El Foro Mundial para una Recuperación Centrada en las personas , organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concluyó con compromisos renovados para impulsar una recuperación que priorice a las personas y aborde las peligrosas desigualdades agravadas por la crisis de la COVID-19.

El Foro, de tres días de duración, reunió a Jefes de Estado y de Gobierno, directores de organizaciones internacionales y de bancos multilaterales de desarrollo, y líderes de empleadores y trabajadores de todo el mundo para proponer acciones concretas que permitan reconstruir mejor y reforzar el nivel y la coherencia de la respuesta de la comunidad internacional a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

Se comprometieron con los objetivos de una recuperación centrada en las personas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Comisario Europeo para el Empleo y los Derechos Sociales, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), UNICEF, el Banco Africano de Desarrollo (BAD), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Enviado Especial de las Naciones Unidas para el Clima y las Finanzas.

En las sesiones temáticas del Foro se abordaron las cuestiones más apremiantes a las que se enfrenta el mundo del trabajo: el crecimiento inclusivo y el empleo decente, la protección social universal, la protección de los trabajadores y el mantenimiento de las empresas, y la transición justa hacia la neutralidad del carbono. Se cerró con un debate sobre cómo alcanzar una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente tras la crisis de la COVID-19.

Entre los resultados más destacados de la coherencia política multilateral del Foro Mundial se encuentran los siguientes:

Un nuevo Memorando de Entendimiento que se firmará con el BIsD para apoyar una recuperación centrada en el ser humano, que prevé la cooperación en ámbitos como la capacitación económica de los jóvenes, la igualdad de género, el trabajo decente en situaciones de crisis y el fomento de la cooperación triangular Sur-Sur.

Otros socios multilaterales también se refirieron a los elementos de una recuperación centrada en las personas. El Enviado Especial de las Naciones Unidas para el Clima y las Finanzas hizo hincapié en la necesidad de una transición centrada en el ser humano para hacer frente a la crisis climática. El Comisario Europeo para el Empleo y los Derechos Sociales llamó la atención sobre la aplicación de una nueva comunicación de la Unión Europea sobre el trabajo decente -guiada por los cuatro pilares del trabajo decente de la OIT- para una transición justa global y una recuperación sostenible. La FAO se comprometió a movilizar financiación adicional para construir sistemas sólidos de protección social a través de asociaciones eficientes, eficaces y coherentes y de la solidaridad mundial. La OMC habló de la necesidad vital de que el comercio aumente los niveles de vida, cree empleos decentes y beneficie a las personas.

Fuente: OIT 25 de febrero de 2022

El progreso en el desarrollo a nivel mundial no genera automáticamente una mayor sensación de seguridad, según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre seguridad humana.

El informe Las nuevas amenazas para la seguridad humana en el Antropoceno aporta nuevos datos y análisis que muestran que, a pesar de los avances de desarrollo acumulados durante años, la sensación de seguridad de la población se encuentra por debajo del mínimo en casi todos los países, incluidos los más ricos. Países con algunos de los niveles más elevados de buena salud, riqueza y educación muestran mayor grado de ansiedad incluso que hace diez años.

Para abordar esta desconexión entre desarrollo y percepción de seguridad, el informe hace un llamado a reforzar la solidaridad internacional y a elaborar un nuevo enfoque de desarrollo que permita a las personas vivir sin carencias, miedo, ansiedad e indignidad.

Nunca fue más evidente el imperativo de actuar sin demora. Los datos muestran una bajada en la esperanza de vida a nivel mundial, por segundo año consecutivo, debido a la COVID-19 y un empeoramiento de todos los parámetros de medición del desarrollo humano. Además, es probable que el cambio climático se convierta en una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Aún con una reducción moderada de las emisiones, los cambios de temperatura podrían ocasionar la muerte de 40 millones de personas de aquí a fin de siglo.

El informe examina una serie de amenazas que han ido adquiriendo mayor prominencia en los últimos años, como las relacionadas con las tecnologías digitales, las desigualdades, los conflictos, y la capacidad de los sistemas de salud para enfrentar los nuevos retos, como la pandemia de la COVID-19.

Según los autores del informe, la lucha contra estas amenazas exigirá que los responsables políticos las aborden conjuntamente considerando los principios de protección, empoderamiento, y solidaridad de manera que se creen sinergias, y no contradicciones, entre la seguridad de las personas, la salud del planeta, y el desarrollo humano. Esto significa que las soluciones de un problema no deben ocasionar el exacerbamiento de otros.

El informe señala, asimismo, la estrecha relación existente entre la pérdida de confianza y los sentimientos de inseguridad. Las personas con una mayor sensación de inseguridad humana tienen tres veces menos probabilidades de tener confianza en los demás.

Otras conclusiones novedosas del informe:

El concepto de seguridad humana, dado a conocer originalmente en 1994 en el pionero Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, introdujo un cambio radical en la manera de pensar sobre la seguridad de las personas, alejándose de la idea de seguridad personal unida exclusivamente a la seguridad territorial y poniendo el énfasis en la importancia de las necesidades básicas, la dignidad, y la protección de las personas a la hora de disfrutar de vidas seguras.

La COVID-19 ha afectado a la infancia a una escala sin precedentes, lo que la convierte en la peor crisis de la infancia en los 75 años de historia de UNICEF, según ha declarado el organismo de las Naciones Unidas para la infancia en un informe publicado.

El informe Evitemos una década perdida: Hay que actuar ya para revertir los efectos de la COVID-19 sobre la infancia y la juventud subraya las distintas formas en que la COVID-19 está poniendo en peligro décadas de progreso en cuestiones fundamentales para los niños, como la pobreza, la salud, el acceso a la educación, la nutrición, la protección de la infancia y el bienestar mental. El informe revela también que, casi dos años después de la pandemia, los efectos generalizados de la COVID-19 siguen agravándose, mientras aumenta la pobreza, se arraiga la desigualdad y se ponen en peligro los derechos de los niños en unos niveles que no se habían visto antes.

Según el informe, se estima que nada menos que 100 millones de niños más viven en situación de pobreza multidimensional debido a la pandemia: un aumento del 10% desde 2019. Esto equivale aproximadamente a 1,8 niños por segundo desde mediados de marzo de 2020. Por si fuera poco, el informe señala que llevará mucho tiempo recuperar el terreno perdido: incluso en el mejor de los casos, tardaremos entre siete y ocho años en recuperarnos y regresar a la situación en materia de pobreza infantil que había antes de la COVID.

A partir de otros datos que evidencian este retroceso, el informe revela que alrededor de 60 millones de niños más viven hoy en día en hogares pobres desde el punto de vista monetario, en comparación con las cifras anteriores a la pandemia. Además, en 2020, más de 23 millones de niños no pudieron recibir las vacunas esenciales, un aumento de casi cuatro millones con respecto a 2019 y la cifra más alta en 11 años.

Incluso antes de la pandemia, alrededor de 1.000 millones de niños y niñas de todo el mundo sufrían al menos una privación grave, como la falta de acceso a la educación, la salud, la vivienda, la nutrición, el saneamiento o el agua. En la actualidad, esta cifra está aumentando, ya que la desigualdad en la recuperación está acentuando las crecientes disparidades entre los niños ricos y los pobres, si bien perjudica especialmente a los más marginados y vulnerables. El informe pone de manifiesto los siguientes datos:

Además de la pandemia, el informe advierte de que existen otras amenazas para la infancia que ponen en grave peligro sus derechos. En todo el mundo, 426 millones de niños y niñas (casi uno de cada cinco) viven en zonas donde los conflictos son cada vez más intensos y se cobran un mayor número de víctimas civiles, lo que afecta de manera desproporcionada a los niños y las niñas. Las mujeres y las niñas son las que están más expuestas a la violencia sexual relacionada con los conflictos. El 80% de todas las necesidades humanitarias están motivadas por conflictos. Del mismo modo, alrededor de 1.000 millones de niños y niñas (casi la mitad de la población infantil mundial) viven en países extremadamente vulnerables a los efectos del cambio climático.

Para responder y recuperarse, y para reimaginar el futuro de cada niño, UNICEF sigue pidiendo que se tomen las siguientes medidas:

A medida que trabajamos con los gobiernos, los donantes y otras organizaciones con el objetivo de comenzar a trazar una ruta común para los próximos 75 años, los niños y las niñas han de ser los primeros a la hora de recibir inversiones y los últimos a la hora de sufrir recortes. La promesa de nuestro futuro depende de las prioridades que establezcamos en el presente”.

