elegido para representar el momento en que la actividad humana empezó a alterar el equilibrio natural de la Tierra.

El cambio climático en curso y sus retroalimentaciones, tales como el aumento en la frecuencia de las sequías y el consiguiente incremento en la cantidad e intensidad de los incendios forestales podrían reducir la capacidad de los ecosistemas terrestres para absorber CO2.

La absorción en los océanos también podría disminuir debido a varias causas como el aumento de la temperatura de la superficie del mar, a la disminución del pH causada por la captación de CO2 y a la ralentización de la circulación oceánica meridional consecuencia del incremento de la fusión del hielo marino.

El Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global de la Organización monitorea las futuras alteraciones en el equilibrio entre fuentes de carbono y sumideros.

El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera, y contribuye alrededor del 66 % al efecto de calentamiento del clima, principalmente a causa de la quema de combustibles fósiles y la producción de cemento.

Las concentraciones medias mundiales de CO2 alcanzaron un nuevo máximo de 413,2 ppm en 2020. Los registros de la Organización señalan que el aumento en la concentración de CO2 de 2019 a 2020 fue ligeramente inferior al observado entre 2018 y 2019, pero superior a la tasa de aumento medio anual del último decenio.

En julio de 2021, las concentraciones de CO2 observadas en la isla hawaiana de Mauna Loa y en el cabo Grim de la isla australiana de Tasmania alcanzaron, respectivamente, 416,96 ppm y 412,1 ppm, en comparación con las 414,62 ppm y las 410,03 ppm registradas en julio de 2020.

El Metano es un potente gas de efecto invernadero permanece en la atmósfera aproximadamente una década y causa alrededor del 16% del efecto de calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero de larga duración.

Cerca del 40 % del metano emitido a la atmósfera procede de fuentes naturales (por ejemplo, humedales y termitas), mientras que cerca del 60 % proviene de fuentes de origen humano (por ejemplo, ganadería de rumiantes, cultivo de arroz, explotación de combustibles fósiles, vertederos y quema de biomasa).

La reducción a corto plazo del metano en la atmósfera podría ayudar a lograr los objetivos del Acuerdo de París y podría contribuir a alcanzar muchos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que la mitigación de sus emisiones conllevaría múltiples beneficios indirectos.

El óxido nitroso es otro potente gas de efecto invernadero que actúa al mismo tiempo como una sustancia química que agota la capa de ozono.

Cerca del 60 % de las emisiones de óxido nitroso a la atmósfera provienen de fuentes naturales y aproximadamente el 40% de causas derivadas de la actividad humana, por ejemplo, en los océanos, en los suelos, por la quema de biomasa, por el uso de fertilizantes y de diversos procesos industriales.

Las emanaciones fruto de actividades humanas, entre las que predomina la fertilización de las tierras de cultivo con nitrógeno, han aumentado un 30 % en los últimos cuatro decenios.

Según la Organización, la agricultura es la causante del 70 % de todas las emisiones de origen humano de ese gas debido al uso de fertilizantes nitrogenados y al estiércol. El principal incremento óxido nitroso en la atmósfera se debió a ese incremento.

Según un nuevo análisis de la OCDE, la financiación climática proporcionada y movilizada por los países desarrollados para la acción climática en los países en desarrollo alcanzará los 100.000 millones de dólares en 2023.

La meta anual para los países desarrollados de proporcionar y movilizar USD 100 mil millones de financiamiento climático por año para la acción climática en los países en desarrollo debía haberse cumplido en 2020 y mantenerse hasta 2025.

La última evaluación de progreso de la OCDE, publicada en septiembre, mostró que la financiación climática proporcionada y movilizada por los países desarrollados ascendió a 79.600 millones de dólares en 2019 , solo un 2% más que en 2018. Es poco probable que se haya alcanzado la marca de 100.000 millones de dólares en 2020, aunque los datos verificados necesarios para finalizar esta determinación oficialmente no estarán disponibles antes de 2022.

En la reunión ministerial de julio que se preparaba para la COP26, Canadá y Alemania acordaron, a solicitud de la presidencia entrante de la COP 26 del Reino Unido, desarrollar un Plan de Entrega colectivo para alcanzar la meta lo antes posible. Se solicitó a la OCDE que brinde apoyo técnico a este plan de ejecución.

Desde esa reunión y la publicación de las cifras de la OCDE de 2019 en septiembre, se hicieron más compromisos para aumentar la financiación climática pública bilateral en alrededor de USD 10 mil millones al año en promedio durante el período 2022-2025 en relación con el período 2018-19 para esos mismos donantes. . Esto se suma a los compromisos asumidos en 2020 y antes en 2021 por otros países y al aumento de las proyecciones de financiamiento climático futuro de los bancos multilaterales de desarrollo.

El nuevo análisis de la OCDE Escenarios prospectivos de financiación climática proporcionados y movilizados por países desarrollados en 2021-2025 establece dos escenarios para la financiación climática futura.

Estos se basan en un análisis detallado de la OCDE de los compromisos de financiación climática pública prospectivos recibidos de los países desarrollados y las proyecciones de financiación climática de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), comunicados en el contexto del plan de ejecución de los donantes.

