Casi medio siglo después de que 182 países y la Unión Europea firmaran la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), más de un millón de especies de animales y plantas están amenazadas, más por la codicia de unos cuantos que por las necesidades elementales de miles de personas que encuentran su sustento en la biodiversidad de las regiones que habitan.

Hoy, se conmemora la creación de la CITES (1973), vigente a partir de 1975, uno de los instrumentos más poderosos del mundo para la conservación de la vida silvestre mediante la regulación del comercio internacional. No obstante, fue el 20 de diciembre de 2013, en el 68 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando se proclamó el 3 de marzo como Día Mundial de la Vida Silvestre, que este 2022 adopta el tema: “Recuperar a las especies, clave para la restauración de los ecosistemas”.

La CITES reconoce que especies incluidas en sus listados se utilizan diariamente en todo el planeta por personas en su vida para la alimentación, el cuidado de la salud, el mobiliario, la vivienda, los recuerdos turísticos, cosméticos o la moda, por lo cual busca proteger la vida silvestre mediante un comercio internacional sostenible, legal y rastreable que contribuya tanto a los medios de subsistencia de las comunidades que viven más cerca de ella, como a las economías nacionales, con el fin de lograr un planeta sano y la prosperidad de la gente en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 1, 2, 12, 13, 14 y 15, aluden a los amplios compromisos de aliviar la pobreza, asegurar el uso sostenible de los recursos y conservar la vida en la tierra, ya que más de 8,400 especies de fauna y flora silvestres se encuentran en peligro crítico de extinción, y aproximadamente 30,000 se consideran vulnerables o en peligro de extinción. Estas estimaciones sugieren además que un millón de especies están amenazadas de extinción.

La pérdida de especies y la degradación de sus hábitats y ecosistemas amenaza a la humanidad en su conjunto, ya que cientos de miles de personas alrededor del planeta dependen de la vida silvestre y de recursos de la biodiversidad para satisfacer todas sus necesidades, desde alimentos, medicinas y salud hasta combustible, vivienda y ropa.

Por ello, este 2022, en el Día Mundial de la Vida Silvestre se destaca el impacto de los esfuerzos de conservación, se promueven ejemplos de mejores prácticas en las que las especies se recuperaron, y se impulsan las discusiones para imaginar y echar a andar nuevas soluciones para conservar más especies y utilizarlas de manera sostenible.

Fuente: SEMARNAT 03 de marzo de 2022

El Grupo de Liderazgo Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos ha hecho un llamamiento a todos los países para que reduzcan la cantidad de residuos de antimicrobianos que se vierten al medio ambiente. Con ese fin, deberían realizarse estudios y aplicar medidas para eliminar de forma segura estos residuos de los alimentos, los sistemas de salud humana y sanidad animal y las instalaciones de fabricación.

En su declaración, el Grupo de Liderazgo Mundial pide a todos los países que mejoren las medidas de tratamiento y eliminación de los desechos que contienen antimicrobianos y las escorrentías procedentes de las instalaciones de fabricación, las explotaciones agrarias, los hospitales y otras fuentes.

Los antimicrobianos administrados a los seres humanos, los animales y las plantas entran en el medio ambiente y en las fuentes de agua (incluidas las de agua potable) a través de las aguas residuales, los desechos, las escorrentías y las aguas negras y, por esa vía, propagan organismos farmacorresistentes y, por consiguiente, la propia resistencia a los antimicrobianos.

Es fundamental reducir la cantidad de contaminación por antimicrobianos que se vierte al medio ambiente para que estos fármacos sigan siendo eficaces.

El Grupo de Liderazgo Mundial hace un llamamiento a todos los países a fin de que promulguen y apliquen reglamentos y normas para supervisar y controlar mejor la distribución de antimicrobianos y organismos resistentes a los medicamentos y su vertido al medio ambiente.

Estas son otras medidas esenciales recomendadas:

El uso actual de fármacos antimicrobianos en los seres humanos, los animales y los vegetales está provocando un aumento preocupante de la farmacorresistencia y está dificultando el tratamiento de las infecciones.

Los patógenos resistentes a los medicamentos causan casi 5 millones de defunciones al año- en inglés. Es necesario actuar urgentemente para frenar el aumento y la propagación de la resistencia a los antimicrobianos en todos los países. Si no lo hacemos, nos acercaremos rápidamente a un punto de inflexión en el que los antimicrobianos necesarios para tratar las infecciones en el ser humano, los animales y los vegetales dejarán de ser eficaces.

El impacto en los sistemas de salud locales y mundiales, en las economías, en la seguridad alimentaria y en los sistemas alimentarios será devastador.

Aunque se desconoce el alcance exacto de la contaminación por antimicrobianos en el mundo, la evidencia indica que podría dar lugar a incrementos significativos de la resistencia a estos fármacos. Por ejemplo, se han encontrado bacterias multirresistentes en las aguas marinas y en los sedimentos cercanos a los lugares donde se vierten desechos de la acuicultura, las industrias y los asentamientos urbanos.

Las personas de todos los países pueden ayudar a eliminar correctamente los medicamentos caducados y no utilizados.

Por su parte, los inversores pueden invertir en la investigación y el desarrollo de tecnologías costo eficaces de tratamiento de residuos que sean más ecológicas.

Jefes de Estado, ministros de Medio Ambiente y otros representantes de 175 países respaldaron una resolución histórica para acabar con la contaminación del plásticos y forjar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para finales de 2024.

La histórica resolución aborda el ciclo de vida completo del plástico, incluyendo su producción, diseño y eliminación.

Paralelamente a las negociaciones sobre un acuerdo internacional vinculante, la agencia de la ONU trabajará con cualquier gobierno y empresa que lo desee en toda la cadena de valor para abandonar los plásticos de un solo uso, así como para movilizar la financiación privada y eliminar las barreras a las inversiones en investigación y en una nueva economía circular.

La contaminación por plástico pasó de dos millones de toneladas en 1950 a 348 millones en 2017, convirtiéndose en una industria mundial valorada en 522.600 millones de dólares, según datos del Programa. Se espera que se duplique su cantidad, de aquí a 2040.

Los impactos de la producción y la contaminación debida a los plásticos son una catástrofe en ciernes en el contexto de la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de la naturaleza y la contaminación.

La exposición a los plásticos perjudica la salud humana, y puede afectar a la fertilidad, la actividad hormonal, metabólica y neurológica, mientras que la quema abierta de plásticos contribuye a la contaminación del aire.

1.- El volumen de plásticos que llegan a los océanos en más de un 80% para 2040

2.- La producción de plástico virgen en un 55%

3.- Ahorrar a los gobiernos 70.000 millones de dólares para 2040

4.- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25%

5.- Crear 700.000 puestos de trabajo adicionales, principalmente en los países del sur

La histórica resolución, titulada “Acaban con la contaminación del plástico: Hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante”, fue adoptada al concluir la reunión de tres días de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a la que asistieron más de 3400 participantes en persona y 1500 en línea de 175 Estados, entre ellos 79 ministros y 17 funcionarios de alto nivel.

Un nuevo informe sobre Crecimiento demográfico mundial y desarrollo sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU revela que desde 1950 el número de habitantes del planeta se ha triplicado con creces y podría llegar a ser de 11.000 millones a finales de siglo.

El rápido aumento de la población puede agravar el reto de garantizar que el desarrollo futuro sea sostenible e inclusivo. La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los relacionados con la salud, la educación y la igualdad de género, puede contribuir a frenar el crecimiento demográfico mundial.

Los responsables del informe añadieron que “los países más prósperos son los que soportan una mayor responsabilidad en cuanto al avance rápido del objetivo de conseguir las cero emisiones de gases de efecto invernadero y en la aplicación de estrategias para separar la actividad económica de la degradación medioambiental”.

El análisis también destaca que el mayor crecimiento de la población mundial en el futuro tendrá lugar en los países en desarrollo.

Una de las causas del rápido aumento poblacional se debió a una mejora de la esperanza de vida, que vendría impulsado por varios factores como las mejoras en salud pública, nutrición, higiene personal y medicina.

Sin embargo, añadieron que el aumento de la población también supone un fracaso a la hora de garantizar que todas las personas tengan el conocimiento, la capacidad y los medios para determinar si quieren tener hijos y cuándo.

El estudio también revela que, a medida que sus economías avancen, los países en desarrollo necesitarán apoyo para reducir las futuras emisiones contaminantes, así como asistencia técnica y financiera.

Los sistemas alimentarios también tendrán que ser más sostenibles para satisfacer las crecientes necesidades y limitar los daños medioambientales.

Los 10 mensajes clave del informe

El mundo está produciendo el doble de desechos plásticos que hace dos décadas, y la mayor parte termina en vertederos, se incinera o se filtra al medio ambiente, y solo el 9% se recicla con éxito, según un nuevo informe de la OCDE.

Antes de las conversaciones de la ONU sobre la acción internacional para reducir los desechos plásticos, el primer Global Plastics Outlook de la OCDE muestra que a medida que el aumento de la población y los ingresos impulsan un aumento implacable en la cantidad de plástico que se usa y se desecha, las políticas para frenar su fuga al medio ambiente están cayendo.

Casi la mitad de todos los desechos plásticos se generan en los países de la OCDE, según Outlook. Los desechos plásticos generados anualmente por persona varían de 221 kg en los Estados Unidos y 114 kg en los países europeos de la OCDE a 69 kg, en promedio, para Japón y Corea. La mayor parte de la contaminación plástica proviene de la recolección y eliminación inadecuadas de desechos plásticos más grandes conocidos como macroplásticos, pero las fugas de microplásticos (polímeros sintéticos de menos de 5 mm de diámetro) de cosas como gránulos de plástico industrial, textiles sintéticos, marcas viales y desgaste de neumáticos también son un problema grave.

Los países de la OCDE están detrás del 14% de las fugas totales de plástico. Dentro de eso, los países de la OCDE representan el 11 % de las fugas de macroplásticos y el 35 % de las fugas de microplásticos. La Perspectiva señala que la cooperación internacional para reducir la contaminación plástica debe incluir el apoyo a los países de bajos ingresos en el desarrollo de una mejor infraestructura de gestión de residuos para reducir sus fugas de plástico.

El informe encuentra que la crisis de COVID-19 condujo a una disminución del 2,2% en el uso de plásticos en 2020 a medida que la actividad económica se desaceleró, pero un aumento en la basura, los envases de comida para llevar y los equipos médicos de plástico, como máscaras, han impulsado la basura. A medida que se reanudó la actividad económica en 2021, el consumo de plásticos también se recuperó.

Existen prohibiciones e impuestos sobre los plásticos de un solo uso en más de 120 países, pero no están haciendo lo suficiente para reducir la contaminación general. La mayoría de las regulaciones se limitan a elementos como las bolsas de plástico, que constituyen una pequeña parte de los desechos plásticos y son más eficaces para reducir la basura que para frenar el consumo de plásticos. Los impuestos sobre vertederos e incineración que incentivan el reciclaje solo existen en una minoría de países. Las perspectivas exigen un mayor uso de instrumentos como los planes de responsabilidad ampliada del productor para el embalaje y los bienes duraderos, los impuestos sobre los vertederos, los sistemas de depósito-reembolso y de pago por uso.

La mayoría de los plásticos que se usan hoy en día son plásticos vírgenes o primarios, hechos de petróleo crudo o gas. La producción mundial de plásticos a partir de plásticos reciclados, o secundarios, se ha más que cuadruplicado de 6,8 millones de toneladas (Mt) en 2000 a 29,1 Mt en 2019, pero sigue siendo solo el 6% del tamaño de la producción total de plásticos. Se necesita hacer más para crear un mercado separado y que funcione bien para los plásticos reciclados, que todavía se consideran sustitutos del plástico virgen. Establecer objetivos de contenido reciclado e invertir en tecnologías de reciclaje mejoradas podría ayudar a que los mercados secundarios sean más competitivos y rentables.

Algunas conclusiones clave de Outlook:

Fuente: OECD 22 de febrero de 2022

La contaminación atmosférica es el mayor contribuyente ambiental a las muertes prematuras, al causar unos siete millones de ellas cada año.

La exposición a sustancias tóxicas aumenta el riesgo de muerte prematura, intoxicación aguda, cáncer, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, efectos adversos en los sistemas inmunológico, endocrino y reproductivo, anomalías congénitas y secuelas en el desarrollo neurológico de por vida.

Una cuarta parte de la carga mundial de morbilidad se atribuye a factores de riesgo ambientales evitables, la inmensa mayoría de los cuales implica la exposición a la contaminación y a las sustancias tóxicas.

Cada año se emiten o vierten cientos de millones de toneladas de sustancias tóxicas al aire, el agua y el suelo. La producción de sustancias químicas se duplicó entre 2000 y 2017, y se espera que se duplique de nuevo para 2030 y se triplique para 2050, produciéndose la mayor parte del crecimiento en los países no miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el resultado de este crecimiento será un aumento de la exposición a los riesgos y un empeoramiento de las repercusiones para la salud y el impacto ambiental.

Entre los motivos de preocupación recientes figuran las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, los alteradores endocrinos, los microplásticos, los plaguicidas neonicotinoides, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los residuos farmacéuticos y las nanopartículas.

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas son un grupo de miles de sustancias químicas de extendido uso en aplicaciones industriales y de consumo, como las espumas para sofocar incendios y los revestimientos hidrófugos y lipófobos para textiles, papel y utensilios de cocina.

Prácticamente todas las personas de los países industrializados tienen sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas en su organismo. La exposición a estos productos se ha asociado a lesiones hepáticas, hipertensión, disminución de la respuesta inmunitaria, disminución de la fertilidad, menor peso al nacer y cáncer testicular y de riñón.

En la Unión Europea, los costos relacionados con la salud que se derivan de las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas oscilan entre los 52.000 y los 84.000 millones de euros anuales, mientras que los costos de tratamiento y recuperación del suelo y las aguas contaminadas van de los 10.000 a los 170.000 millones de euros.

Otras formas de contaminación más conocidas proceden de la extracción, el procesamiento, la distribución y la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), que producen ingentes volúmenes de contaminación y sustancias químicas tóxicas.

Otras industrias que producen enormes volúmenes de contaminación y sustancias tóxicas son la minería y la fundición, la industria manufacturera, el sector textil, la construcción y el transporte.