La corrupción afecta en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso su prevención permite avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ayudar a proteger nuestro planeta y crear empleos, favorecer la igualdad de género y garantizar un mayor acceso a servicios esenciales como la salud y la educación.

Los esfuerzos en la lucha contra la corrupción benefician a todo el conjunto social, pero la mala conducta y las irregularidades están robando recursos valiosos para responder y recuperarnos de la crisis de COVID-19.  El Día Internacional contra la Corrupción de 2021 busca destacar los derechos y responsabilidades de todos -incluidos los Estados, los funcionarios públicos, los agentes de la ley, los representantes de los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil, el sector académico, el público y los jóvenes- en la lucha contra la corrupción.

Esta campaña de seis semanas, que comenzará a principios de noviembre, tiene como objetivo destacar el papel de las principales partes interesadas y de los individuos en la prevención y la lucha contra la corrupción, de acuerdo con el tema “Tu derecho, tu desafío: dile no a la corrupción”. Cada semana se dedicará a una de las siguientes dimensiones clave en la lucha contra la corrupción:
Educación y juventud
Deporte
Género
Sector privado
COVID-19
Cooperación Internacional

La campaña también tiene como objetivo intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de prevención y lucha contra la corrupción en todo el mundo mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional, la lucha contra los nexos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, la recuperación y la devolución de los activos robados, el desarrollo de soluciones innovadoras, la prevención a través de la educación, el compromiso de los jóvenes y la movilización de los aliados de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado.

La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países. Por ejemplo, socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. También atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los «gastos iniciales» requeridos por la corrupción.

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Documento PDF, que entró en vigor en diciembre de 2005, y pidió al Secretario General que designara a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como la secretaría para la Conferencia de los Estados Partes de la Convención.

Para crear conciencia contra esta lacra y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla, la Asamblea también designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

Gobiernos, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos en todo el mundo estan uniendo fuerzas para combatir este delito. El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) están en primera linea en ese esfuerzo.

La ENPOL 2021 es la segunda edición de este programa estadístico que complementa la información generada por los Censos Nacionales de Seguridad Pública, Sistemas Penitenciarios, Procuración e Impartición de Justicia, realizados por el INEGI, así como la Información Estadística Penitenciaria Nacional, generada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Para el levantamiento de la ENPOL 2021 se visitaron 203 centros penitenciarios de los ámbitos federal y estatal en las 32 entidades federativas que concentraron 95.5% de la población privada de la libertad entre junio y julio de 2021.

Principales resultados

De la población que se encontró privada de la libertad entre junio y julio de 2021 en Centros Penitenciarios Estatales y Federales, 19.1% fue detenida mediante una orden de detención, mientras que 9.3% fue detenida en flagrancia, esto es, durante la comisión del presunto delito.

La población con cuatro años o menos de haber ingresado al centro penitenciario se ubicó en 39.5 por ciento. De igual forma, 36% de la población privada de la libertad fue detenida por la Policía Ministerial o Judicial.

48.6% de la población privada de la libertad recibió agresiones físicas al momento de su detención. 38.4% de quienes sufrieron agresiones físicas señaló haber recibido patadas o puñetazos por parte de la policía o autoridad que la detuvo, mientras que 23% mencionó haber sido asfixiada o ahorcada.

Por otra parte, 15.5% de la población de mujeres que sufrió agresiones físicas, señaló haber recibido agresiones sexuales por parte de la policía o autoridad que la detuvo; y 4.8% fue víctima de violación sexual durante su detención.

27.8% de la población privada de la libertad está en proceso de recibir sentencia. De esta población, 39.2% lleva dos años o más al interior de un centro penitenciario, mientras que 24.8% ha estado recluida entre uno y dos años.

De la población privada de la libertad que ha recibido sentencia, 29.8 % fue condenada por homicidio y 12.2% por secuestro. Por otro lado, la población sentenciada por robo se ubicó en 32.7 por ciento.

Durante 2021, 25.9% de la población privada de la libertad se sintió insegura en el centro penitenciario, mientras que 34.1% de la población fue víctima de una conducta ilegal al interior del centro penitenciario. De esta población, 87.7% sufrió el robo de objetos personales y 4.6% fue víctima de hostigamiento sexual.

En términos generales, el porcentaje de población que fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas del proceso penal desde su detención hasta la realización de su juicio y vida intracarcelaria fue de 36.2 por ciento. La población que sufrió actos de corrupción al interior de los centros penitenciarios se ubicó en 17.2 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJF) 2021, programa estadístico que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño de la Fiscalía General de la República, específicamente en las funciones de gobierno, procuración de justicia y mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

Al cierre de 2020, se reportó que 20 720 servidoras y servidores públicos estaban adscritos a las 65 unidades de la Fiscalía General de la República, de los cuales 56.8% fueron hombres y 43.2% mujeres. Comparado con 2019, la cantidad de personal disminuyó 0.9% en 2020. En relación con las características que presentó dicho personal, se destaca que 22.9% percibió un ingreso bruto mensual entre 30 001 y 35 000 pesos.

-En el mismo periodo se reportaron 191 Fiscalías de la Fiscalía General de la República. En tanto, el personal total adscrito a las Fiscalías fue de 12 415 servidoras y servidores públicos, de los cuales 56.5% fueron hombres y 43.5% mujeres. De acuerdo con el cargo, 24.2% fueron fiscales, cifra que en contraste con 2019, aumentó 2.7 por ciento.

-Durante 2020, se reportaron 81 personas fallecidas en el cumplimiento de la función de procuración de justicia, de las cuales 91.4% fueron hombres y 8.6% mujeres. Respecto a la causa de fallecimiento 86.4% correspondió a causas naturales, 9.9% falleció por homicidio y en 3.7% no se identificó la causa. Durante 2020, 41 servidoras y servidores públicos fallecieron por COVID-19. La mayoría de este personal se desempeñó como fiscales y policías ministeriales.

-Durante 2020, se iniciaron y/o abrieron 78 482 averiguaciones previas y carpetas de investigación. Respecto a lo reportado en 2019, hubo una disminución de 20.2% en 2020.

-Al cierre de 2020, quedaron pendientes de concluir 55 004 averiguaciones previas y carpetas de investigación. Respecto a lo reportado en 2019, hubo una disminución de 0.9% en 2020.

-En relación con los delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, en 2020, a nivel nacional se registraron 78 482 (19 correspondieron al Sistema Tradicional y 78 463 al Sistema Penal Acusatorio). Esta cifra representó una disminución de 20.2% respecto a lo registrado en 2019. Los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos fueron los más frecuentes al concentrar 18.4% del total nacional.

-Durante 2020, la cantidad de vehículos terrestres asegurados por la Fiscalía General de la República fue de 10 321. En el mismo periodo se aseguraron 18 582 armas de fuego: 11 512 (62.0%) eran cortas y 7 070 (38.0%) largas. En cuanto al aseguramiento de narcóticos, los principales fueron cannabis sativa, indica o mariguana y cocaína.

-Durante 2020, se abrieron 4 757 expedientes en materia penal para adultos y justicia para adolescentes por el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. En comparación con lo reportado en 2019, la cantidad de expedientes abiertos disminuyó 37.1 por ciento. En el mismo periodo se concluyeron 1 301 expedientes, que respecto a 2019, disminuyeron 22.9% en 2020. Finalmente, 937 expedientes permanecieron pendientes al cierre de 2020; esta cifra representó una disminución de 33.5% en comparación con 2019.

Los resultados del CNPJF 2021 integran información correspondiente a 2020, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos; Servicios periciales; Procuración de justicia y Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

Fuente: INEGI 03 de diciembre de 2021

América Latina y el Caribe (ALC) es la región más afectada por la pandemia del COVID -19, y los avances socioeconómicos de las últimas décadas corren el riesgo de ser revertidos por la crisis. Las estrategias de recuperación deben incluir reformas bien secuenciadas que promuevan sistemas universales de protección social, aceleren la formalización de las economías, mejoren la progresividad fiscal y profundicen la integración regional, dice el informe Perspectivas Económicas de América Latina (LEO) 2021: Avanzando juntos hacia una mejor recuperación.

Según esta decimocuarta edición del informe, ALC experimentó una desaceleración económica histórica en 2020. El producto interno bruto (PIB) de la región se contrajo en torno al 7%. A pesar de un aumento de alrededor del 6% en 2021, no se espera que su PIB per cápita vuelva a los niveles anteriores a la crisis antes de 2023-24. El impacto de la crisis ha sido asimétrico, afectando especialmente a los grupos más vulnerables. Como resultado, los niveles de pobreza y pobreza extrema están en su punto más alto en los últimos 20 y 12 años, respectivamente.

