El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, que se llevó a cabo del 4 de octubre al 30 de noviembre de 2021. El objetivo de la ENDIREH es generar información estadística con representatividad nacional y para cada una de las 32 entidades federativas y estimar así la prevalencia y gravedad de la violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más por tipo (psicológica, física, sexual, económica o patrimonial) y ámbito de ocurrencia (escolar, laboral, comunitario, familiar y de pareja).

La ENDIREH 2021 mantiene continuidad y comparabilidad con los ejercicios anteriores, en especial, con la ENDIREH 2016; de modo que presenta resultados de la prevalencia de violencia contra las mujeres a lo largo de la vida y en los últimos 12 meses previos a su levantamiento (es decir, en el periodo de octubre de 2020 a octubre de 2021). Además, provee información sobre la violencia que experimentan mujeres de grupos vulnerables (como mujeres indígenas, con discapacidad y de 60 años y más), violencia experimentada durante la infancia y violencia obstétrica. La edición 2021 mejora la captación en el apartado de búsqueda de apoyo y denuncia, violencia digital, la opinión sobre roles de género y tensiones y conflictos en la vida en pareja, entre otros.

La ENDIREH 2021 atiende un asunto de coyuntura nacional al indagar la percepción del impacto sobre la violencia de pareja y dentro de la familia durante la emergencia sanitaria decretada por el Consejo de Salubridad General en marzo de 2020 con motivo de la pandemia generada por la COVID-19.

Principales resultados

La ENDIREH 2021 estimó que, de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, 70.1 % ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida. La violencia psicológica es la que presentó mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %), la violencia física (34.7 %) y la violencia económica, patrimonial y/ o discriminación (27.4 %).

Con respecto a 2016, los resultados de 2021 mostraron un incremento de cuatro puntos porcentuales en la violencia total contra las mujeres a lo largo de la vida. La violencia sexual registró el mayor aumento (8.4 puntos porcentuales).

El Fondo Visión Cero de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Nike Inc. han puesto en marcha una nueva iniciativa para reducir las muertes y lesiones entre los trabajadores de la confección y el calzado.

La iniciativa conjunta pretende comprender por qué los trabajadores de la confección y el calzado son vulnerables a las lesiones y muertes derivadas de los accidentes de trayecto, y reducir el impacto sobre los trabajadores, sus familias y el sector en su conjunto. El objetivo es trabajar juntos para desarrollar un enfoque común y estandarizado para reducir estos accidentes que pueda ser adaptado y replicado en diferentes contextos.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cada año mueren 1,3 millones de personas y hasta 50 millones resultan heridas en las carreteras de todo el mundo. Los vehículos comerciales están implicados en aproximadamente entre el 10 y el 22% de todos los accidentes de tráfico del mundo.

Los trabajadores del sector de la confección y el calzado están desproporcionadamente implicados en accidentes de tráfico en muchos países. Entre las razones que explican esta situación se encuentran los desplazamientos a largas distancias, el uso de medios de transporte menos seguros, como las motocicletas, los desplazamientos a pie al trabajo y el hecho de compartir las carreteras con vehículos comerciales pesados.

El enfoque del proyecto incluye la creación de una Teoría del Cambio (TOC) sobre la seguridad vial de los trabajadores de la confección, que se ha elaborado tras consultar a trabajadores, empresarios, gobiernos y especialistas de la OIT en varios países.

La teoría del cambio pretende arrojar luz sobre las causas subyacentes de los accidentes de tráfico que afectan a los trabajadores de la confección y el calzado. La asociación también desarrollará materiales de orientación prácticos y fáciles de usar sobre la seguridad en los desplazamientos al trabajo, que serán puestos a prueba por el Fondo y Nike en un país en el que las instalaciones de fabricación por contrato producen productos de Nike.

Fuente: OIT 29 de agosto de 2022

Información a nivel nacional y por entidad federativa

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer las estadísticas preliminares, a nivel nacional y por entidad federativa, de los homicidios registrados en el país durante 2021.

Las estadísticas revelan que de enero a diciembre de 2021 se registraron 35 625 homicidios en México; es decir, una razón preliminar de 28 homicidios por cada 100 000 habitantes a nivel nacional. La tasa es menor a la registrada para el mismo periodo de 2020, que fue de 29. Con la finalidad de facilitar su comparación con la información de años anteriores, se agrega la serie histórica de la estadística definitiva de presuntos homicidios de 1990 a 2020.

Las presentes cifras se derivan de las Estadísticas de Defunciones Registradas y provienen de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas que generan las entidades federativas y que el INEGI recopila mensualmente. Como fuentes informantes se consideran 352 Oficialías del Registro Civil, 105 Servicios Médicos Forenses y 260 Agencias del Ministerio Público que tuvieron, al menos, un registro de homicidio. También se incluye la información de homicidios que resulta del avance en el proceso de confronta entre el INEGI y la Secretaría de Salud.

Desde 2015, el INEGI recopila información de presuntos homicidios directamente de los Servicios Médicos Forenses por medio de los certificados de defunción que emiten para las muertes accidentales y violentas. Además, obtiene datos en las Oficialías del Registro Civil a través de actas y certificados de defunción. Esta información se complementa con la que proporcionan las Agencias del Ministerio Público mediante los cuadernos estadísticos de defunción.

Los homicidios forman parte de las defunciones accidentales y violentas. Su clasificación se determina con base en las causas (afecciones y lesiones), la presunción del tipo de defunción y el motivo de la lesión que registra el médico certificante en el certificado de defunción. Las primeras dos son fundamentales para distinguir entre un presunto homicidio, un presunto accidente, o un presunto suicidio. Nótese que, en algunos casos, la o el certificante no tiene elementos suficientes para identificar la intencionalidad del hecho.

Del 30 de mayo al 15 de junio de 2022 se levantó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) segundo trimestre de 2022. Su objetivo general es realizar estimaciones con representatividad a nivel nacional urbano sobre la percepción de la gente sobre la seguridad pública en su ciudad. Además, genera información para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad.

En junio de 2022, 67.4 % de la población de 18 años y más residente en 75 ciudades de interés consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Lo anterior representa un aumento estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en marzo de 2022, que fue de 66.2 %, pero no representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a junio de 2021, que fue 66.6 por ciento. En esta edición, 20 ciudades y demarcaciones tuvieron cambios estadísticamente significativos frente a marzo de 2022: seis presentaron reducciones y 14, incrementos.

Fuente: INEGI 19 de julio de 2022

Del 2 de agosto al 30 de septiembre de 2021 se levantó el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2021. Su objetivo es generar información estadística para conocer la prevalencia de ciberacoso entre las personas de 12 años y más que usan internet en cualquier dispositivo. También se busca identificar el tipo y la caracterización del ciberacoso.

El MOCIBA 2021 presenta resultados de la prevalencia de ciberacoso en los 12 meses previos a su levantamiento y caracteriza las diferentes situaciones declaradas. Asimismo, busca establecer la identidad y sexo de la persona que lo llevó a cabo, la intensidad del ciberacoso y el impacto que causó en la víctima. Además, incluye el rango de edad y nivel de escolaridad de la población que declaró haber sido víctima de ciberacoso, las acciones que se tomaron contra este y las medidas de seguridad que realizó la población usuaria de internet para proteger su información y equipos.

Fuente: INEGI 13 de julio de 2022

La crisis climática, la pandemia de COVID-19 y un mayor número de conflictos en el mundo ponen en peligro la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), advirtió en su informe la ONU.

La publicación destaca la gravedad y la magnitud de los desafíos que enfrentamos, con estas crisis en cascada que se interceptan, afectando la alimentación y la nutrición, la salud, la educación, el medio ambiente y la paz y la seguridad, y dificultando la carrera hacia el logro de los ODS, establecidos en 2015 para la construcción de sociedades más resilientes, pacíficas, justas y equitativas para todos los habitantes del planeta.

Según los datos de la ONU, la pandemia ha causado estragos en los Objetivos y sus efectos aún están lejos de terminar. El “exceso de muertes” a nivel mundial atribuible directa e indirectamente al COVID-19 sumaba 15 millones a fines de 2021.

Esto significa un retroceso de más de cuatro años en el alivio de la pobreza que había sumido a 93 millones de personas más en la pobreza extrema en 2020. Además, unos 147 millones de niños perdieron más de sus clases presenciales en últimos dos años.