Los seres humanos están expuestos a sustancias tóxicas a través de la respiración, los alimentos y la bebida, por contacto con la piel y a través del cordón umbilical en el vientre materno. Los estudios de biomonitorización revelan la presencia de residuos de plaguicidas, ftalatos, pirorretardantes, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, metales pesados y microplásticos en nuestro organismo. Incluso se encuentran sustancias tóxicas en los recién nacidos.

Al menos el 80% de los fondos marinos estará cartografiado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura con ayuda de sus Estados Miembros y del sector privado de aquí a 2030.

Conocer la profundidad y el relieve del fondo marino es esencial para comprender la ubicación de las fallas oceánicas, el funcionamiento de las corrientes oceánicas, las mareas y el transporte de sedimentos.

Estos datos ayudan a proteger a las poblaciones anticipando los riesgos sísmicos y de maremotos. También ayudarán a identificar los lugares naturales que hay que salvaguardar, a identificar los recursos pesqueros para una explotación sostenible, a planificar la construcción de infraestructuras en alta mar o a responder eficazmente a catástrofes como vertidos de petróleo, accidentes aéreos o naufragios.

Además, la cartografía de los océanos tiene un papel importante en la evaluación de los efectos futuros del cambio climático, ya sea el aumento de la temperatura o la subida del nivel del mar.

En 2017, la UNESCO y la Nippon Foundation, la mayor fundación privada del Japón, unieron fuerzas para lanzar el programa Seabed 2030 (Fondo marino 2030). Desde entonces, coordina el despliegue de sonares y recopila todos los datos recogidos.

Este programa ha permitido convencer a muchos Estados de que compartan los datos que poseen sobre los fondos marinos cercanos a sus costas. Los primeros resultados de este programa son tangibles: hace cinco años, cuando se puso en marcha Seabed 2030, sólo el 6% de los fondos marinos estaba cartografiado según las normas modernas, hoy estamos en el 20%.

El potencial para acelerar la cartografía de los fondos marinos se ve reforzado por recientes innovaciones, que han mejorado la eficacia de las herramientas tecnológicas.

Los expertos ya han evaluado los recursos necesarios para alcanzar este objetivo del 80% en 2030. Se basan en tres ejes:

La necesidad total de financiación para este proyecto es de 5000 millones de dólares, es decir, una media de 625 millones al año hasta 2030.

La UNESCO además ha pedido a los 193 Estados miembros que, antes de 2025, incluyan en los planes académicos la educación sobre los océanos.

Para lograr este objetivo, la agencia de las Naciones Unidas pone a disposición de los responsables públicos un conjunto de herramientas con un marco de referencia compartido de contenidos educativos sobre el océano.

Este repositorio ofrece todas las claves necesarias para integrar la educación oceánica en todos los niveles de la cadena educativa: desde la elaboración de los planes de estudio nacionales hasta la preparación de las clases por parte de los profesores.

Las nuevas herramientas educativas proporcionadas por la UNESCO, reflejan la convicción de que es necesario cambiar la forma en que la sociedad interactúa con el océano para lograr un modelo más sostenible.

Para la UNESCO, la educación sobre los océanos no debe limitarse a la transmisión de conocimientos científicos y a la sensibilización a los problemas contemporáneos, sino que también debe promover las técnicas y los conocimientos tradicionales, como los protegidos por la Convención sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial de 2001, que promueve, por ejemplo, las técnicas de pesca ancestrales.

El nuevo conjunto de herramientas de la UNESCO deja en manos de los Estados miembros y las regiones la adaptación de la “teoría del cambio” a sus prácticas, situaciones y necesidades específicas.

La UNESCO supervisará la aplicación de este objetivo por parte de sus 193 Estados miembros. Está previsto presentar un primer informe de situación en la COP27, que se celebrará en noviembre de 2022 en Egipto.

Como muchos objetos superfluos, el popote de plástico se instaló en la cotidianidad de los seres humanos desde finales del siglo XIX, sin sospecharse que el pequeño tubo se convertiría en una enorme amenaza para la vida silvestre marina —plancton, invertebrados bentónicos y grandes mamíferos—, pues la ingesta de plástico libera sustancias tóxicas, reduce la eficiencia de los procesos fisiológicos y coloca a las especies en riesgo de muerte directa o indirecta.

Por los daños a los ecosistemas y a las comunidades humanas se reclama justicia ambiental este 3 de febrero, Día Internacional Sin Popote, fecha en que se resalta la necesidad de desterrar el uso de la pajilla, objeto que al distribuidor de refrescos estadounidense Harry Stevens se le ocurrió elaborar con papel para que los aficionados al futbol americano se mantuvieran bebiendo durante los partidos.

La pajilla o popote —voz náhuatl, popotl: paja o carrizo— la utilizaron desde tiempos pretéritos diversas culturas, principalmente en rituales o con fines medicinales. Los antiguos mexicanos solían succionar el pulque o el chocolate con carricillos, y los egipcios también sorbían algunas bebidas frías o calientes con algunas cañas huecas. Sin embargo, esos popotes eran de origen vegetal.

Con una mirada mercantil, en la nación vecina del norte el artefacto lo fueron modificando personajes como Marvin Stone, un cigarrero de Washington que patentó en 1888 los drinking straw luego de fabricar un popote con papel manila emparafinado y, cuenta la leyenda, llegó a vender más popotes que cigarros. Pero fueron los hermanos Betty y Joseph Friedman quienes crearon los primeros popotes de plástico flexible para la industria farmacéutica de ese país.

Al paso del tiempo el anecdotario se ha convertido en tragedia ambiental al grado de lograr que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lanzara en Bali, Indonesia, el 23 de febrero de 2017, la campaña #MaresLimpios, y millones de personas dejaron de usar popotes al consumir algún líquido, luego de observar el video de una bióloga que extrae un popote de la nariz sangrante de una tortuga marina.

El popote del video se convirtió en un símbolo porque, sin ser el único artículo de plástico que impacta la vida marina, catapultó a los círculos gubernamentales de la mayoría de las naciones el problema que constituyen los plásticos en general al llegar a los cuerpos de agua, ya que de 1950 a 2015 se produjeron 8,300 millones de toneladas métricas de nuevos plásticos, entre ellos millones de toneladas de popotes de diversos tamaños, formas y colores.

La pandemia de Covid-19 exacerbó el problema de la contaminación plástica que “afecta de manera desproporcionada a personas, grupos y pueblos en situaciones vulnerables, pone en riesgo sus derechos básicos, salud y bienestar, y planteará obstáculos sustanciales para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asegura el informe En estado de negligencia: el impacto de la basura marina y la contaminación por plásticos en la justicia ambiental, publicado el 30 de marzo de 2021 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la ONG Azul que exige justicia ambiental.

Los autores del informe recomiendan, entre otras medidas, que los gobiernos amplíen su control de los desechos plásticos, estudien sus impactos en la salud e inviertan en su gestión. Los gobiernos también deberían adoptar y aumentar la aplicación de las prohibiciones de los plásticos de un solo uso y fomentar la reducción, el reciclaje y la reutilización.

En México, la prohibición de la distribución y uso de plásticos de un solo uso, entre ellos los popotes, ha ido tomando cauce parcialmente. Por ejemplo, el 12 de junio de 2017 en el Senado de la República se leyó una iniciativa de ley para dar facultades de la Federación para suscribir con los gobiernos estatales convenios o acuerdos de coordinación para promover el uso de materiales biodegradables y para sancionar a las personas que utilicen popotes o pajillas no biodegradables en establecimientos comerciales o de servicios.

Sin embargo, en julio de 2018 la Asociación Nacional de la Industria del Plástico aseguró que prohibir o rechazar el uso de popotes en el país no es la solución al reto de enfrentar la contaminación ambiental por plásticos, sino que debe existir una regulación correcta y una mayor cultura ambiental.

Fuente: SEMARNAT 03 de febrero de 2022

Las ciudades de América Latina y el Caribe consumirán entre el doble y cuatro veces más recursos en 2050 si no adoptan una “planificación integral” y “aumentan la eficiencia de sus sistemas y la circularidad”, advirtió este lunes un nuevo informe del Programa de las Naciones Unida para el Medio Ambiente que destaca que ese escenario “implica la degradación severa de ecosistemas vitales.”

Para lograr ese objetivo, el estudio del organismo de la ONU destaca que las ciudades de la región necesitarán impulsar una transformación sostenible que reduzca a la mitad el consumo de recursos tales como los combustibles fósiles, los minerales y los alimentos, al tiempo que combaten la pobreza y la desigualdad.

El análisis del Programa traza la ruta hacia una planificación urbana deseable basándose en un paquete de medidas en cuatro ejes:

Estas actuaciones servirían para reducir el consumo de recursos, los residuos, el daño ambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero.

El consumo anual per cápita de recursos en las ciudades de América Latina en 2015 oscilaba entre las 12,5 y 14,4 toneladas. Más de la mitad del inventario de material urbano de la región se encontraba en las ciudades de Brasil (38,1%) y México (21,1%).

Si en el año 2050 la población regional aumentase a 680 millones de personas, el consumo de material doméstico urbano podría aumentar hasta las 25 toneladas per cápita, muy por encima del rango de entre seis y ocho toneladas per cá­pita que el estudio del Programa considera sostenible.

Si se logra implementar todas las acciones propuestas en el informe, las ciudades de la región podrían reducir su consumo material anual a entre seis y siete toneladas per cápita para 2050.

El estudio también destaca algunas medidas que ya se están tomando en esta línea como son las mejoras del transporte público en el municipio brasileño de Fortaleza, que incluyeron un mayor espacio para bicicletas y peatones, la “cosecha” de agua de lluvia en la Ciudad de México y el proyecto de calefacción por distritos de la ciudad de Temuco, en el centro de Chile.

Según analiza el informe, el espacio construido en la región durante 40 años creció un 99%, casi el mismo número que experimentó el aumento de la población urbana en ese período (95%). La incapacidad de la mayoría de las ciudades para absorber ese crecimiento exacerbó la inequidad social y la injusticia ambiental.

Cerrar la brecha de desigualdad conllevará resolver la situación de precariedad a la que se enfrentan las poblaciones más vulnerables; por ejemplo, la lejanía de los servicios urbanos, la infraestructura deficiente, las condiciones de violencia y la contaminación.

Los autores del estudio llaman a tratar estos desafíos mediante “una transformación sostenible” e invitan a “orientar mayores esfuerzos hacia las ciudades intermedias”, que crecen de una forma más acelerada que la media. También recomiendan potenciar la cooperación e implementar alianzas más sólidas a nivel subnacional, subregional y regional.

Las montañas albergan el 15% de la población mundial y aproximadamente la mitad de la reserva de la diversidad biológica del mundo. Además, suministran agua dulce para más de la mitad de la humanidad. Su conservación resulta clave, tal cual especifica el Objetivo 15 de los ODS.

Sin embargo, se encuentran fuertemente amenazadas por el cambio climático y la sobreexplotación. A medida que los glaciares de montaña se derriten, los habitantes de las alturas —entre los más pobres del mundo— afrontan mayores dificultades para sobrevivir a causa de los desastres naturales.

A todo ello hay que sumar el hecho de que dicho derretimiento a una velocidad sin precedentes amenaza el suministro de agua dulce de millones de personas.

Este creciente interés acerca de la importancia de las montañas llevó a la Asamblea General a declarar 2002 como Año Internacional de las Montañas, factor que impulsó que, en 2003, se celebrase el primer Día Internacional.

Sin embargo, el principal hito se remonta a 1992, cuando el documento “Ordenación de los Sistemas Frágiles: Desarrollo Sostenible de las Zonas de Montaña” (capítulo 13) fue incluido en el Programa 21, un plan de acción sostenible promovido por Naciones Unidas.

El tema del Día Internacional de las Montañas 2021 es “El turismo sostenible en las montañas”.

El turismo sostenible en las montañas puede contribuir a crear opciones de medios de subsistencia adicionales y sostenibles y a promover la mitigación de la pobreza y la inclusión social, además de la conservación del paisaje y la diversidad biológica. Es una forma de preservar el patrimonio natural, cultural y espiritual, a fin de promover la artesanía y los productos de alto valor de la localidad, además de celebrar muchas prácticas tradicionales.

El turismo en las montañas atrae del 15 al 20 por ciento del turismo mundial. Sin embargo, este sector es uno de los más afectados por la pandemia COVID-19, golpeando las economías, los medios de vida, los servicios públicos y las oportunidades en los cinco continentes. En las montañas, las restricciones impuestas por la pandemia han agravado las vulnerabilidades de las comunidades montañesas.

Esta crisis puede percibirse como una oportunidad para reinventar el turismo en las montañas y sus impactos en los recursos naturales y en los medios de vida, mejorar la gestión del mismo y encaminarlo hacia un futuro más resiliente, más ecológico y más inclusivo.

Si bien el turismo de montañas es el tema sugerido para 2021, los países, las comunidades y las organizaciones pueden celebrar este día a través de cualquier tema que consideren oportuno.

https://youtu.be/m-iASmnPNcU

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó un informe histórico en el que se destaca el empeoramiento del estado de los recursos del suelo, la tierra y el agua del planeta y las dificultades que ello supone para alimentar a una población mundial que se prevé de casi 10 000 millones de personas en 2050.

En el informe se afirma que, si seguimos en la trayectoria actual, para producir el 50 % más de alimentos que se necesitan se podría tener que aumentar la extracción de agua destinada a la agricultura hasta un 35 %. Ello podría crear catástrofes ambientales, aumentar la competencia por los recursos y provocar nuevos problemas sociales y conflictos.

Algunos de los principales problemas son:

Soluciones posibles

Debido a la limitación de tierras arables y recursos de agua dulce, es vital ampliar rápidamente la escala de la tecnología y la innovación. Debemos reforzar la arquitectura digital necesaria para proporcionar datos básicos, información y soluciones basadas en principios científicos para la agricultura que aprovechen al máximo las tecnologías digitales y que sean resistentes al clima.

La gobernanza de la tierra y el agua debe ser más inclusiva y adaptativa para beneficiar a millones de pequeños agricultores, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Ellos son los más vulnerables a los riesgos climáticos y otros riesgos socioeconómicos y los que más sufren la inseguridad alimentaria. Es necesario que la planificación sea más integrada a todos los niveles. Asimismo, las inversiones en la agricultura se deben reorientar para obtener beneficios sociales y ambientales.