Tras un análisis en 2016 de la financiación climática estimada en 2020, este es el segundo resultado prospectivo de la OCDE en relación con el objetivo de 100.000 millones de dólares. Dichos análisis complementan las evaluaciones periódicas de la OCDE sobre el progreso hacia el objetivo, utilizando la misma metodología y definiciones, pero se llevan a cabo retrospectivamente cuando se dispone de los datos verificados necesarios.

El ritmo al que se puede aumentar la financiación climática en la práctica dependerá de muchos factores, incluidas las condiciones macroeconómicas, a nivel mundial y en los países en desarrollo, así como la creación de capacidad y el desarrollo de proyectos climáticos en tramitación.

Los dos escenarios utilizados por la OCDE proporcionan dos desarrollos distintos para los niveles futuros de financiamiento climático con el fin de ilustrar el rango de incertidumbre. No deben interpretarse como pronósticos y es posible que no cubran la gama completa de resultados potenciales.

El primer escenario asume que las finanzas públicas se amplían de acuerdo con la información proporcionada, sujeto a controles de la OCDE para estandarizar la información y evitar el doble cómputo. También asume que el financiamiento privado movilizado por este financiamiento público aumenta en línea con el valor más bajo de la razón privado / público observado en el período 2016-19. Dados los cambios en la composición esperada de las carteras de financiamiento público, esto implica mayores tasas de movilización de financiamiento privado para proyectos relevantes durante el período y resulta en volúmenes crecientes de financiamiento privado durante el período.

El segundo escenario tiene en cuenta cuestiones que pueden resultar en niveles de financiación climática inferiores a los previstos. Estos incluyen el impacto potencial de los riesgos macroeconómicos a corto plazo en los países en desarrollo, las limitaciones de capacidad exacerbadas por la pandemia de COVID-19 y los cambios previstos en la composición de las carteras de los proveedores en relación con el aumento de la participación del financiamiento para la adaptación, del financiamiento mediante donaciones y de financiación para los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID). La naturaleza de este ejercicio no permitió una estimación agregada cuantitativa de estos cambios de cartera a lo largo del tiempo. Sin embargo, muchos proveedores han dejado en claro su intención de ampliar la financiación para la adaptación en términos relativos y absolutos dentro de sus carteras de financiación climática. Este cambio en la composición de la cartera está integrado en los cálculos.

La FAO considera la sanidad animal un aspecto fundamental para la seguridad alimentaria y nutricional, así como para lograr muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente aquellos relacionados con la mejora de la producción, la erradicación de la pobreza, el fin del hambre y el logro de una vida sana para todos. Su labor en materia de sanidad animal forma parte de un enfoque integrado “Una salud” y se centra en la gestión de los riesgos en las interfaces entre animales, seres humanos y plantas.

Entre las principales enfermedades de los animales que actualmente amenazan la seguridad alimentaria y los medios de vida figura la peste porcina africana, que según el Banco Asiático de Desarrollo ha supuesto ya pérdidas en la región de entre 55 000 y 130 000 millones de USD y recientemente también ha llegado a las Américas.

“El nuevo EMPRES-i+ subraya el valor de los sistemas de información de alerta temprana para mejorar la vida y los medios de subsistencia. Pero esto solo se puede alcanzar mediante el intercambio colectivo de información y la acción temprana”.

Los flujos mundiales de inversión extranjera directa en el primer semestre de 2021 alcanzaron una cifra estimada de 852.000 millones de dólares, evidenciando una recuperación más sólida de lo esperada, destaca un nuevo informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

El crecimiento de los flujos durante los dos primeros trimestres sirvió para recuperar más del 70% de las pérdidas ocasionadas por la pandemia de COVID-19 durante 2020.

Las economías desarrolladas registraron el mayor aumento, con inversión extranjera estimada en 424.000 millones de dólares durante el primer semestre de 2021, lo que supone más del triple respecto al nivel excepcionalmente bajo de 2020.

Los flujos de inversión extranjera directa también crecieron significativamente en las economías en desarrollo al sumar un total de 427.000 millones de dólares en el primer semestre de 2021, con una aceleración del crecimiento en Asia oriental y sudoriental, una recuperación a niveles cercanos a los anteriores a la pandemia en América Central y del Sur, y repuntes en varias otras economías de África y Asia occidental y central.

Entre el total del “aumento de recuperación” de los flujos mundiales de inversión extranjera directa en el primer semestre de 2021, que fue de 373.000 millones de dólares, el 75% se registró en las economías desarrolladas.

Los países de renta alta duplicaron con creces las entradas trimestrales de inversión extranjera directa respecto a los niveles mínimos de 2020, las economías de renta media experimentaron un aumento del 30% y las de renta baja un nuevo descenso del 9%.

La creciente confianza de los inversores se manifiesta sobre todo en las infraestructuras, impulsada por las favorables condiciones de financiación a largo plazo, los paquetes de estímulo para la recuperación y los programas de inversión en el extranjero.

