El 3 de julio, se celebrará el Día Internacional de las Cooperativas (#CoopsDay) con el tema «Reconstruir mejor juntos». Las cooperativas de todo el mundo mostrarán cómo están afrontando la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 con solidaridad y resiliencia, ofreciendo a las comunidades una recuperación centrada en las personas y respetuosa con el medioambiente.

En ámbitos como la salud, la agricultura, la producción, el comercio minorista, las finanzas, la vivienda, el trabajo, la educación, los servicios sociales y muchos otros ámbitos en los que se desarrollan las cooperativas, los más de mil millones de miembros cooperativos en todo el mundo siguen demostrando que nadie tiene por qué enfrentarse solo a una crisis como la pandemia actual.

Las cooperativas son reconocidas como asociaciones y empresas a través de las cuales los ciudadanos pueden mejorar sus vidas de manera efectiva mientras contribuyen al avance económico, social, cultural y político de su comunidad y país. El movimiento cooperativo también ha sido reconocido como un actor principal en los asuntos nacionales e internacionales.

Las cooperativas también fomentan la igualdad externa. Como están basadas en la comunidad, están comprometidas con el desarrollo sostenible de sus comunidades, ambiental, social y económicamente. Este compromiso se puede ver en su apoyo a las actividades comunitarias, el suministro local de suministros para beneficiar a la economía local y en la toma de decisiones que considera el impacto en sus comunidades.

A pesar de su enfoque en la comunidad local, las cooperativas también aspiran a llevar los beneficios de su modelo económico y social a todas las personas en el mundo. La globalización debe regirse por un conjunto de valores como los del movimiento cooperativo; de lo contrario, la desigualdad y los excesos crearían sociedades insostenibles.

El movimiento cooperativista es muy democrático, localmente autónomo pero integrado internacionalmente y una forma de organización de asociaciones y empresas por la cual los ciudadanos cuentan con la autoayuda y su propia responsabilidad para alcanzar objetivos no solo económicos sino también sociales y ambientales, como la superación de la pobreza, la obtención de empleo productivo y el fomento de la integración social.

A nivel mundial, el número de trabajadores migrantes internacionales ascendió a 169 millones, un aumento de tres por ciento desde 2017, según las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La proporción de trabajadores jóvenes migrantes (16-24 años) también aumentó, de casi dos por ciento, o 3,2 millones, desde 2017. Su número ascendió a 16,8 millones en 2019.

El nuevo informe Estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes – Resultados y metodología , muestra que en 2019, los trabajadores migrantes internacionales representaron alrededor del cinco por ciento de la fuerza de trabajo mundial, convirtiéndolos en una parte integral de la economía mundial.

Sin embargo, muchos trabajadores migrantes con frecuencia ocupan empleos temporales, informales o no protegidos, lo cual los expone a un riesgo mayor de inseguridad, despidos y el deterioro de las condiciones de trabajo. La crisis de COVID-19 ha agravado estas vulnerabilidades, sobre todo para las trabajadoras migrantes, ya que están sobrerrepresentadas en empleos mal remunerados y poco calificados, y tienen un acceso limitado a la protección social y menores oportunidades de acceso a los servicios de apoyo.

Más de dos terceras partes de los trabajadores migrantes internacionales se concentran en los países de altos ingresos. De los 169 millones de trabajadores migrantes internacionales, 63,8 millones (37,7 por ciento) viven en Europa y Asia Central. Otros 43,3 millones (25,6 por ciento) viven en las Américas. Por consiguiente, Europa, Asia Central y las Américas albergan, conjuntamente, 63,3 por ciento de todos los trabajadores migrantes.

La mayoría de los trabajadores migrantes – 99 millones – son hombres, mientras que 70 millones son mujeres.

En calidad de trabajadoras migrantes, las mujeres enfrentan más obstáculos socioeconómicos y tienen mayores probabilidades de migrar como miembros de la familia acompañantes por razones distintas a la de buscar trabajo. Ellas pueden experimentar discriminación de género en el empleo y es posible que no tengan contactos con personas afines, lo cual dificulta el equilibrio entre la vida profesional y familiar en un país extranjero.

El porcentaje de jóvenes entre los trabajadores migrantes internacionales ha aumentado, de 8,3 por ciento en 2017 a 10 por ciento en 2019. Este aumento probablemente está relacionado con las elevadas tasas de desempleo juvenil en los países en desarrollo. La gran mayoría de los trabajadores migrantes (86,5 por ciento) todavía está constituida por adultos jóvenes (25-64 años).

Según el informe – que se concentra en el período 2017-2019 – 66,2 por ciento de los trabajadores migrantes se encuentra en el sector de los servicios, 26,7 por ciento en la industria y 7,1 por ciento en la agricultura. Sin embargo, subsisten importantes diferencias de género entre un sector y otro: Las trabajadoras migrantes están mayormente representadas en los servicios, lo cual puede ser explicado en parte por la creciente demanda de cuidadores, como en el sector de la salud y del trabajo doméstico. Los trabajadores migrantes están más representados en la industria.

https://youtu.be/sJm9m7BXEzY

Fuente: OIT 30 de junio de 2021

La OIT y ONU Mujeres exhortaron a los países de América Latina y el Caribe a avanzar hacia la ratificación del Convenio 190 sobre la Violencia y el Acoso que entró en vigor, esencial para construir un futuro del trabajo más digno, seguro y saludable.

“La violencia y el acoso son inaceptables en cualquier lugar y en cualquier momento, pero ahora debemos estar más alertas que nunca, pues el riesgo de violencia mayor en tiempos de crisis: el brote del COVID-19 ha sido un triste recordatorio de que eso puede suceder. La frustración, la presión económica, el estrés pueden ser detonadores de violencia, con más riesgos para las mujeres trabajadoras. Además de una ser una grave violación de derechos, la violencia tiene impactos negativos sobre el empleo, condiciones de trabajo y productividad”.

“Una de las primeras cosas que desapareció a consecuencia de la pandemia fue el empleo femenino, por el impacto que tuvo en áreas que suelen emplear principalmente mujeres, como el comercio, la hostelería y los servicios. Las que mantuvieron el empleo expuestas a violencias laborales que suelen ser invisibilizadas, por ejemplo, en el trabajo doméstico; el personal sanitario -en su mayoría mujeres- expuesto a ataques violentos y al acoso en el trabajo y en medios de transporte. El Convenio 190 no solo promueve espacios seguros en el trabajo, sino también reconoce que la violencia domestica afecta la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, su productividad, su acceso al empleo y su salud. En nuestra visión de ‘reconstruir mejor’, contar con el trabajo de las mujeres es fundamental: la definición amplia y abarcadora de este Convenio debería ser un compromiso para que los países se aboquen a resolver esta injusticia y coloquen a las mujeres en el centro de sus medidas de recuperación post-COVID”.

El Convenio 190 introduce una serie de importantes innovaciones. Por primera vez se aclara lo que debe entenderse por ‘violencia y acoso en el mundo del trabajo’ y se precisan las medidas que deben tomarse para prevenirla y abordarla, y quién debe hacerlo.

Su alcance es amplio: aplica a todas las personas en el mundo laboral, el entorno, y también a todos los demás trabajadores y trabajadoras, independientemente de su situación contractual, así como a aprendices, quienes hacen trabajo voluntario o buscan un empleo, entre otros. También las personas que ejercen la autoridad, las funciones y las responsabilidades del empleador, caen bajo la tutela del Convenio.

Asimismo, el Convenio es aplicable a todos los sectores de la economía, incluyendo el sector público y el privado y la economía informal, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Los países que han ratificado se comprometen a establecer mecanismos de prevención y protección, control de su aplicación, vías de recurso y reparación, así como orientación y difusión.

Las mujeres trabajadoras latinoamericanas lideran el movimiento para la ratificación en sus países, reconociendo la importancia de generar entornos de trabajos seguros y libres de violencia de género para lograr la equidad en el trabajo.

Los países cuentan con un año después de la ratificación para su entrada en vigor a nivel nacional. Esto les permite abrir un diálogo tripartito donde el Estado, los empleadores y trabajadores pueden examinar la legislación y la practica nacional y trazar una hoja de ruta para llevar a cabo los cambios normativos, identificar los retos de aplicación y, sobre todo, fomentar los cambios culturales para un entorno de “tolerancia cero” a la violencia y el acoso en el lugar de trabajo.

Los Convenios son parte esencial de las normas internacionales del trabajo, instrumentos jurídicos elaborados por los mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores), con objeto de enunciar los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de reglamentar otros ámbitos del mundo laboral.

Fuente: OIT 25 de junio de 2021

La pandemia de COVID-19 ha aumentado enormemente la brecha entre riqueza y pobreza extremas, al igual que la vulnerabilidad en América Latina y el Caribe, asegura el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, divulgado este martes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El estudio destaca que la región se encuentra empantanada en una trampa que no le permite avanzar hacia la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Según los datos del PNUD, los progresos conseguidos en las últimas décadas son más desiguales en los países latinoamericanos y caribeños que en las otras regiones del mundo comparables con sus niveles de desarrollo, además de que sus indicadores sociales están por debajo de lo que deberían tomando en cuenta que se trata de una región de renta media.

Con respecto a la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden sus intereses privados, el texto señala que la influencia política de estos individuos o grupos hacen mal uso del poder que detentan, distorsionando así las políticas públicas y debilitando las instituciones.

El informe recuerda que la región es la más violenta del mundo y destaca la violencia y la desigualdad forman un ciclo cerrado en el que la violencia es causa y consecuencia de la desigualdad y viceversa. La desigualdad provoca mayor violencia, pero la violencia aumenta la desigualdad porque afecta y priva desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, detalla.

Además, la violencia limita el crecimiento al golpear el capital humano, la productividad y la inversión pública y privada, mientras obliga a aumentar el presupuesto para la seguridad.

En cuanto a los sistemas de protección social, el PNUD los considera frágiles y destaca la capacidad limitada de respuesta que tuvieron durante la pandemia. Los gobiernos han creado sistemas paralelos de menor calidad para cubrir a las personas que quedan excluidas, “que en la región son la mayoría”, indica.