La sostenibilidad de los suelos, las tierras y las aguas constituye la base de los sistemas agroalimentarios resilientes. Así, el uso sostenible de estos recursos es fundamental para lograr los objetivos de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos. Por ejemplo, el uso racional de los suelos puede por sí solo absorber una tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las tierras agrícolas.

La FAO trabaja para promover planteamientos coherentes en relación con la gestión sostenible del suelo, la tierra y el agua, a fin de alimentar a una población en crecimiento. Entre ellos se cuentan la seguridad alimentaria, la salud y la nutrición de las personas, la calidad y la gobernanza del agua y la gestión de los sistemas de producción de los alimentos, la provisión de servicios esenciales de los ecosistemas agrícolas y la conservación de la biodiversidad, y la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos.

La FAO está ayudando a aumentar la coherencia de las políticas y la investigación con vistas a luchar contra el cambio climático y proteger el sistema de producción primaria, que sostiene la mayor parte de nuestros alimentos. Sus conjuntos de instrumentos y tecnologías informáticas digitales y en tiempo real ayudan a los gobiernos, los agricultores y los usuarios a formular políticas jurídicas y financieras y a aportar recursos técnicos para mejorar la gestión de la tierra, el suelo y el agua.

El Día Mundial del No Uso de Plaguicidas fue instaurado por la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina, en conmemoración de la muerte de más de 16 mil personas en Bophal, India, ocurrida en 1984 por la fuga de 27 toneladas de gas tóxico metil isocianato, utilizado para la fabricación de plaguicidas.

Este suceso generó un movimiento internacional conformado por más de 400 organizaciones miembros de la Red de Acción en Plaguicidas (Pesticide Action Network), creada para levantar la voz y exigir la prohibición del uso de pesticidas, así como llamar a la reflexión.

Hoy, a más de 36 años de ese lamentable suceso, a nivel mundial, muchas organizaciones, organismos gubernamentales y científicos trabajan para hacer posible la eliminación y distribución de sustancias venenosas que son usadas para producir los plaguicidas en los distintos países donde son comercializados y vendidos.

En el caso de México, el gobierno federal realiza un esfuerzo para eliminar gradualmente el uso del glifosato, herbicida altamente dañino al medio ambiente y al ser humano, mediante acciones encaminadas hacia la transformación del sistema agroalimentario del país con el fin de lograr alimentos seguros y un medio ambiente sano.

El glifosato es utilizado para eliminar hierbas en terrenos agrícolas o en jardines. En México está inscrito ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) bajo más de 150 registros, y se comercializa en marcas como Roundup® y Faena®, que son las más comunes.

Hay evidencia científica acerca de la toxicidad de este herbicida que demuestra los impactos a la salud humana y al ambiente. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud lo reclasificó como probable carcinógeno para los humanos.

Ante estas evidencias científicas, el 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto para establecer las acciones para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente.

El decreto indica que, a partir de su entrada en vigor y hasta el 31 de enero de 2024, se establece un periodo de transición para lograr la sustitución total del glifosato.

Sin duda con la publicación de este Decreto, nuestro país camina hacia la preservación de la biodiversidad y la agrobiodiversidad, mediante el uso de prácticas e insumos agroecológicos seguros para la salud humana y el medio ambiente.

Fuente: SEMARNAT 03 de diciembre de 2021

Los conflictos, la crisis climática, las enfermedades y la crisis socioeconómica debida a la pandemia de COVID-19 seguirán empujando a más gente a depender de la ayuda de emergencia y a necesitar protección en 2022, cuando las personas con requerimientos vitales llegarán a 274 millones, alertó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

El año pasado, esa cantidad se cifró en 235 millones, lo que implica un aumento de casi 17% en tan sólo 12 meses.

Para aliviar las necesidades más urgentes de 183 millones de esas personas durante el año próximo, la ONU requerirá 41.000 millones de dólares, con un programa tres veces mayor que el de 2021 debido a las crecientes necesidades.

De acuerdo con el Panorama Humanitario Global para 2022, la población que precisa asistencia básica vive en 63 naciones y, sumada, equivaldría al cuarto país más poblado del mundo.

El informe destaca el deterioro de la situación humanitaria en América Latina y el Caribe. Hace cinco años, sólo Haití tenía un Plan de Respuesta Humanitaria, mientras que ahora hay seis en toda la región. La ONU pide 2500 millones de dólares para asistir a los venezolanos tanto en su país como emigrados, 200 millones para Colombia, 114 millones para El Salvador, 153 millones para Guatemala y 143 millones para Honduras.

El estudio destaca que más del 1% de la población mundial ha debido desplazarse y que la pobreza extrema se incrementa nuevamente.

En la mayoría de las crisis, las mujeres y las niñas son las que más sufren, que aumentan las desigualdades de género y, con ello, los riesgos que corren, por lo que necesitan protección.

El informe indica que el número de personas que sufren inseguridad alimentaria aguda ha aumentado drásticamente y que el riesgo de hambruna es ya una realidad.

Gracias a la generosidad de los donantes, el sistema humanitario brindó alimentos, medicamentos, atención médica y otra asistencia esencial a 107 millones de personas durante el año en curso, una cifra que llega al 70% del objetivo que se fijó al iniciar 2021.

El esfuerzo de los donantes internacionales y los Estados miembros, que aportaron más de 17.000 millones para los programas humanitarios pese la difícil situación económica derivada de la pandemia; sin embargo, destacó que los fondos recibidos no son muchos cuando se observan las necesidades existentes. El financiamiento conseguido no llegó a la mitad del solicitado.

Las necesidades totales del Panorama Humanitario Mundial se han duplicado en sólo cuatro años y que para 2022 hay nueve planes para países con necesidades superiores a mil millones de dólares: Afganistán, República Democrática del Congo, Etiopía, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen. Otros planes de menores presupuestos incluyen a Colombia, El Salvador, Haití, Honduras y Venezuela.

También superan los mil millones de dólares los recursos que requieren los planes regionales para Sudán del Sur, Siria y Venezuela.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2020 que permiten medir el impacto que tienen en la economía tanto el agotamiento de los recursos naturales como la degradación del medio ambiente ocasionados por la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Adicionalmente, proporcionan información para cuantificar, en unidades monetarias, los esfuerzos realizados para la protección del medio ambiente.

Principales resultados

Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente

El Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente es el indicador que muestra el impacto ambiental ocasionado por la producción de bienes y servicios, que se obtiene al deducir del Producto Interno Bruto (PIB) a precios de mercado los costos por el consumo de capital fijo y los costos imputados por el agotamiento de los recursos naturales y por la degradación ambiental.

Durante el periodo de 2003 a 2020 el Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente ha representado en promedio 78.7% del Producto Interno Bruto del país, a precios de mercado, siendo 2007 el año en que registró el mayor porcentaje con 80.2% y 2020 el menor con 75.7 por ciento.

Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental

Los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA) en 2020 ascendieron a 1 066 853 millones de pesos corrientes, monto equivalente a 4.6% del PIB nacional a precios de mercado. Por componentes, los costos por agotamiento representaron 0.7%, mientras que los costos por degradación fueron equivalentes a 3.9 por ciento.

En 2020, las emisiones al aire representaron el mayor costo ambiental al ubicarse en 611 235.3 millones de pesos; le siguieron los costos por degradación del suelo con 163 807.4 millones de pesos y los residuos sólidos urbanos con 87 019.3 millones de pesos.

Durante 2020, el gasto en protección ambiental del sector público ascendió a 101 299 millones de pesos, equivalente a 0.46% del PIB nacional a precios básicos, mientras que en 2019 alcanzó un monto equivalente a 0.47% del PIB.

Los gastos en protección ambiental del sector público, de acuerdo con la clasificación funcional de actividades ambientales se distribuyen de la siguiente forma: protección del aire-ambiente y clima 38.6%; gestión de aguas residuales 17.1%; gestión de los residuos 14.6%; gestión pública y educación 10.0%; investigación y desarrollo 9.7%; otras actividades de protección ambiental 4.3%; protección de la biodiversidad 4.0%; y agua y suelo 1.7 por ciento.

El gasto ambiental realizado por el sector público de nuestro país, como proporción del PIB, representa una cifra similar a la reportada por España, Noruega y Suiza.

La producción de datos fiables sobre el uso de los bosques y las tierras resultará más fácil en adelante gracias a la puesta en marcha de una nueva fase de la plataforma más avanzada de la FAO para el seguimiento de dicho uso, esto es, el Sistema de acceso, procesamiento y análisis de datos de observación de la Tierra para el monitoreo de la superficie terrestre (SEPAL).

La segunda fase del SEPAL puede ayudar directamente a los Estados Miembros de la FAO en sus esfuerzos por generar datos geoespaciales transparentes, exactos y sistemáticos, lo cual es fundamental para reducir la deforestación y la degradación y acelerar la restauración. Asimismo, ayudará a evitar los peores efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad y a salvaguardar los numerosos beneficios de los bosques para las personas y la naturaleza.

La segunda fase del proyecto SEPAL, cuyo costo asciende a 15 millones de USD, será respaldada por múltiples donantes y cuenta con una contribución inicial de la Iniciativa Internacional sobre el Clima y los Bosques de Noruega (NICFI) de 10 millones de USD.

La segunda fase permitirá mejorar la generación de datos con un alto grado de integridad sobre utilización de bosques y tierras, de forma que los países puedan atraer financiación pública y privada en relación con el carbono para adoptar medidas de mitigación del cambio climático a través de los bosques.

La nueva fase también aprovechará las fuentes cada vez más numerosas de datos de teledetección, como los de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos de América (NASA), la Agencia Espacial Europea (ESA) y las imágenes de alta resolución espacial y temporal disponibles en el programa de datos NICFI-Planet.

En particular, esta fase se centrará en respaldar a los países en sus esfuerzos por detener la deforestación de los bosques tropicales y la degradación forestal. Según los últimos datos de la FAO, los índices de deforestación más altos siguen registrándose en las selvas lluviosas tropicales.

En la segunda fase del SEPAL, la FAO aplicará métodos novedosos de desarrollo de la capacidad para llegar a los 64 países incluidos en el programa de datos de NICFI-Planet con vistas a permitirles utilizar la plataforma de manera independiente para atender sus necesidades clave de seguimiento de los bosques y las tierras.

Además, la FAO elaborará nuevas aplicaciones fáciles de utilizar en los módulos del SEPAL dirigidas a mejorar la integridad de los datos forestales de normas como la TREES del programa Architecture for REDD+ Transactions (ART), para que los países puedan atraer la financiación pública y privada que tanto necesitan a fin de adoptar medidas en relación con los bosques y el clima. Asimismo, se elaborarán nuevos módulos para el seguimiento de la restauración de los bosques y los ecosistemas, las turberas y los manglares, los sistemas de alerta temprana y los incendios y el riesgo de incendios. Las nuevas aplicaciones también permitirán integrar datos geoespaciales relativos a los bosques y la agricultura. Todo ello es importante para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 (Vida de ecosistemas terrestres).

El SEPAL forma parte de la iniciativa de la FAO Open Foris, que proporciona bienes públicos digitales de código abierto producidos en colaboración con más de 70 países y asociados y que se utilizan de forma generalizada en las aplicaciones de seguimiento de los bosques y las tierras. Las soluciones técnicas de Open Foris han permitido generar y proporcionar datos a más del 70 % de los 54 países que han comunicado un nivel de referencia forestal a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, lo que representa una superficie forestal de 1 400 millones de hectáreas y casi el 80 % de la deforestación mundial.

La contaminación atmosférica o contaminación del aire se ha convertido desde hace varias décadas en una de las mayores preocupaciones de la humanidad, principalmente por dos de sus graves consecuencias: el calentamiento global, con todas sus consecuencias, y el daño a la salud humana.

Las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Calidad del Aire divulgadas recientemente, tienen como objetivo evitar millones de muertes a consecuencia de la contaminación del aire, porque ese problema creció desde mediados del siglo XIX, hasta llegar a situaciones asfixiantes en la actualidad.

El motivo de esos lineamientos no es menor. El organismo reconoce que “cada año la exposición a la contaminación del aire causa 7 millones de muertes prematuras y provoca la pérdida de otros tantos más millones de años de vida saludable”. La mortalidad equivale a 800 muertes cada hora o 14 por minuto.

Explica que “en los niños esto podría suponer una reducción del crecimiento y la función pulmonar, infecciones respiratorias y agravamiento del asma. En los adultos, la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares son las causas más comunes de muerte prematura atribuible a la contaminación del aire exterior, y también están apareciendo pruebas de otros efectos como diabetes y enfermedades neurodegenerativas”.

Las nuevas directrices de la OMS se expidieron el 22 de septiembre de 2021, previas al Día Internacional del Aire Puro, que se conmemora el tercer jueves de noviembre para crear conciencia en las sociedades ante los niveles altos de contaminación del aire.

Quien lanzó la iniciativa en 1974 fue el editor de un periódico de Minnesota, Estados Unidos, al exhortar a las personas adictas al tabaco a dejar de fumar durante un día. Su llamado prendió en un público amplio y lo abanderó después la Sociedad Americana de Cáncer, más tarde instituciones de muchos otros países hasta ser adoptada por la OMS.

El impacto de la contaminación del aire representa una carga de morbilidad desigual porque va aumentando en todo el mundo, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios donde crece la polución por la urbanización a gran escala y el desarrollo económico que en gran medida se realiza mediante la quema de combustibles fósiles.

En todo el mundo, el 60% de los decesos relacionados con la contaminación del aire en interiores son de mujeres y niños, y más de la mitad de todas las muertes por neumonía en menores de cinco años se atribuyen a la contaminación que proviene principalmente de combustibles y sistemas de calefacción y cocción de altas emisiones, porque las tecnologías limpias para cocinar o calentar los hogares son inalcanzables para ellos.

Cifras del Banco Mundial indican que cada año la contaminación del aire representa más de 5 billones de dólares en costos de asistencia social y 225 billones en ingresos perdidos. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estima que si la situación no cambia para el 2060, las cargas sociales de las muertes prematuras por contaminación del aire en exteriores serían de entre 18 y 25 billones de dólares.

El aire es fuente esencial de vida para el planeta y necesita un cuidado serio. Sin este elemento no puede haber vida, pero respirarlo contaminado nos condena a una vida de enfermedad y muerte temprana. No obstante, cada persona, sociedad y gobierno puede y debe tomar medidas para reducirlo pues al fin y al cabo, todos respiramos.