La recuperación de los flujos de inversión en los sectores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países en desarrollo, que bajaron durante la pandemia en registros de dos dígitos en casi todos los sectores, sigue siendo frágil.

La financiación internacional de proyectos en energías renovables y servicios públicos sigue siendo el sector de mayor crecimiento. Sin embargo, el número de planes de inversión relativos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países menos desarrollados sigue disminuyendo precipitadamente.

Las perspectivas globales de inversión extranjera directa para todo el año han mejorado con respecto a las previsiones anteriores.

Aunque las tendencias señalan unas tasas de crecimiento más moderadas que las del primer semestre del 2021, es probable que el impulso actual y el crecimiento de la financiación internacional de proyectos hagan que los flujos de inversión extranjera directa vuelvan a superar los niveles anteriores a la epidemia de COVID-19.

Otros factores de riesgo importantes, como los cuellos de botella de la mano de obra y la cadena de suministro, los precios de la energía y las presiones inflacionistas, también afectarán a los resultados del último año.

Los Directores Generales de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han firmado un acuerdo para reforzar su cooperación, con el fin de promover el empleo y los trabajos decentes para mujeres y hombres en una transición energética que no deje a nadie atrás.

“El rápido despliegue de las energías renovables es indispensable para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible . Es esencial hacer que esa transición conduzca a la creación de trabajo decente, con más y mejores empleos, al tiempo que se garantiza una transición justa para todos”, dijo el Director General de la OIT. “Trabajando juntos, la OIT e IRENA pueden promover aún más el trabajo decente y la justicia social en la transición energética, de manera integral”.

Ambas organizaciones ya colaboran en una serie de iniciativas conjuntas, como la Plataforma de Energía y Empleo Sostenibles (SEJP) en el marco de la Coalición para la Acción de IRENA, las Iniciativas de Transición Justa y Empleo Verde de la OIT , basadas en las Directrices Tripartitas de la OIT para una Transición Justa hacia Economías y Sociedades Ambientalmente Sostenibles para Todos , y el Marco de Colaboración de IRENA sobre Transición Energética Justa e Inclusiva.

La mano de obra del futuro se enfrentará a muchos retos. Es necesario un marco político global y holístico que apoye la educación, la mejora de las competencias y el reciclaje profesional, reconociendo las necesidades y prioridades de las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y los grupos marginados. En este contexto, IRENA y la OIT colaborarán estrechamente en el desarrollo de productos de conocimiento y recomendaciones que apoyen los marcos políticos para impulsar el crecimiento económico inclusivo y sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 7 y 8.

Este acuerdo permitirá a ambas organizaciones aprovechar y complementar los puntos fuertes de la otra en la realización de actividades de interés mutuo. Su colaboración incluirá, entre otras cosas, investigación e iniciativas conjuntas, desarrollo de capacidades, actividades de formación, divulgación y comunicación, así como eventos conjuntos para compartir conocimientos.

Fuente: OIT 18 de octubre de 2021

Las mujeres rurales, clave para un mundo sin hambre ni pobreza

Conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres no solo es lo correcto, sino que es un ingrediente fundamental en la lucha contra la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición.

En promedio, las mujeres representan algo más del 40% de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo, pudiendo llegar a más del 50% en determinadas partes de África y Asia.

Sin embargo, se enfrentan a una discriminación significativa en lo que respecta a la propiedad de la tierra y el ganado, la igualdad de remuneración, la participación en la toma de decisiones de entidades como las cooperativas agrarias, y el acceso a recursos, crédito y mercado para que sus explotaciones y granjas prosperen.

Todo ello se traduce no solo en el empeoramiento de su calidad de vida, sino en un obstáculo mundial para acabar con la pobreza y el hambre ya que, si las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres a los recursos, la producción agrícola en los países en desarrollo aumentaría entre 2,5 y 4% y el número de personas desnutridas en el mundo disminuiría aproximadamente entre un 12% y un 17% (FAO, 2011).

Este Día Internacional, bajo el tema “Las mujeres rurales cultivan alimentos de calidad para todas las personas”, apreciemos la labor de estas heroínas en la lucha contra el hambre, tal cual marca el reto 2 de nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible (Hambre Cero), y reivindiquemos unas zonas rurales en las que estas agricultoras y ganaderas, muchas de ellas parte de la economía informal y simultáneamente mantenedoras de sus hogares, puedan contar con las mismas oportunidades que los hombres.

Las mujeres rurales-una cuarta parte de la población mundial- trabajan como agricultoras, asalariadas y empresarias. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático.

Sin embargo, como señala ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento.

Las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares. Su labor es invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la migración de los hombres. Mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas.

En América Latina y el Caribe vive el 8,4% de la población mundial; sin embargo, es una región que acumula la quinta parte de los casos de COVID-19 y el 30% de las muertes por esa enfermedad (1,5 millones), además de que su economía ha sido la más afectada por la pandemia, con una contracción del 6,8% de su Producto Interno Bruto en 2020.