Aunque el informe reconoce los considerables esfuerzos realizados por los países de la región para proteger durante la pandemia a los grupos más vulnerables, entre ellos las mujeres, los jóvenes y los ancianos, también destaca que cerca del 40% de los trabajadores no tenían protección social cuando comenzó la crisis. Esto se debe en gran medida a que, en promedio, más del 50% de los trabajadores de la región trabajan de manera informal. Avanzar hacia sistemas de protección social universales es fundamental para proteger a los más necesitados en el contexto post-pandémico.

Según el LEO, una recuperación sólida e inclusiva requiere una mayor integración productiva en sectores estratégicos, entre ellos el automotriz, el farmacéutico, el de las energías renovables, la economía circular y la agricultura sostenible. También exige una respuesta fiscal holística urgente: una mayor progresividad del sistema tributario, un mayor cumplimiento fiscal, una administración tributaria más eficiente y la eliminación de los gastos tributarios ineficientes. La reducción de la evasión y la elusión fiscal, así como la eliminación de algunos gastos tributarios que representan cerca del 4% del PIB podrían aumentar los ingresos y la equidad, sin comprometer la recuperación económica.

El LEO 2021 destaca que sólo el 38% de los ciudadanos confió en sus gobiernos en 2020, frente al 45% de 2010. El descontento social sigue siendo una de las principales preocupaciones, como lo evidencian las protestas en algunos países de la región. Además, la satisfacción con los servicios públicos, incluidos la educación y la salud, disminuyó notablemente durante la pandemia. En el caso de la educación, se redujo del 66%, en 2019, al 53%, en 2020. Como respuesta, el informe explora acciones de política para repensar el contrato social en la región, sugiriendo cuatro principios para guiar un proceso que genere amplios consensos: conciliar los intereses de todas las partes; contextualizar para adaptar a las circunstancias; compensar a los más afectados por las reformas; y comunicar bien el impacto de las mismas.

La publicación también destaca el papel de la cooperación internacional para facilitar el avance hacia estos nuevos modelos de desarrollo y de un nuevo contrato social en la región. Las respuestas nacionales a las consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la crisis deben ir acompañadas de alianzas renovadas para la recuperación que sitúen la sostenibilidad, la resiliencia y el bienestar en su centro. El diseño de la gestión internacional de la deuda, prestando especial atención a las características de cada país (en particular a los retos que enfrentan los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de los países del Caribe), es esencial para el éxito de la recuperación.

El LEO ha sido elaborado conjuntamente por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Comisión Europea.

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la violencia contra las mujeres se encuentra definida como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”. Estas acciones u omisiones constituyen una violación a los derechos humanos de las mujeres al no garantizar su libertad, desarrollo y seguridad.

La violencia contra las mujeres es un problema de alcance global. Por ello, hace más de dos décadas la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución que establece el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuya finalidad es coordinar actividades para concientizar y dimensionar la magnitud del reto de una vida libre de violencia. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía se une a este objetivo presentando el panorama actual de las distintas formas de violencia que enfrentan las mexicanas, con base en programas permanentes de recolección de información estadística que buscan proporcionar información confiable y actualizada para el diseño y evaluación de acciones para la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Este comunicado se concentra en los niveles de victimización y violencia en contra de las mujeres, en particular, la percepción de inseguridad y los delitos cometidos en su contra, empleando los resultados la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (ENVIPE), y del segundo y tercer trimestre de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2021 (ENSU), así como el registro de delitos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021 (CNPJE). Posteriormente, se presentan las tendencias de las defunciones con presunción de homicidio con base en las estadísticas de mortalidad de la Secretaría de Salud (SSA) y el INEGI.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) 2021, programa que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño de la Guardia Nacional, específicamente en las funciones de gobierno y seguridad pública, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Entre los datos que aporta este Censo se encuentra que:

Los resultados del CNSPF 2021 integran información correspondiente a 2020, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos, y Ejercicio de la función de seguridad pública federal.

Por primera vez el INEGI presenta la georreferenciación de accidentes de tránsito en zonas urbanas que permite identificar, con base en sus coordenadas geográficas, las zonas de mayor incidencia en 88 áreas geográficas (72 municipios de 28 estados y las 16 alcaldías de la Ciudad de México) y proporciona información correspondiente a 2019 y 2020.

La georreferenciación de accidentes de tránsito en zonas urbanas se difunde a través de Espacio y datos de México, disponible en https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx, y en el que los usuarios podrán ubicar los accidentes de tránsito en la cartografía digitalizada por entidad y municipio, por año, mes, día de la semana y hora en el que se registró el evento vial, distinguiendo la clase de accidente (fatal, no fatal o solo daños), el tipo (colisión con vehículo, con peatón, con objeto fijo, con motocicleta, con ciclista y otros), así como las víctimas mortales y heridas.

De esta manera, el INEGI expande las posibilidades de consulta y uso de la estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas (ATUS) que genera información sobre el número de los percances viales ocurridos en el territorio nacional, contribuyendo así a la formulación de políticas de seguridad vial y de prevención de accidentes para reducir el número de víctimas por esta causa.

Los resultados de la estadística ATUS corresponden a los registros de los eventos viales ocurridos en zonas urbanas, y no considera los accidentes en carreteras y caminos federales que son registrados por la Guardia Nacional.

En este sentido, la estadística ATUS concentra 96.3% del total de accidentes de tránsito del país durante 2020.

En 2020 se reportaron 301 678 accidentes, de los cuales 245 297 registraron solo daños materiales (81.3%); en 52 954 se identificaron víctimas heridas (17.6%), y los 3 427 accidentes restantes corresponden a eventos con al menos una persona fallecida (1.1%) en el lugar del accidente.

El total de víctimas muertas y heridas en los accidentes de tránsito ocurridos en zonas urbanas durante 2020 fue de 75 761 personas, de las cuales 3 826 fallecieron en el lugar del accidente (5.1%) y 71 935 presentaron algún tipo de lesión (94.9%).

Las entidades con mayor número de fallecidos en el lugar del accidente por cada 100 000 habitantes durante 2020 son: Sinaloa (8.8), Chihuahua (7.7), Querétaro (7.0), Sonora (6.5) y Zacatecas (5.9). Asimismo, en este mismo periodo la tasa a nivel nacional fue de 3 decesos por cada 100 000 habitantes.

El INEGI refrenda así su compromiso con los usuarios de suministrar información de calidad, pertinente, veraz y oportuna. Asimismo, el Instituto realizará actualizaciones anuales de la información de la georreferenciación de accidentes de tránsito en zonas urbanas, y mantendrá una colaboración estrecha con las fuentes administrativas de los estados y municipios del país para incorporar gradualmente más áreas geográficas a esta forma de presentación de resultados.

A pesar de los cierres y restricciones debidos al coronavirus, unas 650.000 mujeres y niñas recibieron servicios de violencia de género a través de un programa conjunto de la ONU y la Unión Europea (UE) que busca erradicar una de las violaciones de derechos humanos más frecuentes.

Este es sólo uno de los logros detallados en el informe de impacto de la Iniciativa Spotlight correspondiente al periodo 2020-2021, presentado en Nueva York.

El documento Rising to the challenge (Haciendo frente al desafío) detalla cómo los socios de la Iniciativa ajustaron rápidamente los programas durante la crisis mundial para abordar la pandemia oculta de la violencia contra las mujeres y las niñas.

La Iniciativa Spotlight es el mayor esfuerzo concertado a nivel mundial para poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Además de ampliar los servicios durante la pandemia, Spotlight ayudó a las organizaciones de la sociedad civil a adaptarse rápidamente al entorno cambiante y a fortalecer los servicios a distancia como la teleasistencia y las líneas directas.

Los fondos también se reasignaron para dar un mayor respaldo a las organizaciones locales y de base. Hasta la fecha se han desembolsado 146 millones de dólares con este propósito.

Una de las labores de la Iniciativa fue brindar educación unos 880.000 hombres y niños sobre la masculinidad positiva, las relaciones familiares respetuosas, la resolución sin violencia de los conflictos y la paternidad.

Todos los miembros de nuestra sociedad —padres y madres, personal docente y sanitario, dirigentes gubernamentales, líderes religiosos, personalidades de la política, el mundo empresarial, la sociedad civil y los medios de comunicación— desempeñan un papel clave en el bienestar de la infancia.

La violencia contra las mujeres y las niñas, que existe en todas las sociedades, a menudo se ve agravada por otras crisis humanitarias y sólo se ha intensificado durante la pandemia.