Fuente: SEMARNAT 18 de noviembre de 2021

La cadena de suministro alimentario va camino de superar a la agricultura y el uso de la tierra como principal factor que contribuye a los gases de efecto invernadero (GEI) procedentes del sistema agroalimentario en muchos países, debido al rápido crecimiento impulsado por la elaboración de alimentos, su envasado, transporte, venta al por menor, consumo familiar, eliminación de desechos y la fabricación de fertilizantes, según un nuevo estudio dirigido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Factores que no están relacionados con las actividades en las explotaciones agrícolas y los cambios en el uso de la tierra suponen ya más de la mitad de las emisiones de dióxido de carbono procedentes de los sistemas agroalimentarios en regiones avanzadas y su proporción se ha duplicado con creces en los tres últimos decenios en países en desarrollo.

El nuevo estudio, cuya prepublicación se puede consultar actualmente en Earth Systems Science Data Discussions, ha sido elaborado por el Estadístico superior de la FAO, Sr. Francesco Tubiello, y se basa en una serie de iniciativas recientes para cuantificar las tendencias relativas a los GEI a fin de facilitar medidas de mitigación y advertir a los responsables de la formulación de políticas sobre nuevas tendencias. Es importante señalar que la base de datos, relativa a 236 países y territorios durante el período comprendido entre 1990 y 2019 y que se actualizará anualmente, se puede actualmente consultar y utilizar fácilmente a través del portal FAOSTAT y ofrece detalles de todos los componentes de los sistemas agroalimentarios. Esto facilita la comprensión de los agricultores y los responsables ministeriales de planificación y hace que a los países les resulte más sencillo entender mejor las conexiones entre sus acciones por el clima previstas en el marco del Acuerdo de París.

Los nuevos datos determinan que el 31 % del total de las emisiones antropogénicas de GEI, esto es, 16 500 millones de toneladas, provienen de los sistemas agroalimentarios mundiales, lo que supone un aumento del 17 % con respecto a 1990, cuando la población mundial era menor. Las proporciones mundiales global están en consonancia con trabajos anteriores, que indicaban un rango de entre un 21 % y un 37 %.

En el nuevo informe, que utiliza un conjunto de datos más amplio y un enfoque más granular descrito en un resumen analítico, se constató además que las emisiones de los sistemas agroalimentarios derivadas de cambios en el uso de la tierra, como la conversión de bosques en tierras cultivables, si bien siguen siendo uno de los factores más importantes que determinan las emisiones de los sistemas agroalimentarios, disminuyeron un 25 % durante ese tiempo, en tanto que las emisiones generadas dentro de la explotación agrícola aumentaron solo un 9 %. Ello pone de manifiesto cómo factores relacionados con la cadena de suministro están impulsando el aumento de las emisiones de GEI procedentes los sistemas agroalimentarios en general.

La publicación de este nuevo conjunto de datos, que se presentó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26) es fundamental para los debates que están manteniendo los países en la cumbre sobre el clima en Glasgow, así como para posibilitar la aplicación específica de algunas de las promesas que los países han formulado para lograr la neutralidad con respecto a las emisiones de carbono. La División de Estadísticas de las Naciones Unidas, la Agencia Internacional de Energía e investigadores académicos de la Universidad de Columbia colaboraron con la FAO en el reciente análisis.

De los 16 500 millones de toneladas de emisiones de GEI debido al total de emisiones procedentes de los sistemas agroalimentarios mundiales en 2019, 7 200 millones de toneladas procedieron de las explotaciones agrícolas, 3 500 millones de toneladas de cambios en el uso de la tierra y 5 800 millones de toneladas de procesos relacionados con la cadena de suministro.

Esta última categoría emite ya la máxima cantidad de dióxido de carbono, el parámetro clave a medida que se acumula, mientras que las actividades en las explotaciones agrícolas fueron, con mucho, los principales factores de emisión de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), si bien la descomposición de los desechos de alimentos genera cantidades considerables de metano.

Por lo que se refiere a los componentes particulares, en 2019 la deforestación fue la mayor fuente de emisiones de GEI, con 3 058 millones de toneladas de CO2, seguida de la fermentación entérica (2 823 millones de toneladas de CO2 equivalente), el estiércol de ganado (1 315 millones de toneladas de CO2 equivalente), el consumo en los hogares (1 309 millones de toneladas de CO2 equivalente), la eliminación de los desechos de alimentos (1 309 millones de toneladas de CO2 equivalente), el uso de combustibles fósiles en las explotaciones agrícolas (1 021 millones de toneladas de CO2 equivalente) y el sector de venta al por menor de alimentos (932 millones de toneladas de CO2 equivalente).

Sin embargo, en el estudio se observó que las emisiones de GEI derivadas de las fases previas y posteriores a la producción de la cadena de suministro alimentario suponían más de la mitad del total de emisiones del sistema agroalimentario en Europa y América del Norte, mientras que la cifra para África y América del Sur era inferior al 14 %.

La diferencia se acentúa a nivel de los países. Por ejemplo, los GEI derivados de sistemas alimentarios debido a cambios en el uso de la tierra fueron insignificantes en China, la India, el Pakistán, la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América, pero representaron el componente dominante en el Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo. Dentro de la cadena de suministro, los procesos relativos al consumo en los hogares constituyeron la principal fuente de emisiones de GEI en China y la eliminación de los desechos de alimentos fue la vía dominante en el Brasil, la República Democrática del Congo, Indonesia, México y el Pakistán, mientras que el sector minorista se impuso en los Estados Unidos, la Federación de Rusia y el Canadá. El uso de energía en las explotaciones agrícolas fue la fuente principal en el caso de la India.

Estas variaciones apuntan a posibles estrategias de mitigación diferentes así como probables tendencias en el futuro. Por ejemplo, mientras que las emisiones procedentes de los sistemas alimentarios como proporción del total disminuyeron a nivel mundial del 40 % en 1990 al 31 % en 2019, en regiones en las que predominaban sistemas agroalimentarios modernos ocurrió lo contrario, a saber, aumentaron del 24 % al 31 % en Europa y del 17 % al 21 % en América del Norte. Cabe destacar que este aumento de las emisiones estuvo impulsado por el dióxido de carbono, confirmando así el peso cada vez mayor de los procesos previos y posteriores a la producción que normalmente implican el uso de energía derivada de combustibles fósiles.

El reciente informe del IPCC es inequívoco. Muchos de los cambios climáticos que estamos viendo a nuestro alrededor son irreversibles. Aún podemos evitar los peores escenarios con medidas de descarbonización ambiciosas y dedicadas, pero los eventos climáticos más extremos y el estrés ambiental persistente ahora son inevitables.

La mala noticia es que ningún país está realmente preparado. La pandemia podría haberse enfrentado con una respuesta global coordinada, para preservar vidas y medios de subsistencia, pero en cambio reveló la fragilidad de la gobernanza global. Como consecuencia, los sistemas de salud están nuevamente bajo presión en varios países y la recuperación económica está empujando a algunas partes del mundo más rezagadas, amenazando con preservar e intensificar las profundas divisiones en nuestro mundo y socavando la capacidad de recuperación ante futuras conmociones. Lejos de reconstruir mejor, este tipo de respuesta marca el comienzo de una nueva normalidad en la que se repiten y refuerzan las crisis de salud, medioambientales y económicas.

La buena noticia es que todavía tenemos tiempo para cambiar. La pandemia ha sido una experiencia de aprendizaje brutal, pero podemos usarla para construir un futuro diferente. En el Informe sobre comercio y desarrollo (TDR) 2021 , la UNCTAD pide un mayor esfuerzo en la adaptación climática y un enfoque transformador basado en la ampliación de la inversión pública para adaptarse a las amenazas existentes y futuras y para apalancar la inversión privada hacia el desarrollo sostenible, políticas industriales verdes para diversificar economías y crear buenos puestos de trabajo, y una nueva visión de la cooperación multilateral para potenciar ese enfoque.

Los últimos 50 años han visto un aumento en los desastres naturales que ha afectado a todas las regiones, pero sus impactos económicos han sido muy desiguales. Los países de bajos ingresos han sufrido pérdidas tres veces mayores, en relación con el tamaño de sus economías, que los países de altos ingresos . La inacción persistente ha sido costosa y los costos de adaptación estimados para los países en desarrollo han aumentado considerablemente durante la última década.

Los choques económicos y climáticos se están agravando mutuamente, encerrando a los países en desarrollo en una trampa de desarrollo ecológico de perturbaciones repetidas, precariedad económica y dependencia de la deuda. Cuanto mayor sea el aumento de las temperaturas globales, mayor será el daño infligido. Con sistemas de atención médica insuficientemente financiados, una infraestructura débil, economías no diversificadas y un espacio de políticas cada vez más reducido, estos países están más expuestos no solo a choques ambientales a gran escala, sino también a un estado más permanente de tensión económica.

Las prescripciones de políticas predominantes brindan, en el mejor de los casos, solo un alivio parcial y tienden a un enfoque único para todos: fortalecen la resiliencia mejorando la recopilación de datos y la evaluación de riesgos y brindando apoyo financiero temporal cuando se materializan los choques. Pero este enfoque ignora la naturaleza sistémica del cambio climático, la imprevisibilidad de los desastres naturales y sus ciclos viciosos de desarrollo que refuerzan. Nuestro informe muestra que la adaptación es menos una cuestión de gestión de riesgos y más una cuestión de planificación del desarrollo. Las medidas de gestión de riesgos no cambian las estructuras que dejan a los países en desarrollo en un estado de vulnerabilidad permanente, se necesita una estrategia más prospectiva para la transformación económica.

Actualmente, el objetivo acordado internacionalmente de financiación climática que proporcionarán los países desarrollados a los países en desarrollo es de $ 100 mil millones por año para 2020, ahora aplazado hasta 2023, pero nuevas estimaciones muestran que ya no podemos pretender que sea suficiente. La primera evaluación de las necesidades de la CMNUCC de los países en desarrollo para implementar planes climáticos recientemente acercó el costo a un acumulado de $ 6 billones para 2030, mientras que informes anteriores de la UNCTAD estiman que $ 2.5 billones por año, durante las próximas dos décadas, es el objetivo de inversión necesario para asegurar los compromisos del Acuerdo de París, con un tercio para fines de adaptación.

Para empezar, los países del G7 pueden alcanzar el 0,7 por ciento de la meta de asistencia oficial para el desarrollo que no alcanzó en 2020, proporcionando 155.000 millones de dólares adicionales. La redistribución de los derechos especiales de giro (DEG) y la planificación de asignaciones más grandes podrían ver otro aumento de liquidez en los cientos de miles de millones para ambiciones de desarrollo. El alivio de la deuda también será necesario, en particular para los países vulnerables al clima, para evitar que los recursos se desvíen hacia un servicio de la deuda insostenible que impida una respuesta adecuada a los impactos climáticos existentes y futuros. Las donaciones y el financiamiento en condiciones favorables de los bancos multilaterales de desarrollo pueden ampliarse para la adaptación y los mercados de bonos verdes bien regulados pueden formar una parte importante de la combinación de financiamiento.

Estabilizar el clima y reequilibrar la economía mundial está en nuestras manos: es una cuestión de convicción, voluntad y liderazgo. En cuestión de días negociaremos el futuro que heredarán nuestros hijos y nietos. Si lo hacemos bien, Glasgow será recordado como el lugar donde dejamos de estancarnos y comenzamos a transformarnos.

La expansión agrícola causa cerca del 90 % de la deforestación mundial, efecto mucho más pronunciado de lo que se pensaba antes, señaló la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) al dar a conocer los primeros resultados de su nuevo estudio mundial por teledetección.

La deforestación consiste en la conversión de los bosques a otro tipo de uso de la tierra, como la agricultura y la infraestructura. En todo el mundo, más de la mitad de las pérdidas forestales se debe a la conversión de bosques en tierras de cultivo, mientras que casi el 40 % de esas pérdidas corresponde al pastoreo, según el nuevo estudio.

Los nuevos datos también confirman una desaceleración general de la deforestación a escala mundial, a la vez que se advierte de que las pluviselvas tropicales, en particular, están sometidas a gran presión por la expansión agrícola.

Aumentar la productividad del sector agroalimentario para satisfacer las nuevas demandas de una población en crecimiento y detener la deforestación no son objetivos mutuamente excluyentes. Más de 20 países en desarrollo han demostrado ya que es posible hacerlo. En efecto, los nuevos datos confirman que en América del Sur y en Asia se ha conseguido reducir la deforestación.

Según los nuevos datos, de 2000 a 2018 la inmensa mayoría de la deforestación registrada tuvo lugar en biomas tropicales. Pese a la desaceleración de la deforestación en América del Sur y Asia, las pluviselvas tropicales de estas regiones siguen registrando los mayores índices de deforestación.

La agricultura sigue siendo la principal causa de deforestación en todas las regiones excepto en Europa, donde el desarrollo urbano y de las infraestructuras tiene mayor repercusión, de acuerdo con el estudio. La conversión a tierras de cultivo domina la pérdida forestal en África y Asia, donde más del 75 % de la superficie forestal perdida se convirtió a tierras de cultivo. En América del Sur, casi tres cuartos de la deforestación se deben al pastoreo.

El estudio, dirigido por la FAO, se llevó a cabo mediante datos e instrumentos satelitales elaborados en asociación con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos de América (NASA) y Google y en estrecha colaboración con más de 800 expertos nacionales de casi 130 países.

Teniendo en cuenta los múltiples vínculos entre los bosques, la agricultura y la seguridad alimentaria, el nuevo Marco estratégico de la FAO orientará las iniciativas de transformación de los sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles.

Junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la FAO ayuda a más de 60 países a aplicar estrategias de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques mediante el programa ONU-REDD.

La FAO también codirige junto con el PNUMA el Decenio sobre la Restauración de los Ecosistemas, importante oportunidad de traducir ideas innovadoras en medidas ambiciosas.

Además, en la reciente Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios se forjó una coalición entre países productores y consumidores, empresas y organizaciones internacionales para detener la deforestación y evitar los efectos perjudiciales sobre el medio ambiente de la conversión de tierras para la producción agrícola.

La Asociación de Colaboración en materia de Bosques dirigida por la FAO, que agrupa a 15 organizaciones internacionales, está preparando una iniciativa conjunta orientada a invertir la tendencia de la deforestación para acelerar la aplicación de medidas y ampliar los efectos.