Para evitar los peores efectos del cambio climático, como se establece en el Acuerdo de París, las emisiones globales de gases de efecto invernadero deberán alcanzar su punto máximo antes de 2025 y luego disminuir en un 43% para 2030, cayendo a cero neto para 2050. Sin embargo, esas emisiones crecerán casi un 14% en la próxima década.

Los países y grupos de población más vulnerables del mundo sufren de manera desproporcionada todas estas afectaciones, con las mujeres a la cabeza de las pérdidas de empleo y un mayor trabajo de cuidados en el hogar, además de encarar una violencia doméstica exacerbada por los confinamientos de la pandemia.

Los países menos adelantados luchan contra un crecimiento económico débil, una inflación creciente, grandes interrupciones en la cadena de suministro, incertidumbres políticas y una deuda insostenible.

La ONU advirtió que el mundo se encuentra frente a una disyuntiva que definirá su futuro: abandonar los compromisos de ayudar a los más vulnerables, o redoblar los esfuerzos por revitalizar la marcha hacia los Objetivos y construir un mejor porvenir para las personas y el planeta en 2030. El informe sostiene que para que el mundo salga fortalecido de la crisis y se prepare para los desafíos que se avecinen, es imperativo el financiamiento de la infraestructura de datos e información de los gobiernos nacionales y la comunidad internacional.

Entre los datos negativos que detalla el estudio, destacan los siguientes:

Los accidentes viales dejan 1,3 millones de personas muertas y 50 millones más heridas de gravedad en el mundo cada año. Estas cifras plantean un problema acuciante que llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a organizar una reunión de alto nivel para buscarle soluciones.

Según la OMS, la declaración también exige el desarrollo y financiamiento de planes nacionales y locales con objetivos y recursos claros.

El 90% de los accidentes de tráfico ocurren en los países de renta baja y media y que son la primera causa de muerte entre los niños y jóvenes de cinco a 29 años.

De acuerdo con datos de la OMS, desde la invención del automóvil han perecido en la ruta más de 50 millones de personas en el mundo, un número superior a las víctimas mortales de la Primera Guerra Mundial o de algunas de las peores epidemias.

Las carreteras inseguras constituyen un gran obstáculo para el avance de las naciones en desarrollo puesto que les generan pérdidas anuales de entre 2% y 5% de su Producto Interno Bruto.

La OMS aseveró que los países y las personas pagan un precio “inaceptablemente alto” por trasladarse de un lugar a otro.

En septiembre de 2020, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución para proclamar el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030.

La OMS y las comisiones regionales de la ONU, en cooperación con otros socios en la Colaboración de Seguridad Vial de la ONU, han desarrollado un Plan Mundial para el Decenio de Acción, que exige mejoras continuas en el diseño de carreteras y vehículos, en las leyes y aplicación de la ley, y en provisión de atención de emergencia oportuna y vital para los heridos.

Además, el Plan Mundial promueve modos de transporte saludables y ambientalmente sostenibles.

Del mismo modo, destaca que la responsabilidad de la seguridad vial va mucho más allá de la salud y el transporte y precisa que los planificadores e ingenieros urbanos deben priorizar la seguridad como un valor central en toda la infraestructura de transporte, mientras que las empresas pueden influir y contribuir a fortalecer la seguridad vial aplicando principios de seguridad primero a todas sus cadenas de valor.

Entre 2005 y 2020, las Naciones Unidas verificaron más de 266.000 violaciones graves contra la infancia cometidas por las partes en más de 30 situaciones de conflicto en África, Asia, Oriente Medio y América Latina, dijo UNICEF en un nuevo informe. Esta cifra representa solamente una fracción de todas las violaciones que se cree que se han producido, ya que las limitaciones en materia de acceso y seguridad, entre otras, y la vergüenza, el dolor y el miedo que sufren los niños y las familias supervivientes dificultan a menudo la denuncia, la documentación y la verificación de las violaciones graves contra la infancia en situaciones de conflicto armado.

El informe, titulado 25 años de conflictos armados y la infancia: Actuar para proteger a los niños y niñas en la guerra, reveló que entre 2005 y 2020 se han verificado los datos siguientes: más de 104.100 niños y niñas han sido asesinados o mutilados en situaciones de conflicto armado; más de 93.000 niños y niñas han sido reclutados y utilizados por las partes en conflicto; al menos 25.700 niños y niñas han sido secuestrados; y las partes en conflicto han violado, casado a la fuerza, explotado sexualmente y cometido otras formas graves de violencia sexual contra al menos 14.200 niñas y niños. Las Naciones Unidas verificaron más de 13.900 incidentes de ataques contra escuelas y hospitales y no menos de 14.900 incidentes de denegación de acceso humanitario a los niños desde 2005.

El informe señala que muchos niños y niñas sufren más de una violación, un factor que aumenta su vulnerabilidad.

El informe constata que todas las partes en conflicto, tanto los Estados como los agentes no estatales, cometen graves violaciones contra los niños. Entre 2016 y 2020, los agentes estatales –incluidas las fuerzas y coaliciones nacionales e internacionales– fueron responsables de al menos el 26% de todas las violaciones. En comparación, los agentes no estatales fueron responsables de alrededor del 58% de todas las violaciones verificadas, lo que destaca la importancia de comprometerse con todas las partes en conflicto, incluidos los agentes no estatales, para poner fin y prevenir de forma contundente las violaciones contra la infancia.

El informe también constató lo siguiente:

Poco antes de que varios dirigentes mundiales se reúnan en la cumbre del G7, UNICEF pide 1.200 millones de dólares para:

Las recomendaciones del informe, basadas en las pruebas y los análisis presentados, tienen por objeto movilizar a todas las partes interesadas, incluidas las partes en conflicto, los Estados y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para proteger a los niños de forma eficaz y sostenible y acelerar la acción a nivel local, nacional, regional y mundial.

Además de hacer un llamamiento a las partes en conflicto y a los Estados para que cumplan con sus obligaciones en virtud de los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario, el informe incluye una serie de recomendaciones sobre las cuestiones siguientes:

Sólo el seis por ciento de los trabajadores domésticos de todo el mundo tiene acceso a una protección social completa, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Más del 94 por ciento carece de acceso a toda la gama de protecciones que cubren la atención médica, la enfermedad, el desempleo, la vejez, los accidentes de trabajo, la familia, la maternidad, la invalidez y las prestaciones para los supervivientes.

Según el informe Hacer del derecho a la seguridad social una realidad para los trabajadores domésticos: Examen global de las tendencias de política, las estadísticas y las estrategias de extensión [Resumen], aproximadamente la mitad de los trabajadores domésticos no tienen ninguna cobertura legal, y la mitad restante está cubierta legalmente por al menos una prestación.

A pesar de su importante contribución a la sociedad, atendiendo las necesidades más personales y de cuidado de los hogares, la mayoría de los 75,6 millones de domésticos del mundo se enfrentan a múltiples obstáculos para disfrutar de una cobertura legal y un acceso efectivo a la seguridad social, explica el análisis. A menudo están excluidos de la legislación nacional sobre seguridad social.

Dado que el 76,2 por ciento de los trabajadores domésticos (57,7 millones) son mujeres, estas lagunas de protección social dejan a las mujeres en una situación especialmente vulnerable.

El informe también pone de manifiesto importantes diferencias entre regiones. En Europa y Asia Central, el 57,3 por ciento de los trabajadores domésticos están legalmente cubiertos para todas las prestaciones. Un poco más del 10 por ciento tiene ese derecho en las Américas; ninguno o casi ninguno está totalmente cubierto en los Estados Árabes, Asia y el Pacífico y África, regiones que albergan algunos de los mayores países empleadores de trabajadores domésticos.

Según el informe, la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las lagunas en la cobertura de la protección social que sufren los trabajadores domésticos. Fueron los más afectados durante la pandemia, y muchos perdieron sus empleos y medios de vida. Muchos de los que conservaron su empleo estuvieron a menudo expuestos a la enfermedad sin el suficiente equipo de protección. Sin embargo, los trabajadores domésticos rara vez podían contar con una protección sanitaria adecuada, prestaciones por enfermedad o desempleo, lo que exponía aún más su vulnerabilidad.

El informe subraya que los retos para garantizar la cobertura de la protección social de los trabajadores domésticos son reales pero no insuperables. Señala una serie de normas internacionales del trabajo que aportan soluciones. Entre ellas se encuentran el Convenio (núm. 189) y la Recomendación (núm. 201) sobre los trabajadores domésticos, de 2011 , así como la Recomendación sobre los pisos de protección social, de 2012 (núm. 202) y el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), de 1952 (núm. 102).