Los mercados de trabajo de las naciones latinoamericanas y caribeñas están segmentados y tienen sistemas de protección social que reproducen desigualdades e incentivan la organización de la producción en negocios muy pequeños y poco productivos. Ante esta realidad, el informe sugiere repensar la protección social para asegurar la cobertura universal.

De acuerdo con el Programa de la ONU para el Desarrollo, para salir de la trampa que frena el avance de los países de la región se deben buscar soluciones que impulsen un crecimiento ambientalmente sostenible y que propicien la inclusión y la movilidad social.

Dichas soluciones -abunda el documento-, deben tener el objetivo de erradicar la violencia en todas sus formas y rediseñar la operación institucional como base del contrato social que debe garantizar, entre otras cosas, oportunidades en el mercado laboral y protección social.

El estudio argumenta que la crisis asociada con el COVID-19 es muy diferente de la crisis de la deuda de la década de 1980. La primera es un hecho realmente exógeno causado por un virus; la segunda fue en gran medida endógena, causada por una mala gestión macroeconómica.

Sin embargo, hay una dimensión en la que la crisis actual que podría ser muy similar a la de la década de 1980: puede ir seguida de cambios sustanciales en la protección social y la tributación, conforme los países luchan por contener los daños sociales, restablecer el equilibrio fiscal y reanudar el crecimiento económico.

El informe aclara, no obstante, que el restablecimiento del equilibrio fiscal debe tener en cuenta muchos factores ya que con el actual sistema de protección social, aumentar los impuestos para financiar más gasto social no daría lugar a una prosperidad compartida y sostenible. En cambio, si los países contaran con un sistema de protección universal la región sería más equitativa y podría crecer más rápidamente.

A 10 años de su creación, el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia (CdE) ha fortalecido las capacidades estadísticas, analíticas y de monitoreo en 29 países de América Latina y el Caribe en el uso de la evidencia para el diseño de políticas públicas eficaces y ha impulsado iniciativas regionales para mejorar la generación de estadísticas sobre gobernanza, seguridad y justicia.

Para conmemorar este aniversario, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC) organizaron un conversatorio sobre los retos actuales y futuros de las estadísticas delictivas en México y la región de América Latina y el Caribe.

Durante el conversatorio, las y los participantes reflexionaron sobre las tendencias y cambios por los que atraviesa el mundo y la región de América Latina y el Caribe, además de los retos que implica la medición de fenómenos delictivos, el crimen organizado, el uso intensivo de tecnologías y la propia pandemia de la COVID-19 y para los cuales es necesaria más y mejor información que permita tomar las decisiones basadas en evidencia.

El CdE fue inaugurado en 2011 como resultado de un acuerdo de colaboración UNODC en México y el INEGI, tras la creación en 2008 del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

Pionero a nivel internacional, el Centro ha impulsado trabajos para el desarrollo metodológico en temas complejos como la medición de la victimización, la corrupción, el crimen organizado y los flujos financieros ilícitos.

Actualmente, una tercera parte de los países del continente cuentan con encuestas nacionales equivalentes a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que realiza el INEGI. Más de la mitad de estas naciones trabajan para adoptar la Clasificación Internacional de Delito con fines Estadísticos, considerada como estándar internacional para armonizar las estadísticas delictivas.

El CdE ha brindado asistencia técnica a 29 países de la región, impulsando y desarrollando actividades relacionadas con la generación y mejora de la calidad de los datos y promoviendo el uso de evidencia para el diseño de políticas públicas, lo que facilita el monitoreo del progreso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El compromiso del Centro de Excelencia es trabajar de manera continua para avanzar y mejorar la calidad de la información estadística y así aportar en la construcción de sociedades más justas, pacíficas e inclusivas.

Durante el primer año de la pandemia, la Ciudad de México fue la única entidad federativa que mostró una alta competitividad, es decir, siguió atrayendo talento e inversión, mientras que en el otro extremo se encontraron los estados del sur como los más rezagados.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE) del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que mide la capacidad de los estados para generar, atraer y retener talento e inversiones, la capital del país se ubicó en la primera posición de un ranking de 32.

Pese a la emergencia sanitaria, la Ciudad de México no perdió su primer lugar en el ICE; desde el 2001 lo ocupa.

La Ciudad de México presentó el mayor PIB per cápita (408,042 pesos por persona) y la mayor diversificación económica (937 sectores), uso de banca móvil (14,827 contratos de banca móvil por cada 10,000 adultos) y carga aérea (51,000 kilogramos por cada 1,000 personas).

Entre las razones principales que pusieron al sur en jaque, la especialista indicó que la emergencia sanitaria mermó la diversificación económica de estos estados; también se suma un rezago histórico donde se ha excluido a la región de los planes de desarrollo y crecimiento económico.

Recalcó que los cinco estados del sur tienen en promedio el menor PIB per cápita del país (87,00 pesos por persona), también el mayor rezago en inversión por población económicamente activa (45,000 pesos) y sólo 19% de las personas de 25 años o más cuentan con estudios universitarios o técnicos. También se concentra el mayor porcentaje de informalidad (71% de los trabajadores).

Sobre el proceso de evaluación y metodología del ICE, el índice está compuesto por 72 indicadores que forman 10 subíndices (tecnología, turismo, conectividad, economía, mercado laboral, seguridad, uso de recursos naturales, democracia, gestión gubernamental; e inclusión, salud y educación).

Los resultados de las entidades permiten clasificarlas en seis grupos de competitividad: alta, adecuada, media alta, media baja, baja y muy baja.

A partir de los resultados identificados en el ICE 2021, el Imco desarrolló algunas propuestas para que las entidades mejoren su competitividad. La primera busca que se pueda adecuar la legislación presupuestal estatal con el fin de crear controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos locales, para evitar que los recursos sean reasignados sin aprobación previa y con ello evitar la discrecionalidad.

Se debe promover la inserción de los estados del sur-sureste del país en la cadena productiva de América del Norte, mediante mejoras regulatorias e inversión en infraestructura y conectividad.

También se deben desarrollar capacidades para la generación y procesamiento de datos que mejoren la toma de decisiones de política pública y faciliten trámites y servicios.

Se necesitan reformar las leyes de adquisiciones y obras públicas estatales para incluir protocolos y lineamientos; se deben crear sistemas estatales de innovación que incentiven un vínculo entre el sector privado y los generadores de patentes.

Por último, se tienen que aprovechar las facultades de los estados para desarrollar programas de nivelación académica ante los efectos de la pandemia.

Fuente:EL ECONOMISTA 27 de abril de 2021

De acuerdo con los resultados del trigésimo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de marzo de 2021, durante ese mes 66.4% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto a los registrados en marzo y diciembre de 2020, que fueron de 73.4 y 68.1%, respectivamente. En esta edición, 17 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos respecto a diciembre de 2020: 12 tuvieron reducciones y 5 incrementaron. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 71%, mientras que para los hombres fue de 60.9 por ciento.

Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ecatepec de Morelos, Cuernavaca, Gustavo A. Madero, Uruapan y Guadalajara, con 94.2, 89.9, 87.8, 86.4, 86.3 y 86.1%, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Tampico, San Nicolás de los Garza, Los Cabos, Piedras Negras y Mérida, con 8.2, 25.2, 26.2, 26.2, 29.4 y 30.3%, respectivamente.

En específico, 78.4% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 71.2% en el transporte público, 63.4% en el banco y 59.2% en las calles que habitualmente usa.

A partir de marzo de 2021, en el apartado de problemáticas urbanas, se estima el porcentaje de personas que identificó hospitales saturados o con servicio deficiente como uno de los problemas más importantes en las ciudades.

La ENSU, con periodicidad trimestral, ha realizado a la fecha treinta levantamientos. El primero de ellos se llevó a cabo en septiembre de 2013.

Las estimaciones más precisas relativas a la prevalencia de la violencia de pareja y la violencia sexual se derivan de las encuestas poblacionales basadas en los testimonios de las víctimas. En un análisis llevado a cabo en 2013 por la OMS en colaboración con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica, en el que se utilizaron los datos de más de 80 países, se observó que, en todo el mundo, una de cada tres mujeres (o el 35%) había sido objeto de violencia física o violencia sexual bien dentro o fuera de la pareja.

Casi un tercio (30%) de todas las mujeres que han tenido una relación ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Las estimaciones de prevalencia de la violencia de pareja oscilan entre el 23,2% en los países de ingresos altos y el 24,6% en la región del Pacífico Occidental, al 37% en la región del Mediterráneo Oriental y el 37,7% en la región de Asia Sudoriental.

El 38% de los feminicidios que se cometen en el mundo son perpetrados por la pareja. Además de la violencia de pareja, el 7% de las mujeres refieren haber sufrido agresiones sexuales por personas distintas de su pareja, si bien los datos a ese respecto son más escasos. Los actos de violencia de pareja y violencia sexual son cometidos en su mayoría por hombres contra mujeres.

La violencia de pareja (física, sexual y emocional) y la violencia sexual ocasionan graves problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo a las mujeres. También afecta a sus hijos y tiene un elevado costo social y económico para la mujer, su familia y la sociedad.

Repercusión en los niños

Los costos sociales y económicos de este problema son enormes y repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos.

Cada vez hay más estudios bien concebidos sobre la eficacia de los programas de prevención y respuesta. Se necesitan más recursos que refuercen la prevención y la respuesta frente a la violencia de pareja y la violencia sexual, en particular en el ámbito de la prevención primaria, a fin de impedir que llegue a producirse.

Existen datos procedentes de los países de ingresos altos que indican que las intervenciones de sensibilización y la prestación de orientación psicológica para mejorar el acceso a los servicios dirigidos a las víctimas de violencia de pareja son eficaces a la hora de reducir dicha violencia. Los programas de visitas domiciliarias en que participan los servicios periféricos de salud por medio de profesionales de enfermería capacitados también parecen prometedores a efectos de reducir la violencia de pareja. No obstante, aún han de evaluarse para poder ser utilizados en entornos con pocos recursos.