Para aprovechar los logros alcanzados hasta ahora, la Unión Europea y la ONU han decidido desarrollar una Plataforma Global Spotlight que combina un centro de conocimiento, una comunidad de práctica y un “instrumento de promoción” basado en la experiencia obtenida a través de la iniciativa.

Con la ratificación de Paraguay, el 25 de octubre de 2021, ya son 60 los países que han ratificado el Convenio de la OIT sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) , considerado la base de todos los convenios de la OIT sobre seguridad social.

El Convenio nº 102 es el único instrumento internacional basado en los principios básicos de la seguridad social que establece normas mínimas acordadas a nivel mundial para las nueve ramas de la seguridad social: asistencia médica, prestaciones de enfermedad, prestaciones de desempleo, prestaciones de vejez, prestaciones por accidentes de trabajo, prestaciones familiares, prestaciones de maternidad, prestaciones de invalidez y prestaciones de supervivencia.

Se considera un instrumento importante para ampliar la cobertura de la seguridad social y proporciona a los países que lo ratifican un incentivo para hacerlo al ofrecer flexibilidad en su aplicación, en función de su nivel socioeconómico.

En 2012, la recién adoptada Recomendación sobre los Pisos de Protección Social (núm. 202) reconoció el papel fundamental del Convenio sobre la Seguridad Social (norma mínima), 1952 (núm. 102) y pidió a los Estados miembros de la OIT que lo ratificaran lo antes posible. En consecuencia, el Consejo de Administración de la OIT acordó establecer un objetivo para aumentar las ratificaciones del Convenio núm. 102 de 47 a 60.

Durante la última década, la OIT ha apoyado de forma proactiva un importante número de procesos nacionales para animar a los países a ratificar el Convenio. Como resultado, 13 naciones han ratificado el texto en los últimos 10 años: Argentina (2016), Benín (2019), Cabo Verde (2020), Chad (2015), República Dominicana (2016), Honduras (2012), Jordania (2014), Marruecos (2019), Paraguay (2021), Federación de Rusia (2019), San Vicente y las Granadinas (2015), Togo (2013) y Ucrania (2016).

En junio de 2021, la Conferencia Internacional del Trabajo celebró su segunda discusión recurrente sobre la protección social , en la que se destacó la necesidad de construir sistemas de protección social universales anclados en las normas de la OIT. También reafirmó el mandato y el liderazgo de la OIT en materia de protección social en el sistema multilateral y pidió a la OIT que acelerara los esfuerzos en curso para promover el Convenio mediante una nueva campaña de ratificación.

Fuente: OIT 08 de noviembre de 2021

Este jueves dio inicio el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 con el objetivo de haber reducido en un 50% las muertes y traumatismos causados por los accidentes de tránsito al terminar el ciclo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en conjunto con otros socios de la ONU, desarrollaron el Plan Global para la campaña, de acuerdo con una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de 2020.

Los datos de la OMS apuntan a los accidentes carreteros como la principal causa de muerte de niños y jóvenes en el mundo. El saldo diario de esos siniestros es de 3500 fallecimientos, es decir 1,3 millones al año. Además, la suma anual de personas lesionadas asciende a 50 millones.

De no tomar medidas inmediatas para detener esta pérdida de vidas, así como las secuelas que muchas veces dejan las heridas, el fenómeno no se detendrá y para 2030 se habrían registrado 13 millones más de muertes evitables, sobre todo en los países de renta baja y media, advierten las proyecciones del organismo, que afirma que todos esos decesos y lesiones “inaceptables” se pueden prevenir.

El Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial establece medidas prácticas y efectivas que todos los países y comunidades pueden implementar para salvar vidas.

Para resaltar la importancia de que los gobiernos adopten esa hoja de ruta, el director del Departamento de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS recordó que más de 50 millones de personas han muerto en las carreteras del mundo desde la invención del automóvil, un número de fatalidades más elevado que el de la Primera Guerra Mundial o algunas de las peores epidemias.

El Plan Global lista tres acciones fundamentales para evitar los accidentes viales:
1.- garantizar la seguridad al caminar, andar en bicicleta y utilizar el transporte público
2.- garantizar carreteras, vehículos y comportamientos seguros
3.- garantizar atención de emergencia oportuna y eficaz

Con respecto a quiénes deben encargarse de la implementación y monitoreo del Plan, la agencia menciona no sólo a los responsables políticos de alto nivel, sino también a otras partes que pueden influir en la seguridad vial, como la sociedad civil, el mundo académico, el sector privado, las instituciones financieras y donantes, y los líderes comunitarios y juveniles.

La OMS aseveró que las medidas del Plan Global se basan en intervenciones comprobadas y efectivas, así como en las mejores prácticas para prevenir los accidentes en la carretera.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2021, programa estadístico que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño del Poder Judicial de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, impartición de justicia, justicia para adolescentes y justicia alternativa y/o mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

Los resultados del CNIJE 2021 se presentan en cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos; Trámites y servicios; Transparencia; Control interno y anticorrupción; Administración de archivos y gestión documental; Defensoría pública o defensoría de oficio; Servicios periciales; Impartición de justicia; Justicia alternativa y/o mecanismos alternativos de solución de controversias.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2021, programa estadístico que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño de la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, procuración de justicia, justicia para adolescentes y mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

Los resultados del CNPJE 2021 integran información correspondiente a 2020, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos; Servicios periciales; Procuración de justicia y Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

A la distancia de los meses en los que la covid-19 sofocaba con más fuerza al país, los resultados del daño se van conociendo mejor. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio a conocer esta semana que la población en México que cotizaba en algún esquema de seguridad social disminuyó de cerca de 21 millones en 2019 a 19 millones en 2020.

Alrededor de 2 millones de trabajadoras y trabajadores dejaron de aportar para una pensión, acumular semanas para un día jubilarse, tener derecho a una incapacidad pagada o al acceso directo a los servicios de salud, según el reporte Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe: Avances y retrocesos ante la pandemia.

Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en marzo de 2020 más de 120,000 personas pidieron una parte de su dinero acumulado porque se quedaron desempleadas. Tres meses después, en junio de ese año, el número de retiros subió a más de175,800.

A pesar de que el empleo formal se ha ido recuperando, la gente ha seguido haciendo retiros por desempleo. En septiembre pasado se crearon más de 174,000 nuevos empleos formales, pero otras 170,573 personas sacaron dinero de sus cuentas de ahorro para la jubilación por desempleo.

La caída de cotizantes a la seguridad social en la región fue de 7.3%, señala el informe de la OIT. Los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, fueron los más afectados, en esas naciones la disminución fue 24.5 por ciento.

La segunda subregión con mayores estragos fue la del Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Ahí la caída en cotizantes fue 5.2 por ciento. “Y, finalmente, Centroamérica y México que experimentó una disminución 1.2 por ciento”.

En 2005 sólo 36.6% de la población empleada tenía cobertura de seguridad social. Con altibajos a través de los años, para 2019 la proporción ya era de 46.6 por ciento. En el período 2012-2019 “la cantidad de cotizantes aumentó en 14 millones de personas y la de ocupados en 22 millones, lo que representa un incremento del 14 y 9.6%, respectivamente”.

El año pasado, 216 millones de personas en los 12 países que conforman la región tenían una actividad económica. De ellas, poco menos de la mitad, 105 millones tenían seguridad social, mientras que en 2019 esta proporción era de 113.2 millones. Es decir, 8 millones de trabajadoras y trabajadores en Latinoamérica y el Caribe salieron de la formalidad y con ello, de la seguridad social.

“La destrucción de empleos formales e informales ha sido significativa”. Sin embargo, el desempleo fue mayor para quienes trabajaban en ocupaciones informales, donde no tienen cobertura de seguridad social.

El panorama antes descrito también se observó en México. El país inició el 2019 con más de 55.6 millones de personas ocupadas. De ellas, más de 20.9 millones tenían acceso a los servicios de salud por parte de su empleo y más de 34.3 millones laboraban sin seguridad social, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo estimó que de abril a junio de 2020 más de 12 millones de personas no pudieron seguir laborando o fueron despedidas. Según la OIT, al menos 2 millones de ellas sí tenían seguridad social, pero dejaron de acceder a varios derechos que les otorgaba esa cobertura al quedarse sin empleo.

El último reporte sobre pobreza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indica que en 2018 sólo el 35% de las personas trabajadoras tenían acceso a la seguridad social. Para 2020 esa población aumentó a 35.8 por ciento.