El informe ofrece recomendaciones sobre cómo garantizar que los trabajadores domésticos disfruten de una protección social integral, entre ellas:

Fuente: OIT 16 de junio de 2022

Los empleados que gozan de una mayor cobertura en sus convenios colectivos sufren menores diferencias salariales, afirma un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo que revisó este tipo de negociaciones en 80 países con diferentes niveles de desarrollo económico y analizó los marcos legales y reglamentarios en 125 naciones.

El estudio del organismo indica que más de un tercio de los empleados (el 35%) de 98 países tienen sus salarios, su tiempo de trabajo y otras condiciones laborales establecidas en sus convenios colectivos autónomos entre un sindicato y un empleador o una organización de empleadores.

El análisis indica que este tipo de negociación colectiva también puede contribuir a reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres. El 59% de los convenios colectivos examinados incluyen una serie de acuerdos conjuntos entre los empleadores y de las organizaciones de trabajadores (en particular, los sindicatos) que abordan la desigualdad de género.

Otro de los factores que subraya el informe es la relevancia que tuvieron las negociaciones colectivas a nivel de empleo y salarios durante la crisis económica que generó el COVID-19. Los convenios ayudaron a suavizar algunos de los efectos sobre la desigualdad y, al mismo tiempo, reforzaron la fortaleza de las empresas y los mercados de trabajo al apoyar la continuidad de la actividad económica.

Así, varias disposiciones como la adaptación de las medidas de salud pública y el refuerzo de las medidas de seguridad de la salud en el lugar de trabajo, junto a las bajas por enfermedad retribuidas y las prestaciones sanitarias previstas en muchos convenios colectivos, contribuyeron a proteger a millones de trabajadores.

El organismo destaca que la negociación colectiva será una herramienta esencial para afrontar los cambios de amplio calado que están transformando el panorama laboral.

Sin embargo, para lograr un convenio colectivo eficaz la Organización considera que es necesario afrontar un cuarteto de prioridades:

El Estado mexicano reconoce que la violencia contra las mujeres constituye una clara violación a sus derechos humanos. A través de los compromisos adquiridos con la ratificación de los instrumentos internacionales en la materia y del propio marco normativo federal, México está obligado a emprender acciones orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

En este sentido, los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) se erigen como la estrategia clave en el tema. Se trata de espacios físicos que concentran servicios especializados de atención integral con perspectiva de género a mujeres en situación de violencia, así como a sus hijas e hijos. De este modo, con la operación y funcionamiento de los CJM se cumple lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y en las recomendaciones internacionales en materia de violencia de género de las que México es parte.

El proyecto de Recopilación de Información de los Centros de Justicia para las Mujeres en México 2021 brinda información sobre los 55 CJM distribuidos en 31 entidades federativas que operaban al 4 de octubre de 2021. Ofrece datos detallados de los CJM sobre infraestructura, recursos económicos, capital humano, instituciones representadas, espacios físicos, áreas de atención, registro de información y estadísticas de mujeres atendidas por situación de violencia. La información cubre tres periodos de referencia: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 1 de enero al 30 de junio de 2021.

Esta información tiene como propósito impulsar los registros administrativos con fines estadísticos sobre violencia contra las mujeres, así como brindar información para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas enfocadas a la atención y eliminación de la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos.

El Foro Mundial para una Recuperación Centrada en las personas , organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concluyó con compromisos renovados para impulsar una recuperación que priorice a las personas y aborde las peligrosas desigualdades agravadas por la crisis de la COVID-19.

El Foro, de tres días de duración, reunió a Jefes de Estado y de Gobierno, directores de organizaciones internacionales y de bancos multilaterales de desarrollo, y líderes de empleadores y trabajadores de todo el mundo para proponer acciones concretas que permitan reconstruir mejor y reforzar el nivel y la coherencia de la respuesta de la comunidad internacional a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

Se comprometieron con los objetivos de una recuperación centrada en las personas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Comisario Europeo para el Empleo y los Derechos Sociales, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), UNICEF, el Banco Africano de Desarrollo (BAD), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Enviado Especial de las Naciones Unidas para el Clima y las Finanzas.

En las sesiones temáticas del Foro se abordaron las cuestiones más apremiantes a las que se enfrenta el mundo del trabajo: el crecimiento inclusivo y el empleo decente, la protección social universal, la protección de los trabajadores y el mantenimiento de las empresas, y la transición justa hacia la neutralidad del carbono. Se cerró con un debate sobre cómo alcanzar una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente tras la crisis de la COVID-19.

Entre los resultados más destacados de la coherencia política multilateral del Foro Mundial se encuentran los siguientes:

Un nuevo Memorando de Entendimiento que se firmará con el BIsD para apoyar una recuperación centrada en el ser humano, que prevé la cooperación en ámbitos como la capacitación económica de los jóvenes, la igualdad de género, el trabajo decente en situaciones de crisis y el fomento de la cooperación triangular Sur-Sur.

Otros socios multilaterales también se refirieron a los elementos de una recuperación centrada en las personas. El Enviado Especial de las Naciones Unidas para el Clima y las Finanzas hizo hincapié en la necesidad de una transición centrada en el ser humano para hacer frente a la crisis climática. El Comisario Europeo para el Empleo y los Derechos Sociales llamó la atención sobre la aplicación de una nueva comunicación de la Unión Europea sobre el trabajo decente -guiada por los cuatro pilares del trabajo decente de la OIT- para una transición justa global y una recuperación sostenible. La FAO se comprometió a movilizar financiación adicional para construir sistemas sólidos de protección social a través de asociaciones eficientes, eficaces y coherentes y de la solidaridad mundial. La OMC habló de la necesidad vital de que el comercio aumente los niveles de vida, cree empleos decentes y beneficie a las personas.

Fuente: OIT 25 de febrero de 2022

El progreso en el desarrollo a nivel mundial no genera automáticamente una mayor sensación de seguridad, según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre seguridad humana.

El informe Las nuevas amenazas para la seguridad humana en el Antropoceno aporta nuevos datos y análisis que muestran que, a pesar de los avances de desarrollo acumulados durante años, la sensación de seguridad de la población se encuentra por debajo del mínimo en casi todos los países, incluidos los más ricos. Países con algunos de los niveles más elevados de buena salud, riqueza y educación muestran mayor grado de ansiedad incluso que hace diez años.

Para abordar esta desconexión entre desarrollo y percepción de seguridad, el informe hace un llamado a reforzar la solidaridad internacional y a elaborar un nuevo enfoque de desarrollo que permita a las personas vivir sin carencias, miedo, ansiedad e indignidad.

Nunca fue más evidente el imperativo de actuar sin demora. Los datos muestran una bajada en la esperanza de vida a nivel mundial, por segundo año consecutivo, debido a la COVID-19 y un empeoramiento de todos los parámetros de medición del desarrollo humano. Además, es probable que el cambio climático se convierta en una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Aún con una reducción moderada de las emisiones, los cambios de temperatura podrían ocasionar la muerte de 40 millones de personas de aquí a fin de siglo.

El informe examina una serie de amenazas que han ido adquiriendo mayor prominencia en los últimos años, como las relacionadas con las tecnologías digitales, las desigualdades, los conflictos, y la capacidad de los sistemas de salud para enfrentar los nuevos retos, como la pandemia de la COVID-19.

Según los autores del informe, la lucha contra estas amenazas exigirá que los responsables políticos las aborden conjuntamente considerando los principios de protección, empoderamiento, y solidaridad de manera que se creen sinergias, y no contradicciones, entre la seguridad de las personas, la salud del planeta, y el desarrollo humano. Esto significa que las soluciones de un problema no deben ocasionar el exacerbamiento de otros.

El informe señala, asimismo, la estrecha relación existente entre la pérdida de confianza y los sentimientos de inseguridad. Las personas con una mayor sensación de inseguridad humana tienen tres veces menos probabilidades de tener confianza en los demás.

Otras conclusiones novedosas del informe:

El concepto de seguridad humana, dado a conocer originalmente en 1994 en el pionero Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, introdujo un cambio radical en la manera de pensar sobre la seguridad de las personas, alejándose de la idea de seguridad personal unida exclusivamente a la seguridad territorial y poniendo el énfasis en la importancia de las necesidades básicas, la dignidad, y la protección de las personas a la hora de disfrutar de vidas seguras.