Estos datos hacen evidente la necesidad de construir una agenda de salud pública integral “que reconozca la interdependencia entre las dimensiones sanitaria, social, económica y ambiental”, subraya un informe conjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

El estudio La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social insta a los gobiernos de la región a acelerar los procesos de vacunación, transformar los sistemas de salud, fortalecer la inversión pública y consolidar Estados de bienestar para controlar la crisis sanitaria en el corto plazo y avanzar hacia una recuperación con igualdad y sostenibilidad ambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La prioridad sigue siendo controlar la crisis sanitaria desde un enfoque integral y mediante la aceleración de los procesos de vacunación de la población, apuntan los organismos.

La pandemia de COVID-19 hizo evidentes las limitaciones de los países del bloque para el abastecimiento de vacunas y medicamentos, y probó las debilidades de los sistemas de salud, la desigualdad frente al acceso a atención primaria universal y la carencia de una planificación anticipatoria.

Además, la falta crónica de financiamiento a la investigación y el desarrollo tecnológico y las débiles políticas industriales impidieron desarrollar las capacidades existentes para producir vacunas oportunamente y construir un mercado de escala de medicamentos.

La OPS y la CEPAL indicaron que la lentitud y desigualdad de la vacunación en la región, así como las dificultades de los países para mantener medidas sociales y de salud pública en los niveles adecuados, son consecuencia directa de la debilidad estructural de los sistemas sanitarios para encarar la pandemia y la prolongación de la crisis.

El informe da cuenta también de la falta de acceso a los servicios de salud que ha padecido gran parte de la población debido a la saturación de los sistemas sanitarios por la pandemia. Según datos oficiales, en 2021 un 35% de los países habría registrado algún tipo de interrupción en la provisión de servicios integrados de salud, lo que llegó a un 55% en el caso de los países que declararon interrupciones en servicios prestados en el primer nivel de atención.

Frente a este escenario, es imperativo entender la salud como parte de la economía y trabajar en la construcción de sistemas sanitarios “universales, solidarios y resilientes”, lo que requiere inversiones públicas y privadas.

Un nuevo análisis conducido por el Programa Mundial de Alimentos destaca que, si la temperatura mundial acaba registrando un aumento medio de 2ºc respecto a los niveles preindustriales, unos 189 millones de personas adicionales terminarán sufriendo hambre. El hallazgo se hizo público un día antes de la celebración del Día Mundial de la Alimentación que se conmemora cada 16 de octubre.

El encargado de esbozar este complejo escenario fue el director ejecutivo del Programa al afirmar que “grandes extensiones del planeta, desde Madagascar hasta Honduras y Bangladesh, están sumidas en una crisis climática que es ya una realidad cotidiana para millones de personas. La crisis climática está fomentando una crisis alimentaria”.

Los problemas para algunas de estas naciones no se detienen con las crisis climáticas y hay que sumarles un devastador elemento adicional: la aparición de conflictos. La combinación de ambos elementos agrava las vulnerabilidades existentes y magnifican los daños, la destrucción y la desesperación.

La agencia de la ONU ha movilizado casi 300 millones de dólares para la acción climática en la última década. En 2020, puso en marcha estrategias para la gestión de riesgos climáticos en 28 naciones de las que se beneficiaron más de seis millones de personas.

Actualmente cerca del 40 % de la humanidad, unos 3000 millones de personas, no pueden permitirse una dieta saludable y que el hambre, la subalimentación y la obesidad van en aumento.

Una situación que ha empeorado con la aparición de la pandemia del coronavirus dejando a otros 140 millones de personas sin acceso a los alimentos que necesitan.

Además, la forma de producir, consumir y desperdiciar la comida “supone una pesada carga para el planeta” y produce “una presión histórica sobre nuestros recursos naturales, nuestro clima y nuestro medio natural”.

El tema de este año –Nuestras acciones son nuestro futuro-la facultad de cambiar está en nuestras manos”

El transporte, que representa más de una cuarta parte de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, es clave para ir por el buen camino. Debemos descarbonizar todos los medios de transporte para llegar a cero emisiones netas en 2050 en todo el mundo.

El cambio hacia un transporte sostenible podría suponer un ahorro de 70 billones de dólares para 2050, según el Banco Mundial.

Un mejor acceso a las carreteras podría ayudar a África a autoabastecerse de alimentos y crear un mercado regional de alimentos por valor de 1 billón de dólares para finales de la década.

El transporte es fundamental para la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que estaban ya “muy mal encaminados” antes de la crisis sanitaria.

La descarbonización del transporte requiere que los países aborden las emisiones del transporte marítimo y la aviación, ya que los compromisos actuales no están en línea con el Acuerdo de París.

Las prioridades en este sentido incluyen la eliminación progresiva de la producción de vehículos con motor de combustión interna para 2040, mientras que los buques con cero emisiones “deben ser la opción por defecto” para el sector del transporte marítimo.

La recuperación pospandémica también debe conducir a sistemas de transporte resilientes, con inversiones destinadas al transporte sostenible y a la generación de empleos decentes y oportunidades para las comunidades que viven aisladas.