De acuerdo con el reporte de la OIT, “en Centroamérica y México se profundiza la falta de ingresos y pensiones para las personas mayores: el 52.7% no cuenta con ingresos, 21% recibe una pensión, 2.4% recibe un ingreso laboral y pensión y 24% percibe solo ingresos del trabajo”.

Fuente:EL ECONOMISTA 21 de octubre de 2021

La pandemia del coronavirus ha evidenciado las deficiencias de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señaló la necesidad de mejorar su cobertura, suficiencia y sostenibilidad para contribuir a mitigar el aumento de la pobreza y las desigualdades.

Las cifras de la Organización así lo demuestran. Antes del inicio de la pandemia solo el 56% de los habitantes de la región estaban cubiertos por algún tipo de protección social y los sistemas contributivos, que dependen de las cotizaciones de los trabajadores y empleadores, únicamente incluían al 46% de los ocupados.

“La gran mayoría de la población ocupada no contaba con seguros de desempleo ni con otras maneras de compensar ingresos, en especial quienes estaban en la informalidad”, destaca el estudio. “Una lección aprendida de esta pandemia es que la falta de protección social nos hace más vulnerables”.

El documento plantea la necesidad de avanzar hacia “sistemas integrales de protección que tengan como base un piso de bienestar social con garantías para el acceso universal a la salud y la seguridad económica a lo largo del ciclo vital”.

El estudio de la agencia de la onu estima que la crisis causada por la COVID-19 causó un descenso del 7,9% en el número de personas registradas que cotizaron en los sistemas contributivos de protección social, un registro que representa un retroceso de casi una década.

Igualmente, indica que las estrategias más comunes para la protección de empleos e ingresos fueron la entrega de alimentos y la atención nutricional junto a políticas orientadas a la salud.

Los hogares con menores que dependen de los ingresos de los trabajadores en el segmento informal de la economía vieron como aumentó su vulnerabilidad y la exposición a los riesgos asociados al trabajo infantil.

El informe alerta también sobre la seguridad económica de las personas de mayor edad en América Latina y el Caribe ya que, según los datos más recientes, el 30% de los mayores de 65 años no reciben ningún tipo de ingreso laboral ni tampoco una pensión.

Entre esta franja poblacional, solo el 47,2% de personas recibe una pensión o jubilación, el 7% opta tanto a una pensión como a ingresos laborales, y el 14,9% solamente se beneficia de ingresos laborales.

Entre los futuros desafíos a los que se enfrenta la protección social el estudio destaca la necesidad de:

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2021, programa que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño de la institución encargada de la función de seguridad pública de cada entidad federativa, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en el referido tema.

Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

De acuerdo con los resultados del trigésimo segundo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la primera quincena de septiembre de 2021, durante ese mes 64.5% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad.

Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a los registrados en septiembre de 2020 y junio de 2021, que fueron de 67.8 y 66.6%, respectivamente. En esta edición, 14 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos con respecto de junio de 2021: 8 tuvieron reducciones y 6 incrementaron. La percepción de inseguridad permaneció mayor en el caso de las mujeres con 69.1%, mientras que para los hombres fue de 58.8 por ciento.

Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ciudad Obregón, Irapuato, Coatzacoalcos, Naucalpan de Juárez y Zacatecas, con 94.3, 92.5, 91.7, 89.0, 88.3 y 86.1%, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Benito Juárez, Los Cabos, La Paz, San Nicolás de los Garza y Saltillo, con 14.5, 21.8, 22.2, 27.3, 28.6 y 29.5%, en ese orden.

En específico, 75% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 68.7% en el transporte público, 61.4% en el banco y 56.2% en las calles que habitualmente usa.

Finalmente, en este trimestre, se proporciona información estadística sobre víctimas de violencia en el entorno familiar. Se estima que 7.5% de los hogares experimentó alguna situación de violencia de tal naturaleza entre enero y septiembre de 2021. En el mismo periodo, se estima que 6.4% de la población de 18 años y más fue violentada en el ámbito del hogar. Para las mujeres este porcentaje fue de 7.2%, mientras que en hombres fue de 5.4 por ciento.

Las preocupaciones de los mexicanos incrementan en línea con la pérdida de dinamismo de los indicadores. Derivado de la crisis Covid-19 en 2020 se sumaron 3.8 millones de personas a la pobreza, la tasa de inflación se encuentra en 5.87% y poco más de la mitad de los empleos son informales.

Cuatro de cada 10 mexicanos (41.5%) se mostró preocupado por los niveles de desempleo, lo que implicó un aumento importante respecto del ejercicio pasado (36.4%), de acuerdo con los datos actualizados de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe) del Inegi.

También incrementó la preocupación por el nivel de precios al consumidor; el 29.0% de los mexicanos consideró que es una de las problemáticas más grandes del país y 27.6% dijo estar agobiado por el aumento de la pobreza. En ambos rubros también hubo un incremento respecto del ejercicio del año previo.

Adicionalmente, la preocupación por la salud también incrementó con la llegada de la pandemia, que hasta el momento ha cobrado la vida de 273,391 personas en México. El 40.2% de los mexicanos considera que la salud es una de las problemáticas más importantes en estos momentos.

La preocupación por la inseguridad fue el único rubro que la pandemia logró moderar, como parte también de los confinamientos y la reducción de movilidad y actividades públicas, la incidencia de delitos de bajo impacto y el miedo de los ciudadanos se redujo también pasando de ser la preocupación de 68.2% de los mexicanos a afectar al 58.9% actualmente.

Fuente:EL ECONOMISTA 23 de septiembre de 2021

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

El propósito de esta encuesta es generar información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2020, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades en el período de marzo y abril de 2021, para proveer información a la sociedad ya quienes toman decisiones de política pública en estas materias.

La ENVIPE permite hacer estimaciones sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas ya los hogares en los delitos de robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público. Asimismo, robo en forma distinta a las anteriores (como carterismo, allanamientos con robo en patio o cochera, abigeato), fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros y delitos sexuales). Delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, robo de combustible y trata de personas, entre otros de este tipo, no son susceptibles de medirse en una encuesta de victimización.

Principales resultados de la ENVIPE 2021

La ENVIPE estima 21.2 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 23 520 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2020, cifra estadísticamente inferior a la estimada en 2019.

La tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2020 fue de 30601, cifra estadísticamente menor a la estimada en 2019 que fue de 33659.

En 2020, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 277.6 mil millones de pesos, es decir, 1.85% del PIB. Lo anterior equivale a un promedio de 7 155 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

La ENVIPE 2021 estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son por circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 33.9% y la desconfianza en la autoridad con 14.2 por ciento.

La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las entidades federativas en marzo y abril de 2021 se ubicó en 75.6 por ciento. Durante el mismo periodo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas fue de 65.5% en su municipio o demarcación territorial y 41.9% en su colonia o localidad. Dichas estimaciones fueron estadísticamente menores a las registradas en 2020.

Documentación

Los productos y documentos derivados de la ENVIPE 2021 que el INEGI pone a disposición de los usuarios son los siguientes: Tabulados con los principales resultados, Tabulados de medidas de precisión (errores estándar, coeficientes de variación e intervalos de confianza), Bases de datos, Descripción de archivos, Marco conceptual, Cuestionario principal y Módulo de victimización, Diseño muestral e Informe operativo.

Como parte de los resultados de la ENVIPE, el INEGI pone a disposición de sus usuarios 700 tabulados con los principales resultados de información de la Encuesta, los cuales se clasifican en los siguientes temas: 1) Nivel de victimización y delincuencia; 2) Caracterización del delincuente; 3) Denuncia del delito; 4) Características de las víctimas de delito, los delitos y los daños; 5) Percepción sobre la seguridad pública; 6) Desempeño institucional; 7) Caracterización del delito en los hogares; 8) Información en ciudades y/o áreas metropolitanas, e 9) Información Ciudad de México.

A pesar de la expansión sin precedentes de la protección social durante la crisis generada por la COVID-19, más de 4.000 millones de personas en el mundo siguen estando completamente desprotegidas, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El informe constata que la respuesta a la pandemia fue desigual e insuficiente, aumentando la distancia entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos, y no logró ofrecer la protección social indispensable que todos los seres humanos merecen.

La protección social incluye el acceso a la atención médica y a la seguridad del ingreso, en particular para las personas de edad, en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente en el trabajo, maternidad o pérdida del principal generador de ingresos de la familia, así como para las familias con hijos.

El Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022: La protección social en la encrucijada – en busca de un futuro mejor ofrece un panorama mundial de la evolución reciente de los sistemas de protección social, incluyendo los pisos de protección social, y abarca las consecuencias de la pandemia de COVID-19. El informe identifica los déficits en materia de protección social y formula recomendaciones políticas esenciales, en especial en relación a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En la actualidad, sólo 47 por ciento de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social, mientras que 4.100 millones de personas (53 por ciento) no se benefician de ninguna seguridad del ingreso de su sistema de protección social nacional.

Existen diferencias regionales considerables en materia de protección social. Europa y Asia Central tienen las tasas de cobertura más altas, con 84 por ciento de la población cubierta por al menos una prestación. Las Américas también tienen una tasa superior a la medida mundial, con 64,3 por ciento. Asia y el Pacífico (44 por ciento), los Estados Árabes (40 por ciento) y África (17,4 por ciento) tienen evidentes deficiencias en materia de cobertura.

A nivel mundial, la gran mayoría de los niños aún no tiene una cobertura efectiva de protección social; sólo uno de cada cuatro niños (26,4 por ciento) se beneficia de una prestación de protección social. Sólo 45 por ciento de las mujeres con recién nacidos recibe una prestación de maternidad en efectivo. Sólo una de cada tres personas con discapacidad grave en el mundo (33,5 por ciento) recibe una prestación por invalidez. La cobertura de las prestaciones de desempleo es aún más baja, sólo 18,6 por ciento de los trabajadores desempleados de todo el mundo están efectivamente cubiertos. Si bien 77,5 por ciento de las personas con derecho a pensión de vejez reciben una forma de pensión de ancianidad, persisten importantes disparidades entre las regiones, entre zonas urbanas y rurales, y entre hombres y mujeres.

El informe señala que el déficit de financiación (el gasto adicional necesario para garantizar al menos una protección social mínima para todos) ha aumentado de alrededor de 30 por ciento desde el comienzo de la crisis generada por la COVID-19.

A fin de garantizar al menos una cobertura de protección social básica, los países de bajos ingresos deberían invertir 77.900 millones de dólares adicionales al año, los países de ingresos medios-bajos 362.900 millones de dólares adicionales al año, los países de ingresos medios-altos 750.800 millones de dólares adicionales al año. Esto equivale respectivamente a 15,9; 5,1 y 3,1 por ciento de su PIB.

Medidas específicas para promover una protección social universal fueron presentadas en el Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID-19 . Este Llamamiento a la acción, que define un programa de recuperación completo, fue adoptado por unanimidad en junio 2021 por los Estados miembros de la OIT, en representación de los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

Fuente: OIT 01 de septiembre de 2021

El teletrabajo irrumpió en los mercados laborales de América Latina y el Caribe como una manera de enfrentar las consecuencias de la pandemia COVID-19, permitiendo la continuidad de actividades en algunos sectores en el contexto de una caída devastadora de la actividad económica, con pérdida de empleo, caída de los ingresos y cierre de empresas.

Las estimaciones preliminares de la Organización Internacional del Trabajo indican que, en el peor momento de la crisis, en el segundo trimestre de 2020, unos 23 millones de personas teletrabajaron en la región.

Esto representa entre el 20 y 30% de los asalariados que estuvieron efectivamente trabajando. Antes de la pandemia, esa cifra era inferior al 3%.

El informe destaca que, aunque es muy temprano para predecir el alcance efectivo del teletrabajo, será necesario que los países y las sociedades estén preparados para asumir que esta modalidad llegó para quedarse, ya sea como una solución conveniente para algunas personas y empresas, o a través de la proliferación de formas híbridas que combinen trabajo presencial con trabajo desde el hogar.

El análisis de la agencia de la ONU señala que si bien ya antes de la pandemia existía el trabajo desde el domicilio, este abarcaba principalmente a trabajadores por cuenta propia, o en situaciones especiales se combinaba con trabajo en el establecimiento, “pero en el contexto de cuarentena pasó, en mucho casos, a ser la modalidad exclusiva de trabajo”.

Aunque en los últimos tiempos la región ha reportado avances en materia de regulación del teletrabajo, el aumento sin precedentes de esta modalidad expuso una multiplicidad de desafíos que deben ser abordados.

El informe destaca algunos para enfrentar esos desafíos del teletrabajo:

Los temas de la seguridad social, del cumplimiento de las jornadas, de libertad de asociación, de acceso a la formación laboral, de salud y seguridad en el lugar de trabajo, entre otros, forman parte de los temas a considerar.

El informe destaca que para abordar estos temas es clave el diálogo entre gobiernos, empleadores y trabajadores.

“Resulta fundamental considerar las lecciones aprendidas durante la pandemia”, dice la OIT, pero también indica que para futuros análisis sobre este tema “se requiere contar con estadísticas oficiales que brinden información adecuada, comparable y actualizada” sobre el teletrabajo en América Latina y el Caribe.

El 3 de julio, se celebrará el Día Internacional de las Cooperativas (#CoopsDay) con el tema «Reconstruir mejor juntos». Las cooperativas de todo el mundo mostrarán cómo están afrontando la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 con solidaridad y resiliencia, ofreciendo a las comunidades una recuperación centrada en las personas y respetuosa con el medioambiente.

En ámbitos como la salud, la agricultura, la producción, el comercio minorista, las finanzas, la vivienda, el trabajo, la educación, los servicios sociales y muchos otros ámbitos en los que se desarrollan las cooperativas, los más de mil millones de miembros cooperativos en todo el mundo siguen demostrando que nadie tiene por qué enfrentarse solo a una crisis como la pandemia actual.

Las cooperativas son reconocidas como asociaciones y empresas a través de las cuales los ciudadanos pueden mejorar sus vidas de manera efectiva mientras contribuyen al avance económico, social, cultural y político de su comunidad y país. El movimiento cooperativo también ha sido reconocido como un actor principal en los asuntos nacionales e internacionales.

Las cooperativas también fomentan la igualdad externa. Como están basadas en la comunidad, están comprometidas con el desarrollo sostenible de sus comunidades, ambiental, social y económicamente. Este compromiso se puede ver en su apoyo a las actividades comunitarias, el suministro local de suministros para beneficiar a la economía local y en la toma de decisiones que considera el impacto en sus comunidades.

A pesar de su enfoque en la comunidad local, las cooperativas también aspiran a llevar los beneficios de su modelo económico y social a todas las personas en el mundo. La globalización debe regirse por un conjunto de valores como los del movimiento cooperativo; de lo contrario, la desigualdad y los excesos crearían sociedades insostenibles.

El movimiento cooperativista es muy democrático, localmente autónomo pero integrado internacionalmente y una forma de organización de asociaciones y empresas por la cual los ciudadanos cuentan con la autoayuda y su propia responsabilidad para alcanzar objetivos no solo económicos sino también sociales y ambientales, como la superación de la pobreza, la obtención de empleo productivo y el fomento de la integración social.

A nivel mundial, el número de trabajadores migrantes internacionales ascendió a 169 millones, un aumento de tres por ciento desde 2017, según las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La proporción de trabajadores jóvenes migrantes (16-24 años) también aumentó, de casi dos por ciento, o 3,2 millones, desde 2017. Su número ascendió a 16,8 millones en 2019.

El nuevo informe Estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes – Resultados y metodología , muestra que en 2019, los trabajadores migrantes internacionales representaron alrededor del cinco por ciento de la fuerza de trabajo mundial, convirtiéndolos en una parte integral de la economía mundial.

Sin embargo, muchos trabajadores migrantes con frecuencia ocupan empleos temporales, informales o no protegidos, lo cual los expone a un riesgo mayor de inseguridad, despidos y el deterioro de las condiciones de trabajo. La crisis de COVID-19 ha agravado estas vulnerabilidades, sobre todo para las trabajadoras migrantes, ya que están sobrerrepresentadas en empleos mal remunerados y poco calificados, y tienen un acceso limitado a la protección social y menores oportunidades de acceso a los servicios de apoyo.

Más de dos terceras partes de los trabajadores migrantes internacionales se concentran en los países de altos ingresos. De los 169 millones de trabajadores migrantes internacionales, 63,8 millones (37,7 por ciento) viven en Europa y Asia Central. Otros 43,3 millones (25,6 por ciento) viven en las Américas. Por consiguiente, Europa, Asia Central y las Américas albergan, conjuntamente, 63,3 por ciento de todos los trabajadores migrantes.

La mayoría de los trabajadores migrantes – 99 millones – son hombres, mientras que 70 millones son mujeres.