La COVID-19 ha afectado a la infancia a una escala sin precedentes, lo que la convierte en la peor crisis de la infancia en los 75 años de historia de UNICEF, según ha declarado el organismo de las Naciones Unidas para la infancia en un informe publicado.

El informe Evitemos una década perdida: Hay que actuar ya para revertir los efectos de la COVID-19 sobre la infancia y la juventud subraya las distintas formas en que la COVID-19 está poniendo en peligro décadas de progreso en cuestiones fundamentales para los niños, como la pobreza, la salud, el acceso a la educación, la nutrición, la protección de la infancia y el bienestar mental. El informe revela también que, casi dos años después de la pandemia, los efectos generalizados de la COVID-19 siguen agravándose, mientras aumenta la pobreza, se arraiga la desigualdad y se ponen en peligro los derechos de los niños en unos niveles que no se habían visto antes.

Según el informe, se estima que nada menos que 100 millones de niños más viven en situación de pobreza multidimensional debido a la pandemia: un aumento del 10% desde 2019. Esto equivale aproximadamente a 1,8 niños por segundo desde mediados de marzo de 2020. Por si fuera poco, el informe señala que llevará mucho tiempo recuperar el terreno perdido: incluso en el mejor de los casos, tardaremos entre siete y ocho años en recuperarnos y regresar a la situación en materia de pobreza infantil que había antes de la COVID.

A partir de otros datos que evidencian este retroceso, el informe revela que alrededor de 60 millones de niños más viven hoy en día en hogares pobres desde el punto de vista monetario, en comparación con las cifras anteriores a la pandemia. Además, en 2020, más de 23 millones de niños no pudieron recibir las vacunas esenciales, un aumento de casi cuatro millones con respecto a 2019 y la cifra más alta en 11 años.

Incluso antes de la pandemia, alrededor de 1.000 millones de niños y niñas de todo el mundo sufrían al menos una privación grave, como la falta de acceso a la educación, la salud, la vivienda, la nutrición, el saneamiento o el agua. En la actualidad, esta cifra está aumentando, ya que la desigualdad en la recuperación está acentuando las crecientes disparidades entre los niños ricos y los pobres, si bien perjudica especialmente a los más marginados y vulnerables. El informe pone de manifiesto los siguientes datos:

Además de la pandemia, el informe advierte de que existen otras amenazas para la infancia que ponen en grave peligro sus derechos. En todo el mundo, 426 millones de niños y niñas (casi uno de cada cinco) viven en zonas donde los conflictos son cada vez más intensos y se cobran un mayor número de víctimas civiles, lo que afecta de manera desproporcionada a los niños y las niñas. Las mujeres y las niñas son las que están más expuestas a la violencia sexual relacionada con los conflictos. El 80% de todas las necesidades humanitarias están motivadas por conflictos. Del mismo modo, alrededor de 1.000 millones de niños y niñas (casi la mitad de la población infantil mundial) viven en países extremadamente vulnerables a los efectos del cambio climático.

Para responder y recuperarse, y para reimaginar el futuro de cada niño, UNICEF sigue pidiendo que se tomen las siguientes medidas:

A medida que trabajamos con los gobiernos, los donantes y otras organizaciones con el objetivo de comenzar a trazar una ruta común para los próximos 75 años, los niños y las niñas han de ser los primeros a la hora de recibir inversiones y los últimos a la hora de sufrir recortes. La promesa de nuestro futuro depende de las prioridades que establezcamos en el presente”.

La corrupción afecta en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso su prevención permite avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ayudar a proteger nuestro planeta y crear empleos, favorecer la igualdad de género y garantizar un mayor acceso a servicios esenciales como la salud y la educación.

Los esfuerzos en la lucha contra la corrupción benefician a todo el conjunto social, pero la mala conducta y las irregularidades están robando recursos valiosos para responder y recuperarnos de la crisis de COVID-19.  El Día Internacional contra la Corrupción de 2021 busca destacar los derechos y responsabilidades de todos -incluidos los Estados, los funcionarios públicos, los agentes de la ley, los representantes de los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil, el sector académico, el público y los jóvenes- en la lucha contra la corrupción.

Esta campaña de seis semanas, que comenzará a principios de noviembre, tiene como objetivo destacar el papel de las principales partes interesadas y de los individuos en la prevención y la lucha contra la corrupción, de acuerdo con el tema “Tu derecho, tu desafío: dile no a la corrupción”. Cada semana se dedicará a una de las siguientes dimensiones clave en la lucha contra la corrupción:
Educación y juventud
Deporte
Género
Sector privado
COVID-19
Cooperación Internacional

La campaña también tiene como objetivo intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de prevención y lucha contra la corrupción en todo el mundo mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional, la lucha contra los nexos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, la recuperación y la devolución de los activos robados, el desarrollo de soluciones innovadoras, la prevención a través de la educación, el compromiso de los jóvenes y la movilización de los aliados de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado.

La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países. Por ejemplo, socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. También atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los «gastos iniciales» requeridos por la corrupción.

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Documento PDF, que entró en vigor en diciembre de 2005, y pidió al Secretario General que designara a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como la secretaría para la Conferencia de los Estados Partes de la Convención.

Para crear conciencia contra esta lacra y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla, la Asamblea también designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

Gobiernos, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos en todo el mundo estan uniendo fuerzas para combatir este delito. El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) están en primera linea en ese esfuerzo.

La ENPOL 2021 es la segunda edición de este programa estadístico que complementa la información generada por los Censos Nacionales de Seguridad Pública, Sistemas Penitenciarios, Procuración e Impartición de Justicia, realizados por el INEGI, así como la Información Estadística Penitenciaria Nacional, generada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Para el levantamiento de la ENPOL 2021 se visitaron 203 centros penitenciarios de los ámbitos federal y estatal en las 32 entidades federativas que concentraron 95.5% de la población privada de la libertad entre junio y julio de 2021.

Principales resultados

De la población que se encontró privada de la libertad entre junio y julio de 2021 en Centros Penitenciarios Estatales y Federales, 19.1% fue detenida mediante una orden de detención, mientras que 9.3% fue detenida en flagrancia, esto es, durante la comisión del presunto delito.

La población con cuatro años o menos de haber ingresado al centro penitenciario se ubicó en 39.5 por ciento. De igual forma, 36% de la población privada de la libertad fue detenida por la Policía Ministerial o Judicial.

48.6% de la población privada de la libertad recibió agresiones físicas al momento de su detención. 38.4% de quienes sufrieron agresiones físicas señaló haber recibido patadas o puñetazos por parte de la policía o autoridad que la detuvo, mientras que 23% mencionó haber sido asfixiada o ahorcada.

Por otra parte, 15.5% de la población de mujeres que sufrió agresiones físicas, señaló haber recibido agresiones sexuales por parte de la policía o autoridad que la detuvo; y 4.8% fue víctima de violación sexual durante su detención.

27.8% de la población privada de la libertad está en proceso de recibir sentencia. De esta población, 39.2% lleva dos años o más al interior de un centro penitenciario, mientras que 24.8% ha estado recluida entre uno y dos años.

De la población privada de la libertad que ha recibido sentencia, 29.8 % fue condenada por homicidio y 12.2% por secuestro. Por otro lado, la población sentenciada por robo se ubicó en 32.7 por ciento.

Durante 2021, 25.9% de la población privada de la libertad se sintió insegura en el centro penitenciario, mientras que 34.1% de la población fue víctima de una conducta ilegal al interior del centro penitenciario. De esta población, 87.7% sufrió el robo de objetos personales y 4.6% fue víctima de hostigamiento sexual.

En términos generales, el porcentaje de población que fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas del proceso penal desde su detención hasta la realización de su juicio y vida intracarcelaria fue de 36.2 por ciento. La población que sufrió actos de corrupción al interior de los centros penitenciarios se ubicó en 17.2 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJF) 2021, programa estadístico que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño de la Fiscalía General de la República, específicamente en las funciones de gobierno, procuración de justicia y mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

Al cierre de 2020, se reportó que 20 720 servidoras y servidores públicos estaban adscritos a las 65 unidades de la Fiscalía General de la República, de los cuales 56.8% fueron hombres y 43.2% mujeres. Comparado con 2019, la cantidad de personal disminuyó 0.9% en 2020. En relación con las características que presentó dicho personal, se destaca que 22.9% percibió un ingreso bruto mensual entre 30 001 y 35 000 pesos.