Hace apenas seis años, en diciembre de 2015, la Asamblea General de la ONU proclamó el 5 de noviembre como el Día Mundial de Concientización sobre los Tsunamis a iniciativa de Japón, uno de los países más expuestos a este tipo de desastres y que, por lo mismo, ha desarrollado sistemas de alerta temprana de esos fenómenos, de acción pública y de reconstrucción posterior para reducir los efectos futuros.

Se prevé que para 2030, el 50% de la población mundial vivirá en áreas costeras propensas a inundaciones, tormentas y tsunamis, lo que hace necesario adelantar planes y políticas para reducir el impacto de los tsunamis para estar en condiciones de construir una mayor resiliencia y de proteger a las poblaciones vulnerables.

Un tsunami es una serie de enormes olas creadas por una perturbación submarina generalmente asociada con terremotos o maremotos que ocurren cerca o debajo del océano, y aunque son fenómenos poco frecuentes, pueden ser extremadamente mortales.

En los últimos 100 años, 58 tsunamis han cobrado la vida de más de 260,000 personas, un promedio de 4,600 pérdidas humanas por desastre, cifra que supera a cualquier otro riesgo natural. El más devastador ha sido el tsunami del Océano Índico, ocurrido en diciembre de 2004, que causó aproximadamente 227,000 muertes en 14 países, sobre todo en Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia.

México es uno de esos países, pues aunque en décadas recientes no hemos conocido de un tsunami en nuestras costas, la historia registra más de 60 tsunamis en el litoral del Pacífico mexicano en los últimos 250 años, y los estados más impactados por esos fenómenos han sido Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Cabe diferenciar los tsunamis locales en México, que se producen en nuestras costas (en su mayoría en la costa occidental) y son potencialmente peligrosos porque la inundación empieza a los pocos minutos después de haber ocurrido un sismo mayor a 6.5 grados. Existen también los tsunamis regionales que se generan en las costas centroamericanas de Colombia, Ecuador y Perú, y los tsunamis transoceánicos que se originan en la margen occidental del Océano Pacífico y tardan entre 8 y 12 horas en llegar a nuestras costas.

A decir de la Secretaría de Marina, en la historia reciente no se tiene conocimiento de que en México hayan ocurrido tsunamis tan destructivos como los de Chile (1960 y 2010); Alaska (1964); Sumatra (2004) y Japón (2011). Pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que tsunamis similares puedan ocurrir en la costa del Pacífico Mexicano.

Menciona evidencias del gran terremoto de magnitud 8.4 ocurrido en 1787 en San Sixto, Oaxaca, que generó un tsunami local sumamente destructivo, y agrega que durante el siglo XVIII ocurrieron cuatro tsunamis, en el siglo XIX más de 10 y en el siglo XX más de una docena, y todos produjeron diversos daños.

Según el Catálogo de Tsunamis (Maremotos) en la Costa Occidental de México, de Antonio J. Sánchez Dévora y Salvador F. Farreras, el 25 de febrero de 1732 un sismo con epicentro cerca de Acapulco, Guerrero, destruyó algunos edificios y el tsunami que causó, con una altura de entre 3 y 4 metros, inundó la plaza principal del puerto.

El 1 de septiembre de 1754 otro sismo que se localizó cerca de Acapulco y de San Marcos, y se sintió en la Ciudad de México, generó un tsunami de entre 4 y 5 m que impactó el puerto de Acapulco. Al retirarse las aguas hacia el océano inundaron la plaza principal y afectaron algunos edificios y casas. Se considera que este tsunami fue más violento que el del 25 febrero de 1732.

El sismo del 28 de marzo 28 de 1787, de magnitud 8.4, ocurrido a las 11:30 horas, se localizó cerca de San Marcos, Guerrero, y afectó las costas de los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. En la ciudad de México se sintió durante 6 minutos y provocó daños en el Palacio Nacional; en Teuchitlán, Jalisco, destruyó 3 iglesias y en la ciudad de Oaxaca se desplomaron muchos edificios.

En Acapulco la marejada más alta alcanzó una altura de 12 pies (4 m). La ola del tsunami fue observada desde Pochutla, Tehuantepec y otros asentamientos de Oaxaca.

El 3 de abril de 1787 se produjo una réplica más intensa que el sismo del 28 de marzo y causó daños de consideración en edificios como el campanario de la iglesia de San Francisco que se colapsó totalmente en la ciudad de Oaxaca. El terremoto se sintió con fuerza en la Ciudad de México y en Tehuantepec. Fue inusual el movimiento del mar en algunos lugares de la costa de Oaxaca, como Pochutla y Juquila, con un sonido amenazador asociado al sismo, y gran cantidad de peces y mariscos arrojados a la playa por olas de 4 m”.

Basten estos relatos para tener presente que en México la población costera está expuesta a los fenómenos naturales conocidos como tsunamis, por lo que es necesario prepararnos, seamos turistas o habitantes de esas regiones, donde es posible la ocurrencia de los mismos.

Fuente: SEMARNAT 05 de noviembre de 2021

Cooperación internacional con los países en
desarrollo para crear conciencia sobre los tsunamis

El Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis 2021 enfatiza la necesidad de mejoras sustanciales en la cooperación internacional con los países en desarrollo a través de un apoyo adecuado y sostenible. Dicho reto coincide con el Objetivo F de la “Campaña de las siete metas de Sendai”, a través de la cual se pretende promover la implementación del Marco Sendai, un documento para la reducción del riesgo de desastres con el fin de salvar vidas, reducir las pérdidas y mejorar la gestión de estos riesgos.

Para 2030, se estima que el cincuenta por ciento de la población mundial vivirá en áreas costeras propensas a inundaciones, tormentas y tsunamis. La ampliación de la cooperación internacional a los países en desarrollo ayudará a garantizar que el 100% de las comunidades en riesgo de tsunamis estén preparadas y sean resistentes a los tsunamis para 2030.

En diciembre de 2015, la Asamblea General de ONU estableció el 5 de noviembre como el Día Mundial de Concienciación sobre los tsunamis.

La creación del Día Mundial es una idea original de Japón, que, desafortunadamente, se ha visto expuesto a estos desastres en repetidas ocasiones a lo largo de los años. Este país tiene una gran experiencia en áreas tales como la alerta temprana de tsunamis, la acción pública y la reconstrucción posterior a los desastres para conseguir reducir los impactos futuros. La Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres se encarga de promer la celebración del Día, en colaboración con las organizaciones relevantes del sistema de las Naciones Unidas.

¿Cuáles son los efectos de los tsunamis?

https://youtu.be/Uj6r4_CmPSQ

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha publicado su Anuario estadístico, en el que se presenta una visión exhaustiva del panorama alimentario y agrícola mundial y un resumen de los datos relativos a la alimentación, la nutrición y la agricultura.

La edición de 2021, que también se puede consultar en línea, contiene datos sobre cuatro esferas temáticas, a saber, los aspectos económicos de la agricultura, la silvicultura y la pesca; la producción, comercio y tendencias de los precios; la seguridad alimentaria y la nutrición; y la sostenibilidad ambiental. Cada capítulo parte de los últimos datos disponibles para describir, mediante el uso de texto y gráficos, las tendencias relativas a la alimentación, la nutrición y la agricultura, desde principios del decenio de 2000. Se trata de un material de referencia indispensable para responsables de la formulación de políticas, investigadores y analistas, así como personas no expertas que tienen interés por las trayectorias pasada, presente y futura de la alimentación y la agricultura.

El Anuario estadístico se renovó en 2020 con motivo del 75.º aniversario de la FAO, resaltando la importancia que la Organización concede a los datos y estadísticas como bien público mundial que ocupan un lugar central en nuestros esfuerzos por promover un desarrollo sostenible.

Por segundo año consecutivo, el anuario está disponible en formato digital con gráficos interactivos y la posibilidad de descargar conjuntos de datos. El Anuario va acompañado de un compendio estadístico de bolsillo de la FAO, que ofrece una referencia rápida y sencilla sobre los principales datos y tendencias de la alimentación y la agricultura.

La agricultura es un sector importante para la economía mundial. De hecho, el valor añadido mundial generado por la agricultura, la actividad forestal y la pesca aumentó un 73 % en términos reales entre 2000 y 2019, llegando a los 3,5 billones de USD en 2019. Y no solo eso, sino que la agricultura proporcionó empleo a 874 millones de personas en 2020, lo que suponía el 27 % de la mano de obra mundial.

En lo que respecta a la producción, la producción total de cultivos primarios aumentó un 53 % entre 2000 y 2019, alcanzando un máximo histórico de 9 400 millones de toneladas en 2019. La mitad de la producción mundial de cultivos primarios se compone de solo cuatro cultivos, a saber, caña de azúcar, maíz, trigo y arroz.

La producción de aceites vegetales ha aumentado considerablemente por el incremento de la demanda de aceite de palma, cuya producción se duplicó con creces entre 2000 y 2018. La producción de carne también registró un considerable aumento, creciendo un 44 % entre 2000 y 2019 hasta alcanzar los 337 millones de toneladas.

Pese al aumento de la cantidad de alimentos producidos, la prevalencia de la subalimentación a nivel mundial se ha incrementado notablemente entre 2019 y 2020, bajo la sombra de la pandemia de la COVID-19. Casi un 10 % de la población mundial se vio aquejado por el hambre en 2020, frente al 8,4 % registrado en 2019.

En lo que respecta al tema de la sostenibilidad ambiental, la superficie forestal disminuyó en 94 millones de hectáreas, lo que supone casi el tamaño de la República Unida de Tanzanía, entre 2000 y 2019. Prácticamente todos los países del Cercano Oriente y África del Norte presentan niveles de estrés hídrico cercanos o superiores al 100 %. Las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con las tierras agrícolas disminuyeron un 2 % entre 2000 y 2019, pero las emisiones de este tipo derivadas de explotaciones agrícolas aumentaron realmente un 11 %. Alrededor del 55 % de las explotaciones están relacionadas con la ganadería.

La labor estadística ha sido una parte esencial de las actividades y el mandato de la FAO desde su fundación en 1945 y el Anuario estadístico es solo una de las series de instrumentos y publicaciones estadísticas que la Organización ofrece a los usuarios. La plataforma de datos FAOSTAT, de libre acceso, contiene la mayor base de datos estadísticos sobre alimentación y agricultura del mundo, con aproximadamente 20 000 indicadores que abarcan más de 245 países y territorios y alrededor de 2 000 000 de usuarios cada año. Otro importante instrumento que la FAO ha puesto a disposición es la plataforma RuLIS, que permite a los usuarios encontrar indicadores y datos armonizados en los distintos países y a lo largo del tiempo relativos a los ingresos rurales, los medios de vida y el desarrollo rural.

La FAO se compromete a garantizar el acceso libre a datos actuales, fiables, oportunos y de confianza necesarios para definir el rumbo hacia una agricultura más sostenible y un mundo sin hambre.

Dada la amenaza existencial del cambio climático y la necesidad de una recuperación ecológica, deberían acelerar la inversión en infraestructura energética sostenible y la creación de empleos ecológicos, así como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en particular el ODS 7, para garantizar el acceso. a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.

A pesar del compromiso de 2009 de los países del G20 de eliminar gradualmente los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, las principales economías aún respaldan la producción y el consumo de carbón, petróleo y gas natural con cientos de miles de millones de dólares estadounidenses cada año, dinero que sería mejor gastar en el desarrollo de bajos ingresos. alternativas de carbono y mejora de la eficiencia energética. Además de fomentar el consumo de combustibles fósiles, los subsidios a los combustibles fósiles son una forma ineficaz de apoyar a los hogares de bajos ingresos en comparación con los beneficios específicos y tienden a favorecer a los hogares más ricos que usan más combustible y energía. Además, las cargas fiscales de los subsidios reducen el margen para acciones políticas adecuadas.

Los últimos datos de la OCDE y la AIE muestran que el apoyo general del gobierno a los combustibles fósiles disminuyó en 2020, sin embargo, esto fue principalmente el resultado mecánico de la disminución de los precios y la demanda de los combustibles, ya que la pandemia de COVID-19 provocó una pausa en la actividad mundial. En el clima actual de aumento de los precios de la energía, se espera que los subsidios al consumo aumenten nuevamente en 2021, ayudados por un repunte en la actividad económica. De hecho, la AIE estima que los subsidios al consumo se duplicarán con creces en 2021 debido a los mayores precios de los combustibles y el uso de energía, junto con las dudas sobre las reformas de precios de los combustibles fósiles.

El apoyo gubernamental para la producción y el uso de combustibles fósiles en las principales economías ascendió a 351 mil millones de dólares en 2020, un 29% menos que en 2019 debido a que una caída en la actividad mundial y los precios del petróleo en niveles récord significaron que los gobiernos gastaron menos en subsidiar los costos de energía para los usuarios finales. según los últimos datos de la OCDE y la AIE. Solo el sector del transporte experimentó una caída del 15% en el apoyo debido a la caída en el uso de combustible debido a las restricciones a la movilidad durante la pandemia, según muestran los datos de la OCDE. El petróleo experimentó la caída más pronunciada en 2020, con un apoyo del 19% desde 2019.

Por el lado de la producción, los datos muestran un aumento del 5% en el apoyo directo a la producción de combustibles fósiles en 50 economías avanzadas y emergentes, parte de esto es el resultado de grandes rescates gubernamentales a las empresas estatales de petróleo y electricidad. Si este apoyo persistiera más allá del financiamiento de emergencia relacionado con COVID, se convertiría en parte de un panorama de política estructural que debe cambiar para eliminar gradualmente el apoyo a los combustibles fósiles.

Las medidas de recuperación de COVID-19 que se están implementando en todo el mundo ofrecen una oportunidad para trasladar los recursos públicos a áreas que apoyan los objetivos ambientales y climáticos. Los datos de la OCDE publicados a principios de este mes muestran que, si bien el gasto público en medidas de recuperación ecológica en 44 grandes economías se ha duplicado desde abril de 2021, solo representa el 21% del gasto total en medidas de recuperación económica de COVID-19. Del gasto anunciado hasta la fecha en la OCDE, la UE y países socios clave, el 10% se identifica como mixto o negativo para el medio ambiente.

La OCDE y la AIE producen bases de datos complementarias que proporcionan estimaciones de diferentes formas de apoyo gubernamental a los combustibles fósiles en 81 economías importantes. Estos se combinan con estimaciones del FMI en un Rastreador interactivo de subsidios a combustibles fósiles producido por la OCDE en asociación con el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IIDS).