Dado que muchas de las infraestructuras de transporte existentes, como los puertos, son vulnerables a los fenómenos climáticos extremos, es necesario mejorar el análisis de riesgos y la planificación, así como aumentar la financiación para la adaptación al clima, especialmente en los países en desarrollo.

El informe sobre el transporte sostenible sostiene que, cuando se aplican adecuadamente, las nuevas tecnologías emergentes resultan claves para resolver muchos de los retos urgentes; al acelerar las soluciones existentes, como los vehículos con emisiones de carbono bajas o nulas y los sistemas de transporte inteligentes, y al crear nuevas infraestructuras de combustible, energía y digitales que mitigan las consecuencias perjudiciales.

Aunque la ciencia puede ser clave para encaminarnos hacia la sostenibilidad, algunas de las nuevas tecnologías también pueden afianzar al mismo tiempo las desigualdades, imponer limitaciones a ciertos países o presentar retos adicionales para el medio ambiente.

Por lo tanto, el uso de estas nuevas tecnologías debe ir acompañado de medidas que mantengan y amplíen el acceso equitativo a los servicios de transporte, así como de aquellas que mitiguen el impacto medioambiental en todo el ciclo de producción de los vehículos.

El informe anima a los gobiernos y a los organismos internacionales a regular el desarrollo y el despliegue de todas las nuevas tecnologías de transporte.

Cooperación internacional para los países en desarrollo

El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres es una oportunidad para revisar y reconocer los progresos realizados en la reducción del riesgo de desastres y las pérdidas de vidas, medios de vida y salud. Este 2021 hacemos hincapié en la “Cooperación internacional para que los países en desarrollo reduzcan su riesgo de desastres y sus pérdidas por desastres.” Este es el sexto de los siete objetivos de Sendai.

Este 2021 es un año decisivo para el cumplimiento de la agenda política acordada en 2015. Sin una acción real sobre el clima en los próximos diez años, los fenómenos meteorológicos extremos serán abrumadores, especialmente para los países en desarrollo.

Los desastres afectan de manera desproporcionada a los países de ingresos bajos y medianos. Les afecta sobre todo en lo que respecta a la mortalidad, el número de heridos, desplazados y personas sin hogar, las pérdidas económicas (como porcentaje del PIB) y los daños a la infraestructura crítica. No podemos erradicar la pobreza y el hambre si no aumentamos las inversiones en la reducción del riesgo de desastres. La cooperación internacional para los países en desarrollo a través de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) y el fomento de la capacidad es esencial para crear mayor resiliencia frente a los fenómenos meteorológicos extremos y otros peligros naturales y provocados por el hombre.

La Asamblea General de la ONU decidió designar el 13 de octubre como “Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres” (resolución 44/236) con el propósito de concienciar a los gobiernos y a la opinión pública para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos. Asimismo, los desastres, muchos de los cuales se han agravado con el cambio climático, generan un impacto negativo en el desarrollo sostenible y en los resultados deseados.

En 2016, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, anteriormente UNISDR) lanzó la nueva campaña “Sendai siete” centrada en los siete objetivos del Marco de Sendai, el primero de los cuales es reducir la mortalidad de desastres. La campaña busca crear un nuevo grado de sensibilización en torno a las acciones que tienen emprender todos los actores implicados, incluidos los gobiernos nacionales y locales, los grupos comunitarios, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones internacionales y la ONU.

Como los efectos de los desastres son más devastadores en el ámbito local, los gobiernos municipales y regionales son los que deben trabajar urgentemente en la preparación y respuesta a las catástrofes. El enfoque del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres se centra en proteger la vida de las personas y en las acciones que se deben tomar. Es pertinente tanto para los riesgos a pequeña como a gran escala, y tanto para los ocasionados por el ser humano como los producidos por las amenazas naturales. Abarca, además, los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos afines.

La generación digital es nuestra generación

Las niñas conocen sus realidades digitales y las soluciones que necesitan para destacar como tecnólogas gracias a su capacidad de ejercer la libertad de expresión, su entusiasmo y su potencial ilimitado. Amplifiquemos la diversidad de estas pioneras de la tecnología y, al mismo tiempo, ampliemos los caminos para que todas las niñas de esta generación, independientemente de su raza, género, idioma, capacidad, situación económica y origen geográfico, exploren todo su potencial.

Casi 1 de cada 4 niñas de entre 15 y 19 años en todo el mundo no recibe educación, empleo o capacitación, en comparación con 1 de cada 10 niños.

En 1995, en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, los países adoptaron por unanimidad la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing – el plan más progresista jamás realizado para promover los derechos no solo de las mujeres sino también de las niñas. La Declaración de Beijing es la primera en llamar específicamente a los derechos de las niñas.

El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 66/170 para declarar el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña y reconocer los derechos de las mismas y los desafíos únicos a los que enfrentan en todo el mundo, así como promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos.