-En el mismo periodo se reportaron 191 Fiscalías de la Fiscalía General de la República. En tanto, el personal total adscrito a las Fiscalías fue de 12 415 servidoras y servidores públicos, de los cuales 56.5% fueron hombres y 43.5% mujeres. De acuerdo con el cargo, 24.2% fueron fiscales, cifra que en contraste con 2019, aumentó 2.7 por ciento.

-Durante 2020, se reportaron 81 personas fallecidas en el cumplimiento de la función de procuración de justicia, de las cuales 91.4% fueron hombres y 8.6% mujeres. Respecto a la causa de fallecimiento 86.4% correspondió a causas naturales, 9.9% falleció por homicidio y en 3.7% no se identificó la causa. Durante 2020, 41 servidoras y servidores públicos fallecieron por COVID-19. La mayoría de este personal se desempeñó como fiscales y policías ministeriales.

-Durante 2020, se iniciaron y/o abrieron 78 482 averiguaciones previas y carpetas de investigación. Respecto a lo reportado en 2019, hubo una disminución de 20.2% en 2020.

-Al cierre de 2020, quedaron pendientes de concluir 55 004 averiguaciones previas y carpetas de investigación. Respecto a lo reportado en 2019, hubo una disminución de 0.9% en 2020.

-En relación con los delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, en 2020, a nivel nacional se registraron 78 482 (19 correspondieron al Sistema Tradicional y 78 463 al Sistema Penal Acusatorio). Esta cifra representó una disminución de 20.2% respecto a lo registrado en 2019. Los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos fueron los más frecuentes al concentrar 18.4% del total nacional.

-Durante 2020, la cantidad de vehículos terrestres asegurados por la Fiscalía General de la República fue de 10 321. En el mismo periodo se aseguraron 18 582 armas de fuego: 11 512 (62.0%) eran cortas y 7 070 (38.0%) largas. En cuanto al aseguramiento de narcóticos, los principales fueron cannabis sativa, indica o mariguana y cocaína.

-Durante 2020, se abrieron 4 757 expedientes en materia penal para adultos y justicia para adolescentes por el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. En comparación con lo reportado en 2019, la cantidad de expedientes abiertos disminuyó 37.1 por ciento. En el mismo periodo se concluyeron 1 301 expedientes, que respecto a 2019, disminuyeron 22.9% en 2020. Finalmente, 937 expedientes permanecieron pendientes al cierre de 2020; esta cifra representó una disminución de 33.5% en comparación con 2019.

Los resultados del CNPJF 2021 integran información correspondiente a 2020, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos; Servicios periciales; Procuración de justicia y Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

Fuente: INEGI 03 de diciembre de 2021

América Latina y el Caribe (ALC) es la región más afectada por la pandemia del COVID -19, y los avances socioeconómicos de las últimas décadas corren el riesgo de ser revertidos por la crisis. Las estrategias de recuperación deben incluir reformas bien secuenciadas que promuevan sistemas universales de protección social, aceleren la formalización de las economías, mejoren la progresividad fiscal y profundicen la integración regional, dice el informe Perspectivas Económicas de América Latina (LEO) 2021: Avanzando juntos hacia una mejor recuperación.

Según esta decimocuarta edición del informe, ALC experimentó una desaceleración económica histórica en 2020. El producto interno bruto (PIB) de la región se contrajo en torno al 7%. A pesar de un aumento de alrededor del 6% en 2021, no se espera que su PIB per cápita vuelva a los niveles anteriores a la crisis antes de 2023-24. El impacto de la crisis ha sido asimétrico, afectando especialmente a los grupos más vulnerables. Como resultado, los niveles de pobreza y pobreza extrema están en su punto más alto en los últimos 20 y 12 años, respectivamente.

Aunque el informe reconoce los considerables esfuerzos realizados por los países de la región para proteger durante la pandemia a los grupos más vulnerables, entre ellos las mujeres, los jóvenes y los ancianos, también destaca que cerca del 40% de los trabajadores no tenían protección social cuando comenzó la crisis. Esto se debe en gran medida a que, en promedio, más del 50% de los trabajadores de la región trabajan de manera informal. Avanzar hacia sistemas de protección social universales es fundamental para proteger a los más necesitados en el contexto post-pandémico.

Según el LEO, una recuperación sólida e inclusiva requiere una mayor integración productiva en sectores estratégicos, entre ellos el automotriz, el farmacéutico, el de las energías renovables, la economía circular y la agricultura sostenible. También exige una respuesta fiscal holística urgente: una mayor progresividad del sistema tributario, un mayor cumplimiento fiscal, una administración tributaria más eficiente y la eliminación de los gastos tributarios ineficientes. La reducción de la evasión y la elusión fiscal, así como la eliminación de algunos gastos tributarios que representan cerca del 4% del PIB podrían aumentar los ingresos y la equidad, sin comprometer la recuperación económica.

El LEO 2021 destaca que sólo el 38% de los ciudadanos confió en sus gobiernos en 2020, frente al 45% de 2010. El descontento social sigue siendo una de las principales preocupaciones, como lo evidencian las protestas en algunos países de la región. Además, la satisfacción con los servicios públicos, incluidos la educación y la salud, disminuyó notablemente durante la pandemia. En el caso de la educación, se redujo del 66%, en 2019, al 53%, en 2020. Como respuesta, el informe explora acciones de política para repensar el contrato social en la región, sugiriendo cuatro principios para guiar un proceso que genere amplios consensos: conciliar los intereses de todas las partes; contextualizar para adaptar a las circunstancias; compensar a los más afectados por las reformas; y comunicar bien el impacto de las mismas.

La publicación también destaca el papel de la cooperación internacional para facilitar el avance hacia estos nuevos modelos de desarrollo y de un nuevo contrato social en la región. Las respuestas nacionales a las consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la crisis deben ir acompañadas de alianzas renovadas para la recuperación que sitúen la sostenibilidad, la resiliencia y el bienestar en su centro. El diseño de la gestión internacional de la deuda, prestando especial atención a las características de cada país (en particular a los retos que enfrentan los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de los países del Caribe), es esencial para el éxito de la recuperación.

El LEO ha sido elaborado conjuntamente por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Comisión Europea.

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la violencia contra las mujeres se encuentra definida como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”. Estas acciones u omisiones constituyen una violación a los derechos humanos de las mujeres al no garantizar su libertad, desarrollo y seguridad.

La violencia contra las mujeres es un problema de alcance global. Por ello, hace más de dos décadas la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución que establece el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuya finalidad es coordinar actividades para concientizar y dimensionar la magnitud del reto de una vida libre de violencia. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía se une a este objetivo presentando el panorama actual de las distintas formas de violencia que enfrentan las mexicanas, con base en programas permanentes de recolección de información estadística que buscan proporcionar información confiable y actualizada para el diseño y evaluación de acciones para la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Este comunicado se concentra en los niveles de victimización y violencia en contra de las mujeres, en particular, la percepción de inseguridad y los delitos cometidos en su contra, empleando los resultados la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (ENVIPE), y del segundo y tercer trimestre de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2021 (ENSU), así como el registro de delitos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021 (CNPJE). Posteriormente, se presentan las tendencias de las defunciones con presunción de homicidio con base en las estadísticas de mortalidad de la Secretaría de Salud (SSA) y el INEGI.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) 2021, programa que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño de la Guardia Nacional, específicamente en las funciones de gobierno y seguridad pública, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Entre los datos que aporta este Censo se encuentra que:

Los resultados del CNSPF 2021 integran información correspondiente a 2020, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos, y Ejercicio de la función de seguridad pública federal.

Por primera vez el INEGI presenta la georreferenciación de accidentes de tránsito en zonas urbanas que permite identificar, con base en sus coordenadas geográficas, las zonas de mayor incidencia en 88 áreas geográficas (72 municipios de 28 estados y las 16 alcaldías de la Ciudad de México) y proporciona información correspondiente a 2019 y 2020.

La georreferenciación de accidentes de tránsito en zonas urbanas se difunde a través de Espacio y datos de México, disponible en https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx, y en el que los usuarios podrán ubicar los accidentes de tránsito en la cartografía digitalizada por entidad y municipio, por año, mes, día de la semana y hora en el que se registró el evento vial, distinguiendo la clase de accidente (fatal, no fatal o solo daños), el tipo (colisión con vehículo, con peatón, con objeto fijo, con motocicleta, con ciclista y otros), así como las víctimas mortales y heridas.