El análisis de la OCDE de las transferencias presupuestarias y las exenciones fiscales vinculadas a la producción y el uso de carbón, petróleo, gas y otros productos del petróleo en 50 economías de la OCDE, el G20 y la Asociación Oriental mostró que el apoyo total a los combustibles fósiles se redujo en un 10% a USD 183 mil millones en 2020 (Véase el Inventario de medidas de apoyo a los combustibles fósiles de la OCDE ).

La AIE produce estimaciones de los subsidios a los combustibles fósiles comparando los precios en los mercados internacionales y los precios pagados por los consumidores nacionales que se mantienen artificialmente bajos utilizando medidas como la regulación de precios directos, fórmulas de precios, controles o impuestos fronterizos y mandatos de compra o suministro nacionales. Al cubrir 42 economías, la AIE encuentra que los subsidios al consumo se redujeron a USD 180 mil millones en 2020, en gran parte debido a los precios de mercado más bajos, y se prevé que aumenten en un 244% en 2021 a USD 440 mil millones.

Fuente: OECD 02 de noviembre de 2021

En el primer día de noviembre celebramos el Día Mundial de la Ecología que propicia recordarnos el deber de todo ser humano de aligerar su huella ecológica para vivir en armonía con el medio ambiente que le rodea.

El término ecología lo acuñó en 1869 el biólogo alemán Ernst Haeckel (1834-1919), quien la definió como “el estudio de la interdependencia y la interacción entre los organismos vivos -animales y plantas- y su ambiente -seres inorgánicos-“, explica Luvia Milián Reyes en su Historia de la Ecología.

Con el paso del tiempo, el concepto de ecología se ha extendido más allá de los seres vivos, pues su campo de estudio incluye la relación, la interacción y el “diálogo” que todos los seres (vivos o no) guardan entre sí y con todo lo que existe.

La ecología representa un interés global, una cuestión de vida o muerte para la humanidad y para todo el planeta. Como lo plantea el reconocido científico Fritjof Capra en su libro La trama de la vida, “en las próximas décadas, la supervivencia de la humanidad dependerá de nuestra capacidad para comprender los principios básicos de la Ecología y vivir conforme a ellos”.

Hoy, cuando el planeta vive la peor crisis climática de su historia, con una degradación medioambiental sin precedentes, sabemos que nuestro futuro como especie está ligado al equilibrio en la Tierra.

En mayor o menor medida, cada ser humano altera drásticamente la vida del planeta al contaminar el aire, los ríos, los mares y la tierra; deforestar los bosques, cambiar el curso de las aguas y explotar los bosques, los mares, los acuíferos, así como depredar las especies de flora y fauna, lo que rompe el equilibrio ecológico, eleva las temperaturas, genera fenómenos atmosféricos violentos y desastres tales como sequías, ondas de calor, aumento del nivel del mar, derretimiento de glaciares, desertificación, huracanes e inundaciones, entre otros.

Habrá, por tanto, que asumir la responsabilidad de reparar el daño producido a lo largo de siglos y de proteger lo más valioso que tenemos: nuestro hogar y el de nuestros hijos, la casa de todos que es el planeta.

El mayor desafío que tenemos frente a nosotros es reducir nuestra huella ecológica, mitigar el impacto que causamos en la naturaleza con nuestra forma de producción, distribución y consumo de bienes y servicios en sociedades que crecen numéricamente a la par que sus necesidades de alimentos, vestido, techo y otros bienes cuya materia prima tomamos de los recursos naturales que son finitos.

Fritjof Capra propone: “Restablecer la conexión con la trama de la vida (que) significa reconstruir y mantener comunidades sostenibles en las que podamos satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones sin mermar las oportunidades de generaciones venideras”.

Para esta tarea, dice, podemos aprender mucho de los ecosistemas, verdaderas comunidades sostenibles de plantas, animales y microorganismos. Para comprenderlos, debemos entender primero los principios básicos de la ecología; debemos, por así decir, alfabetizarnos ecológicamente.

Fuente: SEMARNAT 01 de noviembre de 2021

La segunda parte del Informe sobre el comercio y el desarrollo 2021 de la UNCTAD, describe las reformas del sistema financiero internacional para conseguir que fluyan más fondos para la adaptación climática a los países en desarrollo.

El informe pide un enfoque transformador para la adaptación climática, con economías avanzadas asegurando que las instituciones multilaterales puedan ayudar a los países en desarrollo a manejar las presiones de un clima cambiante sin comprometer sus objetivos de desarrollo.

Las estimaciones indican que los costos anuales de adaptación climática en los países en desarrollo podrían alcanzar los $ 300 mil millones en 2030 y, si se incumplen los objetivos de mitigación, hasta $ 500 mil millones para 2050. Pero la financiación actual es menos de una cuarta parte de la cifra de 2030 y el informe advierte que depender sobre la financiación privada no funcionará a gran escala ni a los países más necesitados.

El informe de la UNCTAD recomienda que las reformas se centren en lo siguiente:

Al informe le preocupa que muchas de las iniciativas de reforma que están cobrando impulso en el sistema de comercio internacional sigan minimizando las profundas divisiones y asimetrías que estructuran la economía mundial contemporánea.

Sugiere que la política comercial nacional puede, en el mejor de los casos, desempeñar un papel complementario en el logro de los objetivos climáticos, mientras que las reglas comerciales internacionales mal diseñadas obstaculizarán una transformación verde.

El espacio político ampliado con herramientas legales como exenciones y cláusulas de paz en la Organización Mundial del Comercio (OMC) puede ayudar mejor a los países en desarrollo a desarrollar capacidades para avanzar hacia los objetivos climáticos.

La UNCTAD advierte que el impulso para liberalizar el comercio de bienes y servicios ambientales beneficiará principalmente a los exportadores de los países desarrollados y limitará el espacio fiscal en los países en desarrollo.

El informe estima que los países en desarrollo y los países menos adelantados perderán 15.000 millones de dólares anuales en ingresos arancelarios si se aplica este enfoque.

Advierte contra un Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM) que solo agravaría el daño del cambio climático en muchos países en desarrollo al socavar sus capacidades de exportación y hacer que la transformación estructural sea más desafiante.

La comunidad internacional podría apoyar iniciativas para transformar las normas que rigen los derechos de propiedad intelectual, ampliando las flexibilidades del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para los países en desarrollo en relación con los bienes y servicios relacionados con el clima, por ejemplo a través de una reunión ministerial de la OMC. Declaración sobre los ADPIC y el cambio climático.

Esto podría proporcionar una base para mecanismos innovadores para promover el acceso a tecnologías verdes críticas protegidas por patentes para apoyar los esfuerzos de adaptación y mitigación.

La UNCTAD ayuda a los países en desarrollo a acceder a los beneficios de una economía globalizada de manera más justa y eficaz y los prepara para hacer frente a los posibles inconvenientes de una mayor integración económica. Proporciona análisis, facilita la creación de consenso y ofrece asistencia técnica. Esto ayuda a los países a utilizar el comercio, la inversión, las finanzas y la tecnología como vehículos para un desarrollo inclusivo y sostenible.

La primera parte del informe Trade and Development Report 2021 se publicó en septiembre.

Los bosques que forman parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO absorben cada año 190 millones de toneladas de dióxido de carbono presentes en la atmósfera, señala un estudio del organismo especializado de la ONU. La cifra representa aproximadamente la mitad del CO2 procedente de combustibles fósiles que anualmente se emiten en el Reino Unido.

Sin embargo, el informe también destaca que, en 10 de estos bosques, sobre un total de 257, emitieron más dióxido de carbono del que absorbieron, especialmente por la presión ejercida mediante la actividad humana y el cambio climático.

En concreto el estudio alude a la fragmentación de las tierras debida a la explotación forestal y al desbrozamiento del bosque en beneficio de la agricultura en numerosos sitios, como causas que provocan emisiones superiores a la cantidad de carbono secuestrado.

Otras causas que provocaron este fenómeno están relacionadas con el aumento en el tamaño y en la gravedad de los incendios forestales, que a menudo están relacionados con largos periodos de sequía debida al calentamiento global, y a episodios meteorológicos extremos como los huracanes que ralentizan la capacidad de absorción del carbono.

El conjunto de bosques que forman parte del patrimonio mundial ocupa una superficie total de 69 millones de hectáreas (dos veces el tamaño de Alemania) y forman un conjunto de ecosistemas ricos en biodiversidad que, además de absorber el dióxido de carbono de la atmósfera acumulan grandes cantidades de carbono.

El carbono acumulado por los bosques durante siglos asciende a unos 13.000 millones de toneladas de ese elemento químico, una cifra superior a todas las reservas petrolíferas existentes en Kuwait.

La UNESCO destaca que, si se liberara a la atmósfera en forma de dióxido de carbono todo el carbono almacenado en estos bosques, esta situación supondría añadir un tercio a la cantidad de CO2 que anualmente se emite en el planeta.

El estudio insta a resguardar los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO y sus paisajes próximos con una protección fuerte y una gestión sostenible que sirva para garantizar que esos bosques continúan actuando como sumideros de carbono para las generaciones futuras.

Para conseguir este objetivo, el organismo especializado de la ONU recomienda tomar medidas de atenuación y adaptación al cambio climático, así como mantener y reforzar los corredores ecológicos que permiten una mejor gestión de los paisajes.

El Informe también recomienda integrar la gestión permanente de los sitios del patrimonio mundial de la UNESCO en las estrategias internacionales, nacionales y locales relacionadas con el clima, la biodiversidad y el desarrollo sostenible, en consonancia con el acuerdo de París sobre el Clima, el marco mundial de la biodiversidad para después de 2020 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Cualquiera que sea su utilidad para el ser humano, los demás seres vivos tienen un valor intrínseco que debe ser reconocido y respetado, sentencia la Carta Mundial de la Naturaleza, aprobada por 111 Estados, entre ellos México, uno en contra (Estados Unidos) y 18 abstenciones, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada el 28 de octubre de 1982.

Los lineamientos expresados en la resolución 37/7 de las Naciones Unidas constituyen una guía moral de acción, no vinculatoria de un tratado internacional, pero que constituye un llamado a todo ser humano que “por sus actos o las consecuencias de estos dispone de los medios para transformar la naturaleza y agotar sus recursos”, por lo cual “debe reconocer cabalmente la urgencia que reviste mantener el equilibrio y la calidad de la naturaleza y conservar los recursos naturales”.

Los firmantes declaran que la especie humana es parte de la naturaleza y que la vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales que son fuente de energía y de materias nutritivas. Además, afirman, la civilización tiene sus raíces en la naturaleza, que moldeó la cultura humana e influyó en todas las obras artísticas y científicas, y la vida en armonía con la naturaleza ofrece al ser humano posibilidades óptimas para desarrollar su capacidad creativa, descansar y ocupar su tiempo libre.

Reconocen que los beneficios duraderos que se pueden obtener de la naturaleza dependen de la protección de los procesos ecológicos y los sistemas esenciales para la supervivencia y la diversidad de las formas de vida, las cuales quedan en peligro cuando el hombre procede a una explotación excesiva o destruye los hábitats naturales.

Alertan que la competencia por acaparar recursos escasos causa conflictos, mientras que la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales contribuye a la justicia y el mantenimiento de la paz, pero esa conservación no estará asegurada mientras la humanidad no aprenda a vivir en paz y a renunciar a la guerra y los armamentos.

Los cinco principios generales de la Carta son contundentes:

Fuente: SEMARNAT 27 de octubre de 2021

El mundo gasta la asombrosa cifra de 423.000 millones de dólares de los Estados Unidos por año en subsidios a los combustibles fósiles para los consumidores: petróleo, electricidad generada por la quema de otros combustibles fósiles, gas y carbón. Esta cantidad es cuatro veces superior a la que se necesita para ayudar a los países pobres a hacer frente a la crisis climática, uno de los puntos a tratar en la conferencia mundial sobre el clima (COP26) que se celebrará la semana que viene, según una nueva investigación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La cantidad que se gasta directamente en estos subsidios podría sufragar las vacunas contra la COVID-19 de todas las personas del planeta o financiar tres veces la cantidad anual necesaria para erradicar la pobreza extrema en el mundo. Si se tienen en cuenta los costos indirectos, incluidos los costos para el medio ambiente, la cifra se eleva a casi 6 billones de dólares, según datos publicados recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En cambio, el análisis del PNUD destaca que estos fondos, aportados por los contribuyentes, acaban profundizando la desigualdad e impidiendo la acción para combatir el cambio climático.

Los subsidios a los combustibles fósiles son ineficientes y poco equitativos. En los países en desarrollo, cerca de la mitad de los recursos públicos que se destinan a apoyar el consumo de combustibles fósiles beneficia al 20 % más rico de la población, según el FMI.

El informe, publicado antes de las próximas reuniones del G20 y la COP26, se presenta en el contexto de un creciente reconocimiento de la necesidad de reformar los subsidios a los combustibles fósiles por parte de los economistas y políticos, así como del FMI y el Banco Mundial. El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, también ha hecho un fuerte llamamiento en favor de la reforma.

Para destacar los efectos enormemente negativos que tienen los subsidios a los combustibles fósiles en las personas y el planeta, el PNUD ha producido un interesante cortometraje como parte de una nueva campaña en la que uno de los animales extintos más conocidos del mundo, una dinosaurio, pronuncia un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el que insta a los líderes mundiales a eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y a no elegir la extinción.

El principal contribuyente a la emergencia climática es el sector energético, que representa el 73 % de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la actividad humana. Las reformas de los subsidios a los combustibles fósiles contribuirían a reducir las emisiones de CO2 y beneficiarían la salud y el bienestar de los seres humanos. Son además un primer paso hacia la fijación correcta de los precios de la energía para que reflejen el costo “verdadero” y total del uso de los combustibles fósiles para la sociedad y el medio ambiente.

No obstante, el análisis del PNUD muestra que las reformas de los subsidios a los combustibles fósiles también pueden ser injustas y perjudiciales para los hogares y la sociedad si están mal concebidas. Si bien estos subsidios tienden a ser un instrumento de desigualdad, ya que la mayor parte de los beneficios se concentra en los ricos, también representan una porción importante de los ingresos de las personas pobres que, de otro modo, deben pagar por el consumo de energía. La supresión de los subsidios a los combustibles fósiles podría convertirse fácilmente en una estrategia de empobrecimiento de los ingresos y de la energía. Esto contribuye a dificultar la reforma de los combustibles fósiles y constituye un obstáculo clave para la transición hacia fuentes de energía limpias y renovables.