Entre las estrategias de prevención que podrían dar buenos resultados en entornos de bajos recursos cabe citar las siguientes: aquellas que permiten que la mujer se emancipe económica y socialmente mediante una combinación de microfinanciación y formación en materia de igualdad de género; las que fomentan la comunicación y las relaciones interpersonales dentro de la pareja y la comunidad; las que reducen el acceso al alcohol y su uso nocivo; las que transforman las normas sociales y de género nocivas, mediante la movilización de la comunidad y la educación grupal y participativa de mujeres y hombres con el fin de provocar una reflexión crítica sobre las relaciones de género y de poder desiguales.

https://youtu.be/NAlY-1KI6ts

La región de América Latina y el Caribe marcará una contracción de -7,7% en 2020, pero tendrá una tasa de crecimiento positiva de 3,7% en 2021, debido principalmente a un rebote estadístico que, sin embargo, no alcanzará para recuperar los niveles de actividad económica pre-pandemia del coronavirus (en 2019), indicó la CEPAL en un nuevo informe.

La CEPAL dio a conocer su Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020, uno de los principales reportes anuales del organismo de las Naciones Unidas.

Según el documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en un contexto de contracción global, América Latina y el Caribe es la región más golpeada del mundo en desarrollo por la crisis derivada del COVID-19. En la década previa a la pandemia la región mostraba una trayectoria de bajo crecimiento y en 2020 enfrenta una combinación de choques negativos de oferta y demanda sin precedentes, lo que se traduce en la peor crisis económica de los últimos 120 años.

Si bien los importantes esfuerzos fiscales y monetarios realizados por los países han permitido mitigar los efectos de la crisis, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia han sido exacerbadas por los problemas estructurales que la región arrastra históricamente. Para el año 2021 se espera una tasa de crecimiento del PIB positiva que refleja fundamentalmente un rebote estadístico, pero la recuperación del nivel de producto interno bruto (PIB) pre crisis será lenta y se alcanzaría recién hacia el año 2024.

Las debilidades y brechas estructurales históricas de la región, su limitado espacio fiscal, la desigualdad, la escasa cobertura y acceso a la protección social, la elevada informalidad laboral, la heterogeneidad productiva y la baja productividad son centrales para entender el alcance de los efectos de la pandemia en las economías de la región, sus dificultades para implementar políticas que mitiguen estos efectos y los desafíos a la hora de emprender una reactivación económica sostenible e inclusiva.

Antes de la pandemia la región ya mostraba un bajo crecimiento económico: en promedio un 0,3% en el sexenio 2014-2019, y específicamente en 2019 una tasa de 0,1%. Con la llegada de la pandemia, se sumaron a ese bajo crecimiento económico los choques externos negativos y la necesidad de implementar políticas de confinamiento, distanciamiento físico y cierre de actividades productivas, lo que hizo que la emergencia sanitaria se materializara en la peor crisis económica, social y productiva que ha vivido la región. La contracción de la actividad económica ha venido acompañada de un aumento significativo de la tasa de desocupación, que se prevé en torno al 10,7% en 2020, una profunda caída de la participación laboral y un incremento considerable de la pobreza y la desigualdad.

De acuerdo con las proyecciones entregadas por el organismo de las Naciones Unidas, América del Sur se contraería -7,3% en 2020 y crecería 3,7% en 2021; América Central caería -6,5% en el presente período y se expandiría 3,8% el próximo año; mientras que El Caribe anotaría una contracción de -7,9% en 2020 y un crecimiento de 4,2% en 2021.

El documento de la CEPAL enfatiza que para evitar que la región persista en su dinámica de bajo crecimiento se requiere de políticas fiscales y monetarias expansivas junto con políticas ambientales e industriales, que permitan las transformaciones estructurales que la región necesita y promuevan un desarrollo sostenible.

Plantea la necesidad de priorizar el gasto para la reactivación y transformación económica y social mediante el fomento de la inversión intensiva en empleo y ambientalmente sostenible en sectores estratégicos; extender el ingreso básico a personas en situación de pobreza; otorgar financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES); entregar incentivos al desarrollo productivo, revolución digital para la sostenibilidad y tecnologías limpias; y universalizar los sistemas de protección social.

Se argumenta que más allá de los esfuerzos nacionales, la reactivación y la transformación económica de la región requerirán de financiamiento y cooperación internacional. En este ámbito, enfatiza la necesidad de utilizar instrumentos como la emisión y reasignación de los Derechos Especiales de Giro (DEGs) del Fondo Monetario Internacional para fortalecer las reservas de los países de la región y los acuerdos regionales; incluir a los países de renta media vulnerables en la iniciativa de moratoria de deuda del G-20 (DSSI, por sus siglas en inglés) y además poner en práctica el canje de deuda por adaptación al cambio climático en el caso del Caribe junto con la creación de un fondo de resiliencia; y capitalizar las instituciones de crédito multilaterales, regionales y nacionales.

Fuente: CEPAL 16 de diciembre de 2020

El documento Violencia contra niños, niñas y adolescentes en tiempos de COVID-19 alerta que estimaciones recientes calculan una prevalencia del 55% de agresión física y 48% de agresión psicológica en la crianza en América Latina y el Caribe.

Asimismo, agrega que, en el marco de la contención de la pandemia, se han reducido factores de protección y se han exacerbado los riesgos de violencia. De un lado, se constata una menor capacidad de detección de incidentes de violencia debido al aislamiento físico y al cierre de actividades presenciales en instituciones educativas y centros de primera infancia, la reducción en la oferta social de los Estados y la crisis económica que ha impactado el nivel de ingresos en los hogares.

A lo anterior se suma la cobertura limitada de acceso a internet y la brecha generacional en conocimientos sobre entorno digital en los adultos, que limita la labor de adecuado monitoreo y acompañamiento a niñas y niños que hoy pasan más tiempo en línea.

De igual forma, el informe advierte que los factores de riesgo para que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de violencia en el hogar se han exacerbado. Entre estos, se resalta el incremento en los reportes de violencia contra la mujer (que tiene una estrecha relación con violencia perpetrada contra niñas, niños y adolescentes), el aumento en el estrés y la ansiedad, el impacto económico en la niñez y adolescencia, el incremento de la actividad en línea tanto de niñas, niños y adolescentes, como de los perpetradores de violencia sexual.

Para abordar la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el marco de la respuesta a la crisis del COVID-19, el documento propone recomendaciones adicionales a las políticas, programas y acciones con que se contaba antes de la crisis:

1.- Poner a la niñez en el centro de las políticas y planes para la recuperación económica de los países para revertir el incremento de la pobreza y erradicar inequidades históricas que perpetúan desafíos estructurales como la violencia basada en el género y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, al mismo tiempo, que se reconstruye la confianza en las instituciones democráticas.

2.- Optimizar recursos mediante la convergencia de servicios que, entre otras, permita atender de forma coordinada los casos de violencia contra las mujeres y contra las niñas, niños y adolescentes; que amplíe el número de perceptores de oferta pública de servicios; que brinde atención específica y diferencial a las poblaciones que ya estaban en vulnerabilidad, y que promuevan la economía del cuidado atendiendo el equilibrio en la distribución de roles y tareas.

3.- Brindar atención para la salud mental y apoyo psicosocial en forma universal y gratuita para prevenir y atender trastornos de salud mental como depresión, ansiedad, tendencias suicidas y estrés en padres, madres y cuidadores, y en los propios niños, niñas y adolescentes, y a su vez promover prácticas asertivas de crianza y comunicación en el hogar.

4.- Asegurar el acceso universal a internet de todos los niños, niñas y adolescentes en áreas no cubiertas, así como la difusión de dispositivos electrónicos a las niñas, niños y adolescentes para asegurar su educación continua.

5.- Proteger a la niñez frente a la violencia en línea, difundiendo mensajes sobre el comportamiento seguro y responsable en línea y adoptando medidas concretas para combatir adecuadamente la violencia en internet.

6.- Garantizar la protección social universal para las familias incluyendo estímulos en efectivo, cobertura universal de salud y reconociendo la protección de la infancia, la salud mental y la educación como servicios esenciales y parte de una respuesta intersectorial basada en derechos.

7.- Asignar una inversión sostenida en la infancia y fortalecer los servicios para el bienestar y la protección de la niñez frente a todas las formas de violencia.

8.- Promover políticas laborales orientadas a apoyar la parentalidad positiva y basada en el género.

9.- Involucrar a las niñas, niños y adolescentes en la construcción de soluciones y oportunidades en el ámbito comunitario, local, regional y nacional.

Fuente: CEPAL 15 de diciembre de 2020

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2020. El objetivo de esta encuesta es generar información estadística que permita realizar estimaciones con cobertura nacional sobre la prevalencia delictiva en unidades económicas.

La Encuesta permite hacer estimaciones sobre la victimización de los delitos más representativos del fuero común ocurridos durante 2019 en las unidades económicas del sector privado. Delitos como narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero, no son susceptibles de medirse en una encuesta de victimización.

Principales Resultados

Se estima que 30.5% de las unidades económicas del país fue víctima de algún delito durante 2019; para 2017 esta cifra fue de 33.7 por ciento.

Se estima que, durante 2019, 34.2% de las unidades económicas del sector Comercio fue víctima de algún delito, 25.4% del sector Industria y 27.8% del sector Servicios.

Durante 2019, 51.5% de las unidades económicas grandes fue víctima de algún delito, 56.4% de las medianas, 48.3% de las pequeñas y 29.6% de las micro.

En 2019 ocurrieron 3.9 millones de delitos; el delito con mayor incidencia fue la extorsión, seguido del robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes.

El costo promedio del delito por unidad económica en 2019 fue de 85,329 pesos, mientras que en 2017 fue de 66,031 pesos. En las unidades económicas grandes el costo promedio pasó de 1.9 a 1.5 millones de pesos entre 2017 y 2019; de igual forma, en las unidades económicas medianas pasó de 725 mil a 545 mil pesos; mientras que en unidades económicas pequeñas pasó de 241 mil a 279 mil pesos.

La cifra negra de los delitos ocurridos durante 2019 al sector privado asciende a 92%, en los cuales no hubo denuncia, o bien, no se inició una carpeta de investigación. Esta cifra resulta ser estadísticamente superior al 86.6% estimado para 2017. La cifra negra ha aumentado en las unidades económicas comerciales al pasar de 83.7% a 91% de 2017 a 2019, así como en las grandes, en donde pasó de 56.9% a 68.3 por ciento.