De esta manera, el INEGI expande las posibilidades de consulta y uso de la estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas (ATUS) que genera información sobre el número de los percances viales ocurridos en el territorio nacional, contribuyendo así a la formulación de políticas de seguridad vial y de prevención de accidentes para reducir el número de víctimas por esta causa.

Los resultados de la estadística ATUS corresponden a los registros de los eventos viales ocurridos en zonas urbanas, y no considera los accidentes en carreteras y caminos federales que son registrados por la Guardia Nacional.

En este sentido, la estadística ATUS concentra 96.3% del total de accidentes de tránsito del país durante 2020.

En 2020 se reportaron 301 678 accidentes, de los cuales 245 297 registraron solo daños materiales (81.3%); en 52 954 se identificaron víctimas heridas (17.6%), y los 3 427 accidentes restantes corresponden a eventos con al menos una persona fallecida (1.1%) en el lugar del accidente.

El total de víctimas muertas y heridas en los accidentes de tránsito ocurridos en zonas urbanas durante 2020 fue de 75 761 personas, de las cuales 3 826 fallecieron en el lugar del accidente (5.1%) y 71 935 presentaron algún tipo de lesión (94.9%).

Las entidades con mayor número de fallecidos en el lugar del accidente por cada 100 000 habitantes durante 2020 son: Sinaloa (8.8), Chihuahua (7.7), Querétaro (7.0), Sonora (6.5) y Zacatecas (5.9). Asimismo, en este mismo periodo la tasa a nivel nacional fue de 3 decesos por cada 100 000 habitantes.

El INEGI refrenda así su compromiso con los usuarios de suministrar información de calidad, pertinente, veraz y oportuna. Asimismo, el Instituto realizará actualizaciones anuales de la información de la georreferenciación de accidentes de tránsito en zonas urbanas, y mantendrá una colaboración estrecha con las fuentes administrativas de los estados y municipios del país para incorporar gradualmente más áreas geográficas a esta forma de presentación de resultados.

A pesar de los cierres y restricciones debidos al coronavirus, unas 650.000 mujeres y niñas recibieron servicios de violencia de género a través de un programa conjunto de la ONU y la Unión Europea (UE) que busca erradicar una de las violaciones de derechos humanos más frecuentes.

Este es sólo uno de los logros detallados en el informe de impacto de la Iniciativa Spotlight correspondiente al periodo 2020-2021, presentado en Nueva York.

El documento Rising to the challenge (Haciendo frente al desafío) detalla cómo los socios de la Iniciativa ajustaron rápidamente los programas durante la crisis mundial para abordar la pandemia oculta de la violencia contra las mujeres y las niñas.

La Iniciativa Spotlight es el mayor esfuerzo concertado a nivel mundial para poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Además de ampliar los servicios durante la pandemia, Spotlight ayudó a las organizaciones de la sociedad civil a adaptarse rápidamente al entorno cambiante y a fortalecer los servicios a distancia como la teleasistencia y las líneas directas.

Los fondos también se reasignaron para dar un mayor respaldo a las organizaciones locales y de base. Hasta la fecha se han desembolsado 146 millones de dólares con este propósito.

Una de las labores de la Iniciativa fue brindar educación unos 880.000 hombres y niños sobre la masculinidad positiva, las relaciones familiares respetuosas, la resolución sin violencia de los conflictos y la paternidad.

Todos los miembros de nuestra sociedad —padres y madres, personal docente y sanitario, dirigentes gubernamentales, líderes religiosos, personalidades de la política, el mundo empresarial, la sociedad civil y los medios de comunicación— desempeñan un papel clave en el bienestar de la infancia.

La violencia contra las mujeres y las niñas, que existe en todas las sociedades, a menudo se ve agravada por otras crisis humanitarias y sólo se ha intensificado durante la pandemia.

Para aprovechar los logros alcanzados hasta ahora, la Unión Europea y la ONU han decidido desarrollar una Plataforma Global Spotlight que combina un centro de conocimiento, una comunidad de práctica y un “instrumento de promoción” basado en la experiencia obtenida a través de la iniciativa.

Con la ratificación de Paraguay, el 25 de octubre de 2021, ya son 60 los países que han ratificado el Convenio de la OIT sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) , considerado la base de todos los convenios de la OIT sobre seguridad social.

El Convenio nº 102 es el único instrumento internacional basado en los principios básicos de la seguridad social que establece normas mínimas acordadas a nivel mundial para las nueve ramas de la seguridad social: asistencia médica, prestaciones de enfermedad, prestaciones de desempleo, prestaciones de vejez, prestaciones por accidentes de trabajo, prestaciones familiares, prestaciones de maternidad, prestaciones de invalidez y prestaciones de supervivencia.

Se considera un instrumento importante para ampliar la cobertura de la seguridad social y proporciona a los países que lo ratifican un incentivo para hacerlo al ofrecer flexibilidad en su aplicación, en función de su nivel socioeconómico.

En 2012, la recién adoptada Recomendación sobre los Pisos de Protección Social (núm. 202) reconoció el papel fundamental del Convenio sobre la Seguridad Social (norma mínima), 1952 (núm. 102) y pidió a los Estados miembros de la OIT que lo ratificaran lo antes posible. En consecuencia, el Consejo de Administración de la OIT acordó establecer un objetivo para aumentar las ratificaciones del Convenio núm. 102 de 47 a 60.

Durante la última década, la OIT ha apoyado de forma proactiva un importante número de procesos nacionales para animar a los países a ratificar el Convenio. Como resultado, 13 naciones han ratificado el texto en los últimos 10 años: Argentina (2016), Benín (2019), Cabo Verde (2020), Chad (2015), República Dominicana (2016), Honduras (2012), Jordania (2014), Marruecos (2019), Paraguay (2021), Federación de Rusia (2019), San Vicente y las Granadinas (2015), Togo (2013) y Ucrania (2016).

En junio de 2021, la Conferencia Internacional del Trabajo celebró su segunda discusión recurrente sobre la protección social , en la que se destacó la necesidad de construir sistemas de protección social universales anclados en las normas de la OIT. También reafirmó el mandato y el liderazgo de la OIT en materia de protección social en el sistema multilateral y pidió a la OIT que acelerara los esfuerzos en curso para promover el Convenio mediante una nueva campaña de ratificación.

Fuente: OIT 08 de noviembre de 2021

Este jueves dio inicio el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 con el objetivo de haber reducido en un 50% las muertes y traumatismos causados por los accidentes de tránsito al terminar el ciclo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en conjunto con otros socios de la ONU, desarrollaron el Plan Global para la campaña, de acuerdo con una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de 2020.

Los datos de la OMS apuntan a los accidentes carreteros como la principal causa de muerte de niños y jóvenes en el mundo. El saldo diario de esos siniestros es de 3500 fallecimientos, es decir 1,3 millones al año. Además, la suma anual de personas lesionadas asciende a 50 millones.

De no tomar medidas inmediatas para detener esta pérdida de vidas, así como las secuelas que muchas veces dejan las heridas, el fenómeno no se detendrá y para 2030 se habrían registrado 13 millones más de muertes evitables, sobre todo en los países de renta baja y media, advierten las proyecciones del organismo, que afirma que todos esos decesos y lesiones “inaceptables” se pueden prevenir.

El Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial establece medidas prácticas y efectivas que todos los países y comunidades pueden implementar para salvar vidas.

Para resaltar la importancia de que los gobiernos adopten esa hoja de ruta, el director del Departamento de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS recordó que más de 50 millones de personas han muerto en las carreteras del mundo desde la invención del automóvil, un número de fatalidades más elevado que el de la Primera Guerra Mundial o algunas de las peores epidemias.

El Plan Global lista tres acciones fundamentales para evitar los accidentes viales:
1.- garantizar la seguridad al caminar, andar en bicicleta y utilizar el transporte público
2.- garantizar carreteras, vehículos y comportamientos seguros
3.- garantizar atención de emergencia oportuna y eficaz

Con respecto a quiénes deben encargarse de la implementación y monitoreo del Plan, la agencia menciona no sólo a los responsables políticos de alto nivel, sino también a otras partes que pueden influir en la seguridad vial, como la sociedad civil, el mundo académico, el sector privado, las instituciones financieras y donantes, y los líderes comunitarios y juveniles.