En calidad de trabajadoras migrantes, las mujeres enfrentan más obstáculos socioeconómicos y tienen mayores probabilidades de migrar como miembros de la familia acompañantes por razones distintas a la de buscar trabajo. Ellas pueden experimentar discriminación de género en el empleo y es posible que no tengan contactos con personas afines, lo cual dificulta el equilibrio entre la vida profesional y familiar en un país extranjero.

El porcentaje de jóvenes entre los trabajadores migrantes internacionales ha aumentado, de 8,3 por ciento en 2017 a 10 por ciento en 2019. Este aumento probablemente está relacionado con las elevadas tasas de desempleo juvenil en los países en desarrollo. La gran mayoría de los trabajadores migrantes (86,5 por ciento) todavía está constituida por adultos jóvenes (25-64 años).

Según el informe – que se concentra en el período 2017-2019 – 66,2 por ciento de los trabajadores migrantes se encuentra en el sector de los servicios, 26,7 por ciento en la industria y 7,1 por ciento en la agricultura. Sin embargo, subsisten importantes diferencias de género entre un sector y otro: Las trabajadoras migrantes están mayormente representadas en los servicios, lo cual puede ser explicado en parte por la creciente demanda de cuidadores, como en el sector de la salud y del trabajo doméstico. Los trabajadores migrantes están más representados en la industria.

https://youtu.be/sJm9m7BXEzY

Fuente: OIT 30 de junio de 2021

La OIT y ONU Mujeres exhortaron a los países de América Latina y el Caribe a avanzar hacia la ratificación del Convenio 190 sobre la Violencia y el Acoso que entró en vigor, esencial para construir un futuro del trabajo más digno, seguro y saludable.

“La violencia y el acoso son inaceptables en cualquier lugar y en cualquier momento, pero ahora debemos estar más alertas que nunca, pues el riesgo de violencia mayor en tiempos de crisis: el brote del COVID-19 ha sido un triste recordatorio de que eso puede suceder. La frustración, la presión económica, el estrés pueden ser detonadores de violencia, con más riesgos para las mujeres trabajadoras. Además de una ser una grave violación de derechos, la violencia tiene impactos negativos sobre el empleo, condiciones de trabajo y productividad”.

“Una de las primeras cosas que desapareció a consecuencia de la pandemia fue el empleo femenino, por el impacto que tuvo en áreas que suelen emplear principalmente mujeres, como el comercio, la hostelería y los servicios. Las que mantuvieron el empleo expuestas a violencias laborales que suelen ser invisibilizadas, por ejemplo, en el trabajo doméstico; el personal sanitario -en su mayoría mujeres- expuesto a ataques violentos y al acoso en el trabajo y en medios de transporte. El Convenio 190 no solo promueve espacios seguros en el trabajo, sino también reconoce que la violencia domestica afecta la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, su productividad, su acceso al empleo y su salud. En nuestra visión de ‘reconstruir mejor’, contar con el trabajo de las mujeres es fundamental: la definición amplia y abarcadora de este Convenio debería ser un compromiso para que los países se aboquen a resolver esta injusticia y coloquen a las mujeres en el centro de sus medidas de recuperación post-COVID”.

El Convenio 190 introduce una serie de importantes innovaciones. Por primera vez se aclara lo que debe entenderse por ‘violencia y acoso en el mundo del trabajo’ y se precisan las medidas que deben tomarse para prevenirla y abordarla, y quién debe hacerlo.

Su alcance es amplio: aplica a todas las personas en el mundo laboral, el entorno, y también a todos los demás trabajadores y trabajadoras, independientemente de su situación contractual, así como a aprendices, quienes hacen trabajo voluntario o buscan un empleo, entre otros. También las personas que ejercen la autoridad, las funciones y las responsabilidades del empleador, caen bajo la tutela del Convenio.

Asimismo, el Convenio es aplicable a todos los sectores de la economía, incluyendo el sector público y el privado y la economía informal, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Los países que han ratificado se comprometen a establecer mecanismos de prevención y protección, control de su aplicación, vías de recurso y reparación, así como orientación y difusión.

Las mujeres trabajadoras latinoamericanas lideran el movimiento para la ratificación en sus países, reconociendo la importancia de generar entornos de trabajos seguros y libres de violencia de género para lograr la equidad en el trabajo.

Los países cuentan con un año después de la ratificación para su entrada en vigor a nivel nacional. Esto les permite abrir un diálogo tripartito donde el Estado, los empleadores y trabajadores pueden examinar la legislación y la practica nacional y trazar una hoja de ruta para llevar a cabo los cambios normativos, identificar los retos de aplicación y, sobre todo, fomentar los cambios culturales para un entorno de “tolerancia cero” a la violencia y el acoso en el lugar de trabajo.

Los Convenios son parte esencial de las normas internacionales del trabajo, instrumentos jurídicos elaborados por los mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores), con objeto de enunciar los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de reglamentar otros ámbitos del mundo laboral.

Fuente: OIT 25 de junio de 2021

La pandemia de COVID-19 ha aumentado enormemente la brecha entre riqueza y pobreza extremas, al igual que la vulnerabilidad en América Latina y el Caribe, asegura el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, divulgado este martes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El estudio destaca que la región se encuentra empantanada en una trampa que no le permite avanzar hacia la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Según los datos del PNUD, los progresos conseguidos en las últimas décadas son más desiguales en los países latinoamericanos y caribeños que en las otras regiones del mundo comparables con sus niveles de desarrollo, además de que sus indicadores sociales están por debajo de lo que deberían tomando en cuenta que se trata de una región de renta media.

Con respecto a la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden sus intereses privados, el texto señala que la influencia política de estos individuos o grupos hacen mal uso del poder que detentan, distorsionando así las políticas públicas y debilitando las instituciones.

El informe recuerda que la región es la más violenta del mundo y destaca la violencia y la desigualdad forman un ciclo cerrado en el que la violencia es causa y consecuencia de la desigualdad y viceversa. La desigualdad provoca mayor violencia, pero la violencia aumenta la desigualdad porque afecta y priva desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, detalla.

Además, la violencia limita el crecimiento al golpear el capital humano, la productividad y la inversión pública y privada, mientras obliga a aumentar el presupuesto para la seguridad.

En cuanto a los sistemas de protección social, el PNUD los considera frágiles y destaca la capacidad limitada de respuesta que tuvieron durante la pandemia. Los gobiernos han creado sistemas paralelos de menor calidad para cubrir a las personas que quedan excluidas, “que en la región son la mayoría”, indica.

Los mercados de trabajo de las naciones latinoamericanas y caribeñas están segmentados y tienen sistemas de protección social que reproducen desigualdades e incentivan la organización de la producción en negocios muy pequeños y poco productivos. Ante esta realidad, el informe sugiere repensar la protección social para asegurar la cobertura universal.

De acuerdo con el Programa de la ONU para el Desarrollo, para salir de la trampa que frena el avance de los países de la región se deben buscar soluciones que impulsen un crecimiento ambientalmente sostenible y que propicien la inclusión y la movilidad social.

Dichas soluciones -abunda el documento-, deben tener el objetivo de erradicar la violencia en todas sus formas y rediseñar la operación institucional como base del contrato social que debe garantizar, entre otras cosas, oportunidades en el mercado laboral y protección social.

El estudio argumenta que la crisis asociada con el COVID-19 es muy diferente de la crisis de la deuda de la década de 1980. La primera es un hecho realmente exógeno causado por un virus; la segunda fue en gran medida endógena, causada por una mala gestión macroeconómica.

Sin embargo, hay una dimensión en la que la crisis actual que podría ser muy similar a la de la década de 1980: puede ir seguida de cambios sustanciales en la protección social y la tributación, conforme los países luchan por contener los daños sociales, restablecer el equilibrio fiscal y reanudar el crecimiento económico.

El informe aclara, no obstante, que el restablecimiento del equilibrio fiscal debe tener en cuenta muchos factores ya que con el actual sistema de protección social, aumentar los impuestos para financiar más gasto social no daría lugar a una prosperidad compartida y sostenible. En cambio, si los países contaran con un sistema de protección universal la región sería más equitativa y podría crecer más rápidamente.

A 10 años de su creación, el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia (CdE) ha fortalecido las capacidades estadísticas, analíticas y de monitoreo en 29 países de América Latina y el Caribe en el uso de la evidencia para el diseño de políticas públicas eficaces y ha impulsado iniciativas regionales para mejorar la generación de estadísticas sobre gobernanza, seguridad y justicia.

Para conmemorar este aniversario, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC) organizaron un conversatorio sobre los retos actuales y futuros de las estadísticas delictivas en México y la región de América Latina y el Caribe.