A nivel nacional, 60.4% de las unidades económicas considera a la inseguridad y delincuencia como el problema más importante que les afecta, seguido del bajo poder adquisitivo de la población con 37.8%, y la falta de apoyos del gobierno con 36.1 por ciento.

75.5% de las Unidades Económicas refiere que la entidad federativa en la que operan es insegura, cifra estadísticamente inferior al 78.9% estimado para 2018.

85% de las unidades económicas manifiesta que la Marina desempeña un trabajo muy efectivo o algo efectivo, seguida del Ejército con 83 por ciento. En contraste, esta cifra llega a 36.4% para la Policía de Tránsito, mientras que para la Policía Preventiva Municipal se ubica en 39.8 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2020.

El propósito de esta encuesta es generar información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2019, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades en el periodo de marzo de 2020, para proveer información a la sociedad y a quienes toman decisiones de política pública en estas materias.

La ENVIPE permite hacer estimaciones estadísticas sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas y a los hogares en los delitos de robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público.

Principales resultados de la ENVIPE 2020

La ENVIPE estima 22.3 millones1 de víctimas2 de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 24,849 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2019, cifra estadísticamente inferior a la estimada en 2018.

La tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2019 fue de 33,659, cifra estadísticamente menor a la estimada en 2018 que fue de 37,807.

En 2019, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 282.1 mil millones de pesos, es decir, 1.53% del PIB. Lo anterior equivale a un promedio de 6,931 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

La ENVIPE 2020 estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son por circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 36.3% y la desconfianza en la autoridad con 15 por ciento.

La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las entidades federativas en marzo de 2020, se ubicó en 78.6%. Asimismo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas en marzo de 2020 fue de 70.3% y 48.7% de la población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o demarcación territorial y en su colonia o localidad, respectivamente.

La ENVIPE 2020 y la contingencia sanitaria

Debido a la contingencia sanitaria generada a causa de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en atención a las disposiciones de las autoridades federales y locales, y a la determinación del INEGI de priorizar la salud de los entrevistadores y de la población informante, la etapa de captación de la ENVIPE 2020 prevista para los meses de marzo y abril de 2020 fue suspendida el 31 de marzo y se reanudó el 27 de julio.

Por lo anterior, la captación de información se realizó en dos periodos: del 17 al 31 de marzo y del 27 de julio al 04 de septiembre. En las ediciones anteriores de la ENVIPE el levantamiento de información se realizó sólo en los meses de marzo y abril.

Por esta circunstancia, los resultados relacionados con las experiencias de la población relativos a delitos podrían presentar algún grado de subestimación tanto en víctimas como en incidencia delictiva. Esto, por la falta de recordación por parte de los informantes relacionada con los actos delictivos experimentados durante 2019.

Documentación

Los productos y documentos derivados de la ENVIPE 2020 que el INEGI pone a disposición de los usuarios son los siguientes: Tabulados con los principales resultados, Tabulados de medidas de precisión (errores estándar, coeficientes de variación e intervalos de confianza), Bases de datos, Estructura de la base de datos, Marco conceptual, Cuestionario principal y Módulo de victimización, Diseño muestral e Informe operativo.

Como parte de los resultados de la ENVIPE, el INEGI pone a disposición de sus usuarios 700 tabulados con los principales resultados de información de la Encuesta, los cuales se clasifican en los siguientes temas: 1) Nivel de victimización y delincuencia; 2) Caracterización del delincuente; 3) Denuncia del delito; 4) Características de las víctimas de delito, los delitos y los daños; 5) Percepción sobre la seguridad pública; 6) Desempeño institucional; 7) Caracterización del delito en los hogares; 8) Información en ciudades y/o áreas metropolitanas, e 9) Información Ciudad de México.

Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física, la mayor parte de las veces a manos de su pareja. Aún así, sólo dos de cada tres países han prohibido la violencia doméstica, en 37 no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima y en otros 49 no existe una legislación que proteja a las mujeres de ese lastre.

Desde que surgió el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes de los trabajadores de primera línea revelan que la violencia contra las mujeres y las niñas se ha agudizado, sobre todo cuando ocurre en el hogar.

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, destacó la diferencia en la respuesta que las sociedades y los servicios públicos dan a las personas que contraen una enfermedad que podría ser mortal y a las que piden ayuda porque sus parejas amenazan su salud o su vida.

Según los datos de ONU Mujeres, sólo el año pasado, 243 millones de mujeres y niñas sufrieron violencia sexual o física por parte de sus parejas. Este año, las denuncias de violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado, el ciberacoso, los matrimonios infantiles y el acoso y la violencia sexuales han aumentado.

“Las mujeres deben gozar de pleno acceso a la justicia, procedimientos judiciales confiables y prevención efectiva de los delitos”, recalcó, añadiendo que menos del 40% de las mujeres víctimas de delitos violentos denuncian estas agresiones por desconfianza en la respuesta que obtendrán del sistema.

Mlambo-Ngcuka afirmó que el cambio debe empezar en las facultades de Derecho y las academias de policía, enseñándole a sus estudiantes a reconocer e intervenir en casos de maltrato. “Implica erradicar la impunidad, con marcos jurídicos y políticos sólidos y con datos para registrar los avances y exigir cuentas de la sociedad y de las autoridades”, apuntó.

“La economía de la violencia es simple y devastadora. Nadie sale ganando. Todas las personas perdemos. Debemos revertir esta situación”, enfatizó la directora ejecutiva y sostuvo que esto se puede lograr con voluntad.

Hace 20 años, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la que designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre este flagelo y de impulsar medidas para ponerle fin.

Hasta la fecha, sólo dos de cada tres países han prohibido la violencia doméstica, mientras que en 37 Estados todavía no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima. Además, en otros 49 Estados no existe aún una legislación que proteja a las mujeres de la violencia doméstica.

Para amplificar su llamado a acabar con la violencia contra las mujeres, el Día Internacional marca el principio de la campaña anual 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que termina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) manifestó hoy su preocupación por la persistencia de la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas de la región y por las altas tasas de feminicidio observadas. Según los últimos datos oficiales reportados al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión, en 2019 se registraron 4.640 casos de feminicidio en 24 países, 18 latinoamericanos y 6 caribeños.

La situación de las mujeres y las niñas se ha visto agravada durante el confinamiento y las restricciones de movilidad dispuestas por los países frente al COVID-19, que limitaron su acceso a redes de apoyo y servicios de atención, plantea la CEPAL en un documento publicado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, y que da inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

“La violencia de género ocurre de forma sistemática en nuestra región. No conoce fronteras, afecta a mujeres y niñas de todas las edades y sucede en todos los espacios: en los lugares de trabajo, en el marco de la participación política y comunitaria, en el transporte y en la calle, en la escuela y en los centros educativos, en el ciberespacio y, sin duda, en los propios hogares. Es lo que en el sistema de las Naciones Unidas hemos llamado una ‘pandemia en la sombra’”, señaló la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

De acuerdo con encuestas nacionales de seis países de la región, entre el 60% y el 76% de las mujeres (alrededor de 2 de cada 3) ha sido víctima de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida. Además, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima o vive violencia física, psicológica y/o sexual, por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal: el feminicidio o femicidio.

Los gobiernos de la región han informado al Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe de la CEPAL más de 90 medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres en este período. Se destaca la respuesta de países donde la totalidad o parte de los servicios de atención a este flagelo fueron declarados esenciales. Sin embargo, la adaptación a modalidades remotas ha sido muy compleja y limita el acceso a la justicia, lo que aumenta el riesgo de impunidad que afecta a estos delitos, alerta la CEPAL.

El documento señala que “la gran cantidad de denuncias en líneas remotas y de forma presencial exige fortalecer la acción pública con aumento de recursos fiscales y medidas que garanticen la atención integral en servicios sociales y acceso a la justicia a través de canales activos y expeditos”.

“Para superar la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas se requiere de políticas que aborden los nudos estructurales de la desigualdad, principalmente los derivados de los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos”, dice la CEPAL. “Urge avanzar en forma integral y acelerada en la garantía de los derechos y la autonomía de las mujeres en sus dimensiones económica, física y en la toma de decisiones”.

Fuente: CEPAL 24 de noviembre de 2020

La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia que no hemos logrado erradicar y que afecta a todos los países del mundo. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de la campaña Únete, la Organización de las Naciones Unidas convoca a la sociedad en su conjunto a hacer frente a otra pandemia: la violencia contra las mujeres y las niñas, la cual ha generado que en México 7 de cada 10 mujeres hayan enfrentado algún tipo de violencia.

Las emergencias humanitarias, los desastres, las crisis económicas y las pandemias generan, para las mujeres y las niñas, mayores riesgos de padecer violencia. La pandemia de COVID-19 no es una excepción; esta es mucho más que una crisis sanitaria, se trata de una crisis global que podría revertir décadas de progreso en los derechos y la igualdad de género.

La pandemia afecta desproporcionadamente a las mujeres y las niñas. Mientras que los hombres sufren tasas de mortalidad más altas, las mujeres se ven especialmente afectadas por las consecuencias económicas, sociales, y la violencia de género, es decir, sufren una violencia estructural que las afecta tanto en espacios privados como públicos, lo cual vulnera la garantía de sus derechos humanos.

Por ello, bajo el lema: Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir y recopilar!, este año la campaña ÚNETE pone énfasis en la importancia de los gobiernos y el trabajo en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas, sociedad civil y el sector privado para generar una estrategia de compromiso político a fin de acelerar respuestas concretas en los cuatro ejes de la campaña: financiarun paquete mínimo de servicios esenciales; responder adecuadamente a las sobrevivientes para garantizar su acceso a los servicios esenciales; prevenir la violencia y modificar las normas sociales que le dan origen y la normalizan; y recopilar datos e información para construir políticas que prevengan, atiendan y sancionen la violencia estructural que viven millones de mujeres y niñas, además de la adopción de medidas en pro de la reparación, la verdad y la memoria de las mujeres víctimas de la violencia.