Las adolescentes tienen derecho a una vida segura, educada y saludable, no solo durante estos años críticos de formación, sino también a medida que maduran y se convierten en mujeres. Si reciben apoyo efectivo durante la adolescencia, las niñas tienen el potencial de cambiar el mundo, tanto como niñas empoderadas de hoy como trabajadoras, madres, emprendedoras, mentoras, jefas de hogar y líderes políticas del mañana. La inversión para ello pasa por la defensa de sus derechos en por de un futuro más equitativo y próspero, en el que la mitad de la humanidad sea un socio igualitario para resolver los problemas del cambio climático, los conflictos políticos, el crecimiento económico, la prevención de enfermedades y sostenibilidad global.

Las niñas están rompiendo los límites y las barreras que plantean los estereotipos y la exclusión, incluidos los dirigidos a los niños con discapacidad y los que viven en comunidades marginadas. Como emprendedoras, innovadoras e iniciadoras de movimientos globales, las niñas están creando un mundo que es relevante para ellas y las generaciones futuras.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ( ODS ) adoptados por los líderes mundiales en 2015, incorporan una hoja de ruta para que el progreso que sea sostenible y no deje a nadie atrás.

Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es parte integral de cada uno de los 17 objetivos. Solo garantizando los derechos de las mujeres y las niñas en todos los objetivos llegaremos a la justicia y la inclusión, a economías que funcionen para todos y a mantener nuestro entorno compartido ahora y para las generaciones futuras.

Y tú, ¿qué quieres ser de mayor?

https://youtu.be/mkkhkN3Mqms

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) mundial, elaborado por el Programa para el Desarrollo de la ONU y la Iniciativa de Oxford para la Pobreza y el Desarrollo Humano, muestra también que en nueve grupos étnicos específicos encuestados, más del 90% de su población está atrapada en la pobreza.

Además de los ingresos, el Índice mide la pobreza mediante varios indicadores, como la salud deficiente, la educación insuficiente y el bajo nivel de vida.

La investigación para el informe se ha llevado a cabo en 109 países y abarca 5900 millones de personas. Presenta, además, un desglose por etnia, raza y casta, en 41 naciones.

En América Latina, por ejemplo, los pueblos indígenas se encuentran entre los más pobres. En Bolivia, las comunidades indígenas representan alrededor del 44% de la población, pero representan el 75% de los pobres multidimensionales.

Las cifras son también muy reveladoras en la India, donde cinco de cada seis personas en situación de pobreza pertenecen a “tribus o castas inferiores”, según el citado Programa.

En los 109 países estudiados, un total de 1300 millones de personas son multidimensionalmente pobres.

Aproximadamente la mitad de estas personas, 644 millones, son menores de 18 años, y casi el 85% vive en el África subsahariana o en el sur de Asia. Más del 67% vive en países de renta media.

Alrededor de 788 millones de personas viven en hogares con al menos una persona desnutrida, y unos 568 millones carecen de fuentes de agua potable en un radio de 30 minutos a pie.

De las 80 naciones y 5000 millones de personas de las que hay datos, 70 naciones redujeron su Índice de pobreza multidimensional en al menos un período. Los cambios más rápidos se produjeron en Sierra Leona y Togo.

La directora de la Iniciativa de Oxford para la Pobreza y el Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford, Sabina Alkire, insistió en la necesidad de arreglar las desigualdades estructurales que oprimen y obstaculizan el progreso.

Para ella, el desglose de los datos de pobreza multidimensional por etnia, raza, casta y género “desenmascara las disparidades y constituye una guía vital para que los responsables políticos no dejen a nadie atrás en la última década de acción”.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó dos instrumentos prácticos destinados a alentar el mantenimiento y captación del carbono orgánico del suelo, una herramienta fundamental para la acción por el clima.

La captación del carbono implica la eliminación de dióxido de carbono de la atmósfera en forma de carbono orgánico del suelo, estando considerada la captura del CO2 en el suelo un modo eficaz de reducir los gases de efecto invernadero. Puesto que el suelo rico en carbono también es más sano y fértil, puede beneficiar a los agricultores, contribuyendo al mismo tiempo a la consecución de las metas del Acuerdo de París sobre el cambio climático y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los dos productos dados a conocer, en el marco de la iniciativa de Recarbonización de los Suelos del Mundo (RECSOIL), son un mapa mundial donde se ilustra cuánto CO2 pueden captar los suelos y en qué lugares (GSOCseq), así como un manual técnico de buenas prácticas para capturar y mantener en los suelos las reservas de carbono orgánico.

La degradación de un tercio de los suelos del mundo ya ha provocado que se liberen a la atmósfera hasta 78 gigatoneladas de carbono, por lo que un mayor daño a las reservas de carbono del suelo debido a una mala gestión de los suelos menoscabaría los esfuerzos para frenar la subida de la temperatura mundial.

A medida que el clima cambie, es probable que se pierda más carbono en la atmósfera del que se captura en el suelo si se mantienen las prácticas agrícolas de siempre, lo que produciría un bucle de retroalimentación entre el carbono del suelo y el clima que podría acelerar más el cambio climático. Preocupan especialmente las zonas críticas, como las turberas, los suelos negros, el permafrost y los pastos, que contienen la mayor cantidad de carbono orgánico del suelo.