La OMS aseveró que las medidas del Plan Global se basan en intervenciones comprobadas y efectivas, así como en las mejores prácticas para prevenir los accidentes en la carretera.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2021, programa estadístico que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño del Poder Judicial de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, impartición de justicia, justicia para adolescentes y justicia alternativa y/o mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

Los resultados del CNIJE 2021 se presentan en cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos; Trámites y servicios; Transparencia; Control interno y anticorrupción; Administración de archivos y gestión documental; Defensoría pública o defensoría de oficio; Servicios periciales; Impartición de justicia; Justicia alternativa y/o mecanismos alternativos de solución de controversias.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2021, programa estadístico que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño de la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, procuración de justicia, justicia para adolescentes y mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

Los resultados del CNPJE 2021 integran información correspondiente a 2020, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos; Servicios periciales; Procuración de justicia y Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

A la distancia de los meses en los que la covid-19 sofocaba con más fuerza al país, los resultados del daño se van conociendo mejor. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio a conocer esta semana que la población en México que cotizaba en algún esquema de seguridad social disminuyó de cerca de 21 millones en 2019 a 19 millones en 2020.

Alrededor de 2 millones de trabajadoras y trabajadores dejaron de aportar para una pensión, acumular semanas para un día jubilarse, tener derecho a una incapacidad pagada o al acceso directo a los servicios de salud, según el reporte Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe: Avances y retrocesos ante la pandemia.

Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en marzo de 2020 más de 120,000 personas pidieron una parte de su dinero acumulado porque se quedaron desempleadas. Tres meses después, en junio de ese año, el número de retiros subió a más de175,800.

A pesar de que el empleo formal se ha ido recuperando, la gente ha seguido haciendo retiros por desempleo. En septiembre pasado se crearon más de 174,000 nuevos empleos formales, pero otras 170,573 personas sacaron dinero de sus cuentas de ahorro para la jubilación por desempleo.

La caída de cotizantes a la seguridad social en la región fue de 7.3%, señala el informe de la OIT. Los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, fueron los más afectados, en esas naciones la disminución fue 24.5 por ciento.

La segunda subregión con mayores estragos fue la del Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Ahí la caída en cotizantes fue 5.2 por ciento. “Y, finalmente, Centroamérica y México que experimentó una disminución 1.2 por ciento”.

En 2005 sólo 36.6% de la población empleada tenía cobertura de seguridad social. Con altibajos a través de los años, para 2019 la proporción ya era de 46.6 por ciento. En el período 2012-2019 “la cantidad de cotizantes aumentó en 14 millones de personas y la de ocupados en 22 millones, lo que representa un incremento del 14 y 9.6%, respectivamente”.

El año pasado, 216 millones de personas en los 12 países que conforman la región tenían una actividad económica. De ellas, poco menos de la mitad, 105 millones tenían seguridad social, mientras que en 2019 esta proporción era de 113.2 millones. Es decir, 8 millones de trabajadoras y trabajadores en Latinoamérica y el Caribe salieron de la formalidad y con ello, de la seguridad social.

“La destrucción de empleos formales e informales ha sido significativa”. Sin embargo, el desempleo fue mayor para quienes trabajaban en ocupaciones informales, donde no tienen cobertura de seguridad social.

El panorama antes descrito también se observó en México. El país inició el 2019 con más de 55.6 millones de personas ocupadas. De ellas, más de 20.9 millones tenían acceso a los servicios de salud por parte de su empleo y más de 34.3 millones laboraban sin seguridad social, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo estimó que de abril a junio de 2020 más de 12 millones de personas no pudieron seguir laborando o fueron despedidas. Según la OIT, al menos 2 millones de ellas sí tenían seguridad social, pero dejaron de acceder a varios derechos que les otorgaba esa cobertura al quedarse sin empleo.

El último reporte sobre pobreza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indica que en 2018 sólo el 35% de las personas trabajadoras tenían acceso a la seguridad social. Para 2020 esa población aumentó a 35.8 por ciento.

De acuerdo con el reporte de la OIT, “en Centroamérica y México se profundiza la falta de ingresos y pensiones para las personas mayores: el 52.7% no cuenta con ingresos, 21% recibe una pensión, 2.4% recibe un ingreso laboral y pensión y 24% percibe solo ingresos del trabajo”.

Fuente:EL ECONOMISTA 21 de octubre de 2021

La pandemia del coronavirus ha evidenciado las deficiencias de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señaló la necesidad de mejorar su cobertura, suficiencia y sostenibilidad para contribuir a mitigar el aumento de la pobreza y las desigualdades.

Las cifras de la Organización así lo demuestran. Antes del inicio de la pandemia solo el 56% de los habitantes de la región estaban cubiertos por algún tipo de protección social y los sistemas contributivos, que dependen de las cotizaciones de los trabajadores y empleadores, únicamente incluían al 46% de los ocupados.

“La gran mayoría de la población ocupada no contaba con seguros de desempleo ni con otras maneras de compensar ingresos, en especial quienes estaban en la informalidad”, destaca el estudio. “Una lección aprendida de esta pandemia es que la falta de protección social nos hace más vulnerables”.

El documento plantea la necesidad de avanzar hacia “sistemas integrales de protección que tengan como base un piso de bienestar social con garantías para el acceso universal a la salud y la seguridad económica a lo largo del ciclo vital”.

El estudio de la agencia de la onu estima que la crisis causada por la COVID-19 causó un descenso del 7,9% en el número de personas registradas que cotizaron en los sistemas contributivos de protección social, un registro que representa un retroceso de casi una década.

Igualmente, indica que las estrategias más comunes para la protección de empleos e ingresos fueron la entrega de alimentos y la atención nutricional junto a políticas orientadas a la salud.

Los hogares con menores que dependen de los ingresos de los trabajadores en el segmento informal de la economía vieron como aumentó su vulnerabilidad y la exposición a los riesgos asociados al trabajo infantil.

El informe alerta también sobre la seguridad económica de las personas de mayor edad en América Latina y el Caribe ya que, según los datos más recientes, el 30% de los mayores de 65 años no reciben ningún tipo de ingreso laboral ni tampoco una pensión.

Entre esta franja poblacional, solo el 47,2% de personas recibe una pensión o jubilación, el 7% opta tanto a una pensión como a ingresos laborales, y el 14,9% solamente se beneficia de ingresos laborales.

Entre los futuros desafíos a los que se enfrenta la protección social el estudio destaca la necesidad de:

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2021, programa que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño de la institución encargada de la función de seguridad pública de cada entidad federativa, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en el referido tema.

Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

De acuerdo con los resultados del trigésimo segundo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la primera quincena de septiembre de 2021, durante ese mes 64.5% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad.

Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a los registrados en septiembre de 2020 y junio de 2021, que fueron de 67.8 y 66.6%, respectivamente. En esta edición, 14 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos con respecto de junio de 2021: 8 tuvieron reducciones y 6 incrementaron. La percepción de inseguridad permaneció mayor en el caso de las mujeres con 69.1%, mientras que para los hombres fue de 58.8 por ciento.

Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ciudad Obregón, Irapuato, Coatzacoalcos, Naucalpan de Juárez y Zacatecas, con 94.3, 92.5, 91.7, 89.0, 88.3 y 86.1%, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Benito Juárez, Los Cabos, La Paz, San Nicolás de los Garza y Saltillo, con 14.5, 21.8, 22.2, 27.3, 28.6 y 29.5%, en ese orden.

En específico, 75% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 68.7% en el transporte público, 61.4% en el banco y 56.2% en las calles que habitualmente usa.

Finalmente, en este trimestre, se proporciona información estadística sobre víctimas de violencia en el entorno familiar. Se estima que 7.5% de los hogares experimentó alguna situación de violencia de tal naturaleza entre enero y septiembre de 2021. En el mismo periodo, se estima que 6.4% de la población de 18 años y más fue violentada en el ámbito del hogar. Para las mujeres este porcentaje fue de 7.2%, mientras que en hombres fue de 5.4 por ciento.

Las preocupaciones de los mexicanos incrementan en línea con la pérdida de dinamismo de los indicadores. Derivado de la crisis Covid-19 en 2020 se sumaron 3.8 millones de personas a la pobreza, la tasa de inflación se encuentra en 5.87% y poco más de la mitad de los empleos son informales.

Cuatro de cada 10 mexicanos (41.5%) se mostró preocupado por los niveles de desempleo, lo que implicó un aumento importante respecto del ejercicio pasado (36.4%), de acuerdo con los datos actualizados de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe) del Inegi.

También incrementó la preocupación por el nivel de precios al consumidor; el 29.0% de los mexicanos consideró que es una de las problemáticas más grandes del país y 27.6% dijo estar agobiado por el aumento de la pobreza. En ambos rubros también hubo un incremento respecto del ejercicio del año previo.