Teniendo esto presente, la investigación del PNUD aboga por un enfoque progresivo y gradual de las reformas. Incluye un análisis de casos de éxito recogidos en varios países de distintas regiones y ofrece un conjunto de herramientas para que los responsables de las políticas presten apoyo a las reformas de los subsidios a los combustibles fósiles y de los precios de la energía. El conjunto de herramientas permite un enfoque gradual justo y equitativo que incluye la protección de los ingresos y la compensación a los grupos menos favorecidos.

La campaña “No elijas la extinción” cuenta con una plataforma de inteligencia colectiva, Global Mindpool, para ayudar a abordar los problemas más importantes de nuestro tiempo. Vinculando ideas de todo el mundo (sobre la emergencia climática, la crisis de la naturaleza y la desigualdad) Global Mindpool apoyará al PNUD a fin de informar y preparar mejor a los responsables de las políticas en los Gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.

https://youtu.be/7j3kuPLwhXM

https://youtu.be/16OqZeKkCZE

El mundo enfrenta enormes desafíos interrelacionados: la pandemia de COVID-19, el cambio climático y la pérdida de la naturaleza. Son crisis que obligan a replantear el enfoque y la comprensión del desarrollo. Mientras que los encargados de la formulación de políticas, los inversionistas y los especialistas en desarrollo de todo el mundo intentan determinar cómo embarcarse en una trayectoria de desarrollo más verde, más resiliente e inclusiva, el producto interno bruto (PIB) sigue siendo uno de los principales instrumentos para evaluar el estado de la economía. Sin embargo, el PIB no ofrece un panorama completo.

Al igual que una empresa determina su valor analizando sus ingresos y su balance general, los países deben complementar el PIB con un análisis de su cartera de activos para entender mejor la sostenibilidad de su crecimiento económico. Por sí solo, el PIB no es suficiente para salvaguardar la prosperidad. De hecho, las políticas centradas en el crecimiento del PIB a menudo buscan aprovechar al máximo las oportunidades de obtener ingresos a corto plazo a expensas de los ingresos y el bienestar futuros, entre otras cosas degradando la naturaleza en aras de obtener ganancias en el corto plazo.

El informe La riqueza cambiante de las naciones 2021 (i) es la última edición de una serie en la que se presenta el concepto de riqueza como un indicador complementario del PIB. En el documento se estudia la riqueza de 146 países entre 1995 y 2018 y se mide el valor económico del capital natural renovable (como los recursos forestales, agrícolas y oceánicos), del capital natural no renovable (como los minerales y los combustibles fósiles), del capital humano (los ingresos que genera una persona durante su vida), y del capital producido (como los edificios y la infraestructura), y los activos externos netos. Al analizar todos estos activos, que sustentan el ingreso nacional, la contabilidad de la riqueza constituye un instrumento para dar seguimiento a la sostenibilidad del progreso económico en el futuro.

Desde la última edición del informe, en 2018, se han hecho grandes avances en la manera de cuantificar la riqueza nacional. Entre otras cosas, se han agregado mediciones para el capital natural azul, como las pesquerías marinas y los manglares, y se ha aumentado el número de países incluidos, lo que hace que estas cuentas de riqueza sean las más completas disponibles. Y por primera vez, en el informe se examinan las previsiones de los efectos de riesgos futuros, como el cambio climático y la transición hacia un modelo con bajas emisiones de carbono.

Algunas noticias son buenas: a nivel mundial, la riqueza aumentó considerablemente entre 1995 y 2018, y los países de ingreso mediano están alcanzando a los países de ingreso alto, en gran medida debido al rápido crecimiento de Asia. Durante dicho período, los países de ingreso mediano alto duplicaron con creces su riqueza total.

Si bien la riqueza está aumentando en todo el mundo, en algunos países este incremento podría ir en detrimento de la prosperidad futura. Aun en un contexto de aumento del PIB, si la riqueza de algunas categorías de activos está disminuyendo, el crecimiento podría ser insostenible. La disminución de la riqueza per cápita va en contra de uno de los principios clave de la sostenibilidad: que las generaciones futuras no queden en peor situación que las actuales.

El capital natural renovable, como los bosques, las tierras cultivables y los recursos oceánicos, constituye una enorme proporción de la riqueza en los países de ingreso bajo. Este tipo de capital brinda servicios ecosistémicos clave de los que dependen las economías y los medios de subsistencia. Esto implica que, desde la perspectiva del desarrollo socioeconómico sostenible y la reducción de la pobreza, es aún más importante gestionar esta riqueza con cuidado y no agotar los activos naturales en aras de aprovechar oportunidades de aumentar los ingresos en el corto plazo.

Si bien en esta edición del informe todavía no se asigna ningún valor a la energía renovable, los activos de energía hídrica, eólica y solar podrían ofrecer una considerable riqueza a las naciones. Mejorar las políticas climáticas y energéticas, por ejemplo, asignando un precio a las emisiones de carbono, podría suscitar un rápido aumento del valor de los activos energéticos.

La transición hacia modelos con bajas emisiones de carbono plantea riesgos económicos para los países con una dependencia desmedida del capital no renovable, en particular los combustibles fósiles, y subraya la importancia de la diversificación de activos. En el informe se señala que la transición hacia un modelo con bajas emisiones de carbono podría disminuir el valor mundial de los combustibles fósiles entre USD 4,4 billones y USD 6,2 billones (es decir, entre un 13 % y un 18 %) entre 2018 y 2050. Los países pueden gestionar este riesgo reinvirtiendo la riqueza proveniente de los combustibles fósiles en otros tipos de riqueza que no dependan de las cadenas de valor de este tipo de combustibles, por ejemplo, en el capital humano.

El capital humano, que se calcula en función de los ingresos de la población a lo largo de su vida, es la fuente de riqueza más importante en el mundo, y representó un 64 % del total de la riqueza mundial en 2018. Gracias a sus mayores inversiones en el capital humano, la participación de los países de ingreso mediano en el total mundial de este tipo de riqueza ha aumentado considerablemente.

Se espera que los encargados de la formulación de políticas y otros utilicen los datos incluidos en este informe para mejorar las mediciones del progreso económico y promover políticas que mejoren las vidas de las generaciones futuras. En el informe se recogen varias recomendaciones para que dichos encargados diversifiquen y reequilibren sus carteras nacionales y las hagan más resilientes y sostenibles.

El desarrollo económico, la prosperidad de las comunidades y la naturaleza se pueden complementar entre sí; de hecho, esto es esencial si se espera que las personas prosperen en este planeta. En el informe La riqueza cambiante de las naciones (i) se brindan perspectivas, datos y análisis actualizados para ayudar a los países a enfrentar este desafío y establecer incentivos de política adecuados para generar una riqueza integral. Hacerlo ayudará a gestionar los riesgos climáticos y ambientales y a garantizar que las personas disfruten del bienestar actual, al tiempo que se sientan bases más sólidas para las próximas generaciones.

2. Se compromete a apoyar los propios planes de los países socios para una transición justa y equitativa hacia el cero neto, mediante:

3. Reconoce que no podemos reducir la pobreza y no dejar a nadie atrás a menos que también abordemos el cambio climático. Se compromete a:

4. Reconoce la necesidad de movilizar más financiación de diversas fuentes (incluido el sector privado) e incentivar la innovación. Se compromete a:

Fuente: OECD 27 de octubre de 2021

Según el nuevo informe del Banco Mundial titulado La riqueza cambiante de las naciones (i), la riqueza mundial ha aumentado en general, pero a expensas de la prosperidad futura y agravando las desigualdades.

Los países que agotan sus recursos para obtener ganancias a corto plazo colocan a sus economías en una trayectoria de desarrollo insostenible. Si bien suelen utilizarse indicadores como el producto interno bruto (PIB) para medir el crecimiento económico, en el informe se sostiene la importancia de analizar el capital producido, el capital humano y el capital natural para comprender si el crecimiento es sostenible.

En el informe La riqueza cambiante de las naciones 2021 se hace un seguimiento de la riqueza de 146 países entre 1995 y 2018 midiendo el valor económico del capital natural renovable (como los bosques, las tierras cultivables y los recursos marinos), el capital humano no renovable (como los minerales y los combustibles fósiles), el capital humano (los ingresos a lo largo de la vida de una persona), el capital producido (como los edificios y la infraestructura) y los activos extranjeros netos. Ese documento también incluye por primera vez el capital natural azul, representado por los manglares y los recursos pesqueros marinos.

De acuerdo con el informe, la riqueza mundial aumentó considerablemente entre 1995 y 2018, y los países de ingreso mediano están alcanzando el mismo nivel que los países de ingreso alto. Sin embargo, la creciente prosperidad ha estado acompañada de una gestión no sostenible de algunos activos naturales. La riqueza forestal per cápita de los países de ingreso bajo y mediano se redujo un 8 % entre 1995 y 2018, lo que refleja una considerable desforestación. Mientras tanto, el valor de las reservas pesqueras marítimas mundiales cayó un 83 % debido a la gestión deficiente y a la pesca excesiva durante ese mismo período. Es posible que los efectos que se prevé que tendrá el cambio climático agraven estas tendencias.

Además, la valoración incorrecta de activos como los combustibles fósiles que emiten carbono puede provocar una sobrevaloración o consumo excesivo de esos activos. Se puede poner al desarrollo en una trayectoria más sostenible adoptando una perspectiva integral de la riqueza y poniendo en práctica medidas normativas que incluyan establecer precios del carbono que permitan valorar y fomentar mejor activos como los bosques, los manglares y el capital humano.

Según el informe, la desigualdad mundial en cuanto a la riqueza va en aumento. Entre 1995 y 2018, la participación de los países de ingreso bajo en la riqueza mundial no experimentó grandes modificaciones y se mantuvo por debajo del 1 % de la riqueza mundial, a pesar de que alrededor del 8 % de la población del mundo vive en esos países. En más de un tercio de los países de ingreso bajo la riqueza per cápita se redujo. Los países que experimentan una disminución en la riqueza también tienden a tener un deterioro en su base de activos naturales renovables. En el caso de los países de ingreso bajo, sigue siendo fundamental que estos gestionen de manera correcta el capital natural renovable, que representa el 23 % de su riqueza.

En el informe se muestra que el capital humano, medido como los ingresos que la población prevé obtener en el curso de su vida, es la fuente más importante de riqueza en todo el mundo, y en 2018 abarcaba un 64 % del total de la riqueza mundial. Los países de ingreso mediano acrecentaron sus inversiones en el capital humano y, a su vez, experimentaron importantes aumentos en su proporción de riqueza del capital humano mundial.

La riqueza del capital natural no renovable (los minerales, los combustibles fósiles) se ha reducido desde 2014, principalmente debido a la caída de los precios de los productos básicos. En el informe se abordan los efectos que se proyecta que tendrá sobre la riqueza de los combustibles fósiles una transición hacia menores emisiones de carbono y la aplicación de impuestos de ajuste sobre el carbono en las fronteras, y se incluyen recomendaciones para la gestión de los riesgos económicos que se les plantean a los países dependiente de recursos. Se determinó que los países con una gran dependencia de la riqueza de combustibles fósiles tienen menores proporciones de riqueza proveniente del capital humano, a pesar de sus altos niveles de ingreso, con un capital humano que solo representa un 34 % de su riqueza.

En el informe se describen varios aspectos prioritarios que los encargados de formular políticas deben tener en cuenta a fin de diversificar y reequilibrar sus carteras nacionales para poder ser más resilientes y sostenibles. Se recomienda invertir activamente en bienes públicos, como la educación, la salud y la naturaleza, para evitar el agotamiento no sostenible, y gestionar futuros riesgos. Esas recomendaciones también incluyen medidas normativas y de precios que ayuden a reflejar el valor social de los activos y a dirigir la inversión privada de modo de conseguir mejores resultados para todos. Esto puede incluir, por ejemplo, acciones como reorientar los subsidios a la pesca y tomar medidas para fijar el precio del carbono y promover los activos de energía renovable.

Con el fin de lograr mayor participación de la sociedad mexicana en acciones de conservación de los ecosistemas nacionales y de su biodiversidad, desde el año 2002, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) celebra la Semana Nacional por la Conservación.

Como parte de los festejos, en todas las áreas naturales protegidas se realizan actividades de conservación y educación ambiental, así como eventos públicos conmemorativos en las que participan sociedad y gobierno.

En este marco es entregado el Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza, instituido el 27 de noviembre de 2001.

Estas actividades de difusión y educación ambiental forman parte de las estrategias del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas (PNANP) 2020-2024 que buscan fomentar y fortalecer mecanismos de participación social y gobernanza.

La Semana Nacional por la Conservación es una conmemoración nacional en la que se invita a la población a participar en diversas acciones en favor del cuidado y protección de la diversidad natural y cultural que caracteriza a nuestro país.

Para este año, del 24 al 31 de octubre, se llevarán a cabo más de un centenar de actividades en las distintas áreas naturales protegidas, que van desde la limpieza de playas, foros, talleres, pláticas, concurso de dibujo, recorridos, avistamientos de aves, monitoreo biológico, campañas de limpieza, exposición fotográfica, entre muchas otras.

La Conanp te invita a participar en estas actividades que tienen la finalidad de inspirar a la sociedad al cuidado del medio ambiente.

Fuente: SEMARNAT 25 de octubre de 2021

La abundancia de gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera alcanzó una nueva cifra récord durante 2020 con una tasa de crecimiento anual por encima de la media que se promedió entre los años 2011 y 2020, según destaca el último Boletín de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre los gases de efecto invernadero, que indica que esta tendencia se mantiene durante el año en curso.

La concentración de dióxido de carbono (CO2), el gas de efecto invernadero más importante, alcanzó en 2020 las 413,2 partes por millón (ppm) y se sitúa por encima del 149 % sobre los niveles preindustriales.

La Organización advierte que, de no detenerse las emisiones, la temperatura mundial seguirá subiendo. El dióxido de carbono es un gas que se caracteriza por su larga duración y, por tanto, el nivel de temperatura que observamos actualmente persistirá durante varias décadas, aunque las emisiones se reduzcan rápidamente hasta alcanzar un nivel neto cero.

Si a esta situación le añadimos el calentamiento del planeta, el resultado final que obtendremos será la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos, tales como episodios de calor intenso, lluvias fuertes, derretimiento de las masas de hielo, subida del nivel del mar y acidificación de los océanos, que implicarán repercusiones socioeconómicas de gran alcance.