Para seguir respondiendo a esta situación de urgencia, a petición del Secretario General de la ONU, el Sistema de las Naciones Unidas ha diseñado una estrategia con cuatro ejes de compromisos a fin de acelerar una respuesta de políticas públicas concretas respecto de la violencia de género en el contexto de COVID-19 y promover la política de cero tolerancia hacia la violencia en todas las esferas de la sociedad:

1. Financiar: dar prioridad al financiamiento de un paquete de servicios esenciales que incluyan la prevención de violencia de género. Y asegurar un financiamiento flexible a las organizaciones de sociedad civil de los derechos de las mujeres que trabajan en el nexo entre COVID-19 y la violencia de género.

2. Prevenir: declarar una política nacional de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y las niñas con un plan de acción concreto.

3. Responder: poner especial atención sobre las víctimas y sobrevivientes, a través del paquete de servicios esenciales que incluyan el acceso a la procuración e impartición de justicia, así como a servicios sociales y de salud.

4. Recopilar: datos del incremento en los diversos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, incluido el ámbito digital, con el fin de generar una política que prevenga y atienda la violencia en circunstancias específicas de confinamiento.

El hecho de que la violencia esté tan presente, no quiere decir que sea normal ni mucho menos aceptable; a pesar de toda la devastación que ha causado, la crisis del COVID-19 también representa una oportunidad generacional para construir economías y sociedades más inclusivas, pacíficas y libres del flagelo de la violencia. Necesitamos crear una “paz feminista” que escuche la voz de todos y todas, con todos los grupos incluidos de manera plena y significativa en las decisiones que afectan sus vidas. Esto debe incluir escuchar las voces de mujeres y niñas que marchan en contra la violencia y en defensa de sus derechos, garantizando que puedan ejercer el derecho de manifestación de forma segura.

El Foro Generación Igualdad, convocado por ONU Mujeres y copresidido por Francia y México en el 2021, representa también la oportunidad de abordar el papel clave que desempeñan las mujeres y generar estrategias para revertir esta crisis. De ahí la importancia de la contribución en la respuesta y recuperación de COVID-19 por parte de todos los gobiernos del mundo para reforzar los mecanismos de accesos a servicios y políticas de prevención y eliminación de todos los tipos de violencia.

Las Agencias de Naciones Unidas hacemos una invitación para que, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, durante los 16 días de activismo, las instituciones de gobierno, la sociedad civil, las universidades, el sector privado, medios de comunicación, junto con las y los jóvenes se unan a la campaña Únete para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas con diferentes actividades como: foros públicos, actividades culturales, el uso de prendas de vestir color naranja, declaraciones públicas llamando a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y usando los hashtags oficiales #DíaNaranja #16días y #Únete.

En un momento en que la pandemia de COVID-19 y la cultura dominante de impunidad amenazan los avances logrados en el terreno de la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, ONU Mujeres insta a emprender acciones robustas y decididas en respuesta a esta crisis sin precedentes con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el período previo al Foro Generación Igualdad –en el que los agentes mundiales asumirán nuevos y firmes compromisos para erradicar la violencia contra las mujeres–, los Gobiernos, la sociedad civil, la juventud, las y los influencers y el sector privado prestarán sus voces a los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña de movilización global que arranca hoy y se prolongará hasta el 10 de diciembre. Juntas y juntos exigirán un cambio radical y la construcción de una “nueva normalidad” que ofrezca a todas las mujeres y niñas un futuro sin violencia.

Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la violencia contra las mujeres era una de las violaciones más extendidas de los derechos humanos: casi el 18% de las mujeres y niñas experimentaba violencia física o sexual por parte de una pareja íntima a lo largo de un período de 12 meses. Conforme la pandemia se aceleraba, se observó una alarmante “pandemia en la sombra” de violencia contra las mujeres, con un aumento de las tasas de violencia doméstica, pero también en las calles, en Internet y en diversos entornos. El número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se quintuplicó en algunos países durante las semanas iniciales de la pandemia, mientras que en otros se redujo por la imposibilidad de las mujeres de buscar ayuda a través de los canales habituales al verse atrapadas en el hogar con sus maltratadores. De acuerdo con las proyecciones, cabe prever que la violencia alcance a 15 millones de mujeres más por cada tres meses que se mantenga el confinamiento.

Hemos visto al mundo entero responder a la pandemia del coronavirus, trabajando al unísono, realizando grandes inversiones y utilizando protocolos con gran determinación. La violencia contra las mujeres también es una pandemia; de hecho, precede al virus y perdurará cuando este desaparezca.En un momento en que nos enfrentamos a la devastación provocada por la COVID-19, es más importante que nunca que pongamos en común nuestros recursos y asumamos un compromiso conjunto para hacer frente a los grandes desafíos y para poner fin a la violencia contra las mujeres, por el bien de todas y todos”, manifestó Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

En respuesta a la petición de “alto al fuego en el hogar” del Secretario General de las Naciones Unidas realizada este mismo año, casi 150 países acordaron incluir la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas como un componente fundamental de sus planes de respuesta a la COVID-19. Muchos de ellos han acompañado este compromiso con un fortalecimiento de los servicios esenciales, como los refugios, las líneas telefónicas de asistencia y otros mecanismos de denuncia. Sin embargo, tan sólo 48 países, menos de la cuarta parte de los 206 analizados en el marco de un reciente estudio, trataron la violencia contra las mujeres y los servicios prestados a las niñas en este ámbito como una parte integral de sus planes nacionales y locales de respuesta a la COVID-19, y muy pocos financiaron adecuadamente estas medidas.

Con el fin de hacer frente a esta infradotación generalizada de recursos para este problema crucial, ONU Mujeres ha convocado a la Coalición de Acción sobre la violencia de género, una innovadora alianza formada por Gobiernos, la sociedad civil, líderes juveniles, el sector privado y entidades filantrópicas para desarrollar un programa claro de acciones que impulsen la erradicación de la violencia contra las mujeres y movilicen fondos para ello. Dichas acciones e inversiones se anunciarán en el Foro Generación Igualdad que se celebrará en 2021 en México y Francia, junto con las de las otras cinco Coaliciones de Acción del Foro Generación Igualdad.

La conmemoración oficial del Día Internacional por parte de las Naciones Unidas tendrá lugar por primera vez en formato virtual y brindará a los Estados Miembros una oportunidad para fortalecer y cumplir sus compromisos con la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Como en años anteriores, edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo –entre ellos, las pirámides y la Esfinge de Guiza, en Egipto; las estatuas moáis de la isla de Pascua, en Chile; el Parlamento de la República de Moldova; las Torres de Kuwait; y el Ayuntamiento de Bruselas, en Bélgica– se iluminarán de naranja para instar a un futuro mejor en el que las mujeres y las niñas puedan vivir sin violencia. En los Países Bajos se iluminarán de naranja más de 200 ayuntamientos para demostrar su solidaridad con las sobrevivientes y apoyar los 16 Días de Activismo.

La violencia contra las mujeres y niñas, de por sí uno de los problemas más graves que encaramos, recrudece en cualquier tipo de emergencia. La crisis ocasionada por la COVID-19 no es la excepción.

Las cifras escapan la imaginación: incluso antes de la COVID-19, en los últimos 12 meses cerca de 243 millones de mujeres habían sido maltratadas por su pareja.

No solo es casi seguro que ese número esté por debajo de las cifras reales — se calcula que menos del 40% de las mujeres denuncian un incidente de maltrato o buscan ayuda — sino que esa cifra se ha disparado a medida que el costo social, mental y económico del confinamiento se ha ido arraigando con el correr de los meses.

El repunte está poniendo presión incluso en los mejores sistemas de salud y los refugios contra la violencia doméstica están alcanzando su máxima capacidad. La necesidad de redireccionar recursos normales para atender la pandemia de la COVID-19 ha agudizado los desafíos. El costo, en términos monetarios, se calcula en US$1,5 billones, y esa cifra va en aumento conforme se prolonga la pandemia.

Los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género del Sistema de las Naciones Unidas se desarrollará entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, bajo el lema: “Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir, recopilar!” La campaña señalará el alcance de un problema que con demasiada frecuencia permanece oculto, y sugerirá maneras en las que los gobiernos y las comunidades pueden convertir la acción eficaz en un componente fundamental de sus planes de respuesta ante la COVID-19.

El PNUD está urgiendo la formulación de políticas que generen un compromiso para financiación a largo plazo que apoye a las sobrevivientes, así como a los sistemas policiales y de justicia. Estamos trabajando con más de 80 países para prevenir la violencia contra mujeres y niñas y responder ante las tasas en ascenso de ese flagelo. Ello incluye asegurar que las necesidades de las sobrevivientes sean atendidas y que las mujeres participen en el proceso de construir un futuro mejor, en el que sus preocupaciones, experiencia y opiniones se incorporen en todos los niveles de respuesta y recuperación frente a la COVID-19.

En colaboración con ONU Mujeres, el PNUD México está estableciendo plataformas telefónicas y en línea para apoyar a mujeres vulnerables en centros LUNAS, que son espacios seguros donde las mujeres reciben un estipendio mensual y, cuando procede, pueden escapar de sus agresores.

El PNUD y ONU Mujeres han lanzado el Rastreador Mundial de Respuestas de Género COVID-19. Incluye más de 2.500 medidas en 206 países que abordan directamente la seguridad económica y social de las mujeres, así como medidas para abordar la violencia de género. Hasta el momento los resultados indican que si bien muchos países están priorizando las necesidades de las mujeres en los esfuerzos emprendidos contra la COVID-19, el esfuerzo de muchos países no ha sido suficiente, en tanto que cerca del 20% de los países no está haciendo absolutamente nada al respecto.

En el informe del PNUD sobre la violencia de género y la COVID-19 se incluyen medidas adicionales que los organismos de las Naciones Unidas, los gobiernos y otros asociados pueden adoptar para prevenir y abordar la violencia de género en el contexto de la COVID-19.

Fuente: PNUD 25 de noviembre de 2020

En 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 25 de noviembre Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer como un llamado a gobiernos, organismos, órganos, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, y a otras organizaciones internacionales y no gubernamentales, para llevar a cabo actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer.

Con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difunde este comunicado con información estadística sobre la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país con el propósito de dimensionar y contribuir al conocimiento sobre el tema en México, y coadyuvar en el diseño y definición de acciones para prevenir, atender y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres.

La información se obtiene de tres instrumentos de información clave que genera el INEGI: La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y los registros administrativos de los Censos Nacionales de Gobierno.