Adicionalmente, la preocupación por la salud también incrementó con la llegada de la pandemia, que hasta el momento ha cobrado la vida de 273,391 personas en México. El 40.2% de los mexicanos considera que la salud es una de las problemáticas más importantes en estos momentos.

La preocupación por la inseguridad fue el único rubro que la pandemia logró moderar, como parte también de los confinamientos y la reducción de movilidad y actividades públicas, la incidencia de delitos de bajo impacto y el miedo de los ciudadanos se redujo también pasando de ser la preocupación de 68.2% de los mexicanos a afectar al 58.9% actualmente.

Fuente:EL ECONOMISTA 23 de septiembre de 2021

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

El propósito de esta encuesta es generar información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2020, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades en el período de marzo y abril de 2021, para proveer información a la sociedad ya quienes toman decisiones de política pública en estas materias.

La ENVIPE permite hacer estimaciones sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas ya los hogares en los delitos de robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público. Asimismo, robo en forma distinta a las anteriores (como carterismo, allanamientos con robo en patio o cochera, abigeato), fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros y delitos sexuales). Delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, robo de combustible y trata de personas, entre otros de este tipo, no son susceptibles de medirse en una encuesta de victimización.

Principales resultados de la ENVIPE 2021

La ENVIPE estima 21.2 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 23 520 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2020, cifra estadísticamente inferior a la estimada en 2019.

La tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2020 fue de 30601, cifra estadísticamente menor a la estimada en 2019 que fue de 33659.

En 2020, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 277.6 mil millones de pesos, es decir, 1.85% del PIB. Lo anterior equivale a un promedio de 7 155 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

La ENVIPE 2021 estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son por circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 33.9% y la desconfianza en la autoridad con 14.2 por ciento.

La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las entidades federativas en marzo y abril de 2021 se ubicó en 75.6 por ciento. Durante el mismo periodo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas fue de 65.5% en su municipio o demarcación territorial y 41.9% en su colonia o localidad. Dichas estimaciones fueron estadísticamente menores a las registradas en 2020.

Documentación

Los productos y documentos derivados de la ENVIPE 2021 que el INEGI pone a disposición de los usuarios son los siguientes: Tabulados con los principales resultados, Tabulados de medidas de precisión (errores estándar, coeficientes de variación e intervalos de confianza), Bases de datos, Descripción de archivos, Marco conceptual, Cuestionario principal y Módulo de victimización, Diseño muestral e Informe operativo.

Como parte de los resultados de la ENVIPE, el INEGI pone a disposición de sus usuarios 700 tabulados con los principales resultados de información de la Encuesta, los cuales se clasifican en los siguientes temas: 1) Nivel de victimización y delincuencia; 2) Caracterización del delincuente; 3) Denuncia del delito; 4) Características de las víctimas de delito, los delitos y los daños; 5) Percepción sobre la seguridad pública; 6) Desempeño institucional; 7) Caracterización del delito en los hogares; 8) Información en ciudades y/o áreas metropolitanas, e 9) Información Ciudad de México.

A pesar de la expansión sin precedentes de la protección social durante la crisis generada por la COVID-19, más de 4.000 millones de personas en el mundo siguen estando completamente desprotegidas, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El informe constata que la respuesta a la pandemia fue desigual e insuficiente, aumentando la distancia entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos, y no logró ofrecer la protección social indispensable que todos los seres humanos merecen.

La protección social incluye el acceso a la atención médica y a la seguridad del ingreso, en particular para las personas de edad, en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente en el trabajo, maternidad o pérdida del principal generador de ingresos de la familia, así como para las familias con hijos.

El Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022: La protección social en la encrucijada – en busca de un futuro mejor ofrece un panorama mundial de la evolución reciente de los sistemas de protección social, incluyendo los pisos de protección social, y abarca las consecuencias de la pandemia de COVID-19. El informe identifica los déficits en materia de protección social y formula recomendaciones políticas esenciales, en especial en relación a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En la actualidad, sólo 47 por ciento de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social, mientras que 4.100 millones de personas (53 por ciento) no se benefician de ninguna seguridad del ingreso de su sistema de protección social nacional.

Existen diferencias regionales considerables en materia de protección social. Europa y Asia Central tienen las tasas de cobertura más altas, con 84 por ciento de la población cubierta por al menos una prestación. Las Américas también tienen una tasa superior a la medida mundial, con 64,3 por ciento. Asia y el Pacífico (44 por ciento), los Estados Árabes (40 por ciento) y África (17,4 por ciento) tienen evidentes deficiencias en materia de cobertura.

A nivel mundial, la gran mayoría de los niños aún no tiene una cobertura efectiva de protección social; sólo uno de cada cuatro niños (26,4 por ciento) se beneficia de una prestación de protección social. Sólo 45 por ciento de las mujeres con recién nacidos recibe una prestación de maternidad en efectivo. Sólo una de cada tres personas con discapacidad grave en el mundo (33,5 por ciento) recibe una prestación por invalidez. La cobertura de las prestaciones de desempleo es aún más baja, sólo 18,6 por ciento de los trabajadores desempleados de todo el mundo están efectivamente cubiertos. Si bien 77,5 por ciento de las personas con derecho a pensión de vejez reciben una forma de pensión de ancianidad, persisten importantes disparidades entre las regiones, entre zonas urbanas y rurales, y entre hombres y mujeres.

El informe señala que el déficit de financiación (el gasto adicional necesario para garantizar al menos una protección social mínima para todos) ha aumentado de alrededor de 30 por ciento desde el comienzo de la crisis generada por la COVID-19.

A fin de garantizar al menos una cobertura de protección social básica, los países de bajos ingresos deberían invertir 77.900 millones de dólares adicionales al año, los países de ingresos medios-bajos 362.900 millones de dólares adicionales al año, los países de ingresos medios-altos 750.800 millones de dólares adicionales al año. Esto equivale respectivamente a 15,9; 5,1 y 3,1 por ciento de su PIB.

Medidas específicas para promover una protección social universal fueron presentadas en el Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID-19 . Este Llamamiento a la acción, que define un programa de recuperación completo, fue adoptado por unanimidad en junio 2021 por los Estados miembros de la OIT, en representación de los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

Fuente: OIT 01 de septiembre de 2021

El teletrabajo irrumpió en los mercados laborales de América Latina y el Caribe como una manera de enfrentar las consecuencias de la pandemia COVID-19, permitiendo la continuidad de actividades en algunos sectores en el contexto de una caída devastadora de la actividad económica, con pérdida de empleo, caída de los ingresos y cierre de empresas.

Las estimaciones preliminares de la Organización Internacional del Trabajo indican que, en el peor momento de la crisis, en el segundo trimestre de 2020, unos 23 millones de personas teletrabajaron en la región.

Esto representa entre el 20 y 30% de los asalariados que estuvieron efectivamente trabajando. Antes de la pandemia, esa cifra era inferior al 3%.

El informe destaca que, aunque es muy temprano para predecir el alcance efectivo del teletrabajo, será necesario que los países y las sociedades estén preparados para asumir que esta modalidad llegó para quedarse, ya sea como una solución conveniente para algunas personas y empresas, o a través de la proliferación de formas híbridas que combinen trabajo presencial con trabajo desde el hogar.

El análisis de la agencia de la ONU señala que si bien ya antes de la pandemia existía el trabajo desde el domicilio, este abarcaba principalmente a trabajadores por cuenta propia, o en situaciones especiales se combinaba con trabajo en el establecimiento, “pero en el contexto de cuarentena pasó, en mucho casos, a ser la modalidad exclusiva de trabajo”.

Aunque en los últimos tiempos la región ha reportado avances en materia de regulación del teletrabajo, el aumento sin precedentes de esta modalidad expuso una multiplicidad de desafíos que deben ser abordados.

El informe destaca algunos para enfrentar esos desafíos del teletrabajo:

Los temas de la seguridad social, del cumplimiento de las jornadas, de libertad de asociación, de acceso a la formación laboral, de salud y seguridad en el lugar de trabajo, entre otros, forman parte de los temas a considerar.

El informe destaca que para abordar estos temas es clave el diálogo entre gobiernos, empleadores y trabajadores.

“Resulta fundamental considerar las lecciones aprendidas durante la pandemia”, dice la OIT, pero también indica que para futuros análisis sobre este tema “se requiere contar con estadísticas oficiales que brinden información adecuada, comparable y actualizada” sobre el teletrabajo en América Latina y el Caribe.