La herramienta GSOCseq constituye la primera estimación mundial promovida por los países del potencial de captación del carbono orgánico del suelo en todo el mundo. El mapa resultante ofrece diversos niveles de información, lo que ayuda a los usuarios a visualizar datos cruciales, como las reservas iniciales y previstas de carbono orgánico del suelo conforme a varios supuestos habituales y de gestión sostenible de los suelos, así como las tasas relativas de captación en función de cada supuesto.

Según este mapa, los suelos, si se gestionan de forma sostenible, pueden captar hasta 0,56 petagramos de carbono -o, lo que es lo mismo, 2,05 gigatoneladas de equivalente de CO2- anuales, lo que permitiría compensar anualmente hasta un 34 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de origen agrícola.

El segundo producto presentado por la FAO es un compendio de buenas prácticas para los agricultores sobre la forma de mantener las reservas de carbono orgánico del suelo y de capturar CO2. Fruto de tres años de trabajo colectivo con más de 400 especialistas de todo el mundo, el manual técnico, compuesto por seis tomos, constituye el primer esfuerzo por recopilar buenas prácticas de manejo de suelos, fundamentado en datos científicos fiables sobre las repercusiones de esas prácticas en el contenido de carbono orgánico del suelo en una gran variedad de entornos y usos del suelo.

Desde métodos de rotación de cultivos perfeccionados a lo largo de miles de años hasta técnicas modernas de gestión de los nutrientes, el manual técnico ofrece soluciones prácticas para todo tipo de terrenos y situaciones.

Aunque los suelos y su salud estén bien afianzados en la agenda mundial, los efectos tangibles siguen constituyendo un desafío importante para lograr “una producción, una nutrición, un medio ambiente y una vida mejores para todos, sin dejar a nadie atrás”.

Los bosques y los árboles desempeñan un papel fundamental para satisfacer la creciente demanda mundial de agua, y deben ser gestionados en favor de los servicios ecosistémicos relacionados con el agua, según una nueva guía publicada conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO), el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y otros asociados, y presentada en la Semana Mundial del Agua.

La guía, titulada A Guide to Forest-Water Management (Guía para la gestión de los bosques y el agua) es la primera publicación mundial completa que ofrece orientación sobre la contribución de los bosques a un enfoque holístico de la gestión de los recursos hídricos, que incluye la gestión, el seguimiento y la valoración de los bosques para la prestación de servicios ecosistémicos relacionados con el agua.

Las cuencas hidrográficas boscosas contribuyen sustancialmente al agua dulce accesible en el mundo para usos agrícolas, industriales, ambientales y domésticos, y las principales ciudades del mundo dependen cada vez más del agua de estas cuencas. Dos tercios del suministro de agua de las ciudades se beneficiarían de contar con una mayor calidad del agua gracias a una mejor gestión forestal, lo que incluye protección, restauración o reducción de la carga de combustible en los bosques a fin de reducir al mínimo el riesgo de incendios.

La conexión entre los bosques y el agua es esencial para cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente los Objetivos 6 (Agua limpia y saneamiento), 14 (Vida submarina), 15 (Vida de ecosistemas terrestres) y 13 (Acción por el clima).

Según la Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020 de la FAO, solo el 12 % de los bosques del mundo se gestionan con la protección del suelo y el agua como objetivo principal.

La guía insta a mejorar la gestión forestal, dando prioridad a la prestación de los servicios ecosistémicos relacionados con el agua. Esto es necesario para garantizar que los bosques también alcancen su pleno potencial como solución basada en la naturaleza para abordar la seguridad hídrica, ayudando a garantizar agua de calidad suficiente para sostener comunidades y ecosistemas resilientes.

La nueva guía está dirigida a los profesionales de los recursos naturales con el objetivo de mantener y gestionar activamente los bosques en favor de la prestación de servicios hídricos y de hacer participar en este compromiso a la comunidad, los responsables de la formulación de políticas y los inversionistas.

En la guía se revisan técnicas y metodologías emergentes, se ofrecen orientación práctica y recomendaciones sobre cómo gestionar los bosques en favor de los servicios ecosistémicos relacionados con el agua, y se presentan estudios de casos de ecosistemas en los que los dos recursos están fuertemente conectados, como los manglares, las turberas, las tierras secas y los bosques tropicales de zonas nubosas.

En la publicación, también se plantea que la ciencia ciudadana -la participación del público en la investigación científica y el seguimiento– y las nuevas herramientas de Internet pueden ayudar a mejorar la evaluación de los bosques y el agua y, a su vez, influir positivamente en las decisiones en materia de políticas y de gestión. En particular, el Sistema de acceso, procesamiento y análisis de datos de observación de la Tierra para el monitoreo de la superficie terrestre (SEPAL) de la FAO, que se basa en tecnologías de procesamiento de imágenes fáciles de utilizar, y sus herramientas relacionadas con los Servicios ecosistémicos del agua en los bosques y paisajes (FL-WES), se destacan como nuevas formas de seguimiento y presentación de informes sobre el nexo entre los bosques y el agua. También se describe un mecanismo de distribución de beneficios y cooperación entre los sectores de los bosques y del agua, denominado sistema de pago por servicios ambientales en cuencas hidrográficas.