Los resultados de la ENDIREH 2016 indican que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida. El 43.9% de ellas han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación mientras que 53.1% ha sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida.

Las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son las que residen en áreas urbanas (69.3%), en edades entre 25 y 34 años (70.1%), las que cuentan con nivel de educación superior (72.6%) y las que no pertenecen a un hogar indígena (66.8 por ciento).

De acuerdo con los resultados de la ENSU tercer trimestre 2020, se estima que entre enero y septiembre de 2020, 9% de los hogares experimentaron alguna situación de violencia familiar.

Los Censos de Gobierno revelan que, de los presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8 por ciento).

En cuanto a la oferta institucional para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, el INEGI genera información que permite dimensionar los servicios. Por ejemplo, para 2020 en México existían 50 Centros de Justicia (CJM) para las Mujeres, distribuidos en 28 entidades federativas. Las entidades que cuentan con el mayor número de instancias son Coahuila (5), México y San Luis Potosí (4) y la Ciudad de México (3). Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco no cuentan con CJM.

El informe dice que el gasto fiscal excepcional y el apoyo monetario deben mantenerse durante el tiempo que sea necesario para amortiguar el impacto de la pandemia, y describe cómo los gobiernos deben trabajar en tres frentes principales: reasignar recursos; apoyar a la gente; y construir un sistema económico sostenible y resistente para el futuro.

La crisis está acelerando los cambios en la economía, que a menudo son disruptivos. Los gobiernos deberán ayudar a los trabajadores y las empresas a hacer la transición de los sectores en contracción a la expansión; eliminando las barreras a la movilidad, aumentando la competencia y facilitando a las empresas el acceso a la financiación y las tecnologías avanzadas o la reestructuración.

La mejora de la formación y el desarrollo de habilidades, especialmente entre los jóvenes y las mujeres poco cualificadas, que a menudo son vulnerables en el mercado laboral, será clave. Los esquemas de retención de empleo deberán evolucionar para garantizar que las personas, en lugar de sus trabajos, estén protegidas, que se amplíen sus oportunidades y se salvaguarden sus ingresos.

El aumento de la inversión pública y privada, en particular en la atención médica, la digitalización, la reducción de las emisiones de carbono, la educación y las habilidades, son esenciales para reforzar la sostenibilidad y la resiliencia.

El G20 reafirma sus objetivos de reducir el porcentaje de jóvenes que están en mayor riesgo de quedarse atrás en el mercado laboral en un 15% para 2025, y reducir la brecha de género en la fuerza laboral en un 25%. durante los próximos cinco años. La OCDE y la OIT continuarán monitoreando los avances en estas áreas, así como el impacto de la pandemia en el empleo y las tendencias de la migración.

a OCDE continúa trabajando con el G20 para lograr un acuerdo político sobre cómo gravar la economía digital a mediados de 2021. En el Informe fiscal del Secretario General a los ministros de finanzas del G20 , la OCDE advierte que sin un acuerdo habría una proliferación de medidas unilaterales y un aumento de las disputas fiscales y comerciales perjudiciales que podrían reducir el PIB mundial en un momento en que nos estamos recuperando de la crisis.

Fuente: OECD 22 de noviembre de 2020

El poder de los datos se potencia cuando se asocian a su referencia geográfica, y el INEGI, que tiene el mandato de generar información estadística y geográfica, expande sus procesos de innovación para explotar fuentes de información no tradicionales, hacer más accesible la información, potenciar su uso mediante técnicas y herramientas novedosas, y avanzar en el análisis espacial.

Es por ello que presenta el Cubo de Datos Geoespaciales de México (CDGM), una herramienta que facilita el acceso, manejo y explotación de grandes volúmenes de imágenes satelitales a través de una interfaz de programación abierta y de libre acceso que permite el monitoreo de fenómenos ambientales, socioeconómicos y demográficos en México.

El aprovechamiento del CDGM permitirá vincular la información estadística que produce el INEGI con las imágenes satelitales para realizar análisis orientados a identificar crecimientos, comportamientos, distribuciones, tendencias, patrones y relaciones entre diversas variables.

El aprovechamiento del CDGM permitirá vincular la información estadística que produce el INEGI con las imágenes satelitales para realizar análisis orientados a identificar crecimientos, comportamientos, distribuciones, tendencias, patrones y relaciones entre diversas variables.

l CDGM ofrece la posibilidad de conocer y reconocer el carácter geoespacial, temporal y sistémico de fenómenos como crecimiento poblacional, deforestación, contaminación, estrés hídrico, salud, vegetación, protección civil, alimentación, gentrificación, energías limpias, niveles socioeconómicos y movilidad, entre otros.

El CDGM hace uso de imágenes provenientes de los satélites Landsat de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y del Departamento de Geología de los Estados Unidos (USGS). Actualmente cuenta con un acervo histórico de 118,000 imágenes Landsat con sus metadatos, desde 1984 hasta abril de 2020. El 86.4% de las imágenes de este acervo tienen Nivel 1 de Calidad de la Colección 1 de la NASA.

Con el CDGM el INEGI hace frente a la creciente demanda e interés internacional y nacional por los datos satelitales para examinar la relación entre los indicadores ambientales y socioeconómicos, y aporta herramientas que apoyen la interacción entre la ciencia de la Tierra y los dominios estadísticos.

Con el CDGM México se suma a países como Australia, Suiza, Ghana y Colombia, entre otros que ya hacen uso de esta tecnología. Además, aprovecha los sistemas y herramientas tecnológicas para atender el llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de promover y fomentar la exploración y el uso de estos datos para monitorear y apoyar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Actualmente, el Cubo de Datos Geoespaciales de México es una herramienta que utiliza el INEGI en distintas líneas de investigación para producir información con base en imágenes de percepción remota y, por ahora, se pone a disposición de las distintas dependencias de los tres niveles de gobierno que así lo requieran, para que puedan hacer uso de esta infraestructura y con ello tomar decisiones de política pública.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó en 2005 el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico como una fecha para reflexionar sobre las causas y consecuencias de los hechos de tránsito, así como sobre la labor de los servicios de apoyo y rescate, de los esfuerzos desplegados en todo el mundo para reducir las muertes por accidentes de tráfico. La conmemoración sirve también de motivo para concientizar sobre el costo económico que producen estos siniestros que alcanzan hasta 3% del PIB de los países, según la estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) produce la estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas que tiene como objetivo generar información sobre el número de los percances viales ocurridos en el territorio nacional, contribuyendo así a la elaboración y/o formulación de políticas de prevención de accidentes.

De acuerdo con los resultados de la estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas, en 2019 se reportaron 362 586 accidentes, de los cuales 293 782 registraron solo daños materiales (81.0%); en 65 154 se identificaron víctimas heridas (18.0%), y los 3 650 accidentes restantes corresponden a eventos con al menos una persona fallecida (1.0%) en el lugar del accidente.

El tipo de accidente con mayor número de víctimas muertas en el lugar del evento fue la colisión con peatón (atropellamiento) con un total de 887 víctimas (21.5%), seguido por colisión con vehículo automotor con 886 (21.5%) y, en tercer lugar, colisión con motocicleta con 608 personas fallecidas (14.7 por ciento). En conjunto, estos tres tipos de accidentes concentran 6 de cada 10 muertos en incidentes de tránsito.

Durante el fin de semana se presentan la mayor cantidad de las víctimas mortales. En domingo se reportaron 22.2% de los decesos y 17.4% de los lesionados. En segundo lugar, aparece el sábado con 18.2% de los fallecidos y 16.6% de personas heridas y, en tercer lugar el lunes con 13.9% de personas fallecidas y 13.8% de los heridos.

El horario en el que se registran accidentes con el mayor número de víctimas fatales es entre las 19:00 y las 23:59 horas. En este periodo fallecieron 26.3% del total de las víctimas de accidentes de tránsito durante 2019. Por otra parte, las personas que perdieron la vida en accidentes ocurridos entre las 13:00 y 18:59 horas alcanzaron un 25.9 por ciento. Durante la segunda mitad del día se registran 52.2% del total de los decesos.

La reactivación del empleo formal tras los despidos durante los meses de confinamiento anti Covid hiló tres meses y se aceleró en octubre, con la creación de 200,641 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se trata del mayor número de altas laborales para cualquier mes de octubre en la historia y de una cifra 25% superior a la observada en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con cifras divulgadas ayer 12 de noviembre, por el IMSS.

El número de nuevas plazas de trabajo se compuso de 111,832 empleos de carácter permanente y 88,809 de tipo eventual, lo que significa que 44.3% de las nuevas contrataciones fueron temporales, porcentaje que es el mayor desde octubre del 2009, cuando ascendió a 57 por ciento. Durante agosto, septiembre y octubre suman ya 406,881 empleos recuperados, respecto de los un millón 117,584 que fueron dados de baja de marzo a julio, lo que equivale a una tasa de recuperación de 36.4 por ciento.

No obstante, 45% de los empleos reactivados tiene el carácter de eventual, cuando solo 29% de los despidos que hubo de marzo a julio se relacionaron con empleos de tipo temporal, lo que habla de un proceso de recuperación sesgado hacia puestos de trabajo con menor estabilidad laboral.

De enero a octubre, de forma acumulada, se arrastra una pérdida de 518,609 puestos de trabajo, cifra que es superior a la del mismo período del 2009 (-104,368 empleos), aunque inferior a la observada en 1995 (-827,896 empleos), solo por contrastarla con datos de las dos últimas crisis económicas de los últimos años comparables en magnitud.

Al 31 de octubre había en el país un registro de 19 millones 902,833 trabajadores dados de alta ante el IMSS, esto es 4% menos respecto de los que había un año antes. Esta variación es, no obstante, inferior a la de -4.2% observada en septiembre o a la de -4.4% observada en julio, cuando se tocó fondo en materia de destrucción de puestos de trabajo.

En perspectiva, la mayor caída del empleo formal en la presente crisis (la de julio), rebasó la del clímax de despidos de la crisis del 2009 (junio, -4.2%), pero se quedó lejos del peor momento laboral de la crisis de 1995, en noviembre de ese año, cuando el retroceso llegó hasta 9.3 por ciento.