Durante el conversatorio, las y los participantes reflexionaron sobre las tendencias y cambios por los que atraviesa el mundo y la región de América Latina y el Caribe, además de los retos que implica la medición de fenómenos delictivos, el crimen organizado, el uso intensivo de tecnologías y la propia pandemia de la COVID-19 y para los cuales es necesaria más y mejor información que permita tomar las decisiones basadas en evidencia.

El CdE fue inaugurado en 2011 como resultado de un acuerdo de colaboración UNODC en México y el INEGI, tras la creación en 2008 del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

Pionero a nivel internacional, el Centro ha impulsado trabajos para el desarrollo metodológico en temas complejos como la medición de la victimización, la corrupción, el crimen organizado y los flujos financieros ilícitos.

Actualmente, una tercera parte de los países del continente cuentan con encuestas nacionales equivalentes a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que realiza el INEGI. Más de la mitad de estas naciones trabajan para adoptar la Clasificación Internacional de Delito con fines Estadísticos, considerada como estándar internacional para armonizar las estadísticas delictivas.

El CdE ha brindado asistencia técnica a 29 países de la región, impulsando y desarrollando actividades relacionadas con la generación y mejora de la calidad de los datos y promoviendo el uso de evidencia para el diseño de políticas públicas, lo que facilita el monitoreo del progreso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El compromiso del Centro de Excelencia es trabajar de manera continua para avanzar y mejorar la calidad de la información estadística y así aportar en la construcción de sociedades más justas, pacíficas e inclusivas.

Durante el primer año de la pandemia, la Ciudad de México fue la única entidad federativa que mostró una alta competitividad, es decir, siguió atrayendo talento e inversión, mientras que en el otro extremo se encontraron los estados del sur como los más rezagados.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE) del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que mide la capacidad de los estados para generar, atraer y retener talento e inversiones, la capital del país se ubicó en la primera posición de un ranking de 32.

Pese a la emergencia sanitaria, la Ciudad de México no perdió su primer lugar en el ICE; desde el 2001 lo ocupa.

La Ciudad de México presentó el mayor PIB per cápita (408,042 pesos por persona) y la mayor diversificación económica (937 sectores), uso de banca móvil (14,827 contratos de banca móvil por cada 10,000 adultos) y carga aérea (51,000 kilogramos por cada 1,000 personas).

Entre las razones principales que pusieron al sur en jaque, la especialista indicó que la emergencia sanitaria mermó la diversificación económica de estos estados; también se suma un rezago histórico donde se ha excluido a la región de los planes de desarrollo y crecimiento económico.

Recalcó que los cinco estados del sur tienen en promedio el menor PIB per cápita del país (87,00 pesos por persona), también el mayor rezago en inversión por población económicamente activa (45,000 pesos) y sólo 19% de las personas de 25 años o más cuentan con estudios universitarios o técnicos. También se concentra el mayor porcentaje de informalidad (71% de los trabajadores).

Sobre el proceso de evaluación y metodología del ICE, el índice está compuesto por 72 indicadores que forman 10 subíndices (tecnología, turismo, conectividad, economía, mercado laboral, seguridad, uso de recursos naturales, democracia, gestión gubernamental; e inclusión, salud y educación).

Los resultados de las entidades permiten clasificarlas en seis grupos de competitividad: alta, adecuada, media alta, media baja, baja y muy baja.

A partir de los resultados identificados en el ICE 2021, el Imco desarrolló algunas propuestas para que las entidades mejoren su competitividad. La primera busca que se pueda adecuar la legislación presupuestal estatal con el fin de crear controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos locales, para evitar que los recursos sean reasignados sin aprobación previa y con ello evitar la discrecionalidad.

Se debe promover la inserción de los estados del sur-sureste del país en la cadena productiva de América del Norte, mediante mejoras regulatorias e inversión en infraestructura y conectividad.

También se deben desarrollar capacidades para la generación y procesamiento de datos que mejoren la toma de decisiones de política pública y faciliten trámites y servicios.

Se necesitan reformar las leyes de adquisiciones y obras públicas estatales para incluir protocolos y lineamientos; se deben crear sistemas estatales de innovación que incentiven un vínculo entre el sector privado y los generadores de patentes.

Por último, se tienen que aprovechar las facultades de los estados para desarrollar programas de nivelación académica ante los efectos de la pandemia.

Fuente:EL ECONOMISTA 27 de abril de 2021

De acuerdo con los resultados del trigésimo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de marzo de 2021, durante ese mes 66.4% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto a los registrados en marzo y diciembre de 2020, que fueron de 73.4 y 68.1%, respectivamente. En esta edición, 17 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos respecto a diciembre de 2020: 12 tuvieron reducciones y 5 incrementaron. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 71%, mientras que para los hombres fue de 60.9 por ciento.

Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ecatepec de Morelos, Cuernavaca, Gustavo A. Madero, Uruapan y Guadalajara, con 94.2, 89.9, 87.8, 86.4, 86.3 y 86.1%, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Tampico, San Nicolás de los Garza, Los Cabos, Piedras Negras y Mérida, con 8.2, 25.2, 26.2, 26.2, 29.4 y 30.3%, respectivamente.

En específico, 78.4% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 71.2% en el transporte público, 63.4% en el banco y 59.2% en las calles que habitualmente usa.

A partir de marzo de 2021, en el apartado de problemáticas urbanas, se estima el porcentaje de personas que identificó hospitales saturados o con servicio deficiente como uno de los problemas más importantes en las ciudades.

La ENSU, con periodicidad trimestral, ha realizado a la fecha treinta levantamientos. El primero de ellos se llevó a cabo en septiembre de 2013.

Las estimaciones más precisas relativas a la prevalencia de la violencia de pareja y la violencia sexual se derivan de las encuestas poblacionales basadas en los testimonios de las víctimas. En un análisis llevado a cabo en 2013 por la OMS en colaboración con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica, en el que se utilizaron los datos de más de 80 países, se observó que, en todo el mundo, una de cada tres mujeres (o el 35%) había sido objeto de violencia física o violencia sexual bien dentro o fuera de la pareja.

Casi un tercio (30%) de todas las mujeres que han tenido una relación ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Las estimaciones de prevalencia de la violencia de pareja oscilan entre el 23,2% en los países de ingresos altos y el 24,6% en la región del Pacífico Occidental, al 37% en la región del Mediterráneo Oriental y el 37,7% en la región de Asia Sudoriental.

El 38% de los feminicidios que se cometen en el mundo son perpetrados por la pareja. Además de la violencia de pareja, el 7% de las mujeres refieren haber sufrido agresiones sexuales por personas distintas de su pareja, si bien los datos a ese respecto son más escasos. Los actos de violencia de pareja y violencia sexual son cometidos en su mayoría por hombres contra mujeres.

La violencia de pareja (física, sexual y emocional) y la violencia sexual ocasionan graves problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo a las mujeres. También afecta a sus hijos y tiene un elevado costo social y económico para la mujer, su familia y la sociedad.

Repercusión en los niños

Los costos sociales y económicos de este problema son enormes y repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos.

Cada vez hay más estudios bien concebidos sobre la eficacia de los programas de prevención y respuesta. Se necesitan más recursos que refuercen la prevención y la respuesta frente a la violencia de pareja y la violencia sexual, en particular en el ámbito de la prevención primaria, a fin de impedir que llegue a producirse.

Existen datos procedentes de los países de ingresos altos que indican que las intervenciones de sensibilización y la prestación de orientación psicológica para mejorar el acceso a los servicios dirigidos a las víctimas de violencia de pareja son eficaces a la hora de reducir dicha violencia. Los programas de visitas domiciliarias en que participan los servicios periféricos de salud por medio de profesionales de enfermería capacitados también parecen prometedores a efectos de reducir la violencia de pareja. No obstante, aún han de evaluarse para poder ser utilizados en entornos con pocos recursos.

Entre las estrategias de prevención que podrían dar buenos resultados en entornos de bajos recursos cabe citar las siguientes: aquellas que permiten que la mujer se emancipe económica y socialmente mediante una combinación de microfinanciación y formación en materia de igualdad de género; las que fomentan la comunicación y las relaciones interpersonales dentro de la pareja y la comunidad; las que reducen el acceso al alcohol y su uso nocivo; las que transforman las normas sociales y de género nocivas, mediante la movilización de la comunidad y la educación grupal y participativa de mujeres y hombres con el fin de provocar una reflexión crítica sobre las relaciones de género y de poder desiguales.

https://youtu.be/NAlY-1KI6ts