El Informe se redactó en diálogo con una comisión conformada por representantes de sociedad civil, sector privado, academia, Ejecutivo y Legislativo federal y estatales, cooperación bilateral y Sistema de las Naciones Unidas, quienes realizaron sus propias consultas y elaboraron estudios independientes que alimentan al Informe.

En 2015, los Estados miembros de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unida adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para avanzar en un periodo de 15 años hacia la consecución de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en términos sociales, ambientales, económicos, de gobernanza, de alianzas y de combate a las desigualdades.

En ella también se establecieron mecanismos para su seguimiento, particularmente con la presentación periódica de Informes Nacionales Voluntarios para compartir los avances y retos de cada país. El Informe entregado a Naciones Unidas es el tercero entregado por México desde que se comprometió con la Agenda 2030 en 2015.

La crisis económica de 2020, derivada en gran parte de la pandemia de COVID-19, detonó uno de los mayores aumentos del hambre en el mundo en décadas, afectando a casi todos los países de renta baja y media. En algunas regiones -sobre todo en África y Asia- a esta recesión se aunaron otros factores, como los desastres relacionados con el clima, los conflictos o la combinación de ambos, incrementando enormemente la tasa de población desnutrida, revela un nuevo estudio interagencial de la ONU.

El Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, elaborado de manera conjunta por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cifra en 811 millones el número de personas subalimentadas en 2020, cerca de la décima parte de la población mundial.

El aumento de individuos subalimentados de 2019 a 2020 alcanzó 118 millones con desigualdades regionales calificadas como “persistentes y preocupantes” por los autores del informe.

Del número total de personas desnutridas en 2020, más de la mitad (418 millones) vive en Asia y más de un tercio (282 millones) en África, mientras que en América Latina y el Caribe habita el 8% (60 millones). En comparación con 2019, 46 millones más de personas en África, casi 57 millones más en Asia y alrededor de 14 millones más en América Latina y el Caribe, se vieron afectadas por el hambre en 2020.

Estos datos significan que una de cada cinco personas (un 21% de la población) enfrentaba hambre en África en 2020, más del doble de la proporción de cualquier otra región, lo que representa un aumento de 3 puntos porcentuales en un año. Le siguieron América Latina y el Caribe (9,1%) y Asia (9%), con incrementos de 2 y 1,1 puntos porcentuales, respectivamente, entre 2019 y 2020.

El reporte explica que el análisis del costo de los alimentos y la cantidad de personas que no pueden pagar una dieta saludable permite entender mejor la tendencia hacia la desnutrición en todas sus formas.

Detalla que el alto costo de las dietas saludables, junto a los pronunciados niveles de desigualdad de ingresos, impidió que 3000 millones de personas pudieran acceder a una dieta saludable en 2019. La mayoría de esta gente vive en Asia (1850 millones) y África (mil millones). La dieta saludable también está fuera del alcance de millones de habitantes de América Latina y el Caribe (113 millones) y América del Norte y Europa (17,3 millones).

Entre las poblaciones más afectadas por la desnutrición destacan los niños menores de cinco años. Si bien los datos específicos sobre este colectivo fueron limitados en 2020 y las estimaciones no necesariamente tienen en cuenta los efectos de la pandemia COVID-19, se calcula que 149,2 millones (22%) sufrieron retraso del crecimiento en 2020. Casi las tres cuartas partes de ellos viven en Asia central y meridional (37%) y África subsahariana (37%).

Por otra parte, la obesidad en los adultos sigue creciendo, y la prevalencia mundial subió del 11,7% en 2012 al 13,1% en 2016. Todas las subregiones mostraron tendencias crecientes de la obesidad en adultos entre 2012 y 2016 y están lejos de cumplir el objetivo de la Asamblea Mundial de la Salud para 2025 de detener el aumento para 2025.

El informe reconoce las dificultades de los países para garantizar que los sistemas de salud, alimentación, educación y protección social mantengan los servicios de nutrición esenciales mientras responden a la pandemia de COVID-19, y reporta que una encuesta sobre la situación de los niños durante la pandemia mostró que el 90% de las naciones (122 de 135) informaron un cambio en la cobertura de los servicios de nutrición clave en agosto de 2020.

Aunque faltan datos sobre los resultados nutricionales para 2020, las proyecciones más moderadas apuntan a un escenario en el que 11,2 millones de niños menores de cinco años en países de ingresos bajos y medios se agregarían al total de los que padecen emaciación de 2020 a 2022 como consecuencia de la pandemia.

Para los titulares de las agencias autoras del estudio, “los resultados de estos acontecimientos determinarán (…) la segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición”, un compromiso mundial en materia de políticas todavía pendiente de concretarse.

En su llamado a transformar los sistemas alimentarios como condición esencial para lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y poner las dietas saludables al alcance de todos, subraya la necesidad de políticas e inversiones que contrarresten los factores determinantes del hambre y la malnutrición.