Por sector económico, el de electricidad, el agropecuario y el de servicios sociales y comunales reportaron en octubre alzas de 1.4%, 0.8% y 0.5%, respectivamente en su plantilla laboral.

A medida que la pandemia de COVID-19 profundiza el estrés económico y social también puede intensificar la violencia contra las mujeres sobre todo en el ámbito doméstico. Los perpetradores pueden estar atravesando situaciones de desempleo, inestabilidad económica o estrés, lo cual puede aumentar la frecuencia y la severidad de la violencia contra las mujeres.

A pesar de que no existen datos sistematizados sobre el impacto de la pandemia y las medidas de confinamiento en los femicidios, se están haciendo estudios rápidos en países como Colombia, México y Chile que podrían dar información relevante para ayudar a los gobiernos a tomar decisiones.

Aunque no es posible sacar conclusiones sobre los datos en medio de la crisis, es urgente tomar medidas porque, incluso antes del COVID-19, la violencia contra las mujeres en América Latina tenía dimensiones pandémicas.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el Caribe 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida y, según la CEPAL, en 33 países de la región durante el 2019 la cifra de mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres superaba las 3,800.

ONU Mujeres celebra que muchos Estados hayan respondido a la violencia contra mujeres y niñas, por ejemplo, al declarar la atención a las víctimas como un servicio esencial, al establecer alianzas con hoteles para que brinden espacios gratuitos a las mujeres víctimas y sobrevivientes y al aplazar automáticamente el vencimiento de las medidas cautelares que protegen a las víctimas de violencia dentro de las medidas de cuarentena.

Sin embargo, persisten barreras para que las mujeres puedan acceder a la justicia y a los servicios de atención. En algunos países, la atención ha sido interrumpida o las instituciones se han abocado a responder a lo más urgente de la crisis, como hacer cumplir las medidas de aislamiento social, lo que puede tener como consecuencia una mayor impunidad para los perpetradores.

ONU Mujeres produce herramientas para promover una respuesta al COVID-19 en América Latina y el Caribe con perspectiva de género. El documento Prevención de la violencia contra las mujeres frente a COVID-19 en América Latina y el Caribe orienta a diferentes actores sociales sobre estrategias, recomendaciones y prácticas prometedoras para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres en el marco de la crisis por la pandemia.

Asimismo, la Iniciativa Spotlight, el mayor esfuerzo mundial enfocado en poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, nacido de una alianza mundial entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, ajustó su plan de acción con el fin de responder a las necesidades surgidas a partir de la crisis provocada por el COVID-19.

Por ejemplo, las actividades ahora se centran en fortalecer las redes de atención a víctimas de violencia, en particular los refugios, para asegurar una provisión de servicios alineada con las nuevas disposiciones sanitarias. Además, se están fortaleciendo las redes de defensoras de derechos humanos en su labor de prevención y atención de la violencia.

También desde Spotlight, ONU Mujeres está promoviendo la generación de datos de calidad, que permitan visibilizar la dimensión del problema, hacer comparaciones entre países y dar respuestas hechas a la medida de cada situación.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados de la décima edición del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2020, que tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño del Poder Judicial de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, impartición de justicia, justicia para adolescentes y justicia alternativa y/o mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Entre los datos que aporta este Censo se encuentran:

El INEGI presenta los resultados de la décima edición del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2020 que tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, procuración de justicia, justicia para adolescentes y mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Estructura Organizacional y Recursos

Al cierre de 2019, se reportaron 1 458 unidades administrativas en las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia, en las cuales se encontraron adscritos 95 150 servidores públicos; de ellos, 56.9% fueron hombres y 43.1% mujeres.

En el mismo periodo se reportaron 3 729 Agencias del Ministerio Público de las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia, en las cuales se encontraron adscritos 45 479 servidores públicos. De estos, 26.0% fungió como Policías ministeriales o investigadores.

Durante 2019, las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia ejercieron un presupuesto de 44 400 millones de pesos. Las entidades que ejercieron mayores recursos fueron Ciudad de México (15.8%), México (9.8%) y Chihuahua (8.2 por ciento).

Servicios Periciales

Para el ejercicio de la función de los servicios periciales y/o servicio médico forense, durante 2019 se contó con 427 unidades y 338 laboratorios.

Por su parte, se contó con 6 242 peritos de los servicios periciales y/o servicio médico forense de las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia, de los cuales 24.0% correspondió a la especialidad de Criminalística.

Procuración de Justicia

Durante 2019, se iniciaron y/o abrieron 1 535 489 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación (98.5% para adultos y 1.5% para adolescentes).

Con relación a los delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas, a nivel nacional se registraron 1 544 409, de los cuales 98.5% correspondió al sistema de justicia para adultos y 1.5% al sistema de adolescentes. El delito registrado con mayor frecuencia fue Robo al concentrar 36.8% del total nacional.

Respecto de las víctimas registradas en las averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas, se reportaron 1 702 664. De ellas, 41.7% correspondió a hombres en el sistema de justicia para adultos.

Sobre los inculpados y/o imputados registrados en las averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas, durante 2019 se reportaron 1 474 084, de los cuales 47.1% correspondió a hombres de acuerdo con el tipo de inculpado y/o imputado.

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal

Finalmente, durante 2019 se abrieron 291 337 expedientes en materia penal para adultos y justicia para adolescentes por los órganos o unidades administrativas encargadas de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

En el mismo periodo se concluyeron 392 227 expedientes, de los cuales 32.4% correspondió a acuerdos reparatorios. En tanto, 33 023 expedientes permanecieron pendientes al cierre de 2019.

El CNPJE se realiza desde 2011 y la presente edición cuenta con 26 tabulados organizados de manera general en cuatro apartados conforme a los siguientes temas: Estructura organizacional y recursos; Servicios periciales; Procuración de justicia y Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

El estudio indica que el mundo ha logrado avances sustanciales en el logro de la educación primaria universal, y las niñas y los niños participan por igual en la educación primaria en la mayoría de las regiones.

Si bien es probable que los cierres de escuelas relacionados con COVID-19 retrasen el progreso en el acceso a la educación, la evidencia muestra que las niñas, una vez que tienen acceso a la escuela, suelen tener mejores resultados que los niños en términos de rendimiento académico. En la educación terciaria, las mujeres superan en número a los hombres y la matriculación está aumentando más rápidamente entre las mujeres que entre los hombres.

Sin embargo, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y representan solo un poco más del 35% de los graduados en estas áreas.

Las mujeres también son una minoría en las áreas de investigación y el desarrollo científico, y representan menos de un tercio de los investigadores del mundo.

Como dato positivo cabe destacar que la aceptación social de las mujeres golpeadas por sus parejas disminuyó en casi el 75% de los países con datos de los últimos siete años. Sin embargo, las leyes para abordar la violencia doméstica aún no están disponibles universalmente, y solo 153 países las aplican.

Otros Datos del Informe

Este día se celebra, por tercera ocasión, el Día Mundial de la Estadística con el lema “Conectando al mundo con datos confiables”, el cual se realiza cada cinco años, organizado bajo la dirección de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas con la participación de más de 140 Estados miembros de dicha comisión, así como de organizaciones internacionales y regionales.

La consigna que promueve la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas invita a reflexionar sobre la importancia de la confianza, los datos oficiales, la innovación y el bien público que generan los sistemas estadísticos nacionales.

En México, el INEGI es el organismo constitucional autónomo del Estado mexicano que, además de ser el principal productor de estadísticas oficiales del país, coordina el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

La fortaleza institucional del INEGI es fundamental para mantener la credibilidad en la medición de la realidad mexicana y esto es posible gracias a 5 pilares que rigen su actuar: autonomía; objetividad y rigurosidad técnica; principios y buenas prácticas; transparencia y rendición de cuentas y participación de la sociedad.

El INEGI tiene como mandato brindar a la sociedad y al Estado información estadística confiable, de acuerdo con las mejores prácticas nacionales e internacionales, generada y difundida libre de presiones de grupos de interés, que sirva de fundamento para la toma de decisiones basadas en evidencia.

Aplicar las mejores prácticas nacionales e internacionales, así como utilizar metodologías científicamente sustentadas, permite la comparabilidad internacional de la información y da la oportunidad a nuestro país de estar conectado con el mundo.

Actualmente, el Instituto cuenta con información estadística que permite el análisis de una gran variedad de fenómenos sociales y económicos tales como: población, ocupación y empleo, ingreso y gasto de los hogares, migración, salud y nutrición, victimización, percepción de inseguridad, corrupción, gobierno, igualdad de género, competitividad, evolución de las actividades económicas, comportamiento de precios, ciclos económicos, inclusión financiera, bienestar subjetivo, movilidad social, medio ambiente, uso de las tecnologías de la información, entre otros.

Asimismo, el INEGI mantiene el compromiso de atender las necesidades de información de los usuarios para responder de manera rápida y eficiente a nuevas demandas de información, así como a necesidades coyunturales que permitan prevenir y en su caso atender emergencias o catástrofes.

Tal es el caso de la pandemia por el COVID-19, en donde el Instituto tuvo que innovar en procesos alternativos de captación para seguir ofreciendo información pertinente a la sociedad y amplió su oferta de productos para poder medir el impacto de esta emergencia sanitaria en la actividad económica y el mercado laboral.

Por todo lo anterior, el Instituto contribuye a la comunidad estadística internacional contando con información estadística confiable y comparable para conocer los fenómenos que acontecen, comprender nuestro mundo y aportar al progreso de nuestras sociedades.

Y convoca a la sociedad a continuar contribuyendo a la generación de esta información participando como informantes de los distintos programas y a través de las consultas públicas, asimismo a seguir utilizando la información estadística para la toma de decisiones.

El INEGI presenta los resultados de la undécima edición del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 2020 que tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las instituciones que integran la Administración Pública de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, seguridad pública, sistema penitenciario y medio ambiente, así como justicia cívica (únicamente para el caso de la Ciudad de México), con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Administración Pública Estatal

Al cierre de 2019, 2 091 865 servidores públicos se encontraban adscritos a las 1 998 instituciones de las administraciones públicas estatales. De ellos, 56.5% eran mujeres y 43.5%, hombres.