Aproximadamente la mitad del CO2 emitido actualmente por las actividades humanas permanece en la atmósfera, mientras que los océanos y ecosistemas terrestres absorben la otra mitad.

El boletín alerta sobre la posibilidad de que, en el futuro, los océanos y los ecosistemas terrestres puedan perder su eficacia como “sumideros”, decreciendo su capacidad de absorción del CO2 y actuando como reguladores que evitan mayores aumentos de temperatura.

Las concentraciones de otros gases como el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), equivalieron, respectivamente, al 262 % y al 123 % con relación a los niveles de 1750, el año elegido para representar el momento en que la actividad humana empezó a alterar el equilibrio natural de la Tierra.

El cambio climático en curso y sus retroalimentaciones, tales como el aumento en la frecuencia de las sequías y el consiguiente incremento en la cantidad e intensidad de los incendios forestales podrían reducir la capacidad de los ecosistemas terrestres para absorber CO2.

La absorción en los océanos también podría disminuir debido a varias causas como el aumento de la temperatura de la superficie del mar, a la disminución del pH causada por la captación de CO2 y a la ralentización de la circulación oceánica meridional consecuencia del incremento de la fusión del hielo marino.

El Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global de la Organización monitorea las futuras alteraciones en el equilibrio entre fuentes de carbono y sumideros.

El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera, y contribuye alrededor del 66 % al efecto de calentamiento del clima, principalmente a causa de la quema de combustibles fósiles y la producción de cemento.

Las concentraciones medias mundiales de CO2 alcanzaron un nuevo máximo de 413,2 ppm en 2020. Los registros de la Organización señalan que el aumento en la concentración de CO2 de 2019 a 2020 fue ligeramente inferior al observado entre 2018 y 2019, pero superior a la tasa de aumento medio anual del último decenio.

En julio de 2021, las concentraciones de CO2 observadas en la isla hawaiana de Mauna Loa y en el cabo Grim de la isla australiana de Tasmania alcanzaron, respectivamente, 416,96 ppm y 412,1 ppm, en comparación con las 414,62 ppm y las 410,03 ppm registradas en julio de 2020.

El Metano es un potente gas de efecto invernadero permanece en la atmósfera aproximadamente una década y causa alrededor del 16% del efecto de calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero de larga duración.

Cerca del 40 % del metano emitido a la atmósfera procede de fuentes naturales (por ejemplo, humedales y termitas), mientras que cerca del 60 % proviene de fuentes de origen humano (por ejemplo, ganadería de rumiantes, cultivo de arroz, explotación de combustibles fósiles, vertederos y quema de biomasa).

La reducción a corto plazo del metano en la atmósfera podría ayudar a lograr los objetivos del Acuerdo de París y podría contribuir a alcanzar muchos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que la mitigación de sus emisiones conllevaría múltiples beneficios indirectos.

El óxido nitroso es otro potente gas de efecto invernadero que actúa al mismo tiempo como una sustancia química que agota la capa de ozono.

Cerca del 60 % de las emisiones de óxido nitroso a la atmósfera provienen de fuentes naturales y aproximadamente el 40% de causas derivadas de la actividad humana, por ejemplo, en los océanos, en los suelos, por la quema de biomasa, por el uso de fertilizantes y de diversos procesos industriales.

Las emanaciones fruto de actividades humanas, entre las que predomina la fertilización de las tierras de cultivo con nitrógeno, han aumentado un 30 % en los últimos cuatro decenios.

Según la Organización, la agricultura es la causante del 70 % de todas las emisiones de origen humano de ese gas debido al uso de fertilizantes nitrogenados y al estiércol. El principal incremento óxido nitroso en la atmósfera se debió a ese incremento.

Según un nuevo análisis de la OCDE, la financiación climática proporcionada y movilizada por los países desarrollados para la acción climática en los países en desarrollo alcanzará los 100.000 millones de dólares en 2023.

La meta anual para los países desarrollados de proporcionar y movilizar USD 100 mil millones de financiamiento climático por año para la acción climática en los países en desarrollo debía haberse cumplido en 2020 y mantenerse hasta 2025.

La última evaluación de progreso de la OCDE, publicada en septiembre, mostró que la financiación climática proporcionada y movilizada por los países desarrollados ascendió a 79.600 millones de dólares en 2019 , solo un 2% más que en 2018. Es poco probable que se haya alcanzado la marca de 100.000 millones de dólares en 2020, aunque los datos verificados necesarios para finalizar esta determinación oficialmente no estarán disponibles antes de 2022.

En la reunión ministerial de julio que se preparaba para la COP26, Canadá y Alemania acordaron, a solicitud de la presidencia entrante de la COP 26 del Reino Unido, desarrollar un Plan de Entrega colectivo para alcanzar la meta lo antes posible. Se solicitó a la OCDE que brinde apoyo técnico a este plan de ejecución.

Desde esa reunión y la publicación de las cifras de la OCDE de 2019 en septiembre, se hicieron más compromisos para aumentar la financiación climática pública bilateral en alrededor de USD 10 mil millones al año en promedio durante el período 2022-2025 en relación con el período 2018-19 para esos mismos donantes. . Esto se suma a los compromisos asumidos en 2020 y antes en 2021 por otros países y al aumento de las proyecciones de financiamiento climático futuro de los bancos multilaterales de desarrollo.

El nuevo análisis de la OCDE Escenarios prospectivos de financiación climática proporcionados y movilizados por países desarrollados en 2021-2025 establece dos escenarios para la financiación climática futura.

Estos se basan en un análisis detallado de la OCDE de los compromisos de financiación climática pública prospectivos recibidos de los países desarrollados y las proyecciones de financiación climática de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), comunicados en el contexto del plan de ejecución de los donantes.

Tras un análisis en 2016 de la financiación climática estimada en 2020, este es el segundo resultado prospectivo de la OCDE en relación con el objetivo de 100.000 millones de dólares. Dichos análisis complementan las evaluaciones periódicas de la OCDE sobre el progreso hacia el objetivo, utilizando la misma metodología y definiciones, pero se llevan a cabo retrospectivamente cuando se dispone de los datos verificados necesarios.

El ritmo al que se puede aumentar la financiación climática en la práctica dependerá de muchos factores, incluidas las condiciones macroeconómicas, a nivel mundial y en los países en desarrollo, así como la creación de capacidad y el desarrollo de proyectos climáticos en tramitación.

Los dos escenarios utilizados por la OCDE proporcionan dos desarrollos distintos para los niveles futuros de financiamiento climático con el fin de ilustrar el rango de incertidumbre. No deben interpretarse como pronósticos y es posible que no cubran la gama completa de resultados potenciales.

El primer escenario asume que las finanzas públicas se amplían de acuerdo con la información proporcionada, sujeto a controles de la OCDE para estandarizar la información y evitar el doble cómputo. También asume que el financiamiento privado movilizado por este financiamiento público aumenta en línea con el valor más bajo de la razón privado / público observado en el período 2016-19. Dados los cambios en la composición esperada de las carteras de financiamiento público, esto implica mayores tasas de movilización de financiamiento privado para proyectos relevantes durante el período y resulta en volúmenes crecientes de financiamiento privado durante el período.

El segundo escenario tiene en cuenta cuestiones que pueden resultar en niveles de financiación climática inferiores a los previstos. Estos incluyen el impacto potencial de los riesgos macroeconómicos a corto plazo en los países en desarrollo, las limitaciones de capacidad exacerbadas por la pandemia de COVID-19 y los cambios previstos en la composición de las carteras de los proveedores en relación con el aumento de la participación del financiamiento para la adaptación, del financiamiento mediante donaciones y de financiación para los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID). La naturaleza de este ejercicio no permitió una estimación agregada cuantitativa de estos cambios de cartera a lo largo del tiempo. Sin embargo, muchos proveedores han dejado en claro su intención de ampliar la financiación para la adaptación en términos relativos y absolutos dentro de sus carteras de financiación climática. Este cambio en la composición de la cartera está integrado en los cálculos.

Los gobiernos proyectan un aumento colectivo de la producción mundial de petróleo y gas a lo largo de las próximas dos décadas, a pesar de haber elevado sus compromisos climáticos para limitar el calentamiento de la Tierra a 1,5°C, señaló el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Según el informe sobre la Brecha de producción 2021, la suma de combustibles fósiles que planean producir los países sería más de dos veces mayor de la que permitiría cumplir con los objetivos del Acuerdo de París para el cambio climático.

Detalla que los planes y proyecciones de producción de los gobiernos supondrían un 240% más de carbón, un 57% más de petróleo y un 71% más de gas de lo que sería consistente con limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

El estudio hecho por el PNUMA en conjunto con varios institutos de investigación, también indica que sólo se registraría una disminución modesta en la producción de carbón con respecto a los niveles de los últimos años.

Los hallazgos del informe se basan en los perfiles de Alemania, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, India, Indonesia, México, Noruega, Reino Unido y Rusia, 15 de los principales países productores de combustibles fósiles y cuyos datos dejan ver que sus gobiernos mantienen un gran apoyo político a la producción de combustibles fósiles.

El documento precisa que los países del G20 han destinado casi 300.000 millones de dólares en fondos adicionales a actividades de combustibles fósiles desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, una cantidad superior a la que han asignado a energías limpias.

En los últimos años, ha disminuido significativamente el financiamiento público internacional para la producción de combustibles fósiles. El estudio reconoce como alentadores estos esfuerzos de las instituciones de asistencia al desarrollo, pero añade que éstos deben complementarse con políticas de exclusión de esas fuentes de energía.

Los científicos recalcaron que cuando los países se comprometen con la neutralidad de emisiones de efecto invernadero para mediados de siglo, deben ser conscientes de que sus objetivos climáticos precisan de una reducción rápida y sustancial de su producción de combustibles fósiles.

Conclusiones

Las principales conclusiones del informe pueden resumirse así:

Las perspectivas globales de inversión extranjera directa para todo el año han mejorado con respecto a las previsiones anteriores.

Los Directores Generales de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han firmado un acuerdo para reforzar su cooperación, con el fin de promover el empleo y los trabajos decentes para mujeres y hombres en una transición energética que no deje a nadie atrás.

“El rápido despliegue de las energías renovables es indispensable para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible . Es esencial hacer que esa transición conduzca a la creación de trabajo decente, con más y mejores empleos, al tiempo que se garantiza una transición justa para todos”, dijo el Director General de la OIT. “Trabajando juntos, la OIT e IRENA pueden promover aún más el trabajo decente y la justicia social en la transición energética, de manera integral”.

Ambas organizaciones ya colaboran en una serie de iniciativas conjuntas, como la Plataforma de Energía y Empleo Sostenibles (SEJP) en el marco de la Coalición para la Acción de IRENA, las Iniciativas de Transición Justa y Empleo Verde de la OIT , basadas en las Directrices Tripartitas de la OIT para una Transición Justa hacia Economías y Sociedades Ambientalmente Sostenibles para Todos , y el Marco de Colaboración de IRENA sobre Transición Energética Justa e Inclusiva.

La mano de obra del futuro se enfrentará a muchos retos. Es necesario un marco político global y holístico que apoye la educación, la mejora de las competencias y el reciclaje profesional, reconociendo las necesidades y prioridades de las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y los grupos marginados. En este contexto, IRENA y la OIT colaborarán estrechamente en el desarrollo de productos de conocimiento y recomendaciones que apoyen los marcos políticos para impulsar el crecimiento económico inclusivo y sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 7 y 8.

Este acuerdo permitirá a ambas organizaciones aprovechar y complementar los puntos fuertes de la otra en la realización de actividades de interés mutuo. Su colaboración incluirá, entre otras cosas, investigación e iniciativas conjuntas, desarrollo de capacidades, actividades de formación, divulgación y comunicación, así como eventos conjuntos para compartir conocimientos.

Fuente: OIT 18 de octubre de 2021

Durante la Asamblea General, el Secretario General de las Naciones Unidas lanzó, conjuntamente con la OIT, un Acelerador Mundial para el Empleo y la Protección Social con el objetivo de crear al menos 400 millones de empleos para 2030, principalmente en las economías verdes y del cuidado, y extender los pisos de protección social a más de 4 mil millones de personas que actualmente no están cubiertas.

En el primer semestre de 2022, la OIT convocará un foro multilateral con el fin de revisar los avances y ampliar los compromisos en apoyo de las estrategias de recuperación centradas en el ser humano de los Estados miembros, incluso mediante iniciativas conjuntas y acuerdos institucionales mejorados entre las instituciones internacionales y regionales.

Fuente: OIT 14 de octubre de 2021

Un nuevo análisis conducido por el Programa Mundial de Alimentos destaca que, si la temperatura mundial acaba registrando un aumento medio de 2ºc respecto a los niveles preindustriales, unos 189 millones de personas adicionales terminarán sufriendo hambre. El hallazgo se hizo público un día antes de la celebración del Día Mundial de la Alimentación que se conmemora cada 16 de octubre.

El encargado de esbozar este complejo escenario fue el director ejecutivo del Programa al afirmar que “grandes extensiones del planeta, desde Madagascar hasta Honduras y Bangladesh, están sumidas en una crisis climática que es ya una realidad cotidiana para millones de personas. La crisis climática está fomentando una crisis alimentaria”.

Los problemas para algunas de estas naciones no se detienen con las crisis climáticas y hay que sumarles un devastador elemento adicional: la aparición de conflictos. La combinación de ambos elementos agrava las vulnerabilidades existentes y magnifican los daños, la destrucción y la desesperación.

La agencia de la ONU ha movilizado casi 300 millones de dólares para la acción climática en la última década. En 2020, puso en marcha estrategias para la gestión de riesgos climáticos en 28 naciones de las que se beneficiaron más de seis millones de personas.

Actualmente cerca del 40 % de la humanidad, unos 3000 millones de personas, no pueden permitirse una dieta saludable y que el hambre, la subalimentación y la obesidad van en aumento.

Una situación que ha empeorado con la aparición de la pandemia del coronavirus dejando a otros 140 millones de personas sin acceso a los alimentos que necesitan.

Además, la forma de producir, consumir y desperdiciar la comida “supone una pesada carga para el planeta” y produce “una presión histórica sobre nuestros recursos naturales, nuestro clima y nuestro medio natural”.

El tema de este año –Nuestras acciones son nuestro futuro-la facultad de cambiar está en nuestras manos”