Respecto del presupuesto que ejercieron los gobiernos estatales, a nivel nacional se reportó un total de 1 528 593 millones de pesos. De ellos, 41.0% se ejerció en Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (capítulo 4000).

Durante 2019, se realizaron 228 497 524 transacciones (solicitudes) por las personas (físicas y morales) ante las instituciones de las administraciones públicas estatales, de las cuales, Consulta médica fue la de mayor frecuencia con 25.2% del total.

En materia de protección civil, al cierre de 2019, 26 de las 32 entidades federativas contaron con un Plan o Programa de Protección Civil mientras que 24 entidades reportaron tener un Plan de Emergencia o de Contingencia.

En cuanto al ejercicio de la función de control interno a nivel nacional, durante 2019 se iniciaron 51 833 investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas. De acuerdo con el origen de la investigación, 45.2% provino de una queja y/o denuncia.

Al cierre de 2019, 17 entidades federativas contaron con un Plan o programa anticorrupción.

Seguridad Pública

Durante 2019, a nivel nacional se registraron 12 785 150 llamadas procedentes mediante los sistemas de emergencia 911, 066, 089 u otros.

En el mismo periodo, se reportaron 1 401 724 intervenciones policiales realizadas. De ellas, 34.1% (477 mil 535) correspondió a presuntas faltas cívicas.

Respecto de los delitos registrados en las intervenciones policiales realizadas en las entidades federativas durante 2019, la cifra nacional fue de 226 150, de los cuales, 93.0% correspondió a delitos del fuero común y 7.0% a delitos del fuero federal.

Con relación al aseguramiento de armas, narcóticos y vehículos, durante 2019 se reportaron 272 050 armas aseguradas, de las cuales 74.2% fueron Cartuchos. En cuanto al aseguramiento de narcóticos, Cannabis sativa, indica o mariguana fue el principal tipo de narcótico con 190 039.7 kilogramos. Por su parte, se reportaron 40 037 Vehículos asegurados. De ellos, 53.1% presentó reporte de robo.

Sistema Penitenciario

Al cierre de 2019, se reportaron 241 centros penitenciarios. En ellos se contó con una capacidad instalada de 158 994 espacios (camas útiles). Por su parte, el número de centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes fue de 47, en los cuales se reportaron 6 mil 730 espacios (camas útiles).

Durante 2019, ingresaron 102 700 personas a los centros penitenciarios y 1 452 más a los centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes a cargo de las entidades federativas. Del total de esta población, 92.6% eran hombres y 7.4% eran mujeres.

En el mismo periodo egresaron 92 57 personas de los centros penitenciarios, y 1 304 más de los centros especializados de tratamiento o internamiento. Del total de egresos, 92.7% fueron hombres y 7.3% fueron mujeres.

Al cierre de 2019, se encontraban privadas de la libertad 155 400 personas en los centros penitenciarios y 1 322 adolescentes internados en los centros especializados de tratamiento o internamiento. Del total de esta población, 94.7% eran hombres y 5.3% eran mujeres.

Medio Ambiente

Con relación a la aplicación de programas por parte de las administraciones públicas estatales, durante 2019, Biodiversidad y ecosistemas fue la materia de mayor frecuencia al registrar 139 programas aplicados.

El CNGSPSPE se realiza desde 2010 y la presente edición cuenta con 111 cuadros estadísticos organizados en 14 apartados conforme a la siguiente estructura temática: 1) Estructura organizacional y ejercicio de la función de gobierno; 2) Trámites y servicios; 3) Protección civil; 4) Catastro; 5) Transparencia; 6) Control interno y anticorrupción; 7) Defensoría pública o defensoría de oficio; 8) Servicios periciales; 9) Administración de archivos y gestión documental; 19) Planeación y gestión territorial; 11) Seguridad pública; 12) Sistema penitenciario; 13) Medio ambiente; y 14) Justicia cívica.

De acuerdo con los resultados del vigésimo octavo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de septiembre de 2020, durante ese mes, 67.8% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto al 73.4% y al 71.3% de marzo de 2020 y septiembre de 2019, respectivamente. Al respecto, 35 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos respecto a marzo de 2020: 34 tuvieron reducciones y una tuvo un incremento. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 72.7%, mientras que para los hombres fue de 62.0 por ciento.

Así, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Ecatepec de Morelos, Fresnillo, Coatzacoalcos, Villahermosa, Toluca de Lerdo y Naucalpan de Juárez, con 92.8, 91.8, 91.1, 90.4, 88.9 y 88%, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, La Paz, Mérida, Los Cabos, Cuajimalpa de Morelos y Saltillo, con 16.6, 21.8, 22.5, 26.9, 29.1 y 30.1%, respectivamente.

Derivado de la cancelación del levantamiento de la ENSU correspondiente al segundo trimestre de 2020, en el cual se buscaría conocer la proporción de hogares en zonas urbanas con al menos un integrante mayor de 18 años víctima de los delitos de robo y/o extorsión, en el tercer trimestre se incorporaron adecuaciones al instrumento de captación con el objetivo de obtener dichos indicadores por mes de ocurrencia. Lo mismo ha sucedido con la información relativa a contacto con autoridades de seguridad pública y actos de corrupción. Además, en este tercer trimestre se busca, como tema nuevo, identificar situaciones de violencia en el entorno familiar que se pudieron haber presentado en el contexto de las relaciones en los hogares durante el confinamiento ocasionado por la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Así, a nivel nacional, 21.8% de los hogares contó con al menos una víctima de robo y/o extorsión durante el primer semestre de 2020. Las ciudades con mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima fueron: Iztacalco, Cuautitlán Izcalli, Iztapalapa, Aguascalientes y La Magdalena Contreras con 34.4, 34, 33.2, 33 y 32.7%, respectivamente.

En cuanto a víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública, de enero a septiembre de 2020 se estima que el 13% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, del cual 45.6% declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de éstas.

Finalmente, en este trimestre se proporciona información estadística sobre víctimas de violencia en el entorno familiar. Se estima que 9% de los hogares experimentó alguna situación de violencia de tal naturaleza entre enero y septiembre de 2020. Respecto a la población de 18 años y más, en ese mismo período, el 7.8% fue violentada en el ámbito del hogar. En el caso de las mujeres este porcentaje fue de 9.2%, mientras que en hombres fue de 6.1 por ciento.

Las mujeres y las niñas están en desventaja en esta pandemia, un problema que se agrava más aún en las zonas rurales. Las mujeres rurales ya enfrentaban, y se enfrentan, a batallas previas específicas en su vida diaria a pesar de sus roles clave en la agricultura, el suministro alimentario y la nutrición. Ahora, desde el COVID-19 y las necesidades de salud únicas en áreas remotas, les es menos probable tener acceso a servicios de salud de calidad, medicamentos esenciales y vacunas. Las normas sociales restrictivas y los estereotipos de género también pueden limitar la capacidad de las mujeres rurales para acceder a los servicios de salud.

Además, muchas de ellas sufren de aislamiento, la difusión de información errónea y la falta de acceso a tecnologías críticas para mejorar su vida laboral y personal.

A pesar de todo ello, han estado al pie del cañón en la pandemia, incluso con un trabajo de cuidados del hogar no remunerado que ha ido en aumento.

Desde esta perspectiva, en las aldeas remotas, especialmente en las más marginadas, necesitamos medidas para aliviar la carga del cuidado y redistribuirla mejor entre mujeres y hombres.También necesitamos abogar por servicios e infraestructuras básicas suficientes (agua, salud, electricidad, etc.) para apoyar el trabajo doméstico y de cuidados productivo y no remunerado de las mujeres, que se ve agravado por la crisis.

El tema de este Día Internacional de las Mujeres Rurales es “Construir la resiliencia de las mujeres rurales a raíz del COVID-19”, para crear conciencia sobre las luchas de estas mujeres, sus necesidades y su papel fundamental y clave en nuestra sociedad.

Las mujeres rurales-una cuarta parte de la población mundial- trabajan como agricultoras, asalariadas y empresarias. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático.

Sin embargo, como señala ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento.

Las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares. Su labor es invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la migración de los hombres. Mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas.

En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el CONEVAL visibiliza algunas de las brechas de este grupo de población, de acuerdo con información del 2018:

Fuente: CONEVAL 13 de octubre de 2020

El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de este año se trata de gobernanza. La buena gobernanza del riesgo de desastres se puede medir en las vidas salvadas, la reducción del número de personas afectadas por los desastres y la reducción de las pérdidas económicas. La COVID-19 y la emergencia climática nos advierten de la necesidad de implementar una visión a largo plazo, con instituciones que planifiquen, que sean competentes y empoderadas, y que actúen en función de evidencia científica a favor del bien común.

Esto requiere contar con estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres a finales de año, como acordaron los Estados Miembros de las Naciones Unidas cuando adoptaron el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres en 2015. Necesitamos estrategias que tengan en cuenta no solo los hechos puntuales, como las inundaciones y las tormentas, sino también las que respondan al riesgo sistémico generado por las enfermedades zoonóticas, las crisis climáticas y la degradación ambiental.

La Asamblea General de la ONU decidió designar el 13 de octubre como “Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres” (resolución 44/236) con el propósito de concienciar a los gobiernos y a la opinión pública para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos. Asimismo, los desastres, muchos de los cuales se han agravado con el cambio climático, generan un impacto negativo en el desarrollo sostenible y en los resultados deseados.

En 2016, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, anteriormente UNISDR) lanzó la nueva campaña “Sendai siete” centrada en los siete objetivos del Marco de Sendai, el primero de los cuales es reducir la mortalidad de desastres. La campaña busca crear un nuevo grado de sensibilización en torno a las acciones que tienen emprender todos los actores implicados, incluidos los gobiernos nacionales y locales, los grupos comunitarios, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones internacionales y la ONU.

Como los efectos de los desastres son más devastadores en el ámbito local, los gobiernos municipales y regionales son los que deben trabajar urgentemente en la preparación y respuesta a las catástrofes. El enfoque del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres se centra en proteger la vida de las personas y en las acciones que se deben tomar. Es pertinente tanto para los riesgos a pequeña como a gran escala, y tanto para los ocasionados por el ser humano como los producidos por las amenazas naturales. Abarca, además, los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